¿Qué pasó? ¿Cómo es que bajo la misma constitución tramposa de 1980 la presidenta Bachelet puede promulgar hoy un nuevo sistema electoral que sepulta, definitivamente, a esta bestia negra de la transición? A mi juicio hay dos explicaciones: primero, los enclaves autoritarios favorecen cada vez menos a sus creadores. Segundo, las élites políticas y económicas empezaron a tomarse en serio la anunciada crisis de legitimidad.

Varios de los amarres de la dictadura tenían fecha de vencimiento. Por eso la avalancha reformista ha venido in crescendo. Si no hubieran sido eliminados, los senadores designados y vitalicios hoy favorecerían, en votos, a la centroizquierda. Ningún arreglo institucional puede predecir con exactitud la realidad política por venir y por eso se dice que son más estables aquellos que cuentan con legitimidad democrática.

Para generar adhesión, las normas deben ser imparciales. La ley de tránsito señala que todos los vehículos deben detenerse frente a un semáforo en rojo. Pero si las luces siempre fueran verdes para algunos y rojas para otros, el sistema dejaría de funcionar.

El binominal, como es sabido, favorecía a la coalición de derecha impidiendo que la de izquierda le pasara aplanadora, como hubiese ocurrido por ejemplo si en 1989 se hubiera usado un sistema uninominal o proporcional. Pero también favorecía a la coalición de centroizquierda al garantizar la sobrerrepresentación de la primera y la segunda fuerza electoral. No hay duda que la Concertación se acomodó con facilidad al modelo heredado. Y eso contribuyó a la crisis de legitimidad.

La binominalización de la política chilena empezó a parecerse peligrosamente a lo que en Venezuela se conoció como los pactos de punto fijo, acuerdos entre los principales partidos que antecedieron al colapso de ese sistema político, o a lo que Chantal Mouffe ha descrito como la falta de verdaderas alternativas políticas en la socialdemocracia europea.

Los pactos y negociaciones entre élites basadas en lo que Max Weber llama “ética de la responsabilidad”, por oposición a aquella de la convicción, fueron el sello del tránsito a la democracia, un proceso elogiado por su gradualidad. No hubo, como en otras transiciones, un sector derrotado que sufriera  castigos severos, purga estatal, nueva constitución y otros fenómenos típicos de un radical reemplazo de régimen.

En cambio, el trauma de los otrora jóvenes revolucionarios de la Unidad Popular los habría llevado a una conversión de la intransigencia a la aversión al conflicto; lo que Alfredo Jocelyn-Holt cristalizó en su frase del avanzar sin transar al transar sin parar. Así fue como la transición pactada dio paso, en gran medida por las restricciones del binominal pero también por el convencimiento de sus líderes, a la llamada democracia de los acuerdos. La derrota de la Concertación el 2010 marcó el fin de este modelo.

Por muchos años encuestadores y académicos han advertido con preocupación la baja adhesión al sistema político, el envejecimiento del electorado, el congelamiento de un sistema de partidos “hidropónico”: verde en la superficie pero cada vez más alejado de su raíz social. Los recientes escándalos sobre dinero y política contribuyeron a sensibilizar a las élites sobre la imposibilidad de seguir haciendo las cosas como se han hecho hasta hoy.

No se trata de juzgar con los ojos del presente los desafíos de comienzos de la transición, pero a 25 años del fin de la dictadura, la falta de alternativas reales ante un sistema que perpetúa graves inequidades no puede sino generar una crisis de confianza.

La sensación de que las decisiones están tomadas antes del proceso político – como ocurría con frecuencia con la nominación de los candidatos al Congreso—contribuyó al descrédito de las nociones de consenso, acuerdo o pacto.

Sin embargo, la política se basa, justamente, en la deliberación sobre los asuntos públicos y la capacidad de incluir a quienes piensan distinto en soluciones lo más compartidas posibles. La democracia es, al mismo tiempo, el gobierno de la mayoría y el respeto de los derechos de quienes no forman parte de ella.

El fin del binominal es un paso muy importante en la tarea de acortar la brecha entre representantes y representados. No es el fin de todos los males de la democracia chilena, pero es tal vez un buen comienzo.

Para hacer posibles los derechos civiles y políticos, es necesario satisfacer primero derechos sociales. De lo contrario, los primeros se convierten en derechos meramente en el papel.

