Estos movimientos y peticiones son erróneos desde la partida porque le piden al aparato ideológico del Estado que es el Gobierno, comprometido hasta las masas con la ideología de la Nueva Mayoría (si esta existe y no es una mera ficción voluntarista), que renuncie a su cuota de poder ideológico y la cambie por un poder no ideológico, que es profesional (ser científico es una profesión), transparente (publicaciones internacionales) y democrático (todo científico puede acceder a publicar) a nivel mundial, que tiene la ciencia en el mundo.

Se le pide que la actividad científica y el control de ella salgan del Gobierno y pasen a ser una actividad autónoma con regulación del Estado. Simplemente, que haya un organismo autónomo del Estado que construya las políticas de desarrollo científico, que tenga fondos suficientes para hacerlo, y cuyas determinaciones se rijan por cánones netamente científicos, competitivos internacionales.

Esto  es pedirle peras al olmo. Conicyt (Comisión nacional de investigación científica y tecnológica), fue un organismo semi-autónomo del Estado y se trató hace poco de darle esta connotación de independencia de los gobiernos de turno, se nombró un destacado científico del área de las ciencias físicas y matemáticas que renunció a los seis meses, se nombró a otro destacado científico de las ciencias naturales que duró menos (dos meses) y renunció porque el organismo obedecía más bien a  directivas políticas de Gobierno que a un servicio a la ciencia en Chile. Pero ¿esperaban estos directores otra cosa? Su ingenuidad y falta de formación política, así como la de las dirigencias científicas me conmueve.

Chile necesita rehacer o refundar su Estado y no hay solución para su desarrollo y crecimiento si no lo hace. Luis XIV dijo el Estado soy yo, pero con una concepción de estado paupérrima, como el que distribuía y decidía sobre fondos fiscales y bienes públicos.

Lejos de esa concepción está la del Estado como organización del bien común de un pueblo o nación. Chile hasta 1970 tenía un Estado poderoso: Codelco, Corfo (con casi mil empresas), el sistema de educación, el Servicio Nacional de Salud, los sistemas de energía y servicios basales (dentro de la Corfo); las Municipalidades, los gremios, los colegios profesionales, las juntas de vecinos, la CORA y todas las instituciones agropecuarias, y muchas otras organizaciones más.

Todas eran organizaciones o instituciones autónomas del Estado con mucho poder. Así los colegios profesionales tenían tuición ética y laboral sobre sus colegiados  que eran cerca del medio millón (hoy alcanzan el millón pero sin poder ético ni laboral).

La UP introdujo subrepticiamente (yo creo que sin darse cuenta, porque estaba implícito en su ideología y porque la maldición de la guerra fría operaba) la modalidad de control ideológico del Estado. Todas estas organizaciones fueron asoladas por el virus del control ideológico-político de ellas, es decir el Estado era el Gobierno que se apoderaba de todas las organizaciones del Estado que pudieran dar poder.

La Dictadura militar profundizó este control ideológico, entonces con la ideología fascista-neoliberal-militar. El país y todo su Estado empezaron a ser dominados, en una parte menor pero importante por el gobierno y en mayor parte por los grandes empresarios. El lema hasta la actualidad es: el Estado de Chile es o el gobierno (en menor parte) o el gran empresariado (en mayor parte). El Estado en sí mismo, independiente de los poderes fácticos, no existe.

Necesitamos re-crear el Estado de Chile. Un Servicio Nacional de Salud, un Servicio Nacional de Cultura que comprenda al de Educación, Deportes, Estética (arte), Filosofía y Humanidades, Ciencia, Tecnología, Ética y Bioética, Religiones e Ideologías, etc.

Debe recuperarse la tuición ética profesional prohibida por la Dictadura al suprimir los colegios profesionales (ley que duerme por 6 años en el Parlamento).  Deben recuperarse los cuerpos de profesionales, científicos, filósofos, tecnólogos que piensen a Chile y que generen las políticas a largo plazo, de educación, salud, energía, crecimiento y desarrollo sustentable, sistema de inversiones y que fiscalicen y actualicen esas políticas.

Estos cuerpos deben constituirse por estricta jerarquía profesional, académica o de oficio, con personas que duren en sus cargos 12 a 16 años y sean totalmente autónomos o independientes de los grupos de poder fácticos, religiosos, ideológicos, políticos, empresariales.  Estos cuerpos deberían comprender a la ONEMI, el SERVEL, el INE, SAG, Conicyt, CORFO (lo poco que va quedando), etc.

Se han opuesto principalmente las organizaciones de derecha, pero en su tiempo también se opusieron las de izquierda como fueron los Partidos Socialista y Comunista porque no quieren que las decisiones del país sean tomadas desde y con fundamentos profesionales científicos y técnicos, pero esto es inexorable dado el avance científico y tecnológico.

Un argumento es la oposición a la estatización que la homologan a la de la Unión Soviética, Cuba, China, y otros países comunistas. Esta es una ignorancia supina ya que en estos países si algo no existe es el Estado, no porque no exista como tal, sino porque el Estado es el partido. No hay en ellos cuerpos autónomos del pueblo, es decir no puede haber una crítica que está más conforme a lo que aquí exponemos.

Pero lo más perverso es que los gobiernos posteriores, continuaron con la tendencia destructiva de la academia en beneficio del modelo de usina productora de titulados y venta de servicios a las empresas dentro de las cuales estaba la gran minería, incluida la nacional (ley LGE).

Nunca se ha discutido la ética de estos servicios o mal llamadas “vinculaciones externas” o innovaciones y sus conflictos de intereses en las comisiones de ética universitarias.

Tampoco la proporción de energía universitaria dedicada a ella en relación a la propiamente universitaria que es la “ciencia” como expansión de las fronteras de las matrices disciplinarias o creación de conocimiento sin aplicaciones inmediatas o evidente; o la energía académica dedicada a la filosofía; o la dedicada a la estética; o a las humanidades o a las ciencias del espíritu, etc., que constituyen lo propiamente universitario académico y sin lo cual no puede pretenderse que una institución sea una universidad.

La ceguera a la que ha llevado la discusión monstruosa e interminable sobre gratuidad y que no permite ver los problemas y realidades propiamente académicas y que estando a días de la inscripción por parte de los jóvenes en las instituciones de educación superior no se tenga una ley a la que atenerse, demuestra la incapacidad del aparataje político institucional de Chile.

Recalcaremos que hablar de gratuidad lleva a un engaño grave de profundas implicancias éticas e institucionales perversas. No hay ningún proceso educacional o instruccional que sea gratis. Los políticos y el país quieren dormirse en la idea que nadie va a pagar esa educación.

No es cierto, paga el Estado, es decir. pagamos todos los chilenos, y si todos los chilenos pagamos todos tenemos derecho al control de esa educación que estamos pagando (eso es lo que se quiere callar y no tratar).

Por esta realidad es que la única educación mal llamada gratuita debe ser la de las universidades estatales, porque esas universidades estatales ya son controladas por todos los chilenos a través de contralorías y jurídicas internas que tanto daño hacen por retrasar y obstaculizar toda iniciativa.

Cuando el Rector Vivaldi (u otros de las universidades estatales) hace ver a esta condición preferencial, que tienen que tener en justicia y como obligación de Chile de reparación a las universidades estatales, o se hacen los lesos, o dicen que no se entiende o finalmente se lo descalifica diciendo que propone impertinencias.

Las universidades estatales deben recuperar el financiamiento estatal completo de su quehacer porque simplemente son propiedad del Estado de Chile y tienen el control del Estado de Chile. La gratuidad del pregrado de la que se está hablando no financia ni el 10% del quehacer creativo en arte, filosofía, ciencia, humanidades, tecnología, extensión, formación integral y muchas otras funciones que la universidad de Chile realiza.

La pretendida normalización o reestructuración de la Facultad de Medicina propuesta por el Decano, entra en este marco de la dictadura cívico-militar-neoliberal: cuadrar la caja reduciendo la Facultad sin importar la productividad académica del grupo de académicos reducidos. Ya se anunció la reducción de jornadas de matemáticas sin tener un programa de desarrollo de las matemáticas adecuado a una Facultad de Medicina siglo XXI.

