Los partidos del conglomerado se reagrupaban en tres listas de concejales: la DC con los radicales, el PS con el PPD y el PC con el MAS y la Izquierda Ciudadana. A su vez, se instalaba un nuevo “eje dominante”  conformado por el pacto PS-PPD que fortalecía el polo progresista del conglomerado. Sin embargo, en un par semanas el escenario cambio radicalmente.

¿Qué determina este cambio?

Tres hechos modificaron el panorama. El primero, es el voto político que aprueba la DC en el Consejo Ampliado de principios de noviembre en el sentido de pactar con el PS una lista de concejales. El segundo, tiene que ver con el hecho de que la coalición, el gobierno y su proyección más allá de esta gestión se han ido debilitando fuertemente en las últimas semanas. Y por último, los cálculos electorales que muestran cuáles son los mejores rendimientos para lograr la mayor cantidad posible de concejales.

Estos hechos que presionan y condicionan el giro político al interior del conglomerado surgen a partir de tres preguntas que la coyuntura instala.

¿Cómo hacer que la DC no se sintiera “arrinconada” y se comprometiera con el gobierno y la coalición?

¿Cómo se fortalece el gobierno en una coyuntura compleja?

¿Cuál es la fórmula electoral más adecuada para el mejor rendimiento electoral?

De este modo, en un abrir y cerrar de ojos se modificó un esquema interno de alianzas que apuntaba a que el péndulo del poder al interior de la Nueva Mayoría se instalara a la izquierda con el consiguiente debilitamiento de la DC y con los riesgos de debilitar los apoyos al gobierno y de proyectar una coalición reformista.

¿Qué implica políticamente este hecho?

Lo más relevante, no es que se compita en dos o tres listas de concejales, sino que se articula, desde el socialismo han dicho que no, el eje PS-DC que ha sido el lugar desde donde se ha conducido el programa de centro-izquierda desde los noventa. De este modo, se neutraliza el tránsito del eje dominante PS-DC al PS-PPD y, se vuelve al esquema de la moderacióny consenso que caracterizó los veinte años de concertación democrática.

Este esquema es, de algún modo, un retorno a la moderación conservadora, al progresismo neoliberal y al rol centrista de los socialistas. En efecto, este acuerdo viene a moderar las tendencias reformistas y puristas de la Nueva Mayoría. Este acuerdo viene a dar por terminado el ciclo reformista de Bachelet.Este acuerdo viene a neutralizar y a debilitar las fuerzas progresistas del socialismo y de la Falange.

Este acuerdo, en definitiva, viene a instalar los equipos políticos que van a conducir, si es que hay, la segunda fase reformista; es decir, el pacto PS-DC viene a generar las condiciones políticas, ideológicas y electorales para el retorno de la vieja concertación en la conducción de la Nueva Mayoría. El retorno de Lagos y las opciones de Insulza, Walker o Burgos son el reflejo de una tectónica del poder que ha comenzado el camino a su lugar natural: La Moneda.

¿Qué pasa con las reformas?

La situación económica y política del país genera un impulso regresivo para la agenda reformista.Es decir, luego de terminado el ciclo Bachelet comienza una fase que va estar centrada en el crecimiento, en estabilizar las reformas del primer ciclo de la Nueva Mayoría -tributaria, educacional y laboral- y en conducir el proceso constituyente.

Si bien, la agenda de transformaciones estructurales no está agotada, sobre todo  en los enclaves neoliberales del modelo, no será un tiempo para más reformas ni para más presión financiera sobre el Estado. Se abre, por tanto, un ciclo de moderación que va estar conducido por Piñera o por un socialista.

Sin embargo, la proyección de la Nueva Mayoría requiere del lubricante del cambio. De hecho, el conglomerado tiene en su ADN la voluntad transformadora de todas aquellas estructuras e instituciones que generan desigualdad y exclusión. Por ello, una segunda fase no se puede llevar adelante sin una agenda de cambios que le siga dando sentido político al proyecto reformista. En consecuencia, tendrá que existir algún tipo de transacción entre las dos almas del oficialismo como la única forma de seguir avanzando unidos.

La gran lección del período.

