Lamentablemente, los ejercicios anteriores tuvieron como efecto dar una respuesta inmediata y apresurada pero no han sentado las bases para una política nacional que aborde los temas de fondo sobre esta materia.

Otra medida adoptada, pero que requiere otorgar las condiciones para ponerla en práctica, ha sido la ratificación del Convenio 187 de la OIT, que establece un marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, y que entró en vigencia en abril de 2012.

Igualmente, en este momento se encuentran en trámite en el Congreso Nacional dos proyectos de ley vinculados a la temática, los que están en una fase previa de discusión parlamentaria, no avizorándose un acuerdo para su promulgación en el corto plazo.

Junto con lo anterior se promulgó la ley que crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones.No obstante los avances sobre la materia, no se ha concretado ninguna iniciativa legal que aborde aspectos que requieren de una profunda revisión y consideración, sobretodo en materias de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Por esta razón, se hace indispensable dar prioridad a una agenda que aborde estos temas y, junto con ello, comprometa a todos los interlocutores sociales para iniciar y sustentar mecanismos para promover el mejoramiento continuo de los sistemas que resguarden y promuevan la salud y seguridad de todos los trabajadores.

Por lo anterior, en el marco de la aprobación y aplicación del Convenio Nº 187 de la Organización Internacional de Trabajo, se estima que se requiere la elaboración de una Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo que recoja y sistematice todos los avances que sobre la materia se han realizado, pero que no alcanzaron a resolver el problema actual.

Lo anterior, serviría eficientemente para lograr unificar y desarrollar una política nacional sobre la materia, en concordancia con nuestra normativa interna y con los preceptos internacionales que regulan este asunto aprobados en nuestra legislación.

Las propuestas concretas para alcanzar esta meta son las siguientes:

a) Elaboración de una política nacional de prevención que considere la diversidad del país, todas las áreas productivas y de servicios y los distintos grupos de trabajadores, así como de empresas que requieren consideración particular, debidamente integrada y coordinada.Entre actividades y trabajadores que requieren especial consideración se encuentran, independientes, extranjeros, prestaciones de servicio a distancia o bajo la modalidad denominada “teletrabajo”, entre otros.

b) La coordinación y fortalecimiento entre las entidades gestoras, fiscalizadoras y los distintos encargados de la prevención, que mejore, entre otros elementos, los niveles de fiscalización existentes en la actualidad.

c) Transformar al Instituto de Seguridad Laboral (I.S.L.) en la Mutual Estatal.

d) Adecuado seguimiento de la administración e implementación del Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo.

e) Mecanismo particular de medición de la tasa de riesgos de las pequeñas empresas.Promover la capacitación y difusión de la labor sobre este tipo de empresas. Procurar la extensión de los comités paritarios para ellas o el establecimiento de un mecanismo específico de participación adecuado a su realidad.

f) Creación de tipos penales específicos relativos a los riesgos laborales, debiendo precisar la legislación sancionatoria sobre esta materia.

g) Corregir la distinción, ya eliminada en el resto de nuestro derecho, entre obreros y empleados.

h) Optimización en el proceso de calificación de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Lo anterior, para mejorar la oportunidad en la entrega de prestaciones médicas y por sobretodo, económicas.

i) Creación de una Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que permita concretar una política nacional de seguridad y salud en el trabajo.

Co autor del Artículo es el abogado e investigador del CED, Sebastián Pacheco M.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2013/10/propuestas-en-materias-de-seguridad-social-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/

Lo cierto es que no es el primer intento para dotar de una organización uniforme a este tipo de empresas ya que en el año 2008 se había ingresado un proyecto con el mismo objetivo (Boletín: N° 5840-05). En esa oportunidad, sólo prosperó el proyecto de gobierno corporativo para CODELCO, el cual se convirtió en la Ley 20.392.

El gobierno corporativo, puede ser entendido como aquel sistema mediante el cual las empresas son dirigidas y controladas para contribuir a la efectividad y rendimiento de la organización. A nivel de empresas públicas, surge el debate sobre cómo deben ser reguladas.

Lograr una gestión más eficiente, proba y transparente que permita encontrar un equilibrio entre las razones de orden público y rol social que justifican su intervención en un mercado donde hay actores privados, con su tarea de tener una gestión que resulte competitiva a la luz de las empresas privadas.