Se anuncia ahora la reducción del ICBM en casi un tercio de sus jornadas, siendo que el ICBM en cuanto a academia es comparable a la séptima universidad de Chile y es uno de los centros más productivos de ciencia, sino el más productivo, en relación a las jornadas e ingresos por jornada que tiene. 

Todo esto sin un proyecto que justifique esta reducción. Se esgrimen, especialmente por parte de clínicos, y esto es muy grave, que en medicina no se necesitan doctorados, ni ciencia básica, ni ciencia clínica que es de ella dependiente. Es decir, coinciden con la cruzada que la Dictadura instaló contra la ciencia, el arte, la filosofía y las humanidades de tal modo de destruir para siempre la academia en Chile.

Todavía no se habla de una carrera académica a nivel nacional, siendo que es la única forma de asegurar educación de calidad a todos los chilenos. La acreditación está al margen de la carrera académica, es decir que los integrantes de las comisiones y consejo acreditador  no se acreditan por carrera académica (porque ésta a nivel nacional no existe) por lo tanto están desacreditados académicamente.

El terror continúa y se está hablando de vender el Conservatorio Nacional de Música (el edificio, menos mal). No nos quedó otra que aceptar a la Dictadura estas actitudes y conductas pero, en los dichos académicos (que ahora se ve que no lo son), estas pretensiones son una sentencia de muerte para la verdadera academia.

A 150 años del trabajo de Mendel no puedo dejar de mencionar que en estas condiciones sus investigaciones habrían sido consideradas inútiles porque no producían dinero a corto plazo, pero sus descubrimientos llevaron a generar cientos de miles de millones de dólares a 40, 50 y más años plazos.

Curiosamente a Mendel le ocurrió lo mismo con sus superiores, cuando pidió tiempo para dedicarse a descifrar otros enigmas que había descubierto, se lo negaron, porque no debía perder el tiempo en estos estudios teniendo obligaciones pastorales más productivas y porque no era propio para un sacerdote dedicarse a las cosas del sexo aunque fuese en las plantas.

N de la E :Gregor Johann Mendel, monje agustino católico y naturalista nacido en Austria, que descubrió, por medio de los trabajos que llevó a cabo con diferentes variedades de arvejas, las hoy llamadas leyes de Mendel que dieron origen a la herencia genética. En sus resultados encontró caracteres como los dominantes que se caracterizan por determinar el efecto de un gen y los recesivos por no tener efecto genético (dígase, expresión) sobre un fenotipo heterocigótico.

El vandalismo cesa cuando las fuerzas especiales irrumpen. No son grupos pequeños; cientos por ambos bandos. Los participantes son adultos jóvenes que seguramente terminaron su enseñanza básica. La no intervención a tiempo de la policía permite a esas personas mostrarse tal cual son.

Entonces este vandalismo delictual (portan armas blancas y de fuego) tipifica un fracaso de la educación chilena en la enseñanza escolar formal, en la familia o en otras instancias sociales. Han expresado una conducta “criminal”  en un acto cultural apreciado por la familia chilena.

Son marginales a la cultura chilena. Hay que reformar la educación porque algo grave no se está dando; específicamente la inclusión de todos sin excepción en una comunidad chilena amigable, aceptadora, respetuosa, valorizadora de toda persona que la constituye.La culpa es de la misma sociedad chilena que ha sido incapaz de esta inclusión eficientemente educadora.

La falta de educación suficiente como para ser y auto-sentirse un miembro cabal de la sociedad que observa o practica el respeto por todos los miembros de ella parece ser general en la sociedad chilena. Quien puede, saca provecho moral o inmoral de quien puede.

Las colusiones del papel higiénico, de los pollos, de las farmacias y seguramente de innumerables empresas que no aparecen coludidas porque no se ha investigado suficientemente son uno de tantos casos de la descomposición moral generalizada que estamos viviendo.

Hay colusiones entre profesionales especialmente del área de la salud y de los médicos para un  mínimo en el arancel cobrado, pero con un máximo que no tiene tope. Me encontré con un ex alumno que me dijo que en su especialidad no se podía ganar menos que 10 millones de pesos mensuales.

Hay colusiones y acuerdos de empresas de salud para repartirse los hospitales o las áreas que les quedarán como clientes exclusivos.

Hay colusiones para operar solo en las tardes en hospitales públicos; en la tarde se cobra como privado a doble o triple tarifa que en las mañanas como hospital público, con el mismo paciente, quirófano y hospital. Todo esto aparentemente muy legal con lo que queda claro que la ley y la constitución no sólo permiten  estas colusiones sino que propician un clima “neoliberal sin control o salvaje” que fomenta estas conductas.

Hay colusiones entre el vendedor y el comprador para estafar al Estado y no dar boletas o facturas de compras, emitir documentos ideológicamente falsos, etc. etc. etc. ¿Qué diferencia tienen estos vándalos con los del estadio de Playa Ancha en su falta de respeto a la sociedad? Muchos de ellos han sido educados en las Universidades Católicas.

La inmoralidad de los dirigentes del futbol nacional e internacional es inconmensurable.

Hay recompensas (llamemoslo así)  entre las empresas y los políticos y no parecen ser pocos. Se han investigado grandes empresas como Penta, Soquimich y algunas otras, pero ¿quiénes aparecerían involucrados si se investigaran todos los fondos de todas las empresas que han colaborado con las campañas políticas?

En el área médica, farmacológica y de productos para la salud las recompensas siguen produciéndose por dineros pagados bajo cuerda, viajes ofrecidos, regalos enormes. Se ha estudiado que hasta un lapicero que se regale altera la independencia del médico para recetar preferentemente los productos de una empresa.

Pareciera ser que la ética profesional ha desaparecido de Chile. Entre la constitución y las leyes se las han inteligenciado los neoliberales para prohibir la ética profesional. Al suprimir, por ley, los colegios profesionales y transformarlos en asociaciones gremiales se suprimió en Chile toda ética profesional y de oficio. No hay que extrañarse de lo que sucede en Chile pues es el único país que de facto tiene prohibida la ética.

Se hizo un esfuerzo por recuperar la tuición ética profesional pero el proyecto de ley duerme en el Parlamento desde hace 6 años. Debe nombrarse una Comisión Nacional de Ética mandada por ley desde 2006 y no se ha nombrado. Cuando la Presidenta quiere nombrar una comisión que investigue la probidad y la transparencia no incluye en ella a ningún eticista o bioeticista y sólo a economistas o abogados.

El escamoteo sistemático del dinero del bolsillo de todos los chilenos por parte del Gobierno, sin su consentimiento es una conducta que ha pasado desde la Dictadura Militar hasta el Gobierno de la Nueva Mayoría sin modificación.

Ejemplo la educación subvencionada que va a ser “gratuita” o sin hipocresía pagada por el Estado, que pondrá la plata, los programas, la mantención, pero que seguirá siendo “poseída” por los sostenedores con ingresos mayores que los docentes de oficio.

El Estado paga a personas, que no son docentes de oficio por su condición de sostenedor, con la plata de todos los chilenos; además estos pueden participar en fundaciones, “holdings”, que pueden albergar a muchos establecimientos con razones sociales distintas e ingresos acumulativos en sus bolsillos.

Las forestales recibieron 825 millones de dólares, del bolsillo de todos los chilenos, desde 1974 hasta 2013 para instalarse y mantenerse, algunas causando el problema insoluble de la Araucanía y otras que se han coludido en sus productos. El bolsillo de todos los chilenos da grandes ganancias a las empresas educacionales incluidas varias transnacionales.

FONASA financia casi la mayor parte de la Salud en las clínicas privadas. Los muy bajos salarios en el sistema público y las enormes dificultades para trabajar en relación al privado tipifican un sistema de incentivos perverso que está destruyendo lo poco que queda del Estado.

Presenciamos una descomposición institucional por dentro, por fuera es todo casi legal y bonito.La hipocresía y el fariseísmo son el emblema de Chile.