En el marco del actual debate sobre cambio constitucional en Chile, los derechos económicos, sociales y culturales han vuelto a la agenda política. Están ahí porque son percibidos como una deuda del país, que no ha revertido lo suficiente los legados institucionales y económicos de la dictadura.

Si por alguna razón alguien no puede procurarse su subsistencia en el contexto del mercado, parece razonable pensar que hay injusticia en dejarlo morir de hambre o frío, o en negarle la penicilina.La justicia social es una intuición que la mayoría de las personas en Chile percibe como un deber del estado.

El programa de gobierno de la Nueva Mayoría se hace cargo de esta demanda cuando propone una nueva constitución en la que confluyan las tradiciones liberal, democrática y social.“La nueva constitución deberá consagrar un estado social y democrático de derecho, que asume los derechos económicos, sociales y culturales como verdaderas obligaciones de la actividad estatal, para asegurar mínimos de igualdad social para un disfrute efectivo de todos los derechos”, dice el programa.Agrega que el estado social “protege el goce efectivo de derechos económicos, sociales y culturales”.

Aunque muchos estarán de acuerdo con estos principios, los problemas surgen a la hora de ponerlos en práctica.

¿Hasta dónde puede un país con recursos limitados comprometerse a satisfacer necesidades materiales?

¿Sería una amenaza a la responsabilidad fiscal consagrar estos derechos en la Constitución y permitir que los jueces asignen gastos por la vía de recursos de protección, desordenando la Ley de Presupuesto aprobada en el Congreso?

El tema es complejo, y por lo mismo los ciudadanos debemos hacernos parte de el.Es demasiado serio para dejárselo a economistas y abogados.

En primer lugar, hay una clara vinculación entre estos derechos y la calidad del sistema político.Es necesario fortalecer los derechos para mejorar la legitimidad de la representación política. La crisis que hoy viven Chile y América Latina se basa en los “abusos” del sistema económico y la percepción de que las instituciones políticas no hacen más que perpetuarlos.

Los derechos económicos, sociales y culturales son una necesidad para una noción democrática de ciudadanía, como señaló en su informe del 2004 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Por eso, el tema debe preocupar a la ciencia política y a los políticos.

Segundo, ¿quién debe velar por el cumplimiento de estos derechos? ¿Corresponde que estén en la Constitución? En teoría, los temas redistributivos deben discutirse en un foro político representativo que permita la deliberación democrática. Ese foro es el Congreso nacional.

La legitimidad democrática para definir el gasto público está en el parlamento y no en los tribunales. Sin embargo, vemos que las instituciones públicas, incluido el parlamento, suelen replicar las desigualdades sociales.

En Chile, a los problemas de vivir en la región más desigual del mundo se suma el tener un Congreso elegido con un sistema ilegítimo: el binominal.Como ha señalado Domingo Lovera, hay una correlación entre desigualdad económica, social y cultural, y desigualdad política.

En tercer lugar, si se trata de generar una sociedad más justa parece que no basta con enumerar derechos en la Constitución. Esa es la crítica del argentino Roberto Gargarella a los reformadores “progresistas” de América Latina, que se han dedicado demasiado a incorporar derechos sin abordar la distribución de poder que se expresa en la parte orgánica de las cartas fundamentales.

Las declaraciones que hacen las constituciones latinoamericanas respecto de los derechos sociales, dice Gargarella, chocan con estructuras que concentran el poder y convierten esas declaraciones en letra muerta. Una parte de la constitución se vuelve contra la otra.

En consecuencia, si bien la justicia puede tener un papel positivo en la defensa de derechos económicos, sociales y culturales, las medidas redistributivas deben estar garantizadas en última instancia a nivel político.

Ello requiere un cambio de reglas del juego que empareje la cancha tanto a nivel de relaciones económicas, sociales y culturales como de la distribución institucional del poder político.

Un primer paso en esa dirección sería instaurar en Chile una Defensoría del Pueblo, institución que ha sido exitosa, en otros países, defendiendo los derechos de las personas y ayudando de paso a fortalecer la legitimidad de las instituciones públicas.

Un ejemplo, aunque las mujeres somos más del 50% de la población, en la Cámara de Diputados hay 103 hombres y sólo 17 mujeres. Las senadoras son cinco de 38.Chile ocupa el lugar 88 en un ranking mundial de mujeres en el parlamento.

