El caso no es puntual. En Chile hay muchos “Fra Fra”. Empresarios, dueños de fundo, financistas, que de manera solapada e intimidatoria someten a precarias condiciones laborales a miles de trabajadores, muchos de los cuales no hacen las denuncias por temor a represalias y no perder el empleo.

Se sabe hace tiempo que en muchas empresas no se pueden organizar los trabajadores en sindicatos, porque son amenazados y chantajeados.

En el colmo de las cosas, se presentan situaciones en que después de una negociación colectiva o una huelga, los patrones despiden a trabajadores por haberse manifestado y exigido sus derechos.

Por lo demás, al caso de los trabajadores paraguayos y brasileños, hay que agregar los abusos que se cometen contra trabajadores peruanos, bolivianos, ecuatorianos y de otras nacionalidades, muchas veces desamparados, además, por no poder cumplir con reglas migratorias. Ellos son explotados, tratados como esclavos laborales, sometidos a jornadas laborales extensas y mal pagadas, en un clima abusivo e injusto.

Es evidente que el sector empresarial debe poner fin al abuso con trabajadores extranjeros.

Pero también, de una vez por todas, cumplir con los derechos sociales y laborales de los trabajadores chilenos. Se deben respetar las leyes, los convenios internacionales y las mínimas condiciones de un empleo decente y digno.

En este marco, es fundamental que la Dirección del Trabajo se decida de una vez por todas a aumentar la fiscalización y preocuparse de la situación de los trabajadores en todo el país.

Hay que contar con más fiscalizadores e inspectores, quienes deberían tener más atribuciones y capacidades de regular e indagar en las empresas.

Hay que avanzar en sanciones realmente firmes a quienes violen las leyes, no cumplan con las normas laborales y abusen de los trabajadores. Las multas ya no son solución, sobre todo por su baja monta para los patrones. Por eso muchos prefieren incumplir y pagar la multa.

A la situación se clara esclavitud laboral a la que sometía “Fra Fra” a los trabajadores paraguayos y brasileños, hay que agregar situaciones irritantes como las trabajadoras que debían usar pañales porque no tenían permiso de ir al baño o los trabajadores encerrados en los lugares de trabajo en el horario nocturno.

Nada de eso se corresponde con un país que pertenece a la OCDE, que quiere ser desarrollado, que dice respetar los derechos laborales y tener una democracia ejemplar.

Los discursos de crecimiento de la economía del país ya no les dicen nada a las personas, porque saben que nada o casi nada les llegará.

Nuestro país se acostumbró a convivir con la desigualdad social que golpea el alma de nuestro Chile. A algunos les parecerá normal que el 20% más rico se eche al bolsillo el 80% de la riqueza nacional y que al resto de los chilenos se nos invite a seguir creyendo y trabajando por un país donde unos pocos deciden y se benefician.

La mayoría de las personas saben que con el Proyecto HidroAysén se daña y destruye el medio ambiente, la flora, la fauna, y tienen conciencia de lo que será el futuro si se hacen las represas en la Patagonia. Pero, además, estamos conscientes que esto es para el beneficio económico de las grandes empresas que explotan la riqueza de Chile y que ahora buscan alterar el ecosistema en la Patagonia Chilena.

El malestar creciente que se empieza a expresar tiene su raíz en la desigualdad y la indignación, tiene su mirada en la inmoral concentración de la riqueza que existe en la sociedad chilena, y pareciera que nuestra clase política no alcanza a ver lo que está empezando a gestarse.

Mucho se habla de que la Educación es la herramienta con la que se puede salir adelante, pero la Educación sigue siendo estratificada, es cara y los profesores y los estudiantes no son considerados en su opinión sobre el tema.

Salud sigue siendo un sistema especulativo si se trata de las Isapres, y deficiente inoportuna si se trata de la Salud Pública y que convierte en una crisis económica cualquier enfermedad grave.

Pero es en el trabajo donde se genera la mayor desigualdad y empobrecimiento. Es allí donde se acumula rabia y frustración con las injusticias y atropellos a los derechos más esenciales.

Por ello es que se aprecia ya un cansancio y un malestar que va dejando de ser individual y va tomando forma colectiva. Las manifestaciones han dejado de ser de unos cuantos para convertirse en masivas.

La incapacidad de los gobernantes y sectores políticos para entender este justo reclamo y la voz de la dirigencia social muestra que existe muy poca sintonía con el Chile real, ese que todos los días tiene que pelearle a la vida para educar a sus hijos, para tener salud y mantener un trabajo donde además de los bajos salarios, los tratan mal.

Sólo con el discurso del orden público y exponiendo a los carabineros a ser agredidos o agredir, no solucionamos este reclamo que es de una sociedad cansada de ver cómo unos acumulan y a otros les cuesta sobrevivir.

Primero hay que decir que este gobierno no ha logrado imprimir un sello propio, una impronta que sintetice qué es lo que aspira a concretar y realizar, cuál será su legado, más allá de frases pomposas que suela usar Sebastián Piñera.

Sus propios partidarios afirman que falla el relato del gobierno, que no se logra afinar un proyecto de manera transparente y nadie logra definir cuál es, en efecto, el sello identificador de la administración piñerista.

Eso obedece a dos cosas. Primero, que lo que pudo ser su impronta, “la nueva forma de gobernar”, se vino a pique. Segundo, que lo prometido en cuanto a proyectos no se está cumpliendo a cabalidad y presenta confusiones y dificultades.

En cuanto a lo primero, se grafica en aquel “gabinete técnico y de excelencia” como ejemplo de esa nueva modalidad de gobierno, lo cual duró unos cuantos meses, debiendo Piñera optar por un “gabinete político”, metiendo a dos senadores y figuras emblemáticas de la derecha dura.

