Lo ocurrido con el capítulo de la no-invitación del ministro Jorge Burgos a la visita presidencial a la Araucanía es un síntoma más, pero no alcanza a constituirse en un hecho político per se. En estricto rigor, la Presidenta va dónde quiere y con quién quiere. Sin embargo, es ineludible hacer una lectura política respecto al episodio, desde la cual el ministro del Interior aparece desplazado y aislado, especialmente considerando que él se había hecho cargo del tema de la seguridad en la Araucanía.

Habría que investigar si el llamado Segundo Piso se avivó o si actuó con órdenes explícitas.En cualquier caso, resulta claro que alguien en Palacio no siente afecto por Burgos, ni por la Democracia Cristiana. Pero eso no es novedad, como tampoco es novedoso sostener que el sentimiento es recíproco. Lo importante y que no podrá nunca solucionarse de modo definitivo es que en la Nueva Mayoría no hay sentimientos de simpatía, pero existe acuerdo en tragarse las antipatías para poder impulsar la parte común del proyecto que inspira a cada uno de estos partidos políticos.

Otra cosa es que se trate de aprovechar la ocasión y levantar a Jorge Burgos como presidenciable, teniendo en cuenta que no han prendido en las encuestas los otros posibles postulantes de la DC. A nueve meses de las elecciones municipales y a dos años de los próximos comicios presidencial y parlamentario, los partidos comienzan a ponerse nerviosos, sobre todo en un escenario en el que se ha acabado la certeza que daba el sistema binominal y en el que las críticas de la ciudadanía a los partidos se mantienen en un nivel altísimo.

Frente a este panorama resulta natural que se tensionen las relaciones entre los partidos que forman parte de la Nueva Mayoría, porque tienen una responsabilidad mayor que la oposición, diferencias entre sí y son los primeros que tienen que responder al cuestionamiento ciudadano.

Por otra parte, es un hecho de la causa que el Programa de Gobierno -elevado a la condición de sagrado por parte de la Izquierda- contiene propuestas que no fueron debida y anticipadamente consensuadas, y que los partidos lo suscribieron dentro del apuro por tener un documento que presentar al país.

El programa tiene numerosas declaraciones de intenciones que no fueron debidamente explicitadas y que, al momento de ponerse en aplicación, han sido interpretadas de manera distinta porque las posiciones de los partidos lo son.  Esta es la raíz de las diferencias y de las tensiones y la calidad de la gestión es un asunto menor frente a las diferencias programáticas.

En otras palabras, cuando la Concertación entendió que la posibilidad de recuperar el poder tras la derrota frente a Piñera era proponer al país un Programa de Gobierno más progresista que continuista, se establecieron las bases para la fundación de la Nueva Mayoría, y la necesidad ayudó a ocultar las diferencias respecto a esta estrategia.

Ahora resulta que la dosis de progresismo no era totalmente compartida y que algunos creen que también es importante conservar lo que se logró para el país durante el período de la Concertación. Es la eterna discusión respecto del vaso medio lleno o medio vacío que, como ya sabemos, no tiene solución.

En estas condiciones, cualquier asunto que debería resolverse con discreción podría cobrar tintes dramáticos, en la medida que sirva para potenciar las posibilidades electorales de cada partido.

Hay que considerar desde esta perspectiva que no todos los partidos de la Nueva Mayoría compartirían un Programa de Gobierno igualmente audaz para la siguiente oportunidad ni la misma valoración sobre lo hecho en común en el pasado pero, decirlo o no, está supeditado a las consideraciones electorales que se puedan hacer, especialmente cuando la próxima elección parlamentaria no estará sometida al sistema binominal y resulta difícil hacer predicciones anticipadas.

De modo tangencial, los antecedentes sobre la audiencia en la última Teletón dan clara cuenta de los cambios que estamos viviendo como sociedad.  El programa tuvo un rating de 40,6 % sumando todos los canales que la transmitieron y se informó que el 82,6 % de los televidentes tiene sobre los 50 años de edad.

En cambio, la aplicación telefónica para recibir la información de la campaña por medio de los móviles fue bajada por 380 mil usuarios y la emisión vía streaming fue vista por poco más de un millón cien mil personas, la mayoría entre los 18 y los 24 años de edad.  Está claro que el mundo está cambiando.

Lo de la Teletón es solo una muestra.  Hace mucho rato que se viene hablando de una disminución general de las audiencias y esa es una de las principales causas de la crisis que vive la industria tradicional.  Cuando el público prefiere internet y dejan de ver la tele, los auspiciadores buscan al público donde se va y abandona los espacios que ya no utilizan. Luego, la inversión publicitaria se traslada de la televisión en favor de Facebook, Twitter y las demás redes sociales y hasta los blogs personales.

Los canales de televisión -como pesados elefantes que tienen una capacidad de reacción lenta- descubren luego de un par de ejercicios financieros que entra menos dinero del que producen.Unos invierten más para recuperar sintonía, otros comienzan a despedir personal, pero ya la pérdida acumulada ha alcanzado un nivel que los limita en su capacidad de enfrentar la crisis.