Al menos por esto el Alcalde de Recoleta, que (¡ánimas benditas!) ¡Es comunista!, tiene pasaje para el Reino, porque sufrían los enfermos para conseguir medicamentos y nadie, ni cristianos incluidos los católicos, los visitaban para llevarles alivio a su bolsillo insolvente para su necesidad.

Ideó una farmacia comunal, pagada con fondos fiscales comunales, que comprara los medicamentos directamente a los laboratorio-empresas productoras, y se los vendiera a los vecinos de la comuna, a precio de costo, varias veces menos al valor de las farmacias especialmente de las tres grandes cadenas, que sabemos se coludieron hace un tiempo para cobrar aún más caro, y fueron sus dueños juzgados y condenados a la infamante y muy aflictiva pena de soportar clases de ética.

Vergüenza eterna para los cristianos que tenían todo para haber ideado esta medida, pero cual vacas frente a un piano no atinaron a elaborar ningún plan similar que se atuviera a las exigencias de Cristo para irse nada menos que al cielo. El modelo ha corrido como reguero de pólvora y prácticamente todas las comunas quieren reproducirlo.

Surgen las voces disidentes, ¡altera la libre competencia del mercado! ¡Es un subsidio del Estado! ¡Hundirá a las farmacias de barrio! ¡Está en desacuerdo con el modelo constitucionalmente aprobado!, etc. etc. En realidad no es nada nuevo y tampoco nada tan revolucionario, simplemente es volver parcialmente a la modalidad de salud dada por el Estado de Chile en el Servicio Nacional de Salud, vigente hasta 1979, y en gran parte en los Servicios regionales de Salud que le sucedieron, hasta que el ahogo por la falta de financiamiento que la Dictadura Cívico-Militar-Neoliberal generó produjo la escasez medicamentosa que todos constatamos en el sistema público en el Chile actual.

Digo parcialmente porque el SNS (el Estado, es decir, el bolsillo de todos los chilenos) pagaba no sólo los medicamentos (gratuidad total) sin que toda la atención, la prevención, el fomento, la rehabilitación y la reinserción social del paciente. La retroexcavadora de la Dictadura destruyó con saña al SNS para poder instalar a la medicina privada. La Concertación, La Alianza y la Nueva  Mayoría no han sido capaces de retomar esa atención médica que es una joya de empresa no tan sólo de Chile sino que del mundo entero. Recoleta vuelve a demostrar que el Estado protector y desarrollador es posible.

Este modelo en donde el Estado pone lo necesario para que los servicios se realicen, al más bajo costo, con la mayor equidad posible, respetando toda pluralidad étnica, religiosa, política, ideológica, de la más alta calidad posible, debe generalizarse no sólo en farmacia, sino que en toda acción de salud, educación, energía, etc. Chile debe renunciar al modelo calificado erróneamente como Estado subsidiario y volver y desarrollar el Estado bien común del pueblo chileno.

El modelo Estado subsidiario, fue ideado ideológicamente por los civiles de la Dictadura, atribuyendo al Estado sólo el financiamiento de lo que los privados no pudieren financiar, pero nada dijo, o más bien se calló aquello que el Estado financiaba y podía financiar mucho más barato, más equitativo, justo, plural y de mejor calidad que el privado.

Más aún gastó ingente energía para destruir aquello que el Estado realizaba en esas condiciones para reemplazarlo por sociedades que no le llegan ni a los talones en calidad, equidad, eficiencia y moralidad a esas empresas del Estado, como lo hemos visto y sufrido con apagones, cortes de agua, colusiones, incumplimientos, estafas a clientes, etc. Resulta que el Estado subsidia a esas pobres empresas transnacionales y nacionales, que habitualmente se coluden, con cientos o miles de millones de dólares anuales con los que podría pagar toda la reforma de la educación.

Cuando el Parlamento decide discutir el alto precio de los medicamentos que hay en el país y se propone la asistencia del Alcalde de Recoleta para que presente su farmacia popular, su asistencia es vetada por parlamentarios de derecha de la UDI y RN.

No es necesario ver la experiencia de Recoleta, salga a los países vecinos, para qué decir si va a la India, el precio de los medicamentos puede ser varias veces inferior. Insisto Chile no es una república, democrática, de economía capitalista liberal o neoliberal es una re-privada, oligárquica, nepótica y feudal (examine los términos de la negociación colectiva y poder de los empresarios más cercanos a un feudo que a una empresa capitalista).

Está claro que tanto la nueva Constitución como la vigente no garantizan la concreción de este deseo, pero una Constitución debería establecer la normativa y dejar abierta las vías para alcanzarlo sin obstaculizarlo, como es la actual.

El anuncio de un periodo previo de instrucción cívica es bien venido y ésta no sólo es necesaria sino que imprescindible. Ésta instrucción ha sido criticada particularmente por miembros de la Derecha diciendo que temen que se convierta en un adoctrinamiento ideológico previo a las elecciones municipales o parlamentarias, lo que es infantil.

¿Puede hacerse una instrucción y educación cívica callando las ideologías o visiones de mundo que hay? No sería instrucción. Al contrario, éste es el momento y situación para examinar las grandes propuestas programáticas de las diferentes visiones, valoraciones y sentimientos de mundo (ideologías y religiones): conservadoras o neoliberales, fascistas o democráticas de derechas, centros e izquierdas.

La derecha pretende que la Constitución actual es aséptica, a-valórica, a-política, an-ideológica, a-religiosa, a-pántica (a-todo) o que al menos la que venga lo sea.

Impusieron que la ideología de la derecha capitalista, pseudo-neoliberal, oligárquica, fascista (imposición del poder de unos pocos, oligarquía o grupos fácticos), nepótica, de distribución inicua (ofensivamente desigual) de la riqueza y del poder, es la óptima y la única posible para la paz en Chile, en realidad es exactamente lo contrario.

Eso fue y es lo que produjo la retroexcavadora de la Dictadura cívico-militar-pseudo-neoliberal en el país.

El proyecto del pueblo, desde la Conquista hasta la Unidad Popular, que incluye la distribución de la propiedad del agro para quienes la trabajaban, la nacionalización de la minería (las minas chilenas para todos los chilenos), la creación de empresas del Estado, el Servicio Nacional de Salud (institución de Estado y no de Gobierno), los servicios educacionales, especialmente de las universidades nacionales  como eran la de Chile y la Técnica, el Instituto Nacional de Capacitación, la creación de empresas cooperativas, de autogestión, la tuición ética profesional universal, la academia, etc., etc., etc.

Es decir, todo lo que era de distribución equitativa nacional o comunitario (no individual privado), o que tenía poder independiente del gobierno como la ética, fue salvajemente destruido, los seres humanos aniquilados, exonerados, exiliados y se creó una Constitución y leyes para que nunca más esa distribución equitativa de la riqueza y el poder fuera posible y para que nunca más una ética que controlara el libertinaje empresarial pudiese ser aplicada y para que todo grupo humano que no fuera el empresarial tuviera algún poder (sindicatos, gremios, colegios profesionales). Esto vemos y vivimos a todo trapo.

¿Por qué la oligarquía o la derecha pudo, acompañada por los militares, retro-excavar al pueblo chileno y el pueblo chileno no puede hacerlo a la oligarquía? ¿No es ésta la peor de las desigualdades? El pueblo chileno incluye a todos los chilenos.

Al contrario, lo único que no puede dejar de discutirse es el proyecto ideológico o, si no le gusta, la visión y valoración sesgadas de mundo y del ser humano, que los que hicieron la Constitución que nos rige (incluidas las enmiendas) cristalizaron en esta Constitución.

Todo chileno debe considerarse parte de este foro nacional constituyente para entender y proyectar el ser nacional en el que cada uno cree en esa Constitución. Nadie debe quedar ajeno en la confección de esta normativa que nos regirá en los años venideros para que en ella se plasmen las formas de vida, los sistemas de convivencia, las alternativas plurales aún en las formas productivas, las concepciones de Estado, de educación, de público-privado, etc.

Temas cruciales.