La gran lección de este gobierno es que una gestión que impulsa una agenda de transformaciones para la inclusión, en el marco de una sociedad neoliberal, no sólo necesita de una conducción política clara, ordenada y coordinada, sino también de mayores grados de cohesión política, ideológica y programática. Esto es, justamente, la mayor carencia y debilidad del oficialismo. Ese es, su mayor pasivo.

En consecuencia, la proyección de la Nueva Mayoría bajo la conducción de los moderados requiere para ser eficiente coherencia ideológica y un fuerte compromiso programático. Por ello, para lograr ese objetivo se requiere una depuración del conglomerado en el sentido de que no pueden seguir conviviendo en un mismo gobierno sectores conservadores, neoliberales y progresistas. Son tendencias, sin duda, incompatibles. El pacto PD-DC retarda estas definiciones.

No se trata, finalmente, de desconocer el hecho de que un proceso de cambios sociales “estructurales” como le llaman, requiere, así lo demuestra la experiencia, de la unidad política y social de la centro-izquierda. Ese, por tanto, no es el dilema; al contrario, lo que el conglomerado requiere son definiciones programáticas e ideológicas al interior de cada partido que generen un pacto político más homogéneo y que haga posible avanzar en una agenda de cambio con coherencia y fuerza política.

Ha llegado, por tanto,  el momento de la depuración de la Nueva Mayoría no sólo para defender las reformas estructurales de este gobierno, sino también para seguir impulsado los cambios que la agenda de la igualdad demanda aun cuando sea bajo dirección moderada.

Sin duda, no es un hecho aislado ni sorpresivo. Se ha dicho que fue un error político, otra improvisación, una torpeza, que así funcionan los sistemas presidenciales, que es una expresión más de los problemas de gestión y de descoordinación. Sin embargo, esta decisión y manera de operar no puede ser un hecho fortuito con efectos no previstos, o mal previstos. Conviene, por tanto,  analizar la “coyuntura Burgos” como una operación política orientada a fines.

Se sabe, que el segundo piso, los asesores, organizó el viaje y tomó la decisión de dejar a Burgos no sólo fuera de la comitiva, sino también sin saber que tan importante visita se iba realizar. El problema no es tanto no haber ido a la gira, lo que se podría haber conversado, sino el hecho de no ser informado y de que a sus espaldas se organizaba un viaje presidencial a una zona emblemática. Que todo se hiciera en sus narices y sus cercanos no pudieran informarle es al menos, extraño. Es más, da cuenta de una situación de malestar y desconfianza entre La Moneda, el Ministro y sectores del oficialismo.

En esa dirección, surge una pregunta política clave.

¿Por qué el jefe político no sabía y no podía saber de la “visita a La Araucanía” cuando es un tema en el que ha estado involucrado de manera significativa?

La respuesta preliminar se encuentra en los tres objetivos que se buscan: debilitar al Ministro Burgos, devolverle a la DC algunos excesos de los matices, gratuidad, reforma laboral, etc. y fortalecer nuevamente, el programa de las reformas estructurales.

El debilitamiento del Ministro tiene que ver con que Bachelet no podía ser opacada en La Araucanía ante el “brillo” que podría haber alcanzado Burgos en la región. De hecho, el Ministro no sólo había estado varias veces en la zona, había negociado con los camioneros, se había reunido con actores del conflicto y tiene una particular visión de la situación, sino también ha ido cultivando un perfil presidencial que no se podía seguir potenciando. Lo claro, era que Bachelet y Burgos eran incompatibles en la visita presidencial a la zona.No podían estar los dos en La Araucanía.

De modo paralelo, con este hecho se golpea al partido del Ministro, a sus sectores conservadores y neoliberales, que con sus “tesis de los matices” y de posicionar su identidad ha generado muchos problemas al gobierno para ejecutar su programa y aprobar las leyes que lo sustentan. La Falange sintió el golpe. Ello, explica la rápida respuesta corporativa y el apoyo inmediato que le dan a Burgos. Una vuelta de mano a la fuerte oposición interna que ha liderado un sector del partido.

