Tanto es así, que la idea de impulsar una nueva Constitución tiene hoy una amplia aceptación y en muchos sectores se manifiesta preocupación por avanzar hacia un mejor funcionamiento de la actual institucionalidad política.

Sin embargo, este convencimiento sobre la necesidad de cambios en este ámbito no ha tenido un correlato en otra área, también de gran importancia para nuestra democracia: el combate a los conflictos de interés, que distorsionan los objetivos de bien común que siempre se debieran buscar en la vida política, la actividad pública y el quehacer empresarial.

Al respecto, habitualmente se escuchan emplazamientos o declaraciones de intención, pero se detecta escaso avance.

Un aspecto central es la regulación del lobby. Sobre esta materia un primer proyecto se presentó el año 2003, sin resultados. Luego, la presidenta Michelle Bachelet formuló una nueva iniciativa en noviembre de 2008, que desde entonces se encuentra en la Cámara de Diputados.

En Chile con frecuencia se puede percibir la influencia desmedida que pueden alcanzar ciertos grupos de presión sobre el Estado –Gobierno y/o Congreso– para que se legisle en pos de sus intereses particulares y contra el bienestar de la mayoría. Se ha avanzado poco en transparentar los contactos y las audiencias de autoridades públicas con personas o empresas, relacionadas con sus áreas de gestión.

Un segundo ítem es el financiamiento de las campañas políticas ya que los grupos de presión pueden aportar materialmente a los candidatos, logrando después influencia en la actividad legislativa. Hoy no es posible transparentar totalmente quién financia a cada parlamentario.

En tercer lugar, los conflictos de interés que podrían representar ciertas conductas parlamentarias, con escaso control o seguimiento por parte de los ciudadanos.

La fuerza de los poderosos

En nuestro país hemos sido testigos de los efectos nocivos que puede tener la presión de actores poderosos cuando ven afectados sus intereses particulares. Esto se ha dado en distintas áreas, en oportunidades en que se ha intentado caminar hacia metas de interés nacional.

Desde hace años hay suficiente acuerdo sobre la necesidad de hacer cambios al sistema electoral binominal. Sin embargo, como esto significa rediseñar los actuales distritos, el temor a la pérdida de poder ha hecho que los partidos y sus parlamentarios hayan sido incapaces de acordar fórmulas para una normativa electoral de reemplazo.

Además, la propuesta de establecer una inscripción electoral automática ha sido obstaculizada por la reticencia de muchos que se sienten amenazados al ver reconfiguradas sus bases electorales.

En lo económico, se puede consignar que hace pocas semanas desde el Ministerio de Economía se promovió un acuerdo para repartir las cuotas de pesca, sin licitación y sin resguardar de la mejor manera los intereses de los pescadores artesanales.

En el ámbito de las comunicaciones, durante el debate sobre la televisión digital, resultó indesmentible que la asignación de señales en el espectro radioeléctrico resultaría funcional a las estaciones de televisión actualmente en operación.

En el manejo de la probidad a nivel gubernamental, persisten áreas grises. El paso de ex funcionarios de Gobierno a actividades empresariales, relacionadas con el sector que ellos mismos supervisaban, ha sido motivo de denuncia recurrente en los últimos años.

También esto es negativo en la dirección inversa, cuando desde el sector privado hay quienes asumen puestos de fiscalización en el aparato público: el incentivo a fiscalizar con fuerza es escaso si el funcionario tiene la perspectiva de regresar al mundo privado.

Otra área es la poca transparencia de los funcionarios públicos o parlamentarios que toman decisiones o legislan en tópicos que los afectan a ellos mismos, directa o indirectamente. La decisión de inhabilitarse frente a estos temas es solo voluntaria.

Y las declaraciones de patrimonio e intereses de los parlamentarios suelen hoy ser imprecisas, o bien los antecedentes pueden ser ocultados mediante subterfugios formales.