Sistemas de convivencias, religiones e ideologías. La Constitución debe garantizar el respeto, real y no literario, a la pertenencia de sistemas de concepción de mundo, de los seres humanos y de la sociedad, con garantía de la práctica completa de esas visiones.

Por ejemplo, la concepción de los amerindios de pertenencia a la tierra y no de propiedad de la tierra debe ser respetada incluida la creencia de la tierra como la “madre” y del agua como la “sangre” de esa etnia. No es posible que el Estado saltándose ese respeto, establezca que la propiedad de la tierra es del Estado que puede cederla al mejor postor en el mercado (vender la madre y la sangre a las transnacionales).

Distribución equitativa del poder y de la propiedad. La desigualdad socioeconómica y cultural tiene como base la desigualdad en el poder, la propiedad, el acceso a redes sociales, al conocimiento, etc.

Los estudios genómicos resolvieron definitivamente el problema de igualdad y desigualdad humana y diferimos sólo en el 2 por mil de los nucleótidos, pero algunos tienen cientos de miles de hectáreas y otros no tenemos ni una. Si redondeamos la población chilena en 15.000.000 y los kilómetros cuadrados de territorio nacional en 750.000, nos corresponde a cada chileno 5 hectáreas ¿repartirá la nueva Constitución la propiedad equitativamente? ¿Qué truculencia inventarán para argumentar en contra de esta equidad evidentemente justa?

El Estado es la organización del bien común para todo el pueblo, en este caso de todos los chilenos. El Gobierno (poder ejecutivo mono-ideológico del Estado), el Parlamento (poder legislativo pluri-ideológico del Estado) y las Cortes de Justicia (poder judicial técnico-profesional, no-ideológico del Estado), son una parte del Estado, pero cuantitativamente la menor.

Las municipalidades, instituciones educacionales y de salud del Estado, los gremios, colegios profesionales, cabildos, juntas de vecinos, cuerpos intermedios  son instituciones y organizaciones del Estado que tienen tanto o más peso en la organización y funcionamiento de la nación.

La Constitución que nos rige autorizó al Gobierno a sacar plata del bolsillo de todos los chilenos (erario nacional, fisco) y sin su permiso (robo ético aunque no legal) entregárselo a las instituciones privadas especialmente educacionales, bajo el erróneo concepto de estado subsidiario ¿Terminará la nueva Constitución con este robo? ¿Será el Estado para el Estado y el privado para el privado?

Hay temas cruciales que los chilenos debemos entender claramente y acudir así a constituir una carta fundamental consensuada por todos, de cualquier forma que se haga.

Si bien siguen criterios mercantiles como “exigencias de operación”, que debe entenderse en la productividad de mercancías educacionales (títulos, servicios, etc.), porque la operacionalidad académica no aparece, se ha agregado la acreditación por “académicos de destacada trayectoria”; esta connotación es folclórica, provinciana y no profesional.

Las comisiones de acreditación tienen que estar constituidas por académicos acreditados en la Carrera Académica Nacional que debe ser formal y competitiva universalmente, con trayectoria transparente en el Escalafón Académico de Chile. Pero, no existe ni carrera ni escalafón académicospor lo que la acreditación no deja de ser un chiste de mal gusto.

Los claustros de las Universidades deben acreditarse por el crédito objetivo y de carrera de sus académicos, constituyendo claustros con jerarquía académica probada, radicados, con permanencias suficientes para realizar, a diario integradamente, las labores de creación crítica y transmisión de cultura universal al más alto nivel en lo intelectual (ciencia, filosofía, reflexión, matemáticas, etc.), estético (arte, literatura, proyección estética sobre todo el quehacer humano, etc.), moral (ética, moral, derecho, humanidades, etc.), espiritual (religiones, ideologías, integraciones de las otras dimensiones, humanidades, etc.), tecnológico (investigación, implementación e instalación).

Continúa la declaración “Nuevo sistema de financiamiento: la propuesta del Mineduc incluye la gratuidad de los estudios de pregrado y el financiamiento a las funciones de investigación y vinculación con el medio” (puras mercantilidades plutogénicas) “Para acceder al financiamiento público las IES deberán ser estatales, o estar constituidas como una corporación de derecho privado sin fines de lucro, no contar con sociedades comerciales entre los integrantes de esta corporación, y ser propietaria de un porcentaje de los bienes inmuebles de la institución”.

Por fin se reconoce que la gratuidad es propia de lo estatal que es lo que pertenece a todos los chilenos y se hace una separación tajante entre lo estatal que es lo que nos pertenece a todos y puede tener y tiene el control del Estado, con lo privado, que debe rascarse con sus propias uñas y que lucre todo lo que quiera. Entregar dinero, sin el consentimiento de todos los chilenos, a las empresas privadas e incluso transnacionales es un robo al bolsillo y debe terminarse ahora mismo.

Exigimos una nueva constitución en donde el Gobierno, para autorizar el traspaso de fondos del bolsillo de todos los chilenos a las empresas privadas, deba consultar al país a través de sus instancias, si es el Parlamento hay que establecer quórum altísimo.

Para destruir el Estado de Chile la Dictadura Cívico-Militar-Neoliberal autorizó al Presidente de la República hacer estos robos y es así como sacando del financiamiento de la educación pública estatal se los trasladó a subvenciones y financiamiento de las empresas educacionales privadas, bancos y otras.

Después se cometió el descaro (actualizando cara de asiento) de acusar a la educación estatal incluidas las universidades de que no tenían financiamiento ni instalaciones para competir con las empresas privadas a las que el robo al Estado y consecuente transferencia de fondos a ellas, las había instalado y financiado para que desplazaran a las instituciones estatales, a las que casi se había desmantelado (hasta con muertes, exoneraciones, reducciones, exilio, obligación de autofinaciarse mercantilmente, etc.).

Podríamos resumir algo así como, Ud. pretende instalar el socialismo  porque hay muchos partidarios del socialismo en Chile, pero no puede ser, porque yo los maté a casi todos. Es raro e imperdonable que la Concertación, la Alianza y la Nueva Mayoría nunca hayan hablado de la restauración, por justicia ineludible e inevitable, de la cualidad de estatales de las universidades del Estado.

Esto implica, al menos, el pago de los salarios completos de los funcionarios del Estado que trabajan en las Universidades del Estado, por parte del Estado. Esto (financiamiento privado de los funcionarios del Estado) no sucede (directamente) en ninguna parte del mundo y en ninguna otra repartición fiscal chilena.

Se dice financiar la investigación sin especificar el tipo de investigación (no creo que se refieran a la policial, periodística, judicial, administrativa). No parecen saber los legisladores que la investigación científica, filosófica, tecnológica, artística, per se no basta para acreditar a una universidad.

La universidad es una comunidad que crea ciencia, filosofía, arte, tecnología donde las investigaciones son imprescindibles pero no suficientes. Se trata de criticar las fronteras de las matrices disciplinarias, expandirlas, dedicarse a las altas especulaciones estéticas, etc. en equipo, y a diario.

La creación cultural universal no se da en estructuras administrativas ni está sujeta a tiempo ni a espacio; no se controla por relojes de entrada y salida o por libros de firmas. Decían algunos premios nacionales de ciencia: la academia la hacemos nosotros en el casino o en el bar de la esquina; y tuvimos que hacerlo en esas partes cuando nuestra facultad estuvo asediada a diario por los militares, la CNI y la policía. Mendel, Newton, Einstein, Fermat, Pasteur, etc. pensaron en su ocio para resolver enigmas de la humanidad, eso es academia, estas obras grandiosas no producían ni producen dinero.

No seamos sólo varonistas y científicos; estrellas estéticas alumbran el cielo patrio como Lucila Godoy (la Mistral), Clara Solovera, Violeta Parra, Margot Loyola y otras que han hecho academia, incluso fuera de los recintos, tiempos y planillas salariales, que los rígidos formalistas administrativistas, economicistas, exigen por topicidad (de topo no de lugar) mental, para considerar algo como universitario.