Para la DC, el problema suscitado fue de máxima gravedad. Su respuesta fue rápida y tuvo tres ejes: la renuncia, no aceptada, de Burgos, el “revival” de los fantasmas y las amenazas de que se irían del gobierno y la “cuasi” proclamación presidencial de Burgos que hace Orrego y que Pizarro no descarta.

La “coyuntura Burgos” ha vuelto a generar un malestar en la DC y los sentimientos de sentirse arrinconada, ninguneada y no considerada al interior del oficialismo y del gobierno vuelven a instalarse con fuerza. La DC, sobre todo, sus sectores dominantes y neoliberales, está incomoda en la Nueva Mayoría. El episodio, por tanto, sólo viene a confirmar y consolidar tal situación. Que están incomodos, no es algo nuevo. Tampoco, que se van del gobierno.

Finalmente, en tercer lugar, se buscaba del mismo modo mandar la señal de que la que manda y gobierna es la Presidenta.Sin embargo, no sólo se trata de reafirmar la potestad ejecutiva, sino también de volver a reforzar la tesis de que el objetivo político fundamental del gobierno es la agenda de la igualdad y que el “realismo sin renuncia” se interpreta y ejecuta como ella dice.Burgos, sin duda, es un extraño en Palacio.Burgos, es visto desde Palacio como un agente de la contra reforma.

Comprender la “coyuntura Burgos” no sólo implica indagar en torno a los motivos que tuvo el circulo de Bachelet, incluida la Presidenta, para no informar al jefe político del gobierno sobre el viaje a La Araucanía, sino también insertar el episodio en el contexto de un conjunto de tensiones y diferencias que se han manifestado entre la DC, el gobierno y la Nueva Mayoría desde el mismo momento en que se inicia la gestión en marzo del 2014. Los focos de conflicto se han intensificado desde el cambio de gabinete de mayo cuando Burgos se convierte en ministro del Interior.

En consecuencia, la “coyuntura Burgos”, es un hecho más en este largo inventario de desencuentros que van generando las condiciones para el fin de una coalición que cada vez tiene más dificultades para seguir unida y para impulsar un programa de reformas estructurales sobre la base de consensos básicos y mínimos.

En definitiva, el impasse Burgos es la expresión de los conflictos y los problemas que el oficialismo no ha podido resolver y que reproduce día a día. Aquí, radica la esencia del conflicto y de las operaciones políticas que se ponen en marcha para seguir siendo políticamente relevante. Bachelet, no quiere presidenciables en su gabinete. Bachelet, no quiere sombras en La Moneda. Bachelet, está cansada del “fuego amigo”.

Las campañas son de algún modo, la intermediación que ocurre entre los ciudadanos, potenciales electores y los políticos, los candidatos o los partidos en una coyuntura electoral específica; en este caso, las municipales de octubre del próximo año. La coyuntura electoral ya está abierta.

Las municipales son elecciones locales. Hay tema locales y nacionales que en toda campaña se cruzan.

Tres, son los temas nacionales que siempre están presentes en una campaña municipal: la correlación nacional y local de fuerza electoral, quién tiene más votos y sus efectos; evaluación gobierno de turno –se aprueba o rechaza- y los posicionamientos presidenciales quién tiene las más altas probabilidades de ganar la próxima presidencial.

Sin embargo, en esta coyuntura municipal, aunque este fuertemente orientada a lo local, hay otros dos hechos que de una u otra manera tendrán impacto en esta elección: la fragmentación del campo de fuerzas y el proceso constituyente.

La elección anterior ya mostró una fragmentación del campo político-electoral a nivel local. Las parlamentarias y las presidenciales del año siguiente,confirmaron la tendencia a la fragmentación del campo de fuerzas de la política. El centro liberal con Amplitud, Ciudadanos de Velasco y Red Liberal-, Evópoli, Revolución Democrática, los autónomos y otros grupos van irrumpir con mucha fuerza en esta elección. Explosión de candidatos, de partidos, grupos, colectivos y ciudadanos.

Hoy, no hay ningún motivo para pensar y afirmar que la baja participación electoral se va revertir y que aumente el número de votos válidos. Al contrario, hay grandes temores en torno a lo puede ocurrir. Lo relevante, en consecuencia, menos votos para más candidatos.