Luego, las obligadas y presionadas renuncias –exigidas inclusive desde su propio sector político- de la Intendenta del Bíobío y de la Ministra de Vivienda, más varios casos de funcionarios menores, por irregularidades, engaños y sobrepagos al sector privado, pusieron también en jaque la supuesta nueva fórmula de administrar el país. En un año, tres personeros de gobierno de Piñera han estado a las puertas de acusaciones constitucionales.

En cuanto a lo segundo –y esto tiene todo que ver con la agenda laboral-, el gobierno encara una situación en que proyectos como el posnatal, la eliminación del 7% por concepto de salud a los pensionados, el MultiRut, entre otros, se presentan con una letra chica en que queda demostrado que los contenidos no responden a lo que se prometió ni a lo que se anunció con grandes titulares.

Todos esos proyectos presentan debilidades, limitaciones, omisiones, gradualidades, que no permiten que respondan a las demandas y necesidades de las mujeres trabajadoras, de los jubilados y de los trabajadores en general.

Es cierto lo que dice la administración piñerista en el lenguaje mediático: los proyectos están presentados o en desarrollo. Pero no entra al fondo, al contenido de esos textos, que es, en definitiva, lo que define si las cosas se hacen bien o se hacen mal. Los proyectos laborales y sociales no pueden ser un saludo a la bandera o una simple meta para adornar el discurso del 21 de mayo.

Por lo demás, el gobierno de Piñera no responde y posiblemente no responderá a demandas de los trabajadores como legislar en materia de negociación colectiva y sindicalización automática.

Hay un aspecto que no debe escapar al balance. El carácter represivo que comienza a tomar esta administración. Cada día llama más la atención, nacional e internacionalmente (es cosa de revisar la prensa interna y externa), las hostilidades y agresiones de fuerzas policiales en contra de ciudadanas y ciudadanos que se manifiestan pacífica y ordenadamente. En este gobierno se está imponiendo no la doctrina de la persuasión, sino de la represión.

A tanto llegan las cosas, que una jueza dejó en libertad a decenas de jóvenes y adultos detenidos en la concentración en contra del proyecto HidroAysén, porque determinó que sus apresamientos fueron ilegales. Lo que ocurrió es que fueron agredidos por Carabineros estando esos ciudadanos en el lugar asignado para la manifestación, sin provocar desorden.

Hace un año un carabinero golpeó a un fotógrafo de una agencia informativa española, provocándole una seria lesión en un ojo; hace unas semanas se repite exactamente el mismo hecho, ahora quedando herida una estudiante. No es coincidencia, se está atacando con intencionalidad criminal.

Por último, nadie duda en este país que están pendientes una serie de soluciones y respuestas a miles de damnificados por el terremoto del 27 de febrero del 2010, sobre todo en comunas del sur del país, que pasarán un crudo invierno sin tener aun viviendas, ni servicios básicos como agua potable y luz. A ello hay que agregar las fallas en reparaciones de escuelas y centros de salud y el desempleo que afecta a trabajadores de esas zonas.

Como en otros ámbitos, el gobierno tiene un plan de promesas en el tema de reconstrucción, pero los atrasos y falta de respuestas son evidentes.

Es probable, como están las cosas, que la noticia el 21 de mayo sea la gran manifestación de miles de estudiantes, trabajadores, medioambientalistas, mujeres, profesores y ciudadanos que reclamarán por las medidas privatizadoras y anti populares, y el discurso de Piñera quede empequeñecido y disminuido, pese a sus esfuerzos mediáticos.-

En medio de eso, cayó como un balde de agua fría en los hogares del país, la noticia de que el kilo de pan podría subir 200, 300 o 500 pesos. Un alza considerable que puede llevar a que los trabajadores tengan que pagar hasta el 20% de su salario mínimo en la compra de pan al mes.

No hay que olvidar que además subió el transporte en varios lugares del país, incluido el Transantiago en la capital, se alzó el precio del gas y de la luz y de varios alimentos.

Nadie puede estar tranquilo y permanecer indiferente ante los anuncios de alza del precio del pan, alimento imprescindible sobre todo en la mesa de los pobres y de las familias trabajadoras.

Hay que defender el pan nuestro de cada día y liberarlo de los especuladores. No puede ser que para unos sólo exista el Dios dinero, cuando para el pueblo toda doctrina cristiana y solidaria indica que Dios proveerá, sobre todo para el más humilde.

El argumento de empresarios panificadores y del gobierno de derecha de que las alzas en el pan tienen que ver con la regulación del mercado, es una falacia, porque el mercado, y eso está ultra comprobado, sólo trae beneficios a los pudientes, a los especuladores y a los empresarios.

No puede ser que los precios de los alimentos básicos de los más pobres se vayan al cielo. Eso es un infierno para los trabajadores y las familias chilenas. El pan es sagrado y no se debería tocar.

Sabemos que a la inmensa mayoría de chilenas y chilenos les afecta el alza del pan y otros alimentos. Pero se termina aceptando. Ante eso hay que reiterar que se debe defender el acceso al alimento básico, se tiene que defender el pan de cada día. La sociedad chilena debe recuperar su capacidad de protesta, de reacción, de manifestación y reclamar ante situaciones y medidas tan injustas como la elevación del precio del pan.

Las chilenas y los chilenos tienen dos opciones: o salir a protestar por el alza del pan o simplemente rogar a Dios que provea del pan de cada día.

En todo caso, hay que denunciar la insensibilidad y la actitud mezquina y especulativa de empresarios panificadores y del gobierno, con esta medida de subir el precio del pan, aunque sea paulatina.