Las Fuerzas Armadas continúan albergando y protegiendo a miembros de ellas, en ejercicio o retirados, que participaron en esas acciones, o que saben de ellas y mantienen la obediencia irrestricta al secreto sobre las acciones realizadas. Como tales, son cómplices morales aunque no legales.

No tan sólo las Fuerzas Armadas, todos los que participaban en la Dictadura Cívico-Militar-Neoliberal que no dijeron la verdad, que la taparon, la tergiversaron, y en su colmo inmoral culparon a los quemados como terroristas auto-incendiarios, incluido el mismísimo Dictador Pinochet, son no tan sólo obstructores de la justicia, sino que encubridores y hasta colaboradores en los crímenes. Esta obstrucción o encubrimiento se prolonga a los gobiernos “democráticos” por su condescendencia con los Fuerzas Armadas  al no exigir por ley y autoridad (que la tienen) el descubrimiento y desclasificación de los archivos secretos (si es que todavía quedan y no han sido incinerados)  y a la transparencia de los procedimientos, procesos, personas involucradas, contactos y toda situación ocurrida en relación a las violaciones de los derechos humanos.

Parece exagerada la responsabilidad que atribuyo a los gobiernos “democráticos”. De ningún modo. Chile debe saber que se legisló sobre las confesiones de víctimas de violaciones a derechos humanos que involucraban a personeros de las Fuerzas Armadas, Servicios Secretos, o personalidades políticas, y sobre el seguimiento de estas personas.

Está la ley 19.687 del 6 de Julio de 2000 tiene un Artículo único. Los pastores, sacerdotes o ministros de culto de iglesias, confesiones o instituciones religiosas que gocen de personalidad jurídica, los miembros de la Gran Logia de Chile y de la B’nai B’rith de Chile y los integrantes de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, que dichas instituciones determinen, estarán obligados a mantener reserva únicamente respecto del nombre y los datos que sirvan para identificar a quienes les proporcionen o confíen información útil y conducente para establecer el paradero y destino de los detenidos desaparecidos a que hace referencia el artículo 6º de la ley Nº 19.123 (de paso ayudó a encontrar a Matute Jones)

Respecto del denominado informe Valech la ley aumentó el secreto y confidencialidad desde la víctima a toda información por lo que impide seguir un proceso judicial persecutorio de los victimarios.

Ley 19.992 en Gobierno de Ricardo Lagos Escobar (17 y 24 de Diciembre de 2004) “Artículo 15. Son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo Nº 1.040, de 2003, del ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido. En todo caso, este secreto no se extiende al informe elaborado por la Comisión sobre la base de dichos antecedentes. El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años, período en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo la custodia del Ministerio del Interior.

Mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia… Santiago, 17 de diciembre de 2004. Jose Miguel Insulza Salinas, Vicepresidente de la República. Jorge Correa Sutil, Ministro del Interior (S). María Eugenia Wagner Brizzi, Ministro de Hacienda (S). Ricardo Solari Saavedra, Ministro del Trabajo y Previsión Social. Sergio Bitar Chacra, Ministro de Educación. Antonio Infante Barros, Ministro de Salud (S). Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento. Saluda Atte. a Ud., Jorge Claissac Schnake, Subsecretario del Interior Subrogante”.

Se fundamentó el secreto por la garantía de confidencialidad que se aseguró al informante para que acudiera a dar la información (miedo a represalias, sentimientos de vejación, imagen pública o familiar, etc.).

Este argumento para la prohibición de uso de toda la información no es sustentable si se quiere justicia real, porque como en la ley 19.687, esto sería válido sólo para la víctima pero no para el victimario; más aún sería válido (y con severas restricciones desde el bien común) para el que no quiere que su identidad se revele, pero no para quien quiere que se revele y quiere que se persiga legalmente al victimario.

El artículo debió considerar estas posibilidades y dejarlas en claro desde la partida, particularmente que este proceso (Valech) prohibía el juicio a los violadores. Con el plazo de prohibición la situación acusadora para los legisladores es inexcusable: 50 años garantizan la muerte de las víctimas o de los victimarios y entonces destruye la posibilidad un juicio.

Los legisladores dirán que dejaron la puerta abierta para que los denunciantes Valech pudiesen volver a presentar todos sus antecedentes y querellarse en tribunales de justicia, pero este es un trabajo considerable y requiere de pago de abogados y una exigencia que en mi opinión es inmoral hacérselas a estas personas y es obstruccionista.

Chile, su Estado y sus tribunales deben proceder de oficio (iniciar una querella por sí mismo ante la información Valech) y tan sólo pedir la autorización a las víctimas  vivas o a sus familiares (representantes legales) autorizados por ley especial  en caso de defunción (para reparar las muertes en el plazo de 50 años). El Estado de Chile debe pagar todo este proceso.

Hay mucha información no-Valech que debe posibilitarse en una ley que rehaga el artículo 15 de la 19.992. Debe generarse otra ley para estimular y garantizar la información o denuncias entregadas por civiles o militares que hayan participado o presenciado actos de violaciones a los derechos humanos. Desde el 24/12/2004 (regalo tétrico de Navidad) han muerto muchas víctimas y victimarios (entre ellos el mismísimo Pinochet) sobre quienes no puede realizarse juicios… la historia no absolverá a estos legisladores y ¿Chile?

Si el Estado pone la plata, el Estado pone la música (control) ¿Por qué de nuevo este ataque violento contra el Estado y por ende contra todos los chilenos? ¿Por qué el Gobierno y los neo-mayoristas no quieren definir las cosas? El Estado para el Estado, el privado para el privado y se acabarían casi todos los problemas. No, se quiere una mezcla vomitiva de chicha, limonada, sal, azúcar, aceite y vinagre.

Parece ser que los intereses de los consorcios educacionales con ramificaciones en los partidos políticos y en el Parlamento están jugando algún rol. Conflicto de intereses que inhabilitaría para discutir proyectos de educación a quienes tienen acciones u otras vinculaciones con las empresas educacionales. Vayamos al fondo.

Los modelos incompatibles que se enfrentan son claros.

1)  El modelo educacional mercantil neoliberal (educación bien de consumo: ninguna acción educacional si no hay ganancia monetaria).

2) La educación como derecho igualitario (y gratuito) para todos, que podríamos englobar (muy dificultosamente) en un modelo socialdemócrata (el Estado benefactor o protector). Así el modelo Neo-mayorista es lo que dijimos ni chicha ni limonada. La bandera de lucha de todos es ¡calidad! de la cual nadie ha hablado, no se sabe qué es, quién la dará, ni cómo va a lograrse. Entonces se pretende que resulte cualquier cosa, pero que sea gratuita.

¿Gratuita? ¿Quién paga la electricidad, el agua, el gas, los arriendos, los docentes, los administrativos, los barredores, los laboratorios, los microscopios, los instrumentos de música, el papel higiénico…? El realismo mágico quedó corto.

El mercantilismo neoliberal ha calado hondo, ha borrado el problema real y ha convencido aún a los más izquierdistas que tienen que encarnizarse en el slogan inexistente “educación gratuita”, para ocultar los procesos educacionales, la Carrera Académica, la adjudicación de responsabilidades, los controles, la verdadera calidad, los direccionamientos de los recursos, la optimización de los costos, la elaboración de una política real de educación a corto, mediano y largo plazo, las comunidades involucradas.

La hipocresía es obvia y de nuevo se trata de un ataque artero contra el Estado y el bolsillo de todos los chilenos sin su consentimiento.

La educación gratuita no existe, lo saben muy bien, y cuando concretan saben que están diciendo “educación pagada por y con la plata de todos los chilenos (el Estado)” sin su consentimiento y haciendo uso de las leyes que dejó la Dictadura Militar-Neoliberal direccionadas a la destrucción del Estado, y especialmente de las universidades estatales, de Chile y Técnica del Estado, que es la organización social del bien común de todos los chilenos.

Estas leyes permitieron y permiten al Gobierno meter la mano en el bolsillo, principalmente, de los pobres y la clase media ya que los ricos (todavía) pagan menos impuestos y entregárselos sin más a las empresas, en este caso educacionales, incluso transnacionales. El precio es el que ponen esas empresas no el que el pueblo quiere y decide pagar.