Un segundo tema nacional, el proceso constituyente en su fase de los cabildos en plena campaña municipal. ¿Cómo y qué impactos tendrán los “cabildos ciudadanos” en la campaña municipal?

Es un tema que divide no sólo a los distintos actores y fuerzas políticas, sino también hay distintas visiones sobre este proceso al interior de cada partido o pacto. Es más, hay unos que quieren y van a participar y otros que no quieren participar.

Alguien, ¿puede creer que en un cabildo para discutir los temas para la nueva Constitución se van a encontrar un gremialista con grupos más radicalizados de izquierda tanto políticos como ciudadanos?

¿Qué puede salir de ahí como consenso para plasmarlo potencialmente en una nueva Constitución?

Es más, ¿qué legitimidad tendrá cada uno de esos cabildos?, ¿qué relevancia le van asignar los candidatos y partidos a ese proceso en plena campaña electoral?

En fin, un importante número de problemas e interrogantes plantea la realización de cabildos constituyentes en plena coyuntura electoral local.

Agregamos, ¿qué impacto tiene una derrota electoral o, simplemente, un mal resultado del gobierno sobre el proceso constituyente?; ¿quién va participar de esos cabildos? ¿alguién duda, que serán los partidos y los ciudadanos más activos de la comuna, los que finalmente, van a dar vida a esos cabildos?

¿Qué rol tendrán los candidatos a Alcalde en esos cabildos?, ¿en qué grado se van a involucrar los candidatos?, ¿qué impacto positivo o negativo va tener sobre el resultado de un postulante estar o no estar a favor del proceso constituyente? ¿qué cantidad de tiempo se le concede a los contenidos constitucionales dentro de las problemáticas locales? ¿A la gente, le interesa la cuestión constitucional?

Es evidente, en consecuencia, observar que la coyuntura electoral municipal va terminar debilitando la legitimidad y la fuerza de los cabildos. Es claro, que lo contrario no va ocurrir; es decir, que el proceso constituyente termine debilitando o fortaleciendo la coyuntura electoral. En este caso, la variable independiente es la elección municipal.

El resultado municipal, en consecuencia, es una evaluación al proceso constituyente. No lo define, sólo lo debilita o lo fortalece.

La coyuntura municipal esta cruzada por varios hechos de carácter nacional. Los tradicionales, están asociados al posicionamiento presidencial y a la correlación de fuerzas entre los partidos. Sin embargo, en esta coyuntura se incorporan dos más: la fragmentación del campo de la política y el proceso constituyente.

Muchas cosas están en juego en la próxima elección.

Esta situación explica, sin duda, lo que ocurrió al interior de la Nueva Mayoría semanas atrás cuando hubo que negociar y concordar un nombre para competir por el sillón municipal en el concejo. Sabemos que no hubo consenso y que la “unidad” de votar todos por si mismos se parece más a un tongo que a un ejercicio unitario: una salida política a un nudo político.

Si nos introducimos en las tinieblas del poder observamos que esto se explica simple y complejamente  porque las primarias de la Nueva Mayoría en Ñuñoa comenzaron. Evidente, ningún aspirante –porque, al menos tres los son- estaba dispuesto a visibilizar al otro. Esto es política y nada se regala. Se abre, por tanto, una nueva fase en la política local. Será, sin duda, un largo período que debe culminar con un candidato oficialista surgido de una primaria o una negociación. Hoy, todo es posible.

Pero, para llegar a ese candidato hay muchas situaciones y coyunturas que hay que resolver. La primera, tiene que ver con las negociaciones nacionales y el rol que la comuna va jugar en ellas. Seamos claros, no se puede hacer nada en el plano local sin que los niveles nacionales hayan decidido y negociado con los otros partidos del bloque que se va hacer en tal o cual comuna. En una negociación municipal el movimiento de las fichas es muy complejo. Todos los aspirantes pueden ser eventualmente piezas de canje.