Recientes estudios, como los de la Fundación Ciudadano Inteligente, revelan que una proporción importante de legisladores no completa adecuadamente la declaración de las sociedades a las que pertenecen. Y que tampoco se abstienen de votar en leyes que inciden en las actividades comerciales o económicas de las empresas en las que ellos tienen propiedad.

Por otra parte, en días recientes, ha habido señales preocupantes desde el Poder Ejecutivo.

La perspectiva de consagrar un Consejo para la Transparencia fuerte y autónomo –que debiera importar a toda la comunidad nacional– resultó debilitada al ser cuestionada la acción de este desde La Moneda.

Por otra parte, declaraciones ministeriales de que se evaluaría a los magistrados según el sentido que tengan algunos de sus fallos, pueden ser consideradas como presiones atentatorias contra el valor básico de la independencia judicial.

Así, muchas prácticas en que incurren autoridades de distinto signo, empresarios y representantes sociales pueden representar, en el Chile de hoy, una vulneración al principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Cuando algunos intereses particulares influyen sobre metas de bien común, es perjudicado el interés de la población.

La sospecha

Los indicadores referidos a las malas prácticas son en nuestro país comparativamente mejores que los de otras naciones latinoamericanas. Pero eso en ningún sentido puede tranquilizarnos. Estamos muy lejos de aquellas sociedades que han logrado estatus de transparencia y probidad fortalecedores de sus democracias y de los derechos de las personas.

Los chilenos podemos razonablemente sospechar que, en alguna medida, ciertos temas nacionales podrían estar virtualmente secuestrados por intereses sectoriales.

Esto explicaría en parte los bajos niveles de confianza que imperan desde hace años hacia la mayor parte de las instituciones del país. Se trata de un fenómeno que afecta la capacidad de representación, es decir, la posibilidad de que las instituciones democráticas articulen intereses diversos y resuelvan conflictos.

Es obvio que esto afecta sobre todo a los más pobres, a los que tienen mayor dificultad para agruparse y hacer ver sus carencias.

La superación de muchas de las situaciones recién mencionadas se vincula, indudablemente, al desarrollo de un mejor estándar ético entre nosotros. A la conciencia de que todos debemos contribuir al bien común, en cuanto ciudadanos. Pero también se vincula al impulso de una normativa proclive a las buenas prácticas de transparencia en la toma de decisiones públicas.

Leyes referidas a la regulación del lobby, al financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, a una efectiva accountability de la gestión parlamentaria, así como a una más moderna restricción a los enroques de directivos entre lo público y lo privado –y viceversa– son, entre otras iniciativas, condiciones esenciales para restringir y regular los conflictos de interés.

Esperamos un gran impulso en este sentido que nos permita construir una mejor democracia y un país más justo y equitativo.

Quiero compartir con ustedes nuestro sentir.

1. Como hombres y mujeres creyentes en el evangelio de Jesús, condenamos con firmeza los asesinatos a periodistas y comunicadores sociales ocurridos en los últimos años en varios países de nuestra región.

Asimismo, condenamos las amenazas de muerte y el hostigamiento que están sufriendo actualmente muchos periodistas y comunicadores, entre los que se cuentan algunos que integran la nómina de varios de nuestros medios de comunicación.

2. Somos firmes promotores de la dignidad y de la igualdad entre las personas y por tanto elevamos nuestra voz de protesta puesto que muchos de los comunicadores sociales y periodistas de este lado del mundo, se están viendo forzados a abandonar su función como generadores de opinión pública para salvaguardar su integridad física, o están siendo llevados a ejercer la autocensura sobre ciertos temas políticos o sociales para evitar represalias, con frecuencia mortales, que están en contra del principio mismo de libre expresión.

3. Estamos convencidos que las democracias se construyen a partir de la participación y la libre expresión de las ideas.

Por tanto, rechazamos todo medio que sea usado para impedirlo o restringirlo directa e indirectamente, y que se atente en contra de la vida, honra, bienes, estabilidad laboral, derecho al buen nombre y seguridad personal de sus difusores como está sucediendo en varios países de la región, puesto que con dichos actos se socavan las bases mismas de la democracia y del Estado de Derecho.

Quienes actualmente promueven, avalan o encubren dichas violaciones están abonando el terreno político para la impunidad, los autoritarismos y las dictaduras, condenando así a la ciudadanía a vivir sometida al miedo continuo y la desconfianza.

4. Creemos en la institucionalidad del Estado y en la obligación que tiene de garantizar los derechos de sus ciudadanos.

Por tanto consideramos que no basta que en los textos constitucionales de nuestros países rece el precepto de la libertad de expresión como uno de los derechos ciudadanos fundamentales, si en los hechos priman las leyes secundarias que otorgan ventajas a quienes tienen mayor capacidad para comprar, promoviendo la concentración monopólica u oligopólica de medios de difusión masiva, dejando a las organizaciones locales, sociales y no gubernamentales sin opción para adquirir y administrar medios de difusión locales, comunitarios con alcance nacional.

5. Abogamos por la independencia de los poderes públicos del Estado y la transparencia de la justicia de nuestros países.

En consecuencia, exigimos a los Estados en donde han ocurrido asesinatos de periodistas o comunicadores sociales a impulsar procesos de investigación imparciales que lleven a identificar, enjuiciar y a sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los crímenes, así como a implementar medidas y mecanismos de protección para todas aquellas personas actualmente amenazadas por ejercer su oficio como periodistas o comunicadores sociales.

6. Exhortamos a la comunidad internacional, y particularmente a las instancias y organismos defensores de los derechos humanos, a defender con especial atención y esmero y exigir el respeto de la vida de los periodistas y comunicadores sociales, y proteger su oficio de ejercer su derecho a la libertad de expresión y a la libre emisión de pensamiento.

7. Animados por nuestra misión de fe y justicia, nos unimos en solidaridad con todas las personas que arriesgan su vida por ejercer el oficio de difundir una información basada en la verdad, la objetividad y la ética.

Junto a ellas y a los diversos sectores de la sociedad comprometidos con el derecho a ejercer la libertad de expresión, ofrecemos nuestros trabajos y redes de comunicación al servicio de la vida plena y digna, la promoción de la democracia, la construcción de la paz y la educación en la justicia siempre con el firme propósito de generar sociedades incluyentes y con igualdad de oportunidades para todas las personas.

Comparto también con ustedes los nombres de los firmantes de esta declaración, que no hace sino reflejar una realidad insostenible.

1.-José A. Victoriano Reyes, Antillas.
2.-Ignacio García Mata, Argentina
3.-Humberto González, Argentina
4.-Sergio Raczko, Argentina
5.-Orlando Rivero Guzmán, Bolivia
6.-Geraldo Américo Lacerdine, Brasil
7.-Attilio Hartmann, Brasil
8.-Ismael Moreno, Centroamérica
9.-Antonio Delfau, Chile
10.- César Casas, Colombia.
11.-Amador Hevia, Cuba
12.-Diego A. Jiménez B, Ecuador
13.-Luis García Orso, México
14.-Eugenio Gómez Díaz Barriga, México
15.-Felipe Espinosa Torres, México
16.-Juan Carlos Henríquez, México
17.-Salvador Ramírez Peña, México
18.-Arturo Estrada, México
19.-Homero Apodaca, México
20.-David Ortiz, México
21.-Luis Orlando Pérez Jiménez, México
22.-Eduardo Anaya Sanromán, México
23.-Ismael Bárcenas, México
24.-Adán Jacquet, Paraguay
25.-Solbella Pérez, Venezuela.
26.-Juan Miguel Zaldua, Venezuela
27.-Álvaro Quiroz, México
28.-José Martínez de Toda, Venezuela
29.-Guillermo Ortiz, Argentina