El pre-proyecto presentado por el Gobierno mantiene esa hipocresía. No se atreven a reemplazar gratuita por pagada por el Estado, porque tendrían que justificar inmediatamente como le piden al país el consentimiento para entregarle plata a las privadas siendo que las estatales le saldrían mucho más baratas.

Pero no, se insiste en entregar más dinero a las privadas que a las estatales. El lector dirá ¿cómo, el Estado no paga a las Universidades del Estado? No, los salarios de los académicos de las universidades estatales en su mayor parte (con excepción de algunas universidades de regiones) ¡no los paga el Estado sino el privado a través de los aranceles de estudiantes y de los servicios que estas universidades han tenido que desarrollar para subsistir!

No hay universidades públicas en Chile en el sentido de pago de los salarios gastos basales. Hay una inmoralidad de proporciones peor que las de Penta o Soquimich, al tener a miles de funcionarios del Estado pagados y a mucho menor salario que otros funcionarios del Estado (como médicos o profesionales de los servicios públicos o para qué hablar de los parlamentarios) por el privado y con las condiciones de control de la Contraloría interna y de Jurídica interna de estas universidades.

La maldad es mayor al considerar los sueldos base especialmente de los médicos que trabajamos en las universidades del Estado. Un profesor titular, médico-cirujano, doctor en ciencias, con un pos doctorado en el extranjero, tope en la carrera, 44 horas semanales (horario completo) tiene un sueldo base de $200.000 mensuales.

La forma de destruir o reducir la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado ideada por la Dictadura Militar-Neoliberal fue simple:

1) Reemplazar la productividad académica por la optimización de gestión administrativa para la productividad económica.

2) Destruir físicamente la academia por asesinato, exoneración, exilio.

3) Obligar al sistema estatal a autofinanciarse e igualarlo al sistema mercantil de las universidades privadas.

4) Congelar las plantas y con ello destruir la autonomía universitaria.

5) Destruir la carrera académica autorizando por ley a cualquiera universidad para nombrar académico de cualquier nivel.

6) Destruir la presencia nacional de ambas universidades y pasar sus propiedades y sedes a universidades regionales tanto públicas como privadas.

7) Pasar el presupuesto estatal para salarios y funcionamiento básico de las universidades estatales paulatinamente hacia las universidades privadas.

8) No reajustar salarios según el alza del costo de la vida y obligar a las universidades estales a aumentar los aranceles y servicios o morir. Nada se reparó, este asedio continúa para que las privadas se mantengan robándole al Estado.

Si el país sustenta económicamente a sus universidades en forma completa (salario y funcionamiento basal) podemos hacernos cargo no sólo de la educación “gratuita” universitaria del 15% de la población chilena sino que de reconstituir comunidades académicas de creación de cultura universal competitivas a nivel mundial y de las labores extensionales con no más de U$ 1.000.000.000 y no U$ 2.500.000.000 como se pide.

Las tomas a las que creo que se refieren (con lo de Vidal o Jara uno ya tiene que precisar nítidamente a qué tipo de toma o agarre se refiere) son tomas de dependencias físicas de Casa Central o de Torre 15. Por otra parte, se empeñan en el Senado Universitario y ciertos grupos de académicos en discutir un nuevo Estatuto y su validez. Discusión irrelevante porque se deberá replantear cuando la ley de Educación superior que se prepara para este segundo semestre esté publicada.

Pero, sinceramente, ¿es la universidad en Chile y en el mundo constituida substantivamente por un sitio físico, dependencias administrativas, planillas de datos y sueldos, ajustes económicos, triestamentalidad, biestamentalidad, mono estamentalidad no-estamentalidad, Estatuto o legalidad?

¿A tan bajo o impertinente hemos llegado? ¿Dónde quedó la comunidad (común unidad) de maestros y discípulos en búsqueda de la verdad, bondad y beldad? ¿Renunciamos a ella por estos otros caracteres irrelevantes, menudentes y accesorios?

Ganó entonces el monstruo de la Dictadura Militar-Mercantil-Pinochet, monstruo exuberante, adefésico, esperpéntico, antiestético, inmoral, anti-intelectual, sólo comparable al surgido de una afiebrada violación que el Palacio del Terror hizo a la indefensa Corte de los Milagros.

La universidad en el mundo hace rato que dejó de tener esas características físicas radicada en locales, administrativas, económicas o de funcionamiento. La acción universitaria en su universalidad de actividad mental comunitaria es (valga la redundancia) realmente universal, está preferentemente distribuida espacialmente y temporalmente en el espacio mental de múltiples actores conectados (en la actualidad) mayoritariamente en forma virtual.

No es posible tomársela física, administrativa o económicamente (esto es lo que trató de hacer la Dictadura Militar-Económica para destruirla: reemplazar la academia por el dinero o control administrativo).

Además no está radicada en una planilla de sueldos, ni en una función administrativa, ni siquiera en los integrantes “asalariados” de esa institución rígidamente acotada. La mayor parte de la creación universal (la única función imprescindible de la universidad) se realiza por equipos extensos de muchas partes del país y del mundo, sin demarcación discreta y con componentes grandes virtuales.

Contrariamente a la idea de oponerse a la verdadera toma de la Universidad, yo proclamo y llamo a esa verdadera toma de la academia. Llamo a empoderarnos a apropiarnos con la mente y el corazón de la comunidad a la que pertenecemos, de su misión de creación y transmisión de cultura universal, de desplazar de esta comunidad los fines mercantilistas a los que la LOCE y la LGE la han reducido.

Nosotros somos los únicos que podemos construir esa comunidad y garantizar a Chile su acceso plural y equitativo a la intelectualidad, estética, ética y humanidades para que permita a la juventud chilena la posibilidad de desarrollarse autónomamente con esas exigencias en lo más alto que la humanidad o la especie Homo sapiens tiene. Llamo a esta toma mística y profunda, nosotros somos la universidad (en realidad deberíamos serlo pero no nos atrevemos, atrevámonos a serla) la única manera de derrotar al monetarismo, legalismo y administrativismo).

Hay que hacer la distinción de quién está sirviéndose de quién. O la Academia manda sobre el Mercado y al dinero y los pone a su servicio (y eso debe reconocerse en una nueva ley de universidades y de educación y por ende en una nueva constitución no mercantilista) o el Mercado manda, subyuga, determina o concede a la Academia lo que para el le es necesario (la situación actual). No hay términos medios ni entendimiento. Son vectores que van en sentidos contrarios ¡Basta ya de la humillación, vejación y destrucción de la Academia por la Dictadura Mercantil!

Si el Gobierno quiere mandar un proyecto de ley de Educación Superior al Parlamento, debe no sólo consultar a los cuerpos académicos gremiales existentes, debe “obedecer” a la sabiduría y a la experiencia académica que es la única que sabe cómo se vive y hace academia y cuáles son los contextos económicos para su desarrollo armónico sin desnaturalizarse o sufrir agresiones vitales; esperemos que no ocurra lo del Estatuto docente y que el proyecto de ley salga desde las bases académicas y sea claramente anti mercantilismo educacional.

Ya se ha visto como proceden, consultan por aquí y por allá a quienes quieren y luego dicen que han tomado la opinión. Por eso no pueden solucionar el problema del Magisterio que quiere término del mercantilismo neoliberal educacional y el proyecto enviado al Parlamento sigue siendo en lo fundamental mercantilista y no docente.

El país ha presenciado estupefacto la participación de una enorme cantidad de legisladores y políticos en financiamientos millonarios de sus campañas electorales u otras actividades políticas por empresas privadas que ponen en duda su libertad y autonomía profesional como parlamentarios.

¿A cambio de qué esas empresas invirtieron esas enormes sumas de dinero? ¿A quién obedecen estos parlamentarios? ¿Al pueblo que los eligió?

Se discute el proyecto de ley sobre carrera docente y tiene a una buena parte de profesores y alumnos en paro y movilizaciones ¿Discutirán y votarán el proyecto los parlamentarios que tengan acciones, dicten cursos pagados, o tengan cualquiera otra vinculación comprometedora con empresas educacionales o relacionadas (fundaciones), sea por parte de ellos o de familiares directos? La ética mínima dice que deben inhabilitarse ¿lo harán?