De hecho, no es extraño escuchar que el candidato de la Nueva Mayoría de la comuna sería impuesto por las cúpulas nacionales. Se ha dicho, que Navarrete busca esa nominación y ha comenzado a sonar Soledad Alvear en la DC. A mi entender, hay poco espacio para una solución de ese tipo. Por ello, lo más probable es que el asunto se resuelva en una primaria. Aquí, surgen otros problemas.

Lo primero que se debe resolver es si la Nueva Mayoría va competir en las “potenciales” primarias del 123 Ñuñoa. Hoy, oficialmente ningún partido lo tiene resuelto.

Si decide no competir al interior 123 Ñuñoa, todo es más fácil y directo. Las tensiones se reducen y las lealtades se conservan. No obstante, no todo está resuelto ni definido; por ejemplo, no sólo hay un nudo de tensión en torno al padrón de la primaria, sino también surge el problema de que la DC quiere nominar al candidato vía negociación. Insisto, hoy las negociaciones de ese tipo son inviables.

En este escenario, se realizarían primarias en junio probablemente en el marco de la ley. A la fecha cuatro son los aspirantes: Navarrete PPD, Mendoza PS, PlacenciaPC y CastilloDC. Ya sabemos, que los radicales han dicho que no llevaran candidato a esta instancia. Como esto es política se pueden producir cambios y el escenario sufrir modificaciones.

Si decide competir al interior del 123 Ñuñoa, surgen dos problemas. El primero, en torno a si va la DC o no va y el segundo, en torno a si compiten en esa primaria con candidato único o todos compitiendo al interior de la plataforma con los sectores autodenominados “no duopólicos”.

Voy a insistir, en que si la DC local no participa de esa plataforma ciudadana, la NM no puede dejar a la DC en el aislamiento. Ese mismo hecho, implica no sólo un quiebre del oficialismo a nivel local con sus costos correlativos, sino también que la DC lleve candidato propio a la elección de Alcalde. Es evidente, que en ese escenario no hay unidad opositora.

Participar de la primaria del 123 Ñuñoa sin la DC, implica que vaya por fuera. Seamos claros, hoy la DC no va participar de esa instancia. Desde el punto de vista electoral y del cálculo político este escenario es el peor para la Nueva Mayoría. No sólo pierde políticamente, sino también tiene suma cero en votos. En efecto, lo que gana con los 8.000 votos que aportan los “no duopólicos”, los pierde con la DC fuera del pacto. Sin duda, pierde harto más votos que esa cifra. Por todos lados, mal negocio.

Ahora, si la DC decide competir en esta plataforma hay que resolver si se va competir en esa primaria con candidato único o con todos sus aspirantes. En rigor, con la DC afuera o adentro el escenario es el mismo y la pregunta válida.

Para el primer caso, candidato único, hay que resolver cómo se elige ese candidato.

Las opciones son dos: primarias o negociación. La negociación en torno a un candidato, como se ha hecho desde el 2004, es poco viable.

Por tanto, ese candidato saldría de una primaria en que la DC está dentro o fuera. En ese escenario, ya vimos que hay cuatro opciones, eventualmente tres. Surgen, nuevamente algunas interrogantes: ¿en qué fechas serían esas primarias, si las legales serían en junio del próximo año? acaso, ¿se harían entre marzo y mayo? ¿es viable tener dos primarias entre marzo y junio, para luego, ir a una municipal en octubre? y ¿quién va financiar esas primarias?

La otra opción, es que la Nueva Mayoría compita con todos sus candidatos en la primaria del 123 Ñuñoa. El escenario, también parece inviable no sólo porque la fragmentación de los votos puede hacer que terminen ganando las fuerzas “no duopólicas”, sino también porque la DC local no va participar en ese proceso. Todo indica, que si la NM va a la “primaria del 123” no lo hará compitiendo con todos sus candidatos. De lo contrario, tendríamos dispersión de votos, una DC aislada e incómoda, un PC potenciado y un PS con resultado incierto. Este es, el escenario más inviable políticamente.

El análisis anterior, en consecuencia, nos conduce a una primaria de la Nueva Mayoría en junio del próximo año. Es decir, a un escenario en que el oficialismo no participa de las primarias del 123 Ñuñoa por una cuestión de tiempo político, de compromisos políticos y de estrategia política. Sólo se han planteado preguntas que otros deben resolver. La política cambia realidades combinando voluntarismo y realismo.

