De todos los migrantes que llegan a la ciudad, son las personas de origen colombiano las que reciben mayor atención por parte de los medios, y las que lamentablemente se han transformado en el lugar común para la discriminación y estigmatización.

¿Por qué? ¿Es producto de la mayor visibilidad que tienen en los espacios públicos?¿Mayor visibilidad por su color de piel? ¿Es simple xenofobia?

Antofagasta es una ciudad que ha crecido en los últimos años debido a la arremetida de grandes proyectos mineros. El desarrollo de estos proyectos supone un incremento exponencial de los salarios de quienes trabajan en este rubro y un aumento considerable de población que llega seducida por las posibilidades de trabajo y mejores ingresos.

Trabajo disponible, mejores sueldos y más personas, generan un aumento en la demanda por viviendas, la que no alcanza a ser satisfecha pese al elevado número de proyectos inmobiliarios en pleno desarrollo.Tiendas, mall, aumento del parque automotor son externalidades de un crecimiento acelerado que parece haber carecido de una adecuada planificación social y urbana.

Ahora bien, la mayoría de las veces, sino todas, las ciudades no están preparadas para enfrentar el crecimiento poblacional que se produce a partir de un desarrollo acelerado.Antofagasta no es la excepción.

Desde las tradicionales migraciones campo-ciudad en Europa, América Latina e incluso Asia, los problemas de hacinamiento e insalubridad han sido la cara más amarga de los procesos de asentamiento de quienes llegaban a buscar mejores oportunidades a las ciudades.Y también ha sido muy frecuente que sean los afectados quienes terminan por resolver por sus propios medios estos problemas.

Las soluciones clásicas han sido las tomas de terreno, los campamentos y también la reutilización de partes de la ciudad que estaban abandonadas producto de éxodos de la población local.En Antofagasta, sin embargo, no son sólo las clases más empobrecidas las que llegan a la ciudad, sino también sectores profesionales, empresarios e inversionistas.

Ellos también contribuyen a la demanda por vivienda e infraestructura, pero la diferencia es que aquí el mercado opera de manera inmediata, ofreciendo una serie de servicios, viviendas e infraestructura para quienes pueden pagar.Para los sectores populares, e incluyo aquí a los migrantes, las soluciones tendrán que seguir esperando.

En este escenario, no es de extrañar que los migrantes hayan encontrado en el subarriendo y en los campamentos, las únicas posibilidades para resolver el problema habitacional, lo que sin duda los deja en una situación de extrema vulnerabilidad, pues se trata de soluciones altamente precarias, que los ponen en una situación de riesgo constante.Sin embargo, el nivel de intolerancia hacia el extranjero tiene explicaciones más complejas.

Al revisar algunos de los comentarios vertidos por autoridades y candidatos en medios de prensa, van emergiendo ciertos estigmas basados en prejuicios que crecen a una velocidad peligrosa cuando hay ignorancia y desconocimiento de por medio.

Se ha dicho que los inmigrantes incrementan los niveles de violencia e inseguridad; de las mujeres se dijo que rompen matrimonios, traen enfermedades sexuales y un aumento de la prostitución. Un candidato a consejero regional señalaba algo que resume lo anterior: “no soy racista, tengo amigos extranjeros, pero queremos que haya más control en el ingreso. A las buenas personas que se queden, y los malos que no se molesten en venir”.

La idea que hay detrás es que hay buenos y malos migrantes. Buenos son los empresarios e inversionistas extranjeros; también son los migrantes históricos, las colonias; en algunos casos los migrantes bolivianos y peruanos, especialmente aquellos que han “sabido asimilarse” a la cultura local, es decir, aquellos que se notan lo menos posible.

Los malos, en cambio, son asociados a la inseguridad, prostitución, quiebre de familias, portadores de enfermedades casi desaparecidas.A quien se le asignen estos males, a quien se le cargue con esos estigmas, se vuelve un indeseable, y por lo mismo se le quiere lejos, pues constituye una amenaza para un supuesto orden social.En el caso de Antofagasta estas ideas van siendo adosadas a una nacionalidad en particular, y con ello se va construyendo un estereotipo del migrante colombiano.

Es interesante constatar como en otros contextos (nacionales e internacionales), estas mismas ideas son adosadas a otras nacionalidades. Así en Santiago son los peruanos; en Argentina, los bolivianos; en República Dominicana, los haitianos; en Italia, los norafricanos, en Alemania, los turcos.

En todos estos lugares, se repiten las mismas ideas: nos invaden, traen enfermedades, tienen costumbres raras, no quieren integrarse.

En todos los lugares, las sociedades encuentran un grupo de extranjeros, de alguna nacionalidad o etnia en particular, para asignarle la condición de paria y concentrar ahí todas las formas de discriminación, segregación y exclusión posibles. Lo ocurrido hace pocas semanas en Lampedusa refleja la frontera que se ha instalado en Europa para evitar a toda costa el ingreso de sus propios indeseables.

Para considerar que ciertos extranjeros son una amenaza a la tranquilidad, y la “normalidad”, es necesario asignarles un lugar extremo, fuera de los límites de lo permitido (prostitutas, narcotraficantes, violentos, de una sexualidad descontrolada, incapaces de respetar las normas del lugar donde llegan – incapaces, en el fondo, de ser parte del nosotros).

El elemento que permite cerrar este discurso, y que a nosotros nos permite hablar de racismo, es cuando esas construcciones discursivas, esas formas de ser del otro, se naturalizan, “es que ellos son así”, es decir, al igual que el color de piel, no pueden desprenderse de aquello que los sitúa como indeseables, pues encarnan esa condición.Cuando ello ocurre, estamos frente a la construcción racializada del migrante, y pienso que en Antofagasta es lo que ha venido sucediendo en el último tiempo.