Debido al destape de estas monstruosidades morales especialmente relativas a la probidad y transparencia de las acciones política-empresas, la Presidenta haciendo énfasis en los graves delitos éticos que se cometían nombró una comisión “Contra los conflictos de interés…”, pero que no tenía entre sus integrantes a eticistas de oficio, sino que a economistas, profesión con no pocos desacuerdos con la profesión de ética, unos pocos abogados (sólo uno de ellos filósofo del derecho) y un filósofo ¿Qué le va hallando?

Tan impertinente es el nombramiento que incluso se comete un error ético de principiante; no es posible ir en “contra” de los conflictos de interés; estos son propios de la vida y es bueno que los haya. Se trata de encausar, regular, canalizar o armonizar estos conflictos.

Por otra parte el país tiene a la Sociedad Chilena de Bioética, a quién podría consultar, a las Comisiones de Ética y Bioética de todas las Facultades de las universidades grandes en Chile, a los Departamentos de Ética de los Colegios Profesionales y a una pléyade de eticistas, profesores, magísteres y doctorados en ética y Bioética.

Más grave e imperdonable aún, la ley 20.120 de 2006 contiene el mandato de creación de la Comisión Nacional de Bioética (CNB), precisamente para asesorar a la Presidencia de la República y al Parlamento en materia de ética, y ni Bachelet 1.0, ni Piñera 1.0, ni Bachelet 2.0 han creado, auto tipificándose como negligentes éticos evidentes ante todo el país.

El primer proyecto de la ley 20.120 creaba una CNB de Estado con nominaciones de las Universidades y expertos en ética.  Mi proposición en el Parlamento planteó  “… en cuanto a la Comisión Nacional de Bioética, que no puede formar parte del aparato gubernamental, porque el gobierno es el aparato ideológico del Estado, debiera conformarse un organismo dotado del mayor pluralismo posible a fin de cumplir a cabalidad con sus objetivos”.

Poco a poco fue politizándose el debate y quedó como una comisión de 9 integrantes nombrada por el presidente con la anuencia de los dos tercios del Senado. En los comentarios de pasillo en el Parlamento profeticé, junto con otros, que esa comisión nunca iba a nombrarse por las componendas políticas, religiosas e ideológicas; y así ha sido.

Me he quedado corto en mostrar este desprecio y agresión, o quizás miedo, de los Gobiernos y de las Empresas hacia la ética. Uno de los poderes que podría disputar la conducción del país a la Dictadura Militar era el de los colegios profesionales por su férrea organización y control del ejercicio profesional por orientaciones éticas que eran no-políticas, no-empresariales y no-ideológicas; era preciso para la Dictadura destruir ese poder.

La Oligarquía y las empresas en general tenían también un freno severo a la avaricia, a la evasión y elusión de impuestos, a las coimas, cohecho y manejo financiero de los políticos y de la política, en la ética profesional y de los oficios (ética cuya infracción estamos viendo a diario). Era preciso para la Dictadura Militar-Empresarial destruir todo tipo de ética profesional.

Así se hizo por una idea genial de los ideólogos  militares-neoliberales, se transformó los colegios profesionales en simples asociaciones gremiales sin ningún poder ético con lo cual se liquidó toda posibilidad de ejercicio ético en Chile.

La denodada lucha de los Colegios Profesionales desde entonces fructificó después de 20 años con la enmienda constitucional de 2005 en donde se recuperó la condición de colegios profesionales pero no la de tuición ética cuyo proyecto de ley se presento recién en 2009 y desde allí duerme profundamente. Un remezón de urgencia tuvo este año con el destape ético, pero duró sólo una semana.

Ninguno de los escándalos que vemos sería posible con ética profesional en los contadores, ingenieros comerciales y todos los profesionales del comercio y las finanzas; con una factura o boleta falsa el profesional se arriesgaría a no poder ejercer más su oficio.

Tampoco sería problema la solución ética de los conflictos de interés porque los colegios profesionales tienen una amplia experiencia al respecto, basta mencionar la lucha interminable entre los colegios profesionales de la salud y la industria farmacéutica o de productos en salud.

Botón de muestra, el racismo fue legal al considerar a indios y negros de inferior calidad, pero no tan sólo a ellos, sino que a los hijos nacidos fuera del matrimonio como seres inferiores en relación a los nacidos dentro de un matrimonio. Indio e hijo natural o huacho han sido lacras malditas tipificadas por nuestro hablar.

No se salvó ni el Huacho Riquelme, Director Supremo de la República (Patria Nueva) obligado a autoexiliarse por  la oligarquía criolla caucásica ¿pura? Los huachos debían sentarse atrás de los no-huachos en los colegios y para entrar a colegios católicos o a instituciones nacionales se revisaba toda la genealogía hasta hace poco.

Chile es tan corrupto que por Constitución y por las leyes ha prohibido la ética de profesiones y oficios. Un connotado director, periodista, y propietario del más distinguido diario del país ha sido expulsado del Colegio de Periodistas por graves infracciones a la ética, al colaborar, desde su diario, con la CIA para el derrocamiento de Allende, inclusive recibiendo fondos para este fin.

La información procede de la desclasificación de archivos de la misma CIA. Pero esta decisión por infracción ética no tiene repercusión legal y puede seguir ejerciendo en Chile, porque los Colegios Profesionales fueron despojados de la tuición ética profesional por la Dictadura Militar en colusión con los ideólogos neoliberales mayoritariamente de la “Escuela de Economía” de una católica Universidad (curioso que egresados de ella estén ahora sentados en el banquillo).

Se sembró odio contra la ética profesional y de oficios y se cosecha lo que estamos viendo.El derrocamiento de Salvador Allende resulta casi un eufemismo frente a los 3.000 detenidos desaparecidos, 30.000 torturados, vejados, exonerados, perseguidos, con sus familias destruidas y 300.000 exiliados; estos seres humanos son la Patria y contra ella se cometió alta traición favoreciendo a la “inteligencia” extranjera, además de delinquir de lesa humanidad.

Había una suciedad grave en la ley de Colegios Profesionales, ya que si no estaba en los registros del Colegio no podía ejercer; llamemos a esta condición negativa “control laboral”. Pero también tenían una “guagua” muy hermosa que era la tuición ética del ejercicio de la profesión; profesional que no ejercía éticamente era sancionado con suspensión del ejercicio e incluso con su supresión definitiva en Chile; llamemos a esta función “control ético”.

Qué le han dicho a la Dictadura Militar-Neoliberal: los colegios profesionales tenían mucho poder por el control laboral  (muy negativo, suciedad) y en contra del poder militar, y el control ético (muy positivo, la guagua) impedía a los empresarios a hacer y deshacer en su empresa (un contador que emitía una boleta falsa arriesgaba no poder ejercer más en Chile).

Urdieron suprimir a los Colegios Profesionales transformándolos en asociaciones gremiales sin control ni ético ni laboral, lo que les venía como anillo al dedo a los dictadores militares-neoliberales.

Además podían revestirse de la sacrosanta defensa de la “libertad de trabajo (¡muera el control laboral de los colegios!)” que lavaba la suciedad del control laboral aceptable por todos; pero botaba junto al agua sucia del control laboral a la guagua del control ético de todas las profesiones y oficios en Chile y autorizaba todas las perversiones empresariales, empresariales-políticos, colusiones, coimas, sobornos, chantajes, etc. que con la “guagua” presente habrían sido imposibles.

Hace casi 6 años logramos (los Colegios Profesionales) poner en el Parlamento (Bachelet 1.0) un proyecto que recupera la tuición o “control ético” profesional sin la suciedad de “control laboral”. Hace un mes el Gobierno le puso suma urgencia que duró una semana y volvió al marasmo.

