Lo anterior debe llamarnos a la preocupación y, sobre todo, a la acción. Si hace décadas nuestro país acometió con éxito el desafío de terminar con la desnutrición infantil hoy estamos en la situación inversa con la misma o mayor urgencia y se requiere, como entonces, una decisión país para atacar el problema implementando acciones coordinadas y permanentes.

Entre ellas, una de las principales es el fomento del deporte y la actividad física. Ello es imprescindible no sólo para mejorar la salud de la población, sino que, además, contribuye a la generación de hábitos y a la transmisión de valores muy relevantes para la vida en sociedad.

Materializar este esfuerzo implica una combinación de políticas públicas entre las que destaco.

- Renovar y modernizar la institucionalidad del deporte en el país. El proyecto de ley que crea el Ministerio respectivo es un paso. Sin embargo, hasta ahora significa tan sólo un cambio de nombre. Se requiere que en su implementación se le otorgue un status y especialmente los recursos que le permitan un trabajo eficaz. También debe reforzarse su vinculación con el área educativa.

- Potenciar el deporte en dos ámbitos principales, los colegios y los barrios.

La educación escolar es el momento ideal para potenciar una cultura deportiva.Es imprescindible aumentar las horas dedicadas al deporte y mejorar el equipamiento e implementación de los establecimientos.

Asimismo, es imprescindible favorecer la práctica del deporte en los barrios. En ese ámbito deberíamos, por una parte, mejorar sustantivamente la infraestructura. El Estado dispone de unas 16.000 canchas, fundamentalmente en poblaciones y villas. Muchas de ellas presentan grave deterioro o están abandonadas, generando, además, inseguridad.Debemos recuperarlas y mejorar su administración, como lo propuse en un proyecto de ley.

Por otro lado, es imprescindible incentivar la actividad física en los barrios a través de la generación de programas masivos y permanentes en clubes deportivos y juntas de vecinos. Un plan especial de monitores financiados por el Estado sería un avance significativo. Lo sugerí en leyes de presupuesto y estuvo a punto de implementarse en gobiernos anteriores, pero no se materializó.Debemos reimpulsarlo.

- Transformar al deporte y la actividad física en un eje de las decisiones en materia de vivienda y urbanismo. La habilitación de ciclovías y la creación y mantención de parques y áreas verdes deben ocupar un lugar preferente, especialmente con el objeto de equiparar la situación de las comunas más populares en esta materia, donde se advierte una grave desigualdad.

- Mejorar los hábitos alimenticios. Factores de diversa índole han motivado un incremento de la disponibilidad y consumo de comida rica en grasa y azúcares. Necesitamos revertir esa tendencia.

El proyecto de ley sobre rotulación fue un avance que requiere ser reforzado y no diluido por su reglamento. Asimismo, deben potenciarse otros esfuerzos coordinados, a nivel de las carteras de educación, salud, desarrollo social y trabajo, por cambiar hábitos y mejorar la calidad de la alimentación en colegios y lugares de trabajo.

Estamos frente a un inmenso desafío. Lo que dejemos de hacer impactará decididamente en nuestros indicadores sanitarios ya en pocos años y, con más fuerza en el mediano plazo.

Requerimos priorizar sustantivamente la inversión en deporte y actividad física no sólo como un ahorro futuro en prestaciones de salud, sino fundamentalmente como un cambio de orientación hacia una mejor calidad de vida.

Sus resultados están en severo cuestionamiento. El problema parece mantenerse o incluso aumentar.Surgen, entonces, voces que buscan nuevas miradas.En ese marco, la OEA analizó el asunto y elaboró un informe, que se ha dado a conocer recientemente.

El texto es muy interesante en cuanto recoge este sentimiento de frustración con los resultados de las políticas aplicadas, planteándose la posibilidad de impulsar medidas menos represivas, que incluyan, por ejemplo, la despenalización o legalización del autocultivo de marihuana. Ello enlaza perfectamente con la discusión que ha surgido en nuestro país respecto de la Ley 20.000, sus procedimientos y sanciones.

A la luz de este informe y de otras evidencias recogidas de legislaciones comparadas es posible pensar en fórmulas que saquen el foco de la represión, reservándolo sólo para las drogas duras y el crimen organizado.

Es este debate incipiente, pero muy importante y que no puede soslayarse, deben tenerse a la vista algunos criterios que me parecen muy relevantes.

En primer término, no debe caerse en el error de creer que se está promoviendo la producción y tráfico de drogas o favoreciendo su consumo.

El punto en discusión es otro. Se refiere a si la estrategia para enfrentarlas que descansa en la sanción penal a traficantes y consumidores ha sido o no exitosa y si es posible, en consecuencia, abordar el tema con otras políticas.

En segundo lugar, es importante aceptar y recoger todas las miradas. Aquélla que tienen sobre la materia algunos actores sociales, que pueden ver el tema desde la legítima perspectiva de las libertades públicas; la de quienes desde la mirada sanitaria expresan sus temores frente a la adicción que provocan algunas sustancias, particularmente cuando se consumen intensamente en la adolescencia y la que tienen ONG’s y profesionales que trabajan en la rehabilitación de jóvenes consumidores o la que tienen las familias o educadores que residen o trabajan en barrios con fuerte presencia de tráfico y que ven en toda su magnitud sus efectos. Todas son valiosas y necesarias.

En tercer lugar, debemos recordar que toda política sobre drogas debe abordarse esencialmente desde la perspectiva sanitaria. En ese sentido, es posible avizorar un camino menos represivo e incluso que otorgue a los consumidores vías para proveerse algunas sustancias sin caer en un ilícito, pero ello debe acompañarse con políticas muy enérgicas y masivas de prevención del consumo, particularmente a nivel de escolares y en sectores vulnerables y también ampliar sustantivamente la disponibilidad de terapias y rehabilitación para adictos.

Avanzar sólo en el sentido de la despenalización, regulación o legalización, puede producir efectos graves que hagan fracasar estas eventuales nuevas estrategias, volviéndose luego con mayor brío hacia posturas represivas.

Por último, creo relevante entender que las políticas públicas sobre drogas no escapan del objetivo general, primario y fundamental, de enfrentar el conjunto de brechas estructurales de nuestra sociedad, en desigualdad y pobreza, inversión y ahorro, productividad e innovación, infraestructura, educación, salud, género y medio ambiente.

No es un tema aislado, sino global, consecuencia y factor detonante de otros asuntos y problemas.

En la experiencia mundial, éstos se construyen buscando uno de dos principios: o son proporcionales y persiguen expresar lo más cabalmente el sentir de la opinión pública o son mayoritarios y apuntan a conformar una mayoría sólida y estable.

El régimen binominal nuestro es una curiosidad porque no responde a ninguno de estos fines.No expresa fielmente la soberanía popular ni procura conseguir una mayoría sólida. Por el contrario, premia a la minoría que con sólo un 33.4 % de los votos se asegura la mitad de los parlamentarios, bloqueando a la mayoría.

Su establecimiento sólo se entiende en el marco de la pos dictadura, como uno de los múltiples resguardos para proteger a la democracia de la propia soberanía popular.

En los últimos días, primero Renovación Nacional y la Concertación y luego el Gobierno han anunciado iniciativas legales que apuntan a modificarlo. En líneas generales, en el primer caso, se mantiene la forma de elección de los actuales senadores y se crean una nueva circunscripción para Arica y ocho senadores de elección nacional.

En la Cámara de Diputados se sube de 120 a 150 sus miembros, reduciendo de 60 a 28 los distritos, que elegirían entre 3 y 8 diputados. La proposición del Ejecutivo, por su parte, refunde las regiones que actualmente tienen dos circunscripciones, las que elegirían ahora cuatro senadores. En la Cámara de Diputados, se mantienen los 120 diputados, pero se reducen a 30 los distritos, eligiendo 2, 4 o 6 parlamentarios.

¿Qué podemos decir a favor de estas propuestas? En lo sustantivo, que avanzan, aunque muy tímidamente, para que se pueda romper el empate y se exprese una mayoría.

