De esta forma, se vulnera un derecho constitucional y esencial como “la libertad de expresión y la de informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades…”, como reza el artículo 12, capítulo III, de nuestra Carta Fundamental.

¿Acaso no funcionan las instituciones respectivas ante situaciones de injurias o calumnias, que debe optarse por generar prohibiciones en Internet?

¿Y qué vendrá después? ¿Impedir a Facebook?¿Qué se pretende con este sigiloso orden Orwelliano?

En el mundo digital con los sistemas y mecanismos adecuados se puede asegurar al 100% quién firmó un documento electrónico. En el mundo del papel, no. Y ya sabemos de conocidísimos casos al respecto y que están en plena investigación, con la atenta mirada de la ciudadanía.

Si se quiere legalizar que dos más dos es igual a 5, este no es el país.

Técnicamente, el tema no se resuelve con un simple “mover un parámetro”. Recordemos el caso del año 2000 (Y2K) que afectó a millones de sistemas computacionales en los cinco continentes.¡Y eso que también bastaba con “cambiar una fecha”!

La existencia del horario de verano e invierno surge históricamente por las sequías que afectaban al país y hoy se refuerza dada nuestra crisis energética.

El ahorro en el consumo eléctrico que la medida horaria produce, a pesar de ser de una magnitud menor, es paliativa de la crisis energética y de los continuos años de sequía. Como el fenómeno del cambio climático tiende a disminuir las lluvias en el país, es conveniente contar con mayor luz de día para consumir menos electricidad.

Lo central de esta discusión es que si asumimos la tendencia en la disminución de las lluvias, se podría fijar un par de fechas por ley que permitan maximizar el uso de luz natural durante el año y evitar la incertidumbre de no tener establecido un cambio de horario con anticipación.

Así, los proveedores tecnológicos podrían gestionar mejor los softwares que proveen a las empresas nacionales, ya que el parámetro de cambio de horario de Chile sería totalmente conocido.

De esta forma evitaríamos caer en las odiosas ineficiencias producidas por una medida sustentada en predicciones hidrológicas. Ahorremos también en nuestros escasos recursos humanos.

Sería entendible que por procedimiento el sector privado exija documentos a sus clientes para entregar ciertos productos o servicios como una cuenta corriente, una tarjeta de crédito, vender un auto o educar a nuestros hijos.

Lo incomprensible es que después de un decenio, aún el Registro Civil siga con más de 21 millones de tramitaciones presenciales al año ¿quién resiste ese estrés? La sobrecarga es enorme.

En promedio cada funcionario público tiene asociado 7.500 trámites al año ¿cuántos tiene el empleado de un banco? ¿2.000? ¿3.000?

Considerando la población a 2003 y la proyección del INE para 2013, no ha cambiado el promedio nacional de 1.2 trámites por persona del Registro Civil ¿No se suponía que la Ley 19.880 simplificaría y modernizaría los trámites?

El desarrollo del país exige un Estado más ágil y oportuno. Es imperativo que nuestras autoridades se esmeren aún más por el cumplimiento de una Ley en la que todos sabían que el beneficio era enorme.

La discusión presupuestaria debería girar en torno al apoyo de iniciativas que aumenten el bienestar nacional. Y si ello se traduce en que el país deje de perder el tiempo haciendo filas ¡Bienvenido!

El acceso a un cajero automático solo requiere de la tarjeta que proporciona la entidad financiera y de una clave de cuatro dígitos bajo el dominio del cliente. Las tarjetas guardan en cinta magnética los datos que permiten acreditarse ante su sistema computacional y llegar a lascuentas donde reside nuestro dinero.

En este punto se centran los fraudes. La clonación no tiene más secretos que grabar los datos de la cinta magnética de una tarjeta de cliente y luego duplicarla.

Por ello, los delincuentes intervienen los cajeros automáticos e instalan dispositivos que son fácilmente adquiribles en el mercado, como un lector-grabador de cintas magnéticas, teclados de registro de digitación y mini videocámaras para grabar la clave que digitó un cliente. Lo sofisticado de las alteraciones puede engañar a moros y cristianos.

¿Tienen los delincuentes mejor ingeniería, habilidades y más capacidad de innovación y emprendimiento que la propia banca? ¿Basta con que se devuelvan los dineros?

La obligación legal de cautelar los fondos de los clientes no se cumple con soluciones que trasladan a las propias personas ese rol. Esa responsabilidad es indelegable.

La tecnología y la ingeniería existen para resolver desde hace muchos años esta falta en el buen servicio y más.

La defensa de la protección de los derechos de autor es una legítima causa para cualquiera.

La forma en cómo llevarla, debiese ser en un marco de respeto que considere, al menos, la soberanía de las naciones y la integridad de la Internet global.

La soberanía es un derecho inalienable e intransable de cada país. Y hoy, menos que nunca, debiese poderse uno atribuir “el poder absoluto y perpetuo” sobre otro.

Internet ha permitido importantes cambios tanto en el desarrollo de negocios como en la generación de mayor conocimiento. Entre otras cosas, ha contribuido a disminuir las asimetrías de información, factor base de unos para controlar a otros.

La integridad de Internet ha sido esencial para duplicar sus contenidos año a año, para las millones de comunidades existentes en el mundo entero, para el desarrollo del comercio electrónico y la gran expansión de la industria de capital de riesgo.

Pretender vía una ley del tipo SOPA, que las naciones proporcionen  acceso a los Servidores de sus proveedores de Internet locales, es un acto deleznable de control totalitario que transgrede, violenta y vulnera la Soberanía y la integridad de Internet.

La desconfianza y el miedo a ser perseguidos y enjuiciados reinarían por doquier.Seríamos sujetos de investigación permanente de cuanto hacemos.¿Queremos un mundo así?

El capital de riesgo tendería a desaparecer, al igual que el comercio electrónico ¿Así quién se atrevería a transar por Internet o a publicar algo en Youtube? Las asimetrías de información se profundizarían aún más.

“El ojo que todo lo ve” quiere verlo todo ¡Y qué mejor mecanismo que apropiarse de la Internet! Como nos enseñaron de pequeños no permitir a extraños que ingresen a nuestro hogar, esta ley como cualquier otra medida que proponga algo similar, no debiese tener oídos para su promulgación.

Pareciera que “el nuevo orden” ya comenzó su camino.