Alguien podría inferir erróneamente, que “hay que dar vuelta rápidamente las páginas de éste escándalo” (PENTA y SQM) y disminuír los decibeles de tanta polución acústica. Pero no nos engañemos, tampoco seamos hipócritas acentuando el menoscabo, ya que siempre ha sido más fácil apuntar a los defectos y yerros ajenos, ya que nos atemoriza pensar siquiera de lo que seríamos capaces de hacer si no mediara el valor disuasivo de la ley o por que supeditamos nuestras pulsiones a una formación valórica que actúa como dique de contención ante eventuales situaciones que nos despistasen, evitándonos de esa forma entrar en territorios menos prístinos.

Tampoco es que situemos en un mismo plano los comportamientos en el ámbito individual y público, aunque no son inconexos del todo, ya que potencialmente todos somos sujetos de cometer fechorías y trapacerías de índole muy diversa, por tanto no se trata de apuntar con el dedo acusador desde el púlpito de la propia supremacía moral.

Los emplazamientos y mutuas recriminaciones, evidencian que transversalmente, al menos en términos perceptivos, la sola circunstancia de ser mencionados pasando como sacristanes “el platillo” a los empresarios, ya no se está en condiciones de impecabilidad para  “tirar la primera piedra”.

Y eso es parte del problema, ya que está clarísimo que son pocos los que pueden salir incólumes de éste atolladero, dado que no es descartable la aparición de otros epónimos, si se investigasen más empresas.

Sobretodo que para salir del atolladero, es ineludible legitimar un acuerdo político que se haga cargo de lo que ha ocurrido (dónde muy pocos pueden alegar inocencia) y asumir un compromiso sin titubeos en materia de una legislación que castigue severamente estas marrullerías en el futuro, no obstante de estar consciente que un número de incumbentes  con “tejado de vidrio” tendrán que ser parte de el.

No sirve, tampoco aporta que sigamos comportándonos como santurrones y expectativas de sanción penal que no ocurrirán producto de una charolada sobre la mugre, sino por una enclenque normativa jurídica que está desfasada con los tiempos de hoy.

Quienes, ya sea por falta de coraje, o porque sus pergaminos de legitimidad estén en entredicho y se sientan intimidados por la opinión pública, que no hace disquisiciones respecto a quienes sí parecen estar maniatados por las circunstancias, sabiéndose que también son objeto del oprobio ciudadano, se inhiben a entregar su opinión porque arriesgan ser tildados con los peores epítetos y descalificaciones.

Ya es hora. Dejémonos de tanto aspaviento puritano, mirémonos sin  antifaces, con menos beatería y ocupémonos en serio por encontrar el camino de salida a éste laberinto.

La pregunta es obvia, ¿cuál es la finalidad? Ocultar la base de preparación del condumio y reducir todo lo posible la degustación. ¿Resultado? ¡Que hemos sido engañados una vez más! ¿Quién ganó? ¡La desconfianza y la sospecha!

Así las cosas, la fe pública va siendo mermada con el rumor y comidillo, dónde hay verdaderos especialistas que se transforman en expertos para “ver debajo del agua” y anticiparse a los contubernios que se estarían fraguando para tapar las investigaciones en curso por parte de la Fiscalía Nacional.

Lo más penoso de todo esto, es que dichas aprehensiones están arraigadas muy fuertemente en el ciudadano que no hace otra disquisición que la lapidaria sentencia de “que nada va a pasar y que se le echará tierra porque todos están en el mismo fango”.

Si uno da crédito a ese razonamiento, el porvenir de nuestras instituciones quedarían inmensamente cuestionadas y sus efectos devastadores. Es imperativo que la fiscalía haga bien su trabajo, sin las interferencias que se supone habrían gatillado trasladar la arista de Soquimich a la Fiscalía Centro Norte.

No nos hagamos los tontos. Conocida la noticia, los infaltables de siempre saltaron como “resortes” para insinuar de modo torcido que el fiscal Alberto Ayala necesita de apoyos políticos para suceder en el cargo a Sabas Chahuan quien cesa sus funciones en el organismo a fines de éste año.

Otros han apuntado a la idoneidad del hijo del Senador Carlos Montes, a quien le endilgan ese parentesco para que se inhabilite profesionalmente, lo que es un agravio gratuito y un demérito moral hacia su persona, lo que es inaceptable bajo todo punto de vista.

Se le hace un flaco favor a los persecutores del sistema judicial al menoscabarlos atribuyéndoles intencionalidades subalternas y agendas propias, del mismo modo que comentarios carentes de respetabilidad.

Lo que investigan no es “asunto de niños”, es la peor  connivencia entre empresarios, política y dinero, además de delitos tributarios.

Frente a esta pasmosa indagatoria, lo esperable y deseable, es que quienes se esmeran por “echarle pelos a la sopa”, se convenzan de una vez que ese potaje marrullero tiene como único destino el desagüe judicial.