¿Y qué? se preguntarán algunos. Después de todo, sociedades con baja representación femenina han logrado importantes avances por la equidad de género. Los partidos de la izquierda europea efectivamente avanzaron hacia la igualdad jurídica de las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial con una proporción igualmente baja de mujeres en política. Las ideas de igualdad aparentemente bastaban para que las mujeres se sintieran identificadas con agendas programáticas que representaban sus intereses.

Pero parece que algo ha cambiado en el mundo. Para distinguirlo de la “política de las ideas” que imperaba hasta hace poco, la académica de la London School of Economics Anne Phillips ha llamado a este fenómeno la “política de la presencia”. Parlamentos donde se presume que los hombres representan los intereses de las mujeres, los ricos a los pobres, los del centro a los de regiones y los blancos a las minorías étnicas o culturales hacen sospechar que algo anda mal. La gente crecientemente espera que sus representantes no sólo defiendan sus intereses, sino que sean una suerte de espejo de la sociedad.

El origen de la demanda por presencia es una profunda desconfianza en las instituciones, especialmente en los partidos políticos. Si las mujeres somos la mitad, ¿por qué hay tan pocas en el Congreso? Es evidente que la sociedad no les ofrece las mismas oportunidades que a los hombres para ocupar cargos de poder.

“O la sociedad trata a hombres y mujeres como auténticos iguales, en cuyo caso estarán presentes en igual número en cualquier foro de toma de decisiones, o los trata de forma injusta, en cuyo caso necesitamos acuerdos especiales que garanticen una presencia igual,” dice Phillips. Y de ahí medidas como las cuotas para minorías y los incentivos a la paridad entre hombres y mujeres.

Esto no significa que las ideas dejen de ser importantes. No todas las mujeres piensan lo mismo, ni siquiera acerca de temas considerados parte de la agenda de género como el divorcio o el aborto.

La presencia no reemplaza las legítimas diferencias ideológicas que redundan en propuestas programáticas distintas. Las ideas siguen siendo el componente central de la política. Pero en tiempos de crisis de legitimidad de las instituciones, parte de la demanda por mayor participación es una efectiva equidad en el acceso a cargos de poder.

Hacer que nuestras instituciones reflejen distintas ideas pero también identidades sociales, de género, regionales, étnicas o culturales es una necesidad si queremos fortalecer la legitimidad y representatividad de nuestra democracia.

Los dos recientes ex ministros se añaden a Andrés Allamand, Pablo Longueira y Catalina Parot, quienes ya habían dejado el gobierno para dedicarse de lleno a la campaña.Cuando todavía quedan diez meses de administración de la Alianza, un cuarto del gabinete decidió abocarse a lo que viene después de marzo de 2014 sin pensar en lo que resta del periodo de gobierno de Sebastián Piñera.

El síndrome del pato cojo, como se conoce a la pérdida de apoyo de un gobierno cuando se aproxima a su fin, se ha vuelto más preocupante debido al progresivo acortamiento del periodo presidencial. En la reforma constitucional de 2005 se aprobó en forma unánime acortar la presidencia de 6 a 4 años, sin posibilidad de reelección inmediata.

Ya por los años 80, buscando explicar el quiebre de las democracias latinoamericanas, algunos cientistas políticos llegaron a la conclusión de que el régimen presidencial parecía menos estable que el parlamentario debido a la posibilidad de conflicto entre el presidente y el Congreso, la rigidez de los periodos fijos del mandato y los incentivos de corto plazo para la acción política.

El español Juan Linz puso especial énfasis en los incentivos de corto plazo que genera el régimen presidencial, particularmente cuando los gobernantes no pueden proyectarse en un segundo periodo, lo que genera dificultades para poner en marcha políticas públicas de mediano aliento.

Con el fin de mostrar resultados inmediatos, quedan relegadas todas aquellas materias que, siendo importantes, no permiten cosechar logros que exhibir ante la próxima elección.

Este no es un problema de un gobierno en particular, sino de las reglas del juego tal como están definidas hoy.

En el actual gobierno, el gabinete ha servido como trampolín de candidaturas presidenciales, lo que ya venía ocurriendo bajo la Concertación.

Una insuficiente regulación de las incompatibilidades permite que el gobierno virtualmente se vacíe de sus figuras más emblemáticas ante la proximidad de la elección.

No cabe duda que esta situación es negativa para el actual gobierno. Pero, lo que es más grave, refleja problemas de fondo que perjudican el funcionamiento del sistema político chileno.

