Como ya es tradicional, la sede del Congreso en Santiago fue la locación principal donde se llevó a cabo este importante encuentro, que en esta oportunidad tuvo un elemento positivo adicional: trasladar varios de los foros a regiones, permitiendo la participación de quienes viven en otros puntos del país.

Si bien en Chile el ámbito de las ciencias tiene muchos desafíos pendientes y un largo camino por recorrer para lograr el nivel de avance que exhiben las naciones desarrolladas, el creciente interés mostrado por la ciudadanía y los medios de comunicación, son una señal positiva que debe ser aprovechada para impulsar la actividad científica a nivel local.

Un notable ejemplo de las múltiples ventajas que tiene la promoción de las ciencias para los países es Israel, que en esta versión del Congreso del Futuro contó con cinco investigadores reconocidos a nivel mundial invitados en cada una de sus disciplinas: Ada Yorath (Premio Nobel de Química 2009), Aaron Ciechanover (Premio Nobel 2004), Yuval Harari (Profesor en el Departamento de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén), Ernesto Jocelevich (Experto en nanoestructuras unidimensionales) y Lucio Frydman (doctor en Química Física de la Universidad de Buenos Aires y profesor en el Departamento de Química Física en el Instituto Weizmann de Ciencias en Israel).

Todos ellos son la expresión de la importancia que le otorga Israel a las ciencias como motor para mejor la calidad de vida de sus habitantes, pero que a la vez hace trascendentales contribuciones a la humanidad mediante nuevos descubrimientos, creación de tecnologías avanzadas en distintos ámbitos y la generación de ideas que aportan al progreso presente y futuro de nuestras sociedades.

De hecho Israel es el país que más invierte en investigación y desarrollo civil, dedicando el 4,5% de su producto interno bruto a este rubro, mientras que otras naciones desarrolladas como Estados Unidos invierte el 2,61%, y los países de Latinoamérica menos del 1%.

También registra una gran cantidad de patentes per cápita. Según la Oficina de Patentes y Marcas de EE.UU., en 2014, Israel registró 3.600 patentes, superando a países como India, España y Singapur. Además tiene 12 premios nobeles (8 de ellos en ciencias) y lidera en cantidad de científicos y técnicos en su fuerza de trabajo (145 por cada 10.000 habitantes).

Apostar por el conocimiento es apostar por un futuro mejor, y Chile cuenta con materia prima (la calidad de sus científicos y de varias de sus universidades) para emprender una aventura de este tipo, solo falta la voluntad política para colocar los incentivos correctos y los recursos necesarios que promuevan una cultura pro ciencias en el país.

Encuentros como el Congreso del Futuro son un claro indicio del camino que debemos seguir para alcanzar ese objetivo, el cual requiere un compromiso permanente de las autoridades públicas y la sociedad civil. El desafío está lanzado, lo agradecerán las futuras generaciones de chilenos que merecen soñar con un país desarrollado científica y culturalmente.

En los últimos años se han dado pasos importantes en la construcción de un camino de mayor respeto y tolerancia a la diversidad en el ámbito de las ideas, religión, sexualidad,  origen étnico y racial. Pavimentar parte de esa ruta contra la discriminación y el odio ha sido posible por las lecciones que hemos extraído de experiencias dolorosas. Un ejemplo de ello fue la promulgación de la denominada Ley Zamudio, norma que se impulsó tras la muerte de Daniel Zamudio, asesinado por ser homosexual.

Si bien estos avances son significativos, aún resultan insuficientes. Las expresiones destinadas a intimidar, oprimir o incitar al odio y la violencia contra una persona o grupo por su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, discapacidad u otra característica grupal, no conocen fronteras de tiempo ni espacio.

Tras el Holocausto, y con el crecimiento de Internet y de otros medios  modernos que facilitan la divulgación de las expresiones de odio, resulta más necesario que nunca revisar el cumplimiento legislativo de las obligaciones que Chile ha asumido en diversas instancias internacionales.

Chile ha firmado  la  Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, por lo tanto está obligado a  impedir y sancionar conductas que inciten al odio y la discriminación por raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Así como Estados Unidos y Francia -entre otras naciones-  han implementado mecanismos jurídicos para proteger a las personas respecto de actos discriminatorios o que incitan el odio, en Chile nos estamos quedando rezagados. Una muestra palpable de esto es que desde 2010 duerme en el Congreso Nacional el proyecto de ley que sanciona la incitación al odio racial y religioso, proyecto que busca reforzar la mencionada ley antidiscriminación.