En este sentido cobra relevancia el proyecto en cuestión principalmente por dos razones.

En primer lugar, porque permite discutir, decidir y transparentar sobre los objetivos que deben cumplir las empresas del Estado. Dadas sus particularidades, no son empresas que puedan ser medidas sólo en base a utilidades, ya que ellas desempeñan un rol social que en ciertas circunstancias significa altos costos de funcionamiento.

Es del caso señalar Correos de Chile, que llega a destinos que podrían ser poco rentables para el mercado. Ahora bien, tampoco hay que perder de vista que las empresas deben definir y explicitar de forma clara y transparente los objetivos. De esta forma, cuando se quiera imponer a la empresa el cumplimiento de fines diversos a la maximización de sus utilidades, tales como propósitos de política pública y estratégicos, éstos deben ser definidos de antemano.

Por otro lado porque urge una regulación uniforme de esta naturaleza en nuestro país.Ya en el año 2005 la OCDE establecía como principal recomendación crear un marco institucional, legal y regulatorio común y efectivo para las empresas públicas.

El Sistema de Empresas Públicas (SEP) si bien ha hecho esfuerzos para avanzar en la mejora de la administración de las 22 empresas que tiene bajo su dirección, no posee la institucionalidad adecuada, actualmente, bajo la estructura de comité creado por la CORFO.

Dada la importancia entonces que reviste este proyecto, es que preocupa que el gobierno haya decidido presentar la iniciativa finalizando su mandato presidencial.La oportunidad en que se inicia su discusión hace dudar de la real voluntad política para finalizar exitosamente su tramitación.

Entrando al estudio del proyecto, la iniciativa aborda dos grandes temáticas. El énfasis recae en la creación del nuevo organismo. El nuevo SEP viene a constituirse como entidad descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su principal misión es representar al Estado en las acciones y derechos y cumplimiento de deberes que correspondan como accionistas.

El proyecto busca establecer un estatuto de gobierno corporativo especial para las empresas con participación estatal regido por las leyes 18.045 y 18.046.

Si se compara la iniciativa presidencial con la enviada al Congreso en el año 2008, las ideas matrices se conservan.

Así, en materia institucional, el Consejo SEP conserva su nombre y la cantidad de miembros (9 en total), existiendo diferencias solamente en la forma de integración. El proyecto del Presidente Piñera incorpora a la Alta Dirección Pública en el nombramiento de algunos de sus directores.

La forma de administración de las empresas y el estatuto de los directores, en ambos proyectos, se somete a las obligaciones de las sociedades anónimas abiertas, con ciertas excepciones señaladas en la misma ley. Por su parte, se las supedita a la fiscalización de la SVS.

En cuanto a la designación de directores, el primer proyecto de ley establecía en este ámbito las funciones que corresponden según la ley de sociedad anónima, es decir, era tarea del SEP designarlos, fijar remuneraciones, revocarlo, etc. La actual iniciativa mantuvo este marco normativo.

Tampoco se observan cambios sobre las empresas que quedarán sujetas a esta ley. Se mantiene la exclusión de TVN, CODELCO y Banco Estado. También excluye del ámbito de aplicación a ENAP, ENAMI y a las empresas relacionadas a la defensa nacional (ENAER, ASMAR y FAMAE).

A propósito de este proyecto, cabe recordar lo que ha pasado con CODELCO y su ley de gobierno corporativo.

En la actualidad, se pueden ver avances significativos tras la implementación de la ley en la cuprífera, que dan cuenta que una reforma de esta envergadura tiene un efecto positivo en un mediano plazo.

Esto sin duda debería ser visto como un incentivo para la pronta implementación de un marco regulatorio general para el resto de las empresas.Las empresas que agrupa el SEP también desarrollan labores estratégicas de relevancia para Chile, abarcando puertos, servicios, transporte, etc.

Para finalizar, el proyecto en sí es un avance en la implementación de un nuevo modelo de organización en las empresas con participación estatal. En primer lugar, ya que avanza en la definición y transparencia de los objetivos sociales; luego, porque va en la línea de las recomendaciones internacionales en orden a profesionalizar la administración y separar los roles del Estado empresario con el Estado promotor de políticas públicas.

Las empresas requieren estabilidad suficiente para desarrollar su plan de gestión y esta separación pareciera garantizarla.