Más allá del debate por la salida de estos ministros, la coyuntura actual podría ser una invitación a un debate serio sobre el papel de los ministros, las incompatibilidades en el ejercicio de cargos públicos y los mecanismos para contrarrestar los fuertes incentivos de corto plazo que evidencia nuestro sistema presidencial.

El mismo día que Bachelet anunció en Nueva York que abandonaba la ONU para volver a Chile, La Tercera publicaba un editorial criticando un proyecto de ley para dar incentivos económicos a las candidatas mujeres a cargos de representación, en la forma de un subsidio a sus campañas.

El proyecto de ley, anunciado por el presidente Sebastián Piñera en el día de la mujer, se presentaba como una forma de combatir la baja tasa de senadoras y diputadas que tenemos en Chile, comparado con otros países de la región y del mundo. La Tercera rechazó la propuesta por considerar que “no existe discriminación arbitraria, ni siquiera de carácter cultural, para que las mujeres ocupen cargos de significación, que es lo que pudiera fundar una acción afirmativa”.

El editorial aprovecha también de expresar su rechazo a una eventual ley de cuotas –no contemplada hasta hoy por este ni por ningún gobierno en el país–, idea que califica como “extrema”, y que según el diario constituye “una garantía anticompetitiva y la exclusión de candidatos con mayor apoyo, en la medida que varones que podrían estar en condiciones de obtener una mayor votación quedarían excluidos en beneficio de una mujer, exclusivamente en consideración al sexo de la candidata”.

El hecho es que Chile tiene una tasa de participación femenina en cargos políticos incompatible con un sistema democrático de gobierno cuya legitimidad depende de que las instituciones políticas sean efectivamente representativas. Chile sobresale en la literatura comparada sobre desarrollo de la democracia en América Latina por lo tardío que fue el voto femenino, a mediados del siglo XX. Hoy en día, somos uno de los países con menor tasa de mujeres en altos cargos políticos en la región.

Este no es un problema de las mujeres, sino del sistema político en su conjunto. Desde hace ya mucho tiempo quienes estudian la teoría de la representación política han señalado que los órganos de representación necesitan parecerse a los representados.

No basta decir que se comparte un ideario ideológico. Ricos que dicen representar los intereses de los pobres, hombres que hablan por las mujeres, blancos que supuestamente representan a grupos étnicos discriminados son cosa del pasado. El parlamento y la clase política necesitan parecerse a la sociedad que dicen representar. Lo contrario es sinónimo de exclusión, y condena a las instituciones de representación a la ilegitimidad.

Aunque para el matutino las cuotas de género son una medida extrema, muchos las descartan hoy por insuficientes y reclaman, derechamente, paridad. No un 30% de candidatas a cargos de elección, sino un 50% de mujeres en los órganos representativos.

Ni el más neoclásico de los liberales rechazaría la intervención del estado para impedir los monopolios económicos. En política, la cancha está desnivelada a favor de los candidatos, que tienen más posibilidades de ser nominados por los partidos y de conseguir financiamiento para campañas. Ya es hora de tomar conciencia del problema, y de hacer algo al respecto.

En un famoso fallo judicial conocido como el caso Korematsu, la Corte Suprema declaró constitucional la acción del presidente. Los jueces y la opinión pública, al calor del ataque japonés, consideraron justificado trasladar a miles de familias completas a estos recintos por su sólo origen, ante el temor de una eventual deslealtad con el país en el contexto de la segunda guerra mundial.

Cuarenta años más tarde, una comisión formada por Jimmy Carter declaró que el estado debía una reparación a las personas afectadas. Ronald Reagan pagó más de 1,6 mil millones de dólares en reparaciones a los japoneses-americanos internados y sus herederos, y firmó una ley señalando que las acciones del gobierno se basaron en prejuicios raciales, histeria de guerra y una falla en el liderazgo político.

El caso Korematsu saltó de nuevo a la palestra a raíz de los ataques del 11 de septiembre de 2001.Esta vez, el recelo público se enfocó en las personas de origen árabe y en el islam en general.

El Congreso aprobó el Acta Patriótica que daba al presidente Bush amplios poderes para la llamada “guerra contra el terrorismo”, se trasladó a prisioneros a otros países para ser interrogados usando tortura, y se usó la base naval de Guantánamo para negar el debido proceso a los detenidos, que fueron calificados no como presos de guerra sino como “combatientes enemigos” y juzgados por tribunales militares.

Chile está hoy en uno de esos momentos de pánico donde sacrificar libertades parece justificado en nombre de la seguridad.

El atentado incendiario que terminó con la vida del matrimonio Luchsinger en Vilcún se suma a una seguidilla de acciones vinculadas, presuntamente, con el asesinato en 2008 de Matías Catrileo por fuerzas policiales y se enmarca en el llamado conflicto Mapuche, que confronta a cientos de comunidades con el estado de Chile por tierras y reconocimiento.

El gobierno ha recurrido a la ley Antiterrorista de 1984, que agrava penas y reduce garantías de los procesados.

Parlamentarios y líderes políticos han señalado que la violencia en el sur del país llegó a un nivel intolerable y que es necesario declarar estado de emergencia, uno de los estados de excepción constitucional consagrados en nuestra Constitución. El presidente Piñera anunció una serie de medidas especiales, incluida la creación de una nueva unidad de lucha contra el terrorismo y controles de seguridad en la zona.

Como en el caso de Pearl Harbor y del 11-9, hoy en Chile las autoridades políticas quieren mostrarse eficientes en el manejo de la crisis.Tienen todos los incentivos para proponer normas cada vez más represivas en nombre de la seguridad y el orden, y una opinión pública receptiva a esas medidas.

Detractores de esta actitud han señalado que recurrir a leyes especiales atenta contra los principios democráticos y del estado de derecho. Sin embargo, como señalara el académico Bruce Ackerman a raíz de la situación en Estados Unidos, ningún gobierno democrático puede mantener el apoyo popular si no actúa en forma eficiente para calmar el pánico e intentar prevenir futuros ataques.

¿Cómo dotar al gobierno de las herramientas para manejar crisis severas y al mismo tiempo proteger los derechos y las libertades civiles de las personas? La respuesta no se encuentra en una escalada de leyes y medidas represivas, incluido el recurso a normas aprobadas en dictadura que no garantizan un debido proceso. Tampoco en rechazar cualquier regulación especial para situaciones calificadas como de urgencia o excepción.

Chile debe revisar profundamente, a través de mecanismos democráticos, la normativa de emergencia y seguridad interior que nos rige.Un marco regulatorio que enfrente adecuadamente situaciones de crisis –incluido el concepto de terrorismo—ayudaría a evitar que las autoridades estén dispuestas a saltarse la ley en nombre de la seguridad.

El desafío es generar medidas que equilibren la demanda por una reacción eficiente y expedita con la protección de la libertad y las garantías propias del estado de derecho, para prevenir la excesiva concentración de poder a que invitan situaciones como la que vive hoy el país.

Intentando olvidar que ellos son, precisamente, el poder establecido, buscaron el aplauso fácil y, de paso, perjudicar a sus enemigos denostando al Senado por un auto-gestionado aumento de asignaciones que, oh coincidencia, se produce ad portas de un año electoral.

No hay duda que la asignación adicional de dos millones de pesos por senador fue desprolija, inoportuna, poco transparente. Pero no fue eso lo que criticaron al unísono los indignados diputados –que, a todo esto, ya habían recibido un aumento en el presupuesto para asesorías legislativas—y una enardecida opinión pública que no tardó en pedir cabezas, acusar de ladrones y exigir que se vayan todos.

A la lamentable actitud de los denunciantes se sumó una igualmente triste reacción de opinión pública. Contra esa reacción, y más allá de las indudables falencias de muchos de nuestros políticos, propongo un esfuerzo por defender la actividad política. Para que ella responda al interés público no existe otra forma que financiarla entre todos, a través del estado.

Los senadores y diputados deben tener buenos y no malos sueldos; el Congreso debe solventar equipos técnicos que puedan elaborar y reformular leyes complejas, y no sólo timbrar las propuestas de los muy capaces y bien remunerados asesores del poder ejecutivo. Chile es uno de los países de más exacerbado presidencialismo, lo que impide al Congreso actuar como verdadero contrapeso institucional.

A los técnicos con frecuencia les sobran los políticos. Pero a los técnicos no los eligió nadie, ni se escandaliza la opinión pública por lo que paga Chile a equipos jurídicos europeos por defendernos en La Haya o diseñar la política económica.

Las decisiones más importantes que debe tomar un país son políticas: no existe una respuesta correcta, sino consensos sociales que van variando en el tiempo.

Nuestro consenso social al 2012 no está dispuesto a tolerar los niveles de desigualdad a los que Chile se había resignado en el pasado. Hoy la ciudadanía alza la voz para frenar abusos, exigir transparencia, demandar que se nivele la cancha.

Dotar con recursos públicos al Congreso y a los partidos políticos es, aunque impopular, imprescindible para avanzar en esa dirección. El nivel de opacidad que tenemos hoy en el financiamiento de la política es incompatible con la verdadera defensa del interés ciudadano.

Junto con crear conciencia sobre la necesidad de financiamiento público de la actividad política, hay que avanzar en medidas de transparencia: reformar la ley sobre financiamiento de campañas para que todos sepamos de dónde vienen las donaciones; generar un mejor sistema de declaración de intereses de nuestras autoridades; crear mecanismos expeditos para que la gente sepa cómo votan sus legisladores; crear sistemas efectivos de auditoría pública y externa al gasto parlamentario, que realmente fiscalicen e impida usar palos blancos o tergiversar las declaraciones.

Pero todo esto no sirve de nada si los mismos ciudadanos empeñados en castigar a los senadores y, por extensión, a toda la clase política no entienden que la función de un legislador es legislar y no resolver los problemas de la comunidad ni mucho menos pagar las cuentas de los electores.

Los incentivos están hoy mal puestos. El legislador quiere ser reelecto, pero en nuestra sociedad eso no se logra haciendo buenas leyes sino inventando triquiñuelas para burlar el sistema.

Si los legisladores usan mal sus asignaciones no es para “subirse el sueldo” sino para financiar campañas y comprar votos. Enfrentar este problema estructural requiere una buena dosis de voluntad política pero también de educación cívica.

Tal vez parezca más barato cerrar, simplemente, el Congreso y ahorrarles a todos los chilenos el pago de la dieta parlamentaria. Pero como demostraron las dictaduras latinoamericanas de los 80, algunas veces lo barato puede costar muy caro.

Este “bicentenario más uno” nos encuentra en un momento particular de la vida cívica: con una ciudadanía unida en torno a las tragedias del terremoto, los mineros, el accidente aéreo y al mismo tiempo descontenta y distanciada de su institucionalidad política, como reflejan el movimiento estudiantil y las demandas de plebiscito y nueva constitución.

Una suerte de fulgor republicano recuerda el que encarnaron los próceres de la independencia, pero que se ahogó  luego en el retroceso autoritario de la Patria Nueva y más tarde en el triunfo conservador en Lircay.

El mismo que resurgió en los 1860s en los Clubes de Reforma que dieron origen a la República Liberal, tras las enmiendas constitucionales de los 1870s.

La gente sale a la calle porque la actual república de Chile, construida sobre los cimientos de una Constitución militar recauchada pero ilegítima, no la representa.

Contra un país construido desde arriba –ni en nuestros mejores días hemos tenido una constitución elaborada democráticamente—los ciudadanos intentan recuperar la raíz popular de la república. La cueca chora, brava, urbana, Violeta Parra como patrimonio nacional y no de un sector, son ejemplos de la voluntad de reivindicar un Chile menos elitista.

La fiesta de la independencia es una celebración de nuestra libertad como comunidad política.

Sin embargo, muchos se sienten defraudados de esta república que desde sus instituciones esenciales propone una noción de la libertad que la reduce a la autonomía individual para actuar privadamente en la forma que cada uno quiera.

Hannah Arendt distinguió en 1963 entre liberación y libertad: la primera, dijo, es una condición para la segunda, pero no es su contenido. Una vez que nos liberamos de un yugo opresor, debemos darle contenido a la libertad.

La liberación puede darse bajo cualquier régimen político, siempre que permita deshacernos de quien abusa del poder.

La libertad, en cambio, sólo puede existir en una república de ciudadanos activos que participan de las decisiones colectivas, defienden sus derechos y fiscalizan a sus gobernantes.

La libertad como ausencia de opresión, que resulta de la liberación, nos deja en condiciones de elegir, de emprender, de ir hacia donde cada cual estime conveniente. Pero no nos constituye como comunidad política.

Con la derrota de Pinochet, Chile logró liberarse. Pero la verdadera libertad republicana no llegará mientras exista la brecha entre instituciones y ciudadanos que evidencia hoy el enorme nivel de desafección con los actores y las instituciones políticas.