En el último tiempo hemos observado en nuestro país expresiones de diverso tipo que siguen promoviendo precisamente la discriminación y el odio hacia determinadas minorías de la sociedad, colocando en riego la integridad de sus miembros y la cohesión que requiere toda democracia para su estabilidad. Se trata de acciones sobre las cuales debemos estar muy alertas para evitar que tengan acogida en otros sectores de la ciudadanía.

Es evidente que cuando hechos de esta naturaleza ocurren, no basta con manifestar una condena social –que siempre es importante y necesaria-, sino que también se requiere de sanciones legales que sean ejemplificadoras para quienes están dispuestos a protagonizar actos de discriminación o incitación al odio.

En la medida que Chile refuerce el marco jurídico en estas materias, será posible ampliar una cultura de rechazo a cualquier expresión atentatoria contra la convivencia pacífica y tendremos la oportunidad de vivir en una sociedad más libre.

En la pasada fiesta judía de Janucá (o  de las luces), que se celebró en el Palacio La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet hizo hincapié en la necesidad que tiene el país de contar con una normativa que sancione aquellas conductas que inciten al odio y realizó un llamado a los parlamentarios a que le den prioridad al mencionado proyecto de ley.

Unos días antes, el Presidente del Senado, Patricio Walker, reconoció públicamente que hay una deuda en esta materia con la comunidad judía y con todas las minorías.

Nos parece positivo el llamado que hace la Mandataria a acelerar la tramitación de aquella iniciativa, pero hay que recordar que el gobierno juega un rol importante en este proceso, ya que es el Ejecutivo el que coloca las urgencias a las propuestas legales que ingresan al Congreso.

Resulta fundamental entonces que La Moneda acelere la tramitación de este proyecto de ley, sobre todo considerando que se aproximan dos años electorales y que la carga legislativa está siendo intensa debido a la serie de reformas que han ingresado al Parlamento en el último tiempo.

No debemos esperar que sucedan situaciones violentas para reaccionar. Tenemos que seguir siendo proactivos en la protección contra las conductas discriminatorias y que alientan el odio entre chilenos. Ese es un compromiso que le corresponde asumir no solo a las autoridades, sino que también a la sociedad civil.

Una expresión de esto último es lo que ocurrió el jueves 29 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuando una asamblea extraordinaria (no vinculante), de 130 alumnos, llamó a prohibir que cualquier representante del Estado de Israel pueda expresar sus puntos de vista en actividades en ese plantel. Esto luego de que el día anterior el Embajador israelí diera una charla, programada por la propia casa de estudios.

Resulta contradictorio que alumnos que pertenecen a una facultad reconocida históricamente por ser un espacio que promueve el debate abierto de ideas y su más amplia difusión, y de donde han salido destacadas autoridades del ámbito público y privado –entre ellos, ex presidentes de la República- promuevan la censura y el boicot de las ideas que, en este caso, afecta a un representante del Estado de Israel.

A nadie se le puede negar su derecho a disentir o a defenderse de opiniones que pueden ser legítimas y menos todavía en un claustro que es reconocida cuna de nuestra convivencia democrática.

Aun cuando se trata de un hecho puntual, resulta relevante rechazar sin dobleces estas actitudes cercanas al  totalitarismo intelectual. En este sentido, fue valiosa la declaración pública que hizo el decano de la facultad, Davor  Harasic, rechazando lo ocurrido y haciendo un llamado a resguardar la libertad de expresión, junto con la carta que firmaron importantes personalidades. Entre ellas destacan el ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, parlamentarios y actores políticos desde la UDI al Partido Socialista, además de connotados profesores y autoridades de la misma universidad, quienes también condenaron la postura de este reducido número de alumnos.

Como representante público de la Comunidad Judía de Chile, creo necesario alertar sobre situaciones como esta que hoy afectan al embajador, pero el día de mañana bajo cualquier argumento puede considerarse que tal o cual  no tiene derecho a defender sus ideas por el extremismo argumental de unos pocos.

Este derecho es un activo que como país no podemos descuidar, porque es la garantía de que todos los sectores de la sociedad sean respetados y valorados de la misma manera.