Hay serios errores en este proyecto: sólo serán reconocidos como colegios profesionales los que universitariamente la ley LOCE (destilado, pretendidamente educacional, de los odios a la academia de la Dictadura Militar-Neoliberal) o LGE reconozcan como universitarios; no se indica  cómo se constituirán tribunales éticos para los no colegiados y otras.

Estas deficiencias pueden subsanarse en una discusión, alguna vez hecha por los afectados, los mismos Colegios Profesionales. Por sanidad moral, intelectual y estética se impone que los Colegios Profesionales sean iguales a los anteriores a la supresión hecha por la Dictadura-Neoliberal.

Hay otra condición aún más importante que la ética y es el desprecio que desde la Unidad Popular, pasando por todos los gobiernos, hasta el actual se tiene sobre el Estado.

El Estado es la organización del y para el bien común del pueblo que en este caso somos todos los chilenos. El Poder Ejecutivo del Estado radica en el Gobierno, el Legislativo en el Parlamento y el Judicial en las Cortes. Estos son sólo los poderes del Estado; pero éste contiene otras organizaciones  del bien común popular: desde las juntas de vecinos hasta los colegios profesionales, pasando por todas las organizaciones municipales, sistemas educacionales, de salud, de energía, previsión, cuerpos intermedios (consagrados en la Constitución), etc.

En Chile entre la Oligarquía gobernante por su poder económico y el Gobierno se han apoderado del Estado o bien lo han destruido reduciéndolo a oficinitas. El conflicto actual de empresas que compromete a candidatos políticos en las campañas electorales es una muestra. El elegido termina comprometido con las empresas (incluso extranjeras) y no con sus electores (que es Chile).

Hay una solución simple.

1) Recuperar la tuición ética profesional especialmente de contadores, ingenieros comerciales y todos los que tengan que ver con finanzas.

2) Constituir al SERVEL como un cuerpo autónomo del Estado, con poder, recursos para financiar las campañas electorales (no políticas ni de políticos)  y dar a cada candidato el recurso equitativo, y cero pesos de las empresas. Pero este SERVEL debe ser también un centro académico de investigaciones demográficas electorales, según regiones y características geo-políticas.

Lo mismo debería ocurrir con la ONEMI (autónoma del Estado) como centro de estudios vulcanológicos, sísmicos,  meteorológicos, climáticos, de sociología de catástrofes, etc., en relación a la prevención y manejo de emergencias. Igual para el INE, Conicyt, Servicio de Salud, Servicio de Educación, etc. Es perentorio y urgente que Chile recupere su Estado y su Ética.

Por eso no digo que el Estado impone, y empezamos mal, porque en Chile no existe un cuerpo educacional autónomo del Estado, que podríamos llamar Servicio Nacional de Educación, independiente de los poderes fácticos, partidos políticos, agrupaciones religiosas o cofradías de cualquier tipo, capitales y empresas, gobiernos de turno, que genere, evalúe, audite, actualice las políticas de educación.

Entonces la educación en Chile termina siendo dirigida por el Gobierno de turno a través de su ministerio de Educación, lo que implica un conflicto de interés ideológico gigantesco y un cambio de ejecución cada 4 años que imposibilita cualquiera política educacional estable.

Este es un error grave en la Nueva Mayoría: no distinguen Gobierno y Estado; incluso hablan de la educación municipal como que no es del Estado y dicen que hay que terminar con ella para pasarla al Estado, pero en realidad lo que están diciendo es que hay que pasarla al Gobierno o sea al MINEDUC. No saben educación cívica: la educación municipal es plenamente Estatal.

El Gobierno y Parlamento neo-mayoristas no se atrevieron con la clase alta, temblaron ante la oligarquía nepótica chilena, que es la que al final gobierna Chile.

Argumentaron que el no-lucro y no-selección eran técnica y éticamente mejores y así estaba demostrado científicamente, y lo impusieron a los pobres ¿Por qué no exigirla para los colegios privados? ¿Se va a dejar que estos lucren y seleccionen cuando eso es negativo para la educación?

En salud ¿se puede dejar sin vacunar a los ricos si a ellos así les place y vacunar obligatoriamente a los pobres? La única forma de entender esta contradicción entre los argumentos y el comportamiento neo-mayorista es que ni ellos creen en esos argumentos, es más, están seguros que resulte o no la reforma, los ricos oligarcas seguirán teniendo una “mejor” educación que los pobres sin lucro, copago ni selección; los ricos oligarcas no van a caer en la educación de la delincuencia más de lo que ya están (Penta, La Polar, colusión de Farmacias, etc., etc., etc.), ni van a cambiar su conducta sexual, ni su acceso al poder.

Al contrario se volverán más poderosos al estar más discriminados y separados de los pobres por sistemas educacionales opuestos; la reforma educacional va a contribuir más a la separación del estrato alto en un gueto frente al gueto de los estratos bajos; los medios que no van a tener otro destino que asimilarse al estrato bajo (al cual ya están bastante asimilados por la destrucción de las empresas y establecimientos educacionales estatales que contribuían mucho a la clase media profesional).

Entonces ¿cómo quedan las escuelas y liceos municipalizados y subvencionados?

1) Su financiamiento es del Estado.

2) El Estado (Gobierno y Parlamento en realidad) les prohíbe el co-pago.

3) El Gobierno les prohíbe la selección.

4) El Gobierno les prohíbe el lucro.

5) El Gobierno les impone los contenidos programáticos a través de las normativas y programas fijados por el MINEDUC.

¿Hay libertad programática en estos liceos y escuelas? Muy poca, algunos programas académicos que no pueden ser muy exigentes para no ser acusados de seleccionar o producir diferencias, algunos matices en las materias que algún profesor pueda dar; pero en el fondo huevillo intrascendente, libertad para elegir té o café.

No se dieron cuenta los neo-mayoristas que hacen desaparecer la libertad de enseñanza de una plumada, no va a haber diferencias entre los municipalizados y subvencionados (que ahora son más estatales que los municipalizados); si no hay pluralidad de alternativas, simplemente no hay libertad. ¿Se puede elegir cuando hay una sola opción?

Lo que es peor es que se puede elegir cuando Ud. tiene plata, entre uno privado y uno estatal (la nueva alternativa); si no tiene plata no puede elegir. Se ha decretado la libertad para los ricos.Los pobres al sistema estatal sin chistar. Esta lacra de los gobiernos totalitarios, fascistas, democratoides, de querer vestir a todos con el mismo mameluco parece no terminar nunca, cuando todo va hacia la educación y salud personalizada e incluso genómica.

Lo que puede generar esta ley es espantoso para la educación en Chile.

Los actuales colegios subvencionados con un buen copago de más de la mitad del ingreso total, serían tontos si no estudian la posibilidad de privatizarse totalmente. Liceos medianos de 1.000 alumnos con un pago entre $50.000 y $100.000 pueden financiarse perfectamente con poco lucro e ingresos modestos, pero por encima del promedio para profesores y administradores, se liberan del yugo estatal y pueden hacer selección por notas y conducta para ingresar a ellos y apetitosos programas académicos científicos, artísticos, filosóficos, deportivos, etc.

Toda la clase media chilena podría constituir estos liceos y captar a los mejores alumnos no tan sólo de clase media sino a un porcentaje notable de los mejores de estratos bajos por medio de becas (el presupuesto indicado puede permitirles entre 10 y 30% de alumnos de esos estratos) y a buenos alumnos del estrato alto.

Esto generaría que los establecimientos “estatales” se quedarían con los alumnos de menos rendimiento y más problemas conductuales, de clase media y baja.

El ambiente de trabajo para un profesor con alumnos con menos problemas conductuales y mejor rendimiento académico, a igualdad de sueldo, es más atractivo y por lo tanto mejores profesores se irían a estos establecimientos.

Puede haber una estampida desde los establecimientos municipalizados hacia los subvencionados ya que va a dar lo mismo estar en uno o en el otro, pero los subvencionados tienen “más fama” de tener mejores medios e infraestructura; esta ley puede ponerle la lápida a la educación municipal que es la verdaderamente estatal en Chile.

Para ser consecuente, ni siquiera puede ser estatismo disfrazado sino que es “gobiernismo” disfrazado.