Esta estructura de las administraciones regionales es de absoluta relevancia, tan así que definen en lo normativo, asignación presupuestaria y fiscalización lo que suceda, en términos de inversión pública, en nuestras ciudades y comunas.

Esta importancia quizás ha estado ausente de la campaña, por obra u omisión, de “la oferta”, pasando inadvertidos/as los/as candidatos/as. Prepararse, el cuarto voto será de color verde y la raya vertical sobre la horizontal no es menor.

La ley orgánica constitucional le otorga atribuciones que no pueden pasar inadvertidas, menos aún para temáticas asociadas a calidad de vida, desarrollo urbano, participación ciudadana e intereses económicos.

Sí, intereses económicos, pues por esta estructura pasa discutir y definir los planes regionales de desarrollo urbano, los planes reguladores metropolitanos y los planes reguladores intercomunales y comunales, priorizando, a juicio del/ la consejero/a, la armonía de nuestros barrios,  según su valor patrimonial,la construcción de autopistas, el respeto al entorno, la ejecución (o no) de proyectos inmobiliarios, la participación ciudadana, la asignación de recursos para el caso de los fondos de desarrollo regional, y más.

Ese voto verde, algo pálido lo más probable, será tan importante como el de la elección a los otros cargos, tan así que será primera vez que la ciudadanía podrá elegir , desplazando la política de camarillas que ostentaban con soberbia los/as concejales.

Sobre su voluntad y determinación pesará a quien elegir, como también, dar seguimiento a la gestión del/de la consejero/a de su elección.

Si aún no sabe por quién votar, no sería malo revisar la gestión de aquellos/as consejeros/as actuales que hoy se someten al escrutinio popular. Pero también, de cómo se presiona a este órgano en virtud de sus atribuciones, recordando el episodio denunciado por diferentes organizaciones de la sociedad civil hace algunos meses atrás, respecto a la expansión urbana de Santiago, las gestiones del ministerio de la Vivienda y Urbanismo (MINVU),y el lobby de las empresas inmobiliarias.

Un caso reciente respecto al rol que les cabe a los Consejos Regionales lo encontramos en la absoluta indefensión del entorno natural y patrimonial de la ciudad de Castro en la Provincia de Chiloé. En dicha localidad se construye, con soberbia y sin detenciones, el Mall de Castro, generando expectativas entre los habitantes de la ciudad dado el progreso y prosperidad que significa un proyecto de ese tipo.

Entonces, el voto verde define algo más que un cuerpo de señoras y señores que discutirán los asuntos de la polis para hacer más entretenido el pasar de/ la Intendente/a. se juega aquí la posibilidad de hacer un efectivo control ciudadano sobre lo que opina, lo que vota y comporta su Consejero/a, si responde de manera coherente a la voluntad ciudadana, o bien a los intereses inescrupulosos de los cuales hemos sido testigos.

En tanto, mejor informarse, decidir a conciencia, y votar.

No estábamos solos. Eran millones de ollas y tarros sonando. Recordé, tengo memoria, pero no es sólo la individual acerca de ese episodio. Es una memoria social sobre la violación sistemática de los derechos humanos.

¿Cómo olvidar? Imposible cuando conocemos, en primera persona, los escabrosos detalles del caso de Bernardo Lejderman y María del Rosario Ávalos, padres de Fernando Lejderman, quien, tras el asesinato de estos es apartado de la verdad, recibiendo una respuesta judicial irrisoria, con desentendimientos y silencios que duran hasta el día de hoy.

¿Será que Juan Emilio Cheyre, ex Comandante en Jefe del Ejército, y teniente del Regimiento “Arica” para ese entonces,  no es capaz de recordar en suficiencia?

Qué valor y dignidad la de Fernando Lejderman al decirle, en su cara, a cara y manos limpias, en un programa de TV hace algunos días, “lo invito a que rompa los pactos de silencio y cuente donde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos, qué pasó con mi papá y mi mamá. Lo invitó a que le dé contenido a sus palabras”.

Por este caso, como miles de otros, fortalecemos con mayor profundidad y sentimiento, aquello que Maurice Halbwachs indica como la “continuidad que no tiene nada de artificial, puesto que retiene del pasado lo que aún está vivo o es capaz de vivir en la conciencia del grupo que la mantiene”, al referirse a la Memoria Social.

Es decir, no olvidamos nada de lo que entendemos vivo, de aquello que aún sentimos presente, por medio de la impunidad e incapacidad institucional para responder, no sólo a las víctimas, sino a un país completo que merece reencontrarse en la verdad, sin dobleces ni historias ásperas y artificiales.

La televisión chilena nos ha querido nutrir, en el formato periodístico, desde lo artístico hasta lo artificial, de imágenes, recreaciones y recuentos. No basta eso para hacer de la Memoria Social un asunto de trascendental importancia.

Lo sucedido está en la retina, está en el dolor de sus víctimas, de familiares y amigos. Su constante repetición no nos hace justicia, aunque sí contribuye a que el olvido no nos inmovilice.

Relevar la Memoria Social es generar vínculos, aquellos que permitan que el recuerdo se transmita a otros, aun cuando no hayan vivido los paisajes de la historia reciente. Surge de manera espontánea, en el dialogo afectuoso y sincero de una madre a su hijo, de compañeros, y también camaradas, al narrar temores, amores, pasiones, derrotas, fracasos y muertes.

La Memoria Social va construyendo nuestra Memoria Política, sin necesidad de acuerdos explícitos, de consensos en los pasillos del poder, sin arreglos. Lo único necesario, para que definamos con certeza el futuro, con la convicción de que estos hechos no pueden volver a repetirse, es hacer justicia, justicia efectiva con sanciones ejemplares, más no el ocultamiento de información, incluso del paradero donde fueron depositados los cuerpos.

Chile, como sociedad pos-dictadura, a 40 años del Golpe de Estado, no fue capaz, fracasando en el diseño de su democracia, sin conciliar su fortalecimiento y calidad, con la elemental tarea de a la luz del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), proceder a esclarecer judicialmente, de manera cabal, cada uno de los casos, determinar la condición de cada víctima y reparar el daño causado, más allá de subsidios y transferencias.

¿Qué hicimos mal? También, la necesidad urgente, antes y ahora, de construir colectivamente la Memoria Social, sin miedo a la gente, del valor de su experiencia, de su dialogo sólido en favor de la libertad, así como la preservación inclaudicable de los derechos humanos, pues la Memoria Social es parte fundamental de la cohesión social de una nación.

Sí, he vuelto a recordar. Esa noche de 1987 no fue cualquiera, ese caceroleo tenía una explicación. Días atrás la CNI desplegó lo que conocimos como “Operación Albania”, materializando la “Masacre de Corpus Christi”.

Hoy también, con mayor razón, volvería a sacar el tarro de leche y una cuchara de palo, para golpear con más ganas por verdad, la que tú y yo sabemos pero que ellos ocultan, por justicia, por reparación, y para que las y los que vienen jamás olviden.

Los obstáculos presentes en el sistema político chileno que involucran la inclusión gradual de las mujeres a las diferentes esferas decisionales del poder obedecen a algo que ha estado presente en la agenda durante las últimas semanas.

Tiene una gravitante incidencia el sistema electoral binominal en esta postergación, pero también, y lo que no es menor, el actuar de los partidos políticos, la inexistencia de medidas de afirmación positiva, así como del financiamiento a la actividad política, y del cómo se transforman en desafíos para la gobernabilidad democrática del país, más allá de la sub-representación femenina.

Es por ello que las cortapisas de la inserción de la mujer a la política pueden explicarse desde lo procedimental, en como las barreras político-institucionales presentes en el sistema político chileno, constituyen un desafío a superar para mejorar las condiciones de la gobernabilidad democrática, puesto que la capacidad política de las mujeres, en cuanto sujeto colectivo, no tiene correspondencia con la respectiva representación política, sea para cargos electivos en lo principal, como también para aquellos de designación.

La situación de la mujer en Chile, a objeto de su inclusión y participación política plena, se encuentra limitada por factores político-institucionales. Aun cuando se encuentran presentes progresos simbólicos y circunstanciales, más no establecidos y permanentes, éstos afligen el fortalecimiento democrático del país.

Se está en presencia de un orden político-institucional complejo y contradictorio, algo que no sólo relega a las mujeres a niveles de sub-representación, sino que más bien las invisibiliza, obstaculizando cierta autonomía, lo que es equivalente a que no sean consideradas como un sujeto político concreto.

Se está en presencia de una exclusión, algo que no es explicable exclusivamente por la política, sino por cuestiones históricas y socioculturales.

La política, en cuanto actividad, desde su fase clásica a moderna, forma parte del dominio público, que en su origen excluye a la mujer, relegándola al espacio privado, restándola de las esferas de decisión. Mientras que el estatus de ciudadanía les es lejano, el voto parecía un imposible.

Aun cuando hoy la evolución y los cambios sociales hayan avanzado en la senda correcta, siguen presentándose obstáculos y limitantes, plasmándose en el hecho de que la política mantenga fuertes desigualdades de género.

Estamos en presencia de una alerta que presenta un rasgo de la democracia actual, en cuanto restringir la inserción y la representación política de la mujer, desde los partidos políticos, el sistema electoral y las condicionantes socioculturales.

Como se indicara inicialmente, el sistema electoral, para cargos de elección popular, en específico para escaños legislativos, tiene un factor de preponderancia en el acceso de la mujer a la política.

La relevancia que tiene el tipo de sistema electoral constituye un predictor, lo que para efectos de un sistema de tipo binominal como el chileno, en conjunto a variables de otro tipo, indica desde ya una presencia reducida.

No cabe duda de que es la proporcionalidad del sistema la que otorga una relación más favorable para la representación efectiva de la mujer en política, vinculando siempre al tipo de distrito o territorio del cual se trate, sumado a los comportamientos electorales y condicionantes de elegibilidad, los que también tienen importante incidencia.El sistema electoral es lo principal, lo que es equivalente a ser identificado también como el principal desafío para la gobernabilidad democrática.

Las medidas de cuotas especiales tratan acerca de instrumentos específicos para dar garantía de una composición igualitaria, o bien medianamente mínima, de los géneros en la esfera decisional de que se trate, las cuales garantizan pautas de acción, que orientan a los partidos políticos acerca de la inclusión de mujeres, así como también a otros componentes de la institucionalidad política.

No obstante, es imprescindible evaluar el funcionamiento que las medidas de cuotas especiales tengan, lo cual va a estar determinado por la eficacia de la normativa, en cuanto hacerla cumplir por los organismos respectivos, así como en la forma de aplicación de la misma a razón y sentido que la norma tenga, sea para la nominación de candidaturas, o bien para la reserva de cupos específicos.

Respecto a este último punto una disposición más severa sería no sólo requerir un determinado número y/o porcentaje de mujeres, sino que el tipo de candidatura, sea en posición y/o privilegio en la lista, le asegure condiciones de igualdad en la competencia o garantía de ser electa.

No cabe duda de que Chile adolece en su democracia, algo que va más allá del rendimiento electoral, subyacen falencias en cuanto al ejercicio democrático propiamente tal, haciendo urgente la necesidad de que el sistema político chileno, basado en una democracia representativa, vaya en la dirección correcta, respecto de sus fines naturales, originales y propios, entendiendo el ejercicio amplio de la ciudadanía, en un plano de igualdad de oportunidades y cohesión social.

Necesariamente se debe profundizar en una serie de reformas políticas, de la calidad de la política, sea en la existencia de un sistema electoral honesto con la voluntad popular, revitalizando los partidos, como fieles canalizadores de intereses y manifestaciones de la sociedad, así como con un adecuado financiamiento público a la actividad política, no sujeta a interés económico alguno que la haga reclusa y al servicio de unos pocos.

La experiencia internacional comparada indica que los resultados de esta primaria son auspiciosos, pero que en ningún caso nos deben dejar del todo conformes.

Aún existen déficits, convertidos ya en imperativos institucionales, especialmente respecto a la calidad de la política y la gestión de los partidos políticos. El voto de ayer es una adhesión significativa a favor de la participación, más bien electoral, pero dada en virtud de anhelos mayores a ver plasmados en un programa que los traduzca en políticas concretas.

Es la oportunidad de resaltar que Chile demostró que mantiene un potencial de cultura cívica en su ciudadanía, otorgándole al voto importancia y trascendencia.Sigue siendo la democracia el mecanismo para manifestar la voluntad de cambio y transformación. En el voto recae la vía para tomar decisiones, en un plano objetivo y certero de igualdad. Las tesis insolventes de la abstención y el rechazo a la política son las grandes perdedoras, y a buena hora.

La capacidad de convocatoria y movilización de la candidatura de Michelle Bachelet en particular, no sólo obedece a su amplia adhesión personal. Subyace aquí la voluntad y compromiso programático de la “Nueva Mayoría” en su conjunto, que con el inmejorable resultado, hoy tiene un desafío no menor, que es el de construir, en su diversidad, una nueva apuesta programática, desde la izquierda, pasando por los sectores moderados, hasta el centro liberal progresista, que con Andrés Velasco como principal exponente, indica un electorado significativo y exigente, pero no cautivo.

Si bien las cifras aportan  optimismo, hoy los esfuerzos (y generosidades) deben estar puestos en ser capaces de acoger las diferentes ideas y formas de construir una propuesta programática.

Este asunto no es tema de la candidatura de la derecha, homogénea y con raíz política común. Ese desafío es de la “Nueva Mayoría”, teniendo una noble tarea, pero que puede tornarse “cuesta arriba” si los resultados de la primaria no se leen con inteligencia.

En su diversidad, no deben menospreciarse los sectores políticos, particularmente independientes, que adhirieron a cada una de las candidaturas, que en la mayoría traspasaron fronteras.

Sin afán de caer en reiteraciones, es preciso indicar que la acusación constitucional no es una actuación azarosa, ni tampoco parte de un montaje histriónico.

Se trata de un recurso legal, consagrado en la Constitución Política del Estado, cuyo procedimiento se considera mixto, sea por su naturaleza jurídica y política, en donde, para la parte acusadora, se busca hacer efectiva la responsabilidad, en materias de derecho público, de una autoridad de alto rango. Esto último indica, con el caso del ex ministro de Educación y su resultado a la vista, que los Diputados “acusadores” hicieron uso de una facultad legal, con argumentos suficientes, que analizados en su mérito por el Senado, devino en la destitución de Harald Beyer. Los motivos de sustentaron la acusación ya son de conocimiento público, los que de seguro seguirán en la agenda.

La buena política

Al hablar de “buena política” se hace referencia, desde los aportes de la Ciencia Política a la virtud cívica de la sociedad para establecer estándares y prácticas acordes con el sentido democrático de su sistema, lo que bajo un ordenamiento constitucional como el chileno, establecido al amparo de un régimen autoritario, no será posible de establecer, a menos que se decida, desde la voluntad y metodología política, no sólo reformar, sino que reformular las bases constitucionales que le sostienen.

Chile ha llegado a parámetros de máximos democráticos, bajo el sentido de cumplir en estricto rigor aspectos de carácter “procedimental” en su conducción democrática.

Esta democracia ha cumplido con el cometido de Joseph Schumpeter, quien la concibió, en términos de definición como un “sistema institucional de gestación de las decisiones políticas” en donde la ciudadanía delega en sus representantes la denominada “voluntad popular”.El escenario parece haber cambiado.

Bajo la lógica de la democracia como mecanismo, nuestros políticos no sólo serían considerados “buenos”, sino que ya estarían a paso firme a ser “canonizados”. Pero no, nuestros políticos, están lejos de eso, por obra, por omisión, por suerte. La ciudadanía ha dado claras señales de que el proceso político actual está agotado, de la forma en que se transforman sus problemáticas y demandas en decisiones efectivas de políticas públicas.

Nuestra sociedad tiene una complejidad en su democracia, la cual, en su seno, no es posible reconocerle como efectivamente representativa.Esta paradoja es parte de la discusión actual, apuntando a la Constitución Política del Estado como la gravitante. Esto pone en tela de juicio la calidad democrática del país, haciendo urgente definiciones, metodologías y voluntades para su cambio. Son los partidos y sus liderazgos los que ven cuestionados su rol de representación.

Los buenos, los malos

La última Encuesta CEP (nov-dic 2012) indicó que un 50% de los encuestados desaprueba la gestión de la oposición, siendo levemente más baja la desaprobación de la Coalición con un 46%.

En tanto, la reciente Encuesta ICSO-UDP otorgó a los partidos políticos, en general, una calificación de confianza de 4,4%. El cuadro no es alentador en año electoral, donde el desafío no sólo se pone en los programas, metodología, y capacidad de persuasión del electorado (más aún en contexto de voto voluntario), sino que también en la credibilidad de los transmisores del mensaje, del relato.

Es de fundamental importancia que la clase política pondere y asuma la influencia que tiene y ejerce, desde los partidos, desde sus liderazgos, sobre la calidad de la democracia.

Bajo el actual contexto, de desafectación, descredito y desconfianza, no es posible persistir en el mantenimiento del “orden de las cosas”. Si quiere estabilidad, armonía y paz social, la única opción es abrirse a los cambios. Esto es “buena política”.