El problema se vuelve más complejo, pues funciona como profecía auto cumplida. La exclusión social de la que es objeto el migrante, finalmente termina por construir exclusión.Las mayores dificultades para obtener mejores trabajos, las mayores dificultades para conseguir arriendos, la serie de problemas administrativos que encuentran para poder regularizar los papeles, y la situación de irregularidad que afecta a un número importante de personas, los catapultan a una marginalidad aún más severa que la pobreza.

Es responsabilidad de todos y todas mantener una posición crítica, de denuncia, de reflexión en torno a estos procesos, pues lo más grave del racismo es que niega el principio de igualdad, fundamento de las sociedades modernas.

Cierto es que resulta fundamental contar con instrumentos legales que promuevan y faciliten los procesos de inserción de los grupos migratorios, especialmente en el contexto actual en el que se produce la movilidad humana (incremento de redes de tráfico y trata de personas, conflictos armados, mayores restricciones en el ingreso, precarización del trabajo e incremento en las vulnerabilidades sociales, entre otros).

Sin embargo, son precisamente las transformaciones de este mundo global, las que parecieran no ser consideradas en este proyecto, ni menos por quienes pretenden utilizar un discurso nacionalista contrario a los migrantes, con fines electorales, como ha sido el reciente caso del candidato Longueira (UDI).

Y es que pensar una legislación moderna no significa crear un instrumento ad hoc a un modelo de desarrollo económico nacional, sino generar los mecanismos institucionales que garanticen – tal como señalan acuerdos internacionales y legislaciones de diversos países de la región-, el buen vivir y la dignidad humana independientemente de la clase, género, religión y lugar de nacimiento de la persona.

Sin embargo, lo que leemos en el proyecto de ley son una seguidilla de condiciones, excepciones y exclusiones al ejercicio de estos derechos por parte de la población migrante.

Esto se explica por una postura ideológica que busca reforzar la figura del Estado controlador, amparado en principios nacionalistas que intentan mantener la ficción de un “Chile para los chilenos”y excluir, en consecuencia, a aquellos que ponen en riesgo esta construcción.

Si bien la defensa de los nacionalismos no es propiedad exclusiva de los gobiernos de derecha (recordemos que el diputado Tarud –PPD- se opuso a la necesidad de traer a trabajadores extranjeros en áreas donde hay déficit de mano de obra nacional), detrás de este proyecto de ley subyace la necesidad de blindar al Estado con herramientas discrecionales que permitan continuar definiendo quienes serán y quiénes no serán considerados ciudadanos.

Resulta interesante observar cómo el principio universalista de la ciudadanía encuentra sus límites precisamente en una condición excluyente, pues requiere definir en primer lugar quiénes pertenecen al Estado (y en consecuencia quienes quedan excluidos), para recién entonces garantizar los derechos a ciertos “elegidos”.

Frente a esta contradicción, las convenciones internacionales de derechos humanos, han insistido en el principio de protección y derechos de todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos,antes que ciudadanos.

Sin embargo, el proyecto de ley relativiza este principio pues antepone una condición previa para el resguardo de dichos derechos: el ser residente o ciudadano “legal”.

Esta atribución, que en el Estado moderno recae en el poder Ejecutivo, nos obliga a preguntarnos sobre quiénes definen y cuáles son los criterios que se utiliza para establecer esta distinción.

En el caso de Chile, el proyecto de ley establece que sea un consejo de política migratoria compuesto por los ministerios de Hacienda, Relaciones Exteriores, e Interior, sin participación de los ministerios de Trabajo, Mideplan, ni qué hablar de las organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, el criterio que se adelanta es que la pertenencia a la sociedad, a través del otorgamiento de una estadía “legal” en el territorio, estará en función del aporte que puedan realizar los migrantes, al desarrollo del país. Así, vivir, trabajar, pagar arriendos, pagar impuestos y generar trabajos, no son suficientes para ser reconocidos como ciudadanos, pues será una instancia política la que defina si ello constituye o no un aporte al desarrollo nacional. Los criterios y actores que definirán estas materias queda también de manifiesto en la decisión de enviar el proyecto de ley a las comisiones de Gobierno Interior y Regionalización, y a la comisión de Hacienda, sin pretender pasar por la comisión de Derechos Humanos.

Desde el mundo político, más que contribuir a un debate que permita pensar en cómo construimos una sociedadinclusiva e integrada a partir del reconocimiento de la diversidad, se cae en discursos nacionalista teñidos de xenofobia. Mientras algunos plantean la necesidad de traer trabajadores para el sector agrícola y minero, otros, plantean que el trabajo y los beneficios del desarrollo de Chile deben estar disponibles primero para los chilenos (candidato Longueira).

Sin embargo, ambas posturas parecieran no ser tan contradictorias; más bien hay peligrosas coincidencias que encuentran en el proyecto de ley un marco donde se complementan. Por ejemplo, la demanda por trabajadores agrícolas, supone trabajadores temporales, lo que de acuerdo con el proyecto de Ley, no otorga derechos. Esto recuerda la figura de los conocidos programas temporales de trabajo, donde lo que se buscaba era beneficiarse de la mano de obra, sin hacerse cargo de los derechos de esa fuerza laboral. ¡Qué mejor forma de promover el supuesto desarrollo del país!

El desafío, lejos de los dichos del candidato, es comprender que los movimientos migratorios son parte del mundo globalizado, como lo es también la obligación de los Estados de asegurar un trato no discriminatorio y que resguarde los derechos de las personas, sin dejar espacio a los condicionamientos. Es lo que esperaría una democracia que se piensa a sí misma como consolidada.