Es en este escenario que se produce la crisis de Televisión Nacional. El canal que fue saneado financieramente al retorno de la democracia y al que se le mantuvo la tarea de actuar como TV pública pero compitiendo con la TV privada, es la primera víctima del cambio de escenario. La estación está en el último lugar de la sintonía y acumula este año pérdidas por 18 mil millones de pesos como consecuencia de una reducción de los ingresos por publicidad del 34 %. TVN no es el único canal que pierde pero sí es el que más ha perdido y los cambios de ejecutivos no han sido capaces de frenar la caída.

Ahora se dice que negocia con privados la venta de bienes y la contratación de créditos para subsistir. ¿Puede exponerse tan radicalmente al mercado un canal que debe servir los intereses de todo el país? De alguna manera, la estación ha quedado expuesta a la voluntad de los privados, en momentos en que todos disputan la misma inversión publicitaria.

Del mismo modo que los políticos que obtuvieron financiamiento para sus campañas de la empresa privada, Televisión Nacional de Chile se apronta a contraer compromisos similares.Hasta lo anuncia por la prensa y nadie dice nada.

Los cambios que está viviendo la industria televisiva son un riesgo y una oportunidad. Los canales privados tienen la responsabilidad de adaptarse, pero en el caso de la televisión pública es el Estado en su conjunto el que tiene que proporcionar las herramientas para enfrentar con éxito la transición.

El mundo está cambiando y cualquiera que haya observado la velocidad de los avances tecnológicos no apostaría por la supervivencia de la televisión, al menos en el largo plazo.Eso significa que la adaptación no puede limitarse a sacar a la calle a las figuras de la pantalla, sino que hay que deshacerse de la piel y hacerse de un traje nuevo.

En el caso de la TV pública, la evolución es más difícil porque tiene que superar la burocracia propia de su condición. El modelo actual es una camisa de fuerza y como el país  siempre necesitará una estación pública, no se le puede seguir exigiendo que sea, al mismo tiempo, un canal estatal dentro de la lógica de mercado.

Los pasajeros aplaudieron entusiasmados con que se resolviera el problema con una solución tan sencilla.  El conductor dijo entonces: “Muy bien, ahora que estamos de acuerdo, las personas de color verde oscuro se sientan en los últimos asientos y los de color verde claro pueden quedarse con las primeras ubicaciones.”

Este chiste refleja en gran medida lo que ha venido sucediendo en nuestra sociedad, en la que llevamos años luchando por la igualdad y la equidad entre los hombres y mujeres que viven en este país, al punto que se ha convertido en un lema de campañas electorales y una suerte de elemento mínimo de lo que se considera políticamente correcto.

Sin embargo, a la hora de poner en práctica esa igualdad, pasamos a ser verdes claros o verdes oscuros. El primer filtro de esta discriminación es la condición de amigo o desconocido de la persona a la que se trata de reconocerle sus derechos.

Un segundo filtro es calcular cuánto de ese reconocimiento de derechos nos favorece a nosotros mismos y el tercero, al contrario, es hacer la estimación sobre la manera en que ese derecho puede favorecer a nuestros adversarios, porque reconocer que no todos son amigos significa de forma indirecta asumir que los que no son amigos son eventualmente adversarios, en la medida que en cualquier momento pueden criticar a nuestros amigos o a nosotros mismos.

Si aceptamos que hemos tropezado con la tentación de reconocer el mismo derecho a unos y negárselo a otros, dependiendo del grado de cercanía o de simpatía, es que simplemente no hemos comprendido que la igualdad es -valga la redundancia- igual para todos.

A lo largo de este mes de paro en el Registro Civil, la actitud de la opinión pública ha variado desde un apoyo adicional a un creciente rechazo, como resulta comprensible cuando el ejercicio de los derechos de los otros provoca una incomodidad y una restricción a nuestros propios derechos.

El asunto tiene que ser observado entonces con desapasionamiento, para asegurar un juicio justo. ¿Son los funcionarios del Registro Civil amigos o adversarios?   Por lo general, no caben en ninguna de esas categorías.

En segundo término, ¿cuál de los derechos en colisión es prioritario, el luchar por lo que se supone son mejores condiciones laborales o el acceso a la documentación que entrega el Registro Civil para determinados trámites?

Es evidente que no es lo mismo obtener la inscripción de nacimiento para un bebé o el certificado de defunción para una persona fallecida recientemente, que la simple renovación del carnet de identidad.   La atención de los medios de prensa en los casos más dramáticos genera la impresión que hay cientos de miles de personas que han visto gravemente vulnerados sus derechos.

Por otra parte, a lo largo de todo el proceso ha habido una seria confusión respecto de los antecedentes que permitirían a la opinión pública tener un juicio fundado y objetivo acerca del paro del Registro Civil, y eso es lo que ha llevado la polémica a otro nivel, dejando a la ministra de Justicia casi al margen de la negociación y centrándola en La Moneda, lo cual ya es un triunfo para el movimiento laboral, sin considerar que la cara visible del paro, Nelly Díaz, ha obtenido más y mejores espacios en la televisión que la mayoría de los dirigentes políticos del país.

El problema ahora es cómo terminar el conflicto, o dicho de otra manera cómo sacarse la pintura verde de encima.

En lo formal, en Chile el poder lo tienen el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, todos ellos llamados poderes del Estado.  Se podría discutir el grado de poder que tienen otras instituciones como la Contraloría General de la República o el Tribunal Constitucional, y desde un punto de vista informal, la situación de poderío de los medios de comunicación, los empresarios, el sistema financiero e incluso algunas organizaciones de la sociedad.

Lo que es claro es que, una vez terminadas las votaciones, las personas delegan su poder hasta las siguientes elecciones. A algunos les gustaría creer que la soberanía popular se pudiera ejercer en cualquier momento, pero la verdad es que nuestra institucionalidad no lo permite y no es casualidad porque, así como el prestigio de la clase política se encuentra por los suelos desde el punto de vista de la ciudadanía, las instituciones de la República tienen también una profunda desconfianza respecto de las personas.

Esta desconfianza se expresa en que las cúpulas están convencidas que ellos y solo ellos saben lo que conviene a las personas y, desde su propio pensamiento doctrinario, tienen una imagen respecto del tipo de sociedad más apropiada para los chilenos.

La situación es muy simple para la cúpula. Ellos entienden que en cada elección se exhibe a la gente distintos modelos de sociedad, como productos en una vitrina. La ciudadanía elige y les entrega el poder sin posibilidad de exigir su devolución hasta los siguientes comicios.  

Para los que ejercen el poder informal, el trámite de las elecciones es innecesario porque ellos siempre serán los que tengan la razón, pero lo aceptan porque siempre es bueno guardar las formas. Pueden atender argumentos, ceder en algunos aspectos, pero en esencia el país se dirige en la dirección que ellos determinen.

El problema de fondo es qué sentido se le da al poder. En términos simples, debería ser para cumplir con las promesas electorales, pero cada vez más gente sospecha que no es tan sencillo. Las negociaciones suelen terminar por desfigurar esas intenciones y al final da la impresión que el resumen es que el poder se ejerce para mantenerlo.

La democracia representativa en la cual se encuadra gran parte de las democracias occidentales es un contrato en el que los verdaderos propietarios del poder (la gente) cede su uso a un grupo de personas con el compromiso que cumplan los términos acordados en el contrato, esto es administrar con eficiencia el país, hacer algunos cambios considerados importantes y proponer iniciativas que vayan en favor del bien común.

¿Pero qué puede hacer en la actualidad ese pueblo soberano cuando descubre que no se cumplen los puntos pactados y que el poder, en lugar de emplearse para hacer lo prometido?  No mucho, salvo criticar en las redes sociales, en los espacios que permiten los medios de comunicación, organizarse para potenciar el reclamo y, sobre todo, no olvidar el incumplimiento para no renovar la delegación del poder en las siguientes elecciones.

¿Y si aún así las personas sospechan que quienes ejercen el poder lo hacen para su propio beneficio? En ese caso, pueden organizarse para ser ellos mismos los que asuman la delegación del poder, es decir competir para ser electos.

Y si lo logran, ¿qué sentido le darán a su gestión? Una vez que consigan el poder, si lo obtienen, ¿se darán cuenta que el modelo de democracia representativa está agotado e intentarán otro modelo, o simplemente se integrarán a las cúpulas y entrarán en el juego de usar el poder para mantenerlo?

La respuesta no es sencilla, pero hay que tener claridad en los objetivos antes de comenzar a trabajar por ellos.

Esta idea proviene de “El Contrato Social” de Jean Jacques Rousseau, publicado en 1762, en el que básicamente se reconoce la libertad de cada individuo para aceptar voluntariamente integrarse a una sociedad y suscribe un contrato por medio del cual se le aseguran sus derechos y libertades.  En retribución, el individuo compromete su participación y su contribución económica al mantenimiento del Estado.

Dos siglos y medio bajo esta concepción es un tiempo bastante largo en la historia de la Humanidad, pero parece necesario revisar algunos supuestos para poder continuar dentro de este paradigma.

¿Alguien recuerda el movimiento de los Indignados del año 2011?  Nacidos primero en España y extendidos luego a otros países, se puede decir a cuatro años que sus logros fueron menores en relación a la intensidad del movimiento y la amplitud de sus demandas.

Llamaron mucho la atención y parecía una auténtica revolución esto que el cliente insatisfecho por el servicio que le proporcionaban los políticos se pudiera quejar -de manera pública y masiva- por lo que denunciaban como un incumplimiento de contrato.

¿Qué queda de ese movimiento?  Básicamente, dos cosas.  Primero, el saber que hay muchos inconformes y luego que, ante la reacción de un Poder que supo aplicar la proverbial política del garrote y la zanahoria para aplacar la sublevación, las expresiones de indignación se trasladaron a la redes sociales, ya que es siempre más cómodo protestar desde un escritorio y, a fin de cuentas, se siguen obteniendo algunos resultados, como hemos visto en nuestro propio país.

A cuatro años del nacimiento del movimiento de los Indignados, la indignación se mantiene vigente, así como una sensación entre los ciudadanos respecto a que en cualquier momento puede darse un movimiento similar, en especial si se reconoce que los motivos fundamentales de la demanda, referentes a una mayor participación en política y una economía humanista, no se han cumplido.

De vez en cuando surgen acciones masivas de repudio a distintos asuntos, pero básicamente problemas puntuales.  Es que es imposible mantener un estado de crispación permanente.   Es muy agotador pasarse semanas en la calle exigiendo cambios radicales, en particular cuando no se observan logros importantes.

En estos tiempos, la capacidad de concentración de las personas se mantiene por poco tiempo.  La preocupación por los escándalos políticos es rápidamente pospuesta con un partido de fútbol y la reiterada aparición de motivos de indignación produce también que la capacidad de asombro se vaya perdiendo.

La simple revisión de las redes sociales permite comprobar esto.  Es raro que un tema permanezca siendo lo más comentado en Twitter por más de un día, y siempre que logre imponerse a una masa de personas que parecen más preocupadas de compartir sus opiniones sobre un programa de televisión.

Otra cosa es el voluntarismo que quiere creer que basta con un buen motivo para que toda la sociedad se alce a exigir los cambios que se demandan.  No hay que olvidar que la política es como el servicio de administración de la sociedad que se contrata cada cuatro años, y resulta difícil cambiarse de proveedor a menos que existan motivos muy serios.   Pero la indignación sigue existiendo, aunque sea de manera subterránea.

La última encuesta Adimark confirma que esa estrategia no está funcionando. Sea porque la corrección no ha sido suficiente o no se la considera necesaria, lo concreto es que no está funcionando el propósito de empatizar con el electorado.

Decirle a la gente lo que quiere escuchar puede ser peligroso si se la adopta como una táctica permanente. Una cosa es que las autoridades -de Gobierno o de oposición- atiendan las demandas ciudadanas y otra es que digan que sí a todo, sin acompañar la declaración con hechos y sin agregar ninguna razón que justifique su desempeño como representantes de la gente.

En este sentido, tampoco ayuda a recuperar la confianza ciudadana eludir los temas complicados porque son “políticamente incorrectos”. El deber del líder es precisamente dirigir y eso significa de manera inevitable tomar decisiones impopulares, en vez de abstenerse de actuar por temor a herir susceptibilidades de cualquier sector capaz de manifestar su rechazo en las redes sociales.

Hay que considerar al respecto que, en estos tiempos, prácticamente todos tienen la posibilidad de impulsar campañas críticas por Twitter o Facebook, de modo que hay que asumir esa situación como un dato más del escenario político, tal como ocurre con los estudios de opinión pública, pero sin darle más relevancia que la que tienen, que es exclusivamente registrar la evolución de las opiniones reinantes en la sociedad en momentos determinados.   Son datos, no imposiciones porque, por lo demás, las redes sociales tienden a criticar y rara vez contribuyen con propuestas.

Aunque las redes sociales son importantes, no son de manera necesaria la orientación que tomarán las personas al momento de concurrir a votar. El sufragio no se decide por el estado emocional del momento, sino pensando en el candidato/a que se perciba como más capacitado para responder a los sentimientos y necesidades de la gente, incluyendo aquellas de las que las propias personas no son conscientes.

Sin embargo, el votante reconoce también como atributos la fortaleza de un liderazgo que es capaz de abstraerse de las emocionalidades momentáneas y puede ofrecer una visión de largo plazo sobre lo que requiere el país, sobreponiéndose a los cuestionamientos propios de la contingencia. Se favorece a quien demuestra tener un diagnóstico claro de los problemas y de las soluciones y que, al mismo tiempo, reconoce la realidad para adecuar sus propuestas a las condiciones objetivas del país.

Eso es lo que se llama habitualmente tener condiciones de estadista y es lo que permite pasar a la historia. Los burócratas que se dedican a administrar sin aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas raramente merecen monumentos.

Y esto se produce también en el plano cultural.  De tanto cuestionar los comentarios “políticamente incorrectos” se avanza hacia un país que limita las críticas que puedan ser motivo de malestar.  El ejercicio de la libertad de expresión requiere un campo de libertad mayor que la corrección para que sirva de modo eficiente a los cambios sociales. Si sólo se acepta lo que no incomoda, la crítica pasa a ser servilismo del poder de turno.

El temor al rechazo produce parálisis. Naturalmente, a nadie le agrada ser centro de atención de la burla, pero hay que distinguir entre el bullying y la sanción judicial objetiva por los eventuales delitos que se puedan cometer en el ejercicio de la libertad de expresión. El bullying es matonaje, no tiene racionalidad y se produce por sentimientos de antipatía.

El simple anuncio de esta iniciativa generó reacciones a favor y en contra.  Los primeros porque creen que la solución a los problemas políticos de un país es la protección de los partidos, para que estos puedan actuar sin mayores contrapesos, y eso incluye naturalmente que no puedan surgir los llamados díscolos, es decir los parlamentarios que actúan con libertad respecto a las colectividades.

Como contraparte, están quienes creen que los partidos políticos se encuentran obsoletos en el momento político actual que atraviesa el mundo occidental, y que la única posibilidad de supervivencia que tienen es adaptar una mayor flexibilidad.

Si bien es cierto que tanto el ingreso como la renuncia a los partidos son completamente voluntarios, hay que apuntar que la misma legislación deja peores posibilidades de elección a quienes compiten desde la independencia.  La suma de los dos elementos significa asegurar que el Parlamento esté integrado preferentemente por militantes de partidos y, si se aprueba la idea del Gobierno, de manera directa por los partidos.

La pregunta que hay que hacerse entonces es si un país funciona mejor con un sistema de partidos fuerte o si resulta mejor permitir la participación de parlamentarios ajenos al ámbito de influencia de estos.

Hay que enfatizar que estos independientes no son los que reniegan de la política, repitiendo viejos slogans que buscaban asociar a esta actividad con una especie de engendro diabólico, sino de quienes tienen una estructura mental de raciocinio libre de un contexto doctrinario determinado por la pertenencia a un partido y que, en la mayoría de los casos, se relacionan con corrientes filosóficas del siglo pasado e incluso del antepasado.

En momentos en los que los políticos tienen una mala evaluación ciudadana (3 por ciento de confianza en la última encuesta CEP de abril), resulta evidente que fortalecer los partidos no tendrá una recepción positiva por parte de la opinión pública.

¿Se refuerza de esta manera la percepción respecto de la indolencia de los partidos en relación a las necesidades de un país?   Se entiende que hay una apuesta a favor de lo que han sido desde los inicios las únicas instituciones para expresar y canalizar las distintas visiones respecto de la forma de ordenar la sociedad.  Se entiende también que, ante problemas nuevos, la tendencia prevalente sea la de actuar con recetas viejas.

Es evidente que el sistema de partidos políticos se siente amenazado por una ciudadanía empoderada que tiene una mayor capacidad para organizarse en la consecución de propósitos específicos pero que, como  contrapartida, no ofrece una visión amplia del tipo de sociedad que se propone, mientras los partidos sí cumplen con esta habilidad pero tienden a ser más lentos en la solución de problemas puntuales.

La pregunta de estos tiempos es si la tendencia a la atomización de las demandas colectivas jugará en contra del rol histórico de los partidos y si las personas tendrán éxito en la apuesta de organizarse sólo para asuntos precisos, o si los partidos podrán superar estos nuevos desafíos.

Sin embargo, y si se acepta que el mundo político se mueve de una manera distinta, resultaría más conveniente buscar fórmulas creativas y, en vez de reprimir la disidencia al interior de los partidos, permitir que las diferencias se expresen y aceptar que los acuerdos tienen que ser más amplios que la voluntad de las directivas partidarias, así como fomentar una mejor manera de establecer asociaciones entre los partidos y la sociedad.

Una primera observación acerca de este proceso -que algunos han llegado a comparar con una telenovela porque cada día entrega un capítulo nuevo y no parece tener fin- es que el país cuenta con una clase política que se rige exclusivamente por la ley.  El patrón de conducta es simple: si la ley no lo prohíbe es que está permitido.   No importan la ética ni la moral, y esa es una conclusión que revela un importante grado de enfermedad en el alma nacional.

La segunda observación es que se ha ido produciendo un fenómeno de adormecimiento por parte de la opinión pública.   De la sensación de escándalo y vergüenza inicial, se ha ido pasando a una constatación apesadumbrada respecto a la extensión del aprovechamiento por parte de nuestras autoridades de los vacíos legales y por último a un estado adormecido en el que ya nada produce una reacción.

Es lo mismo que le sucede a los enfermos que se acostumbran a los síntomas.   Creen que sus dolores y malestares están cediendo y, por lo tanto, que están mejorando, pero siguen enfermos.

Frente a estas dos circunstancias empieza a producirse la respuesta natural. ¿Qué se puede hacer para evitar que vuelvan a realizarse estos actos tan perfectamente legales pero al mismo tiempo tan reprochables desde el punto de vista de la ética y de la inequidad?

Considerando el asunto desde el punto de vista médico, la analogía indica que el enfermo debería ir al médico y someterse a la inyección de una vacuna.   Sin embargo, el análisis de la situación no se suele hacer recurriendo a las analogías -que siempre son tan esclarecedoras- y la sensación que impera entonces es la del desánimo, porque se cree que los responsables no serán castigados, o al menos no lo serán de una manera proporcional a la magnitud de su falta, y que los abusos continuarán produciéndose con mayor o menor elegancia.

Esa suerte de renuncia a la idea de hacer un esfuerzo por enfrentar la enfermedad se ve reforzada con la desconfianza en que los responsables de hacer las leyes que sirvan como vacuna lo hagan efectivamente, porque se les consideran como los mismos que ya hicieron trampa una vez.

La incredulidad va entonces en el sentido de que, si se llegan a adoptar medidas, estas serán preparadas de manera que puedan ser burladas nuevamente porque, en definitiva, lo único que parece importar es la posibilidad de beneficiarse con cualquier forma de financiamiento permitida por la ley, aunque sea reprobable desde la ética.

¿Qué hacer entonces?   Algunos sueñan con la idea de generar una especie de revolución que coloque la ética al centro de la actividad política y jubile a todos los dirigentes políticos porque, aunque los que aparecen como responsables son unos pocos, se sospecha de todos.  Puede ser injusto, pero ese es el sentimiento predominante en muchos sectores de nuestra sociedad.

Naturalmente, la prudencia, la experiencia y el conocimiento de la historia llevan a desconfiar también de esas soluciones radicales, sobre todo porque poseen una visión muy parcelada de la ética.

Lo que queda entonces es sumar esfuerzos por volver a colocar la ética en el sitial de privilegio que le corresponde, de manera que oriente el comportamiento de todos: autoridades y gobernados.   El cambio es cultural y no se puede exigir a algunos que lo cumplan mientras los demás seguimos eludiendo el pago de los impuestos, tratando de pasar por encima de nuestro compañero de trabajo o de nuestro vecino para aprovechar cualquier ventaja por pequeña que sea.

Lo que queda entonces por hacer es promover una campaña transversal para vacunarnos contra el egoísmo, el individualismo y la confusión de los valores que deben regir la vida en común.

Además, como corolario, anunció para septiembre el inicio de un proceso de consultas ciudadanas que deberá concluir en una nueva Constitución.   Este anuncio en particular es especialmente interesante ya que, si bien el debate político y los comentarios en las redes sociales se han enfocado en el procedimiento para llegar a este resultado y la vigencia de una eventual Asamblea Constituyente, es bien poco lo que se ha dicho sobre las definiciones de fondo que se deben tomar al respecto.

Hay acuerdo en que, a pesar de todas las reformas, la actual Constitución tiene un origen ilegítimo, al haber sido impuesta por una dictadura con un plebiscito fraudulento y sin participación de toda la ciudadanía en su redacción.

Hay acuerdo también en que una Constitución es la que proporciona el contexto al ordenamiento legal e institucional de un país.   Una Constitución es, como se dice hoy en día, la “carta de navegación” para el desarrollo de una nación.

Si vamos a navegar entonces en otra dirección -porque si se la va a reemplazar resulta evidente que hay un cambio en la dirección que llevábamos- es esencial preguntarse entonces cuál será esa nueva dirección.   Es por eso que resulta importante que nos preguntemos para qué queremos esa nueva Constitución.

La contienda política en el último medio siglo de historia nacional ha estado centrada en la definición del modelo económico más apropiado para el país.  Desde el comunitarismo al mercado, pasando por el experimento socialista de la Unidad Popular, se ha asumido sin mayor convicción que Chile se desarrollaría mejor con el liberalismo, pero al mismo tiempo se cuestionan las limitaciones de esta fórmula para una mejor distribución de la riqueza y asegurar reales oportunidades de desarrollo para todas las personas, dejando de lado los promedios que significan que si algunos están muy bien entonces, al mismo tiempo, hay muchos que están mal.

Promover una nueva Constitución es entonces una excelente oportunidad para definir de una vez por todas este asunto, porque la indefinición coarta nuestro desarrollo como nación y nos mantiene entrampados en discusiones que nunca zanjan las decisiones importantes.Los países que han logrado un acuerdo sobre su estrategia de desarrollo han registrado éxitos notables y uno de los síntomas del subdesarrollo es la incapacidad para lograr este tipo de consensos.

Debe aceptarse que esta estrategia tiene que contar con un amplio acuerdo.  Una Constitución no es un asunto que pueda ser impuesto con mayorías políticas ocasionales, y menos en un país en el que vota menos de la mitad de las personas habilitadas para hacerlo.

Por otro lado, si hay mayorías claras para reclamar sobre ciertos abusos y la inexistencia de algunas libertades, eso tiene que recogerse en el texto constitucional que se proponga, y los partidos tienen que contribuir a recoger el sentir ciudadano, organizarlo con un sentido de largo plazo y aportar a las soluciones antes que los problemas les pasen por encima.

Tiene que atenderse que en todo el mundo se está produciendo un cambio respecto del sistema de democracia representativa que lleva en funciones poco más de dos siglos.

Este también es un desafío que debería recogerse en una nueva Carta Fundamental o pronto comenzaremos con un largo desfile de reformas para adecuarla a la realidad y sus exigencias.

En esta apariencia que adquiere la información alternativa que se transmite por Twitter, Instagram o Facebook hay una especie de promesa y, a la vez, una afirmación, y ambas requieren un cuidadoso análisis.

En primer lugar, al decirse que se entrega lo que no contiene la prensa se apela a una especie de morbo por parte del público que ayuda a llamar su atención y, por lo tanto, a la reproducción de los antecedentes aportados por particulares que no tienen la responsabilidad legal ni ética de los medios de comunicación formales.

Al ser información no oficial se le da un tono de secreto, de verdad clandestina pero en definitiva se trata de rumores, muchas veces sin base verdadera ni una fuente autorizada. Es el “dicen que” que, en definitiva, tiene atractivo para un público que quiere creer que hay cosas ocultas pero que, al final, está ansioso por el chisme.

En segundo término, al prometerse una información alternativa a la oficial, se socava la autoridad de los medios tradicionales y de las fuentes de información responsables.  Al decir que hay una verdad oculta se está diciendo que hay un engaño, y eso es especialmente grave al momento en que las personas tienen que tomar decisiones porque se implanta el germen de la desconfianza.

Los partidarios de las teorías conspirativas se refocilan con la posibilidad de ver cumplidas sus suspicacias.  Al fin, alguien les dice lo que quieren saber en lugar de transmitir lo que efectivamente es.

El rumor sólo es posible cuando los canales formales de comunicación no cumplen con las expectativas del público, en términos de calidad y cantidad de información sobre los hechos que importan, o cuando se ha implantado la desconfianza como primera reacción ante el contenido de los medios de comunicación tradicionales.

Los tiempos de controversia y de sospecha sobre las figuras nacionales son también una gran ayuda para que los rumores se extiendan con mayor facilidad, hasta el punto en que adquieren tal fuerza que tienen la capacidad de sustituir la verdad.

El poder del rumor es tan grande y difícil de contrarrestar que resulta tentador emplearlo como arma de comunicación política, ya que resulta muy difícil ser creíble al momento de desmentir una información falsa.Siempre queda la duda enraizada en la mente del público, aunque la racionalidad indique que el rumor no es efectivo.

Por otra parte, la opción de reconocer como cierto lo que se rumorea significa desmentirse a uno mismo y aceptar que se ha mentido. Y al mentiroso nunca se le perdona. Por eso, tiene plena vigencia el refrán que señala que “es mejor ponerse colorado una sola vez que cien veces”.Siempre resulta más efectivo actuar con la verdad y, si se tienen dudas sobre esta, explicarlo de esa manera.

Es por eso que hay que tener especial cuidado con las informaciones que se comunican por las redes sociales, asumiendo como premisas que son como piedras que se lanzan desde la masa, en las que nadie se hace responsable.

Muchas veces tienen un propósito oculto, es decir la intención concreta de provocar el descrédito de otros y, en definitiva, tiene tanta responsabilidad el primero en esparcir el rumor, como el que lo repite y quien lo cree.

Podría considerarse curioso que estas dos expresiones tengan su origen en aspectos de la iglesia, pero se entiende cuando se considera que el afán del escudero por defender la honra de su señor, o del fan por cuidar el prestigio de su héroe tiene mucho de idolatría, una idolatría que, como todas, no es racional sino emocional, casi religiosa.

Algo de eso está ocurriendo en el país, a propósito de los escándalos políticos que se han tomado el verano.  Mientras algunas figuras de uno y otro sector aparecen cuestionadas ante los ojos de la opinión pública por la comisión de delitos o lo que, hasta ahora, aparece como faltas a la ética, florecen también militantes y simpatizantes que tratan de dar explicaciones tendientes a suavizar las responsabilidades o, al menos, a buscar un empate que ayude a evitar las sanciones públicas y judiciales.

Lo de afirmar que lo ocurrido no es tan grave porque lo hacen todos es lo mismo que hace el sacristán que, por cuidar en exceso al cura, lo termina matando porque el cura, o dicho directamente para lo que nos interesa en este momento, el personaje que hay que proteger, no es el político sorprendido sino la política, y por defender a uno se daña a la otra.

Las personas pasan y las instituciones quedan, se suele decir.  Eso significa que es el ejercicio del gobierno y la función de representación de la ciudadanía y encarnación de determinados propósitos fundados en ideologías determinadas los que se debe cautelar.

Los individuos que fallan en el cumplimiento de este rol son, pueden y deben ser apartados para que la actividad siga siendo prestigiosa ante los ojos de la opinión pública. Cualquiera comparte una afirmación como esta, que es políticamente correcta, pero cuando se le pone rostro y nombre a quien merece ser apartado, las definiciones valóricas tienden a flexibilizarse.

Cuando los sacristanes -escuderos, fans, admiradores- tratan de dar explicaciones que resultan increíbles ante los ojos del sentido común del público, el mensaje que se está enviando en realidad es que los fines justifican los medios, que la ética y la ley pueden ser postergadas en nombre de los objetivos y que estos propósitos colectivos pueden ser personales, tan personales que pueden llegar a oponerse a los objetivos sociales.

Naturalmente esas interpretaciones -que resultan plenamente legítimas y previsibles desde el punto de vista de quienes no comparten la adhesión a las figuras cuestionadas- no forman parte de las intenciones de la línea de defensa, que sólo aspira a que sus líderes resulten indemnes frente a los embates provocados por su propia responsabilidad.   Pero no se dan cuenta porque están cegados por una devoción irracional que les impide darse cuenta de los errores y de las consecuencias de su defensa.

Otro elemento que hay que tener en cuenta es que, en el transcurso de la batalla, es el caballero el que combate y no su escudero; el cura es el que predica y no el sacristán, es el artista el que se sube al escenario a exponer su arte, y la fanaticada permanece lejos de las luces.La responsabilidad es del protagonista.  Los personajes secundarios sirven como complemento, para dar el pie a sus monólogos pero no lo pueden reemplazar.

Cuando el protagonista no ejerce por sí mismo su defensa frente a los ataques, algo deja de funcionar.  En el caso de la política, los actores principales tienen que responder a la confianza que la ciudadanía ha depositado en ellos a través de las elecciones. 

Si no entregan buenas explicaciones, esa confianza se resquebraja y se retira la delegación del poder en la próxima elección.  El problema es cuando todos los actores políticos sufren la pérdida de su credibilidad, porque eso abre espacio para los especuladores y los demagogos.

Es evidente que esta posición es poco realista pero es lo que ocurre. La mayoría está, por ejemplo, con la gratuidad de la educación pero no quiere que se modifique el sistema de los colegios particulares subvencionados porque son la alternativa que tiene esa gran clase media en la que cabe la inmensa mayoría de los chilenos que no puede financiar los colegios particulares pagados y al mismo tiempo desconfía de modo profundo de la calidad de la educación de los establecimientos municipalizados.

Del mismo modo, el público entiende que se requiere una reforma tributaria para financiar la gratuidad de la educación, pero no tiene una disposición entusiasta para aportar de su bolsillo a este esfuerzo, y aquí es donde aparece un espacio para el manejo político de la situación, en la medida que el Gobierno no ha sido claro en explicar el contenido de sus propuestas, permitiendo que tanto desde el oficialismo como desde la oposición se intente representar a esa masa de personas que, de modo informado o no, se encuentran nerviosas por los cambios.

Cuando el río está revuelto, los pescadores mejoran la captura, y a eso se está apostando desde parte de la Democracia Cristiana que quiere erguirse como defensora de los apoderados de los colegios particulares subvencionados hasta la oposición que aspira a representar a las miles de pymes disconformes con las modificaciones a las reglas tributarias.

En política importa poco si los argumentos son serios o un poco chapuceros, lo que vale es capturar el estado emocional del electorado y prometer una seguridad que reemplace sus dudas y temores.

No sirve, entonces, amenazar con acusaciones de deslealtad o de alinearse con los poderes fácticos cuando se pierde la batalla comunicacional ante la clase media.

La culpa, en este caso, es del Gobierno, que no realizó un trabajo previo de convencimiento de las fuerzas aliadas ni preparó un discurso convincente que eliminara cualquier posibilidad de titubeo por parte de la opinión pública.Posiblemente se confiaron en el arrastre de popularidad de la Presidenta Bachelet o en las explicaciones de los técnicos, pero se olvidó que el tema es político.

Es indudable, en este momento, que las reformas terminarán aprobándose porque la Nueva Mayoría tiene los votos, pero ya se está en la etapa de comenzar a ceder en algunos contenidos de los proyectos para asegurar el respaldo de los propios partidarios y aunque finalmente las iniciativas de ley salgan adelante sin que se alteren sus elementos fundamentales se genera un precedente político que podrá traer consecuencias en lo que queda del actual mandato presidencial.

En definitiva, si el Ejecutivo cede para asegurar la unidad de la Nueva Mayoría se tendrá que asumir que la interpretación del contenido del Programa de Gobierno tendrá que hacerse con el consenso de todos los partidos, sin imposiciones ni caricaturas, e incluso con parte de la oposición para asegurar una legitimidad de reformas que se pretende que se mantengan en el tiempo.

Lo que se observa en estos momentos es que, casi con independencia de las reformas, hay una disputa al interior del pacto gobernante respecto a la gradualidad y profundidad de los cambios prometidos.

Del mismo modo, se puede afirmar que el respaldo político de la Presidenta no se está reproduciendo con el mismo vigor para las transformaciones propuestas y ese margen de duda lleva a que la mayoría con la que el pacto gobernante pretendía imponer el Programa como una Biblia no es completamente real ni está libre de compromisos y transacciones.