En tercer orden, la incorporación de responsabilidades claras y la fiscalización de la SVS, contribuirán a perfeccionar la administración y gestión de estas empresas.Finalmente la nueva institucionalidad SEP, permitirá defender de mejor manera el interés del Estado, el que es en definitiva, el interés de todos los chilenos.

Estimamos, sin embargo, que existen cuestiones pendientes. Urge ampliar las reformas y dotar a ENAMI, ENAP y a las empresas vinculadas a la defensa nacional de un estatuto de gobierno corporativo prontamente.

En segundo orden, el proyecto encarga al SEP no sólo preocuparse de la gestión, sino también se le pide observar el cumplimiento de objetivos y fines públicos que le corresponden.

Es una oportunidad para dialogar sobre el rol social que desempeñan actualmente estas empresas. Finalmente, atendido el contenido del proyecto de ley, será importante seguir el destino que tenga el proyecto que viene a modificar la institucionalidad de la SVS.

Así también, cómo se ha implementado la nueva normativa de buenas prácticas (N° 341) de la SVS, donde ya han surgido críticas a su diseño. Habrá que ver cómo estos instrumentos serán capaces de reconocer las particularidades de estas empresas.

Co autora del Artículo es nuestra columnista, abogada e investigadora del CED, Yohanna Villablanca V.

Leer versión extendida en: http://www.asuntospublicos.cl/2013/10/mejorar-la-gestion-de-las-empresas-de-todos-los-chilenos-una-mirada-al-proyecto-de-ley-de-gobierno-corporativo-en-las-empresas-con-participacion-estatal/

Tocopilla es una más de varias comunas que claman por lo mismo, recordemos las manifestaciones de Calama, Aysén y Quellón.Lo anterior da cuenta de un Chile desigual, tanto a nivel regional como intraregional.

Sólo miremos algunas cifras: el PIB per cápita de la Región de Antofagasta es de US$ 27.061, mientras que la Región de la Araucanía registra un PIB per cápita de US$ 6.167. La Región de Antofagasta tiene en 2009 7.3% de pobreza y la Región de la Araucanía un 18.1%.

A nivel intraregional en la Región de Antofagasta, la Provincia de Antofagasta tiene 7% de pobreza y la de Tocopilla un 11,6%.

¿Cómo le explicamos a los habitantes de Tocopilla que viven en la región con el ingreso per cápita más alto del país, pero deben desplazarse más de dos horas para consultar a un médico especialista?

¿Cómo les explicamos que viven en una de las regiones que más aporta al PIB nacional y que en estos tres últimos años se ha avanzado tan poco en la reconstrucción?

Lo anterior es fruto del excesivo centralismo de nuestro país, pero esto no es una buena explicación para los habitantes de Tocopilla. Debemos hacernos cargo de la profunda desigualdad territorial en que viven miles de compatriotas y avanzar hacia un desarrollo territorial equitativo que permita a todos los chilenos ser parte del desarrollo nacional.

El Estado debe ser promotor de un desarrollo territorial que busque el bienestar de todas las personas y el respeto de los derechos humanos de cada una de ellas.

Se debe avanzar en un verdadero proceso de descentralización que permita a los gobiernos regionales contar con más y mejores competencias. Esto requiere de verdadera voluntad política, no olvidemos que quien llega al poder difícilmente buscará repartirlo.

Un primer paso debiera ser establecer la elección directa del Presidente del Consejo Regional y contar con un Presupuesto de la Nación desagregado a nivel regional. Estas dos reformas permitirían inmediatamente contar con una mejor distribución regional del presupuesto nacional.

De igual forma se deben establecer políticas públicas que den cuenta de las particulares necesidades de cada una de las regiones, provincias y comunas y realizar importantes inversiones en aquellas zonas históricamente postergadas.

No podemos hablar de desarrollo territorial equitativo sólo cuando compatriotas de una determinada comuna alzan la voz para realizar legítimas demandas y después olvidarnos. Debemos hacer de esta materia un tema nacional y debe ser una prioridad de todo programa de gobierno, sólo así podremos decir orgullosamente que Chile es un país desarrollado para todos los chilenos.

Los tocopillanos no sólo reclaman por ellos, lo hacen por cientos de miles de chilenos que sin duda viven en las mismas condiciones.