Sabat llegó al municipio como funcionario hace alrededor de 35 años.Posteriormente, a fines de los ochenta es designado Alcalde por Pinochet. Luego, renuncia a su cargo para competir por un escaño por el distrito # 21 en las parlamentarias de 1989. En esa ocasión va como independiente y obtiene casi 15 mil votos y alcanza el 12% de las preferencias de la comuna. En esa elección es la tercera mayoría individual detrás de Gutenberg Martínez (DC) y Alberto Espina (RN).

Vuelve a la competencia electoral para las municipales del 1992. Como militante RN obtiene la primera mayoría al subir su votación a 25 mil preferencias y lograr el 24%. Desde entonces sigue su ascenso. En el ’96, sube al 31% con un poco más de 28 mil votos y se convierte en Alcalde. En el 2000, hay un alza significativa al subir a 58 mil votos (59%). No hay duda, sus números son espectaculares.

Desde el 2004, la votación de Alcaldes y de Concejales se separa definitivamente. Mientras por un lado, la votación de la derecha y de su partido a nivel de Concejales se debilita, por otro, Sabat consolida su votación con cifras similares a las de la elección anterior: 57 mil votos y el 61% de las preferencias. En la elección del 2008 hay una baja leve: 55 mil votos y el 57% de las preferencias.

Y llegó la elección del 2012. Sin duda, una sorpresa. Sabat estuvo a 30 votos de perder la elección. Su votación bajo al 45% al perder 21 mil votos. ¿Qué explica esta situación?

La explicación se encuentra –a modo de hipótesis- en que sus electores no fueron a las urnas en el marco del agotamiento del gobierno de Piñera y de un desgaste en su gestión asociada a los problemas de la clínica inconclusa, a los problemas que tuvo con la reconstrucción y por la movilización estudiantil-ciudadana ocurrida en la comuna en el 2011.

Por tanto, estos resultados no se explican por el alza de la oposición local. En las elecciones del  2004 hay tres listas para Alcaldes: la derecha, la Concertación –con la DC, Jaqueline Saintard- y el Juntos Podemos -con el Humanista Bustamante. Saintard obtiene 29.681 votos (32%) y Bustamante 6.815 votos (7.3%). En consecuencia, el progresismo local –DC incluida- es derrotado por Sabat por 20.500 votos.

En el 2008, la situación es similar: Sabat nuevamente vence a las fuerzas progresistas de la comuna en una elección a tres bandas: la derecha, la Concertación y la fuerzas no duopolicas. La Concertación con la socialista Danae Mlynarz sube su votación en 2.600 votos al llegar a las 32.279 preferencias (34.3%). A su vez, Sobarzo obtiene 6.726 votos (7.1%). En conjunto, las fuerzas “no Sabat” logran 39.000 votos equivalente al 41.4%. El cacique de Ñuñoa vuelve a imponerse ampliamente; no obstante, la distancia se reduce a 16 mil votos.

Así, llegamos a la épica del 2012. En esta elección, los progresistas de la comuna van en tres listas –y no en dos como había sido la costumbre-. La Concertación con Maya Fernández, los humanistas con Gálvez, el Partido Igualdad con Matías Mlynarz y la derecha con Sabat. Las fuerzas progresistas logran 42.083 votos (55%) y la derecha al bajar de manera significativa su votación llega a 34.247 preferencias (45%).

La Concertación con el PC incluido –lo que podríamos llamar Nueva Mayoría- obtiene 34.217 votos; superior en 1.938 y en 4.536 votos al 2008 y al 2004 respectivamente. Un alza muy leve. De hecho, la “vieja concertación” en esta elección sólo logra sostener su votación debido al apoyo de los comunistas. A su vez, los no duopolicos –sin la votación del PC- suben un poco más de mil votos al llegar a 7.866 preferencias. En rigor, son los únicos ganadores.

La salida de Sabat del municipio es la expresión de una debilidad múltiple: física, mental, electoral y política; física, porque está enfermo; mental, porque está cansado y necesita nuevos aires; electoral, porque ha perdido votos y política, porque ya no puedo convencer ni articular.

