A diferencia de las sociedades europeas, donde se cuenta con un Estado con herramientas más eficaces y rendimientos estructurales más potentes de intervención y regulación, en nuestra región el Estado es cuantitativa y cualitativamente distinto. Éste, a diferencia de un Estado social democrático de derecho más potente, si bien permanece en un lugar central de la conformación social, es estructural y funcionalmente más débil.

Tal escenario, genera que el Estado procese la información e integre a sus miembros e instituciones de manera indiferenciada, lo que en la práctica implica una visión plana, tendiéndose a obviar las diferencias étnicas, religiosas, regionales, etc. Así, se hace evidente la estática del Estado y sus deficiencias para regular las fuerzas dinámicas de los procesos económicos.

Ello lo instala en desventaja frente a las formas económicas neoliberales, quedando al margen de una posible regulación. Pese a todas estas carencias, continúa siendo aquel espacio prominente hacia el cual se dirigen todas las demandas ciudadanas y movimientos sociales. De allí que la sobrecarga de demandas hacia este tipo de Estado débil, junto a una esfera económica independiente de sus orientaciones, acaben por debilitarlo aún más, limitando su capacidad de respuesta frente a los conflictos que aparecen en la agenda pública.

Nuevos movimientos sociales en el contexto latinoamericano

Los resultados de estudios expertos (entre ellos el de Lipset y Rokkan), permiten aclarar las condiciones en las que surgen y se desarrollan los conflictos en las estructuras sociales.

Estos conflictos y/o demandas ciudadanas generalmente son expresadas a través de los partidos políticos, sin embargo, en el caso chileno han sido los movimientos sociales los que han desempeñado este rol.

En tal contexto, es posible argumentar que el surgimiento de los movimientos sociales pasa por una primera etapa de construcción de identidad, para luego tomar el perfil específico que sustentará el despliegue del mismo.

En la primera etapa, los descontentos que comparten un grupo o localidad fomentan la acción conjunta de varios actores, lo cual es determinado por las condiciones de vida compartidas de tal grupo. Ello en el sentido de condiciones materiales trasversales, y no de procesos de racionalización del lenguaje (del tipo Habermas) o de procesos de auto-descripciones (en términos sistémicos).

Posteriormente, ingresan componentes histórico-culturales que permiten estabilizar una identidad de grupo, que hará más consistentes y duraderos los vínculos que motivan la acción del movimiento. Así por ejemplo, influyen factores históricos más evidentes, como en el caso de movimientos como el Pascuense o el Mapuche; o posturas de identidad apolítica, como en el caso del movimiento estudiantil.

Aquí, entran en juego cuestiones como la distribución territorial del poder, la representación política de sectores excluidos y de grupos emergentes, e incluso la calidad democrática.

Intuitivamente pareciera que, si bien los movimientos toman formas de acción alejadas de los mecanismos tradicionales de la política, de todos modos se enfocan hacia la resolución política institucional y hacia mecanismos de integración más extensivos. De allí, se puede concluir que los espacios en que se manifiestan movimientos sociales, pueden ser susceptibles de encaminar hacia los canales tradicionales de la política.

Inclusión y representación

Resulta evidente que ciertos procedimientos efectuados por los movimientos sociales se escapan de lo que llamaríamos “formas tradicionales de acción política”; sin embargo a posteriori parecen coincidir a la hora de dirigir sus reclamos hacia el sistema político en busca de sus demandas e intereses.

Esto pone al Estado en riesgosa situación: debe contrarrestar el descontento ciudadano y asegurar ciertos niveles adecuados de bienestar, atacando esferas que se encuentran por fuera de sus alcances; debido a que al enfrentar demandas de intereses concretos (distribución de riquezas) se topa con una economía que corre a un ritmo muy superior a el.

De esta manera, se produce una fricción de fuerzas que limita al Estado a inyectar regulaciones de corto y mediano plazo que suavicen los efectos de lógicas económicas – las cuales afectan en el largo plazo.

Como resultado, el Estado se ve forzado, dentro del contexto latinoamericano, a ser el blanco al que se dirigen las críticas y presiones ciudadanas, reaccionando sólo con medidas que, o son nocivas para una democracia saludable (como represión o mala gestión), o son insuficientes e inestables.

Finalmente, ello hace irrefutable la urgencia por contar con procesos de democratización territorial; de efectiva inclusión de sectores excluidos y nuevas formas de respuesta ante la emergencia de descontentos ciudadanos.

Con el propósito de que la conducción política asegure mecanismos de cohesión y gestión -que coincidan con las condiciones cambiantes que generan los procesos económicos, y que ataquen de forma sustantiva los descontentos ciudadanos- ésta no se debe limitar a la resolución de conflictos contingentes por medio de la entrega de los recursos materiales demandados, sino que, a su vez, debe asegurar que las líneas de conflicto social sean encausadas mediante mecanismos políticos democráticos que actúen a largo plazo.

Leer versión extendida en  http://www.asuntospublicos.cl/2012/05/nuevos-movimientos-sociales-en-chile-y-su-contexto/

La propuesta de democratización de los partidos por medio de las primarias, sean éstas cerradas a solo los militantes o abiertas al público en general, generan indiscutiblemente un cierto acercamiento entre los políticos y los ciudadanos, debido a la directa influencia de los segundos sobre la elección de los primeros.

Esto ha surgido siempre como una fórmula para atacar la crisis de representatividad de los partidos y para minimizar las prácticas oligárquicas al interior de los mismos.

Sin embargo, tales fórmulas no implican necesariamente un desarrollo del modelo democrático en su totalidad tal como lo presenta el gobierno, apuntando por medio de ello a mejorar problemas como la baja en la participación electoral, el envejecimiento del electorado, y sobre todo por el aumento de la desconfianza ciudadana hacia los partidos políticos.

Las consecuencias que se siguen de una ley de primarias se concentran en cuatro puntos fundamentales.

En primer lugar, tales procedimientos pueden generar la elección de candidatos sin las competencias necesarias frente a la opinión pública, lo cual no asegura que éste tenga capacidad competitiva para hacer frente a otros candidatos mejor posicionados. Un proceso de elecciones primarias, tiende a reproducir las posturas ideológicas de quienes participan de forma más activa, valorando un candidato que encuadre en ese contexto.

Del mismo modo, los actores que influyen directamente en tales procesos, tienen un peso mayor que quienes no participan activamente. Si bien una elección primaria, sea abierta o cerrada, permite el voto de una diversidad de ciudadanos, sean militantes o no, tenderá a prevalecer el voto de quienes tienen una militancia más activa y una participación más estable, que el de quienes no lo hacen; lo cual pone en duda el supuesto impacto en la participación política.

Por otro lado, al enfrentar a dos candidatos de un mismo partido, la competencia entre ambos termina por alejarse de los intereses públicos del partido en cuestión, y  por convertirse en una disputa entre iguales que destaca y saca a flote defectos que no son relevantes frente a la opinión pública; lo cual agudiza la desconfianza frente a las instituciones políticas, ya que se exacerba el distanciamiento frente a intereses públicos, generando un extrañamiento frente a los procesos internos de los partidos y al mismo tiempo crea la impresión que éstas funcionan ajenas a intereses relevantes para la ciudadanía.

Otro efecto negativo, en este contexto, puede ser el aumento de fraccionamiento interno de los partidos.

Por último en la elección de un candidato por un sistema de primarias, predominan la oferta programática de tal candidato por sobre los del partido mismo, lo cual es terreno fértil para el surgimiento de populismos u outsiders.

Un partido con diferencias programáticas internas no puede generar una estrategia estable y coherente (ya sea con o sin elecciones primarias), ya que el choque de las personalidades y sus propios intereses anulan la posibilidad de unidad y de acción del partido.Institucionalizar un sistema de partidos supone disminuir y no potenciar el caudillismo.

Si bien las primarias otorgan al sistema político la posibilidad de robustecer sus funcionamientos internos incluyendo la participación más activa de los miembros que ya cuentan con un nivel de participación tradicional, esto no implica necesariamente la inclusión de esferas excluidas, ni conexiones más eficientes con las demandas ciudadanas, ya que como se discutió -se trate de participación de militantes o de forma libre-, la propuesta no produce cambios significativos.

Por tanto queda en suspenso la solución frente a problemas como la inclusión de actores y colectividades excluidas, al encantamiento de nuevos electores al padrón electoral, el rejuvenecimiento del electorado o los problemas de representación y legitimación política.

Mientras se sigan buscando soluciones de tipo puramente ideal y no soluciones fácticas como cambios drásticos al sistema binominal (o su anulamiento total), tendremos luego de propuestas insuficientes como la reestructuración parlamentaria bicameral a unicameral o la promulgación de una ley de primarias, la proliferación de movilizaciones y manifestaciones sociales fruto del descontento ciudadano.

No es posible sostener que una ley de primarias tenga por sí la capacidad de solucionar problemas ligados al sistema democrático en su totalidad, sin que ésta venga acompañada por reformas más profundas en materia política.

Un desarrollo democrático sustantivo requiere per se un gobierno con una mayor flexibilidad en sus conexiones con el mundo ciudadano, buscando incansablemente un equilibrio entre los mensajes comunicativos desde y hacia los centros de adopción de decisiones. Y esto no se logra mediante una ley de primarias.

La combinación más efectiva para una democracia en constante mejoría, viene dada por la constante interacción entre gobierno y sociedad civil.

La ley de primarias en conclusión, se presenta como una solución formal a un tema de una profundidad mayor a la que pretende atacar. Tal problemática es indiscutiblemente la crisis de legitimidad política, que aleja los intereses y la participación de sectores excluidos.

En este sentido, la ley de primarias actúa como una excusa para no abordar el fondo del problema: la capacidad representativa del modelo democrático chileno, que no será mejorable sino atacando los problemas de distribución de poder social en Chile, o sea, reestructurando o eliminando el sistema binominal e impulsando una reforma tributaria que diluya las asimetría estructurales de la sociedad.

Versión extendida en:
http://www.asuntospublicos.cl/2012/04/elecciones-primarias-y-democracia-una-complementariedad-inconsistente-parte-i/