¿Y cuáles son los problemas?

Primero, en la práctica, el binominal se mantiene vigente. En la propuesta RN – Concertación porque el Senado continuará eligiéndose bajo un sistema binominal.En la alternativa del Gobierno porque tener distritos o circunscripciones con un número par de elegidos y con un máximo de 6 parlamentarios posibilita que una minoría que obtenga aproximadamente un 40% de los votos elije la mitad del Congreso.Ello no será difícil toda vez que los distritos o circunscripciones aumentan de tamaño.

Segundo, el sistema sigue siendo cerrado, sin suficiente espacio para nuevos partidos o movimientos. Los umbrales para la elección siguen siendo muy altos. Para elegir un parlamentario en lista nacional o en los distritos de mayor tamaño del proyecto RN-Concertación se requerirá aproximadamente un 12% de los votos. En la iniciativa del Gobierno, en el mejor de los casos, cuando se elijan 6 diputados, se requerirá algo más de un 15% de los sufragios.

Tercero. Se rompe el empate, pero en nuestro sistema la simple mayoría sirve de poco. Nuestra institucionalidad posee amarras para muchos cambios, siendo el principal los altos quórum exigidos para legislar en materias relevantes. Con cualquiera de las dos propuestas, obtener 4/7, 3/5 o 2/3 del Congreso Nacional seguirá siendo muy difícil.

Por tanto, debemos entender estas propuestas como un aporte inicial para terminar con esta bomba de tiempo al funcionamiento de la democracia.

Sin embargo, son insuficientes. Se requieren muchos mejoramientos para que realmente permitan reflejar cabalmente el sentir de la ciudadanía: expresar cabalmente la mayoría y abrir espacios a nuevos grupos y movimientos.

Asimismo, no debemos olvidar que el fin del binominal es sólo un aspecto del cambio constitucional que queremos.

Introducir un mecanismo de elección más representativo no atenúa la exigencia de una nueva Carta Fundamental, deseablemente discutida del modo más participativo posible, como mediante una Asamblea Constituyente, que avance en materias tales como ampliar la participación y terminar con amarras como los quórums, reconocer a los pueblos originarios, resguardar nuestras riquezas básicas, como el cobre y el agua; consagrar un mayor rol del estado en la economía y garantizar la provisión de servicios básicos, como educación y salud.

En este último sector, ello se reflejó en la creación de las Instituciones de Salud Previsional, ISAPRES. El problema es que tal como ocurre en educación, en lo sanitario, la regulación se diseñó estableciendo profundas ventajas en beneficio de las entidades privadas en desmedro del sistema público y, consecuentemente, de la mayoritaria población del país que éste atiende.

Así, en sus orígenes, las ISAPRES contaban con un subsidio para atraer trabajadores de menores recursos, se les permitía incorporar en los contratos aún más carencias, exclusiones y preexistencias que limitaban su cobertura.También podían acumular, en su beneficio, los excedentes de los afiliados.

Adicionalmente, los planes estaban diseñados de tal forma que era virtualmente imposible a los usuarios obtener información fidedigna y comparable.

Algunas de las anomalías han ido corrigiéndose. No sin dificultades, pues las ISAPRES han encontrado habitualmente el respaldo de la derecha en el Parlamento para frenar los avances.

Fue así como se opusieron a terminar la cotización del 2% y evitaron la creación del Fondo de Compensación Solidario, tendiente a distribuir el costo entre los cotizantes de aquéllas y FONASA.

En la última modificación (ley 20.015), la Cámara de Diputados, había logrado aprobar avances para evitar las alzas abusivas en los precios de los planes, terminar con los planes cerrados y precisar normas sobre preexistencias y exclusiones. Sin embargo, en el Senado, se repusieron disposiciones menos eficaces.

El broche de oro de este sistema mal regulado es que estas instituciones no están obligadas a aportar en iniciativas sanitarias masivas, tales como los programas de alimentación complementaria, las campañas de prevención y, especialmente, en los programas de vacunación.

No es raro, entonces, que mientras sólo durante el 2012 las ISAPRES alcanzaron utilidades por 81.383 millones de pesos, unos 160 millones de dólares, el Gobierno ha gastado 57 millones de la divisa estadounidense en un millón novecientas mil dosis de vacunas contra la meningitis W-135.

A fines del año recién pasado, junto al diputado Accorsi, pedimos a las ISAPRES contribuir a este esfuerzo nacional, mismo empeño que reclamamos de las clínicas privadas, muchas de ellas parte de los mismos conglomerados. La respuesta fue negativa.Las aseguradoras señalan que no les corresponde. Las clínicas, en tanto, han aumentado el valor de las vacunas.

Lo anterior es un claro abuso. Los recursos que destina el Gobierno son dineros que se restan a las prestaciones de los sectores más pobres y necesitados de la población.

Si las ISAPRES se hicieran cargo de lo que les corresponde, esto es otorgar un seguro que realmente proteja de las contingencias a sus afiliados, éstos disminuirían sus copagos y, al mismo tiempo, podrían suplirse algunas de las innumerables falencias de consultorios y hospitales.

Llevamos seis meses denunciando este escándalo. En una situación de emergencia sanitaria, las ISAPRES se niegan a aportar, mientras obtienen enormes utilidades y, más aún, anuncian que subirán los planes en circunstancias que todos los análisis determinan que disponían de holguras para enfrentar tanto los incrementos en costos de las prestaciones como las nuevas patologías AUGE.

¡Hay que cambiar esta ley, ya ! Llamamos, una vez más, al Gobierno a poner suma urgencia a un proyecto de ley que apunte decididamente a terminar con estas arbitrariedades, que elimine toda opción de excluir cotizantes y coberturas, que evite alzas indiscriminadas, que termine con la concentración vertical entre seguros y prestadores y que obligue a las ISAPRES a aportar a campañas sanitarias, vacunaciones y otras iniciativas de interés público.

La vía para que estos logros sean consistentes es avanzar decididamente en combatir la desigualdad. La pobreza es hoy la muestra más brutal de la inequidad de nuestra sociedad.Es el síntoma más grave, preocupante y urgente, pero no la enfermedad.

Combatir la desigualdad es una tarea más profunda porque no se conforma con que las familias obtengan los recursos para superar la línea de la pobreza, sino también exige que cuenten con servicios, como educación, salud y vivienda, de calidad. Importa, además, resolver otras situaciones que afectan incluso a personas de mejores ingresos, como la clase media. Amerita, en definitiva un cambio cultural que nos lleve a rechazar y enfrentar las injusticias.

Para ello se necesita un énfasis mayor en la distribución de los ingresos, tanto a nivel país, como a nivel de la empresa. Una de las falencias más notorias de la CASEN es que mostró que muchas personas en situación de pobreza tienen empleo. Trabajan, pero siguen siendo pobres porque los sueldos son deficientes.

Para mejorar este reparto, requerimos avances en la legislación laboral, en lo relativo a la negociación colectiva, el fin del multirut y el pago de gratificaciones, aspectos que inciden directamente en las remuneraciones y, muy especialmente una profunda reforma tributaria.

El ajuste propuesto por el Gobierno no sirve para esto. Es apenas una corrección impositiva que busca un avance muy limitado en educación. Una reforma tributaria suficiente debería contemplar al menos tres ejes fundamentales: aumentar la carga tributaria respecto de algunos sectores y actividades; eliminar o limitar franquicias y exenciones e incorporar medidas para el control de la evasión y elusión.

Respecto del primer tema, el impuesto de primera categoría debiera llegar en un plazo razonable a 25%. La propia UDI ha planteado llevarlo a 22% para las grandes empresas.

Debemos rediscutir, también, la tributación de la actividad minera, especialmente para futuros proyectos, incorporando, regalías a los subproductos de la minería del cobre.Asimismo, abordar royalties especiales a otras industrias extractivas, como la pesca y estudiar la incorporación de impuestos ambientales.

En materia de gasto tributario, es necesario reducir las franquicias existentes, como el IVA a la construcción o el régimen especial ( artículo 18 Ter de la Ley de Renta )para las ganancias de capital, que generan profundas distorsiones y están mal focalizadas. Estos beneficios significan hoy un 4,27% del PIB y recaen en un 71.9% en el quintil de más altos ingresos.

En lo que respecta al control de la evasión y elusión tributaria, deben modificarse las materias donde se registran las mayores irregularidades, como el mercado de empresas quebradas, que se utilizan para minimizar la carga tributaria. El Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) es el instrumento que lo permite y debiera cambiarse por un sistema de base devengada. Asimismo, los Fondos de Inversión Privados debieran estar gravados y asimilarse a las sociedades anónimas.

El Gobierno no ha querido recoger estos planteamientos. Ni siquiera ha manifestado interés en avanzar en temas que hoy tienen amplio acuerdo político y académico, como la eliminación de las rebajas a los sectores de mayores ingresos, la regulación de los Fondos de Inversión Privados y la limitación de la franquicia IVA a la construcción.

En los próximos días comenzará a votarse en el Parlamento. Es el momento en que demuestre si su disposición es a enfrentar la desigualdad con una profunda reforma tributaria o si se queda en un ajuste menor, insuficiente para la educación y que no sirve a las necesidades del país.

Dichos asuntos tienen en común las mismas complicaciones y problemas: las falencias graves en la planificación y la radicación de decisiones claves en el gobierno central, en los municipios o, incluso, dejadas a los intereses privados, sin una visión sistémica.

Las consecuencias son también similares. Alentar el crecimiento del parque automotriz sin adoptar, en paralelo, medidas que fortalezcan el transporte público; liberalizar el suelo, sin frenar la especulación con los terrenos ni disponer de gestión estatal para necesidades sociales y crear carreteras que dividen comunas y afectan la vida de sus barrios, traslada a los habitantes las molestias y al Estado las responsabilidades en conectividad, equipamiento y servicios públicos complementarios de grandes iniciativas.

¿Se agotaron los terrenos? Probablemente no. Lo que escasea son, por una parte, los sitios urbanizables a bajo precio que permitan satisfacer la demanda de vivienda social, ajustándose al valor actual de los subsidios y, por otra, los destinados a otros proyectos, con los niveles de rentabilidad de las últimas décadas.

Lo que sí se agotó es este modelo de construir ciudad segregada, desigual, desordenada y sin escala humana como resultado de un esquema institucional que no ve los temas en forma integral, sino lo hace parcial y localmente y, en lo puntual, la falta de un rol decidido del Ministerio de Vivienda para frenar la especulación de suelo urbano y asegurar la satisfacción de las necesidades habitacionales.

El desarrollo de nuestras grandes urbes, requiere contar con una planificación adecuada, que anticipe los problemas y no sólo los busque atenuar, generalmente en forma tardía, como el caos vial de la zona oriente. Se necesita, asimismo, que las decisiones se evalúen en forma multisectorial y con una participación activa de las comunidades afectadas.

En el caso de la expansión del radio urbano, deben ponderarse los costos en materia de equipamiento, transporte público, vialidad y las consecuencias ambientales y especialmente sociales, contrastándolos con la alternativa de rescatar barrios deteriorados, pero con criterios exigentes y no como se intentó en los ‘90.

Necesitamos esa perspectiva integradora, tanto en lo territorial como en los contenidos.También tener más canales y espacios para que la ciudadanía pueda expresarse. Urge instalar los Gobiernos Metropolitanos, ya consagrados en la Constitución y en la Ley Orgánica de Gobierno y Administración Regional.

Lo que falta es determinar sus órganos, deseablemente un Intendente elegido democráticamente y un Consejo Regional también surgido de las urnas, aunque quizás reforzado para algunas decisiones con representantes comunales; su financiamiento, asegurando los recursos en la ley de presupuestos y su funcionamiento, donde lo fundamental es definir aquéllas materias que pasarán de los municipios al CORE.

Seguir esperando es continuar tomando decisiones, como la del suelo urbano de Santiago o las exigencias urbanísticas de grandes proyectos u obras viales con una visión estrecha, insuficiente para la magnitud de los problemas.