Este hecho, sin duda, va impactar de manera significativa a la derecha de Ñuñoa y en la correlación local de fuerzas. Por tanto, su resultado a nivel de alcalde es incierto no sólo porque no se sabe si podrá recuperar votación, sino también porque Sabat concentraba una importante cantidad de votos del sector y estimulaba mucho voto cruzado.

La derecha local no sabe si podrá recuperar votación. En la última elección –como hemos visto- la derecha con Sabat perdió 21 mil votos. En Concejales tuvo una baja similar. A nivel de Alcaldes la derecha está abajo del progresismo local en 8 mil votos y empatada con la Nueva Mayoría. ¿Quién está en condiciones de revertir esta situación: ¿Benavides, Zarhi, una figura nacional potente?; ¿qué rol va jugar el cacique de Ñuñoa en la próxima elección, más allá, de influir en el sucesor de corto plazo?

Sabat concentraba votos de la derecha. En efecto, en el ’92 capta el 55% de la votación; en el ’96 sube al 73% y en el 2000 al 96%. En consecuencia, sin Sabat ¿qué hará la derecha local?; ¿podrá endosar votos y transferir votación como todo cacique clásico?

Con Sabat hay voto cruzado. Desde el 2004 la elección de Concejales y Alcaldes se separa. Se observa, por tanto, que siempre la votación a nivel de Alcaldes fue mayor que la que obtiene la derecha a nivel de los concejales. En el 2004, la diferencia es de 12 mil votos; en el 2008, de 10 mil votos y en el 2012 de 5 mil votos. Este hecho, implica que hay voto progresista –principalmente, Concertación- a nivel de los concejales que vota por Sabat. Esto, ya no va ocurrir.

En consecuencia, la elección del 2012 marca un punto de inflexión: Sabat y la derecha a la baja y el progresismo local al alza.

Es más, la emergencia de la plataforma social y política del 123, la fuerza del mundo ciudadano de Ñuñoa, el trabajo político y social de Maya Fernández desde la diputación y el vínculo de algunos concejales con el mundo social, generan las condiciones políticas, sociales y electorales para derrotar a la derecha en el control que tiene hace décadas del municipio.

No hay que olvidar, finalmente, que la próxima municipal no se da en el vacío. Hay un contexto político y económico que define de manera importante sus rasgos y sus resultados.

Así, ocurrió en el 2000 y en el 2012. Es evidente, que no será un escenario favorable para las fuerzas progresistas. De hecho, esto podría anular las debilidades que presenta hoy la derecha local y, a su vez, frenar las positivas perspectivas para el progresismo local. Por ello, la unidad asegura el triunfo, la dispersión, lo pone en duda.

El nuevo gabinete abre una segunda etapa –el “segundo tiempo”- e inaugura una nueva hoja de ruta que se expresa en la tesis del “realismo sin renuncia”. Se trata de seguir implementando las reformas -en el contexto de una realidad política y económica compleja- y de cambiar los estilos y las formas de la conducción política. En consecuencia, por un lado se instala la  necesidad de priorizar las reformas y darle gradualidad y, por otro, se inaugura -o se pretende- una conducción centrada en el diálogo, en el consenso y la unidad.

Entre principios de mayo y principios de julio hay dos meses. En este lapso de tiempo el gobierno se concentró en diseñar las formas y los contenidos de la segunda fase, es decir, hacer operativa la nueva etapa. Luego, a principios de julio el gobierno inaugura –en un consejo de gabinete- la nueva hoja de ruta que se expresa en el eslogan “todos por Chile”. En este contexto, por tanto, se convoca un cónclave que termina realizándose el 3 de agosto.Luego, entre julio y el cónclave el gobierno comunica, socializa y ajusta su nueva estrategia política con los partidos del oficialismo.

Se esperaba, en consecuencia, que el cónclave fuese el momento y la instancia para el re-lanzamiento del gobierno, del “programa remozado” y de una coalición unida bajo el liderazgo de la presidenta.

Sin embargo, el evento y sus efectos inmediatos –expresados en la tesis de “la ambigüedad” y en la derrota de los gradualistas- no tuvo la capacidad de unir al oficialismo en torno al nuevo diseño político de La Moneda. Al contrario, desde ese momento se instala de manera definitiva una fractura en la Nueva Mayoría que se expresa en lo grueso en dos almas o sensibilidades: los puristas y los gradualistas.

En consecuencia, se puede afirmar que el cambio de gabinete terminó incubando una crisis mayor: la ruptura política de la coalición y el inicio de una silenciosa “guerra de guerrillas”.

De hecho, ya se lleva más de un mes especulando y amenazando en torno al fin de coalición: el PC y la DC han sido los grandes protagonistas. Es evidente, que durante estos tres meses que van del cambio de gabinete al cónclave, la coalición –partidos y gobierno- no pudo resolver sus tensiones fundacionales que se vienen manifestando desde los primeros momentos del gobierno y que obligó a definir el pacto –en enero del 2014- como un “acuerdo político programático” con “fecha de vencimiento”.

El cónclave fue el espacio político en que las tensiones latentes se transformaron en ruptura “potencial”. Los sectores reformistas de la coalición se sintieron derrotados en todo el período que va desde el cambio de gabinete al cónclave. Pero, se sintieron ganadores y “satisfechos” con los resultados del cónclave. Al contrario, los gradualistas pasaron de victoriosos a vencidos. “Todos ganamos” decía el vocero de gobierno.

El cónclave profundizó las fisuras internas y generó las condiciones para la rebelión DC con Lagos e Insulza incluidos. Arrastraron, en ese movimiento, al Ministro Valdés que, en rigor es más cercano a Eyzaguirre que a Burgos. Algunos políticos –como Navarro y Vidal hablaron de “ejercicio de enlace”, y algunos DC pusieron en duda la proyección del conglomerado, Pérez Yoma, Martínez, Walker y Pizarro. Escalona, el domingo llamaba a no caerse ni a hundirse.

La opción de Bachelet por la interpretación continuista de la tesis del “realismo sin renuncia” fue el detonante para la “rebelión pelucona”. Este hecho, ha sido interpretado como ambiguo. Seamos claros, no hay ambigüedad ni vaguedad. Lo que hay –expresado en decisiones y hechos- es que la decisión de Bachelet desilusionó-indignó a los sectores que se sintieron vencedores por largas semanas: hicieron una rebelión y levantaron la opción Lagos-Insulza.

Es cierto y evidente que la convivencia entre ambos sectores fue difícil desde el primer momento; desde el instante que comenzó la obra legislativa. Un año y medio después de asumir el mando se produce una fisura mayor. En 18 meses las diferencias se profundizaron al generar una ruptura política que pone en jaque y en duda la continuidad del conglomerado.

Dicha continuidad dependerá de cómo se resuelve la “ruptura latente” instalada desde el cónclave y germinada desde el cambio de gabinete de mayo. Pero, ante esta situación no hay que olvidar que la Nueva Mayoría –sobre todo, la vieja concertación- sabe de procesar diferencias. Del mismo modo, sabe de pragmatismo, y sabe más, de lo que significa controlar el Estado y sus recursos.

De aquí a las próximas elecciones municipales ambos sectores seguirán en una disputa latente –en una silenciosa “guerra de guerrillas”- por conducir el rumbo de las reformas.

Será, un ciclo marcado por la sucesión de episodios de tensión que pondrán a prueba la proyección del conglomerado. Pero, la municipal de octubre del 2016 será la gran batalla que definirá el rumbo de la coalición, de las reformas y del gobierno. Y mientras tanto, Bachelet seguirá mediando entre dos sectores “potencialmente” irreconciliables.

Al analizar las primeras declaraciones de los asistentes –gobierno, partidos, parlamentarios- y las definiciones del cónclave se observa que el segundo tiempo no sólo tiene más continuidad con las “reformas estructurales” que estaban en cuestión desde la “tesis de la inflexión”, sino también dan cuenta del triunfo político de los puristas al interior de la NM.

Efectivamente, el cónclave abre otra fase política, una nueva hoja de ruta para el segundo tiempo del gobierno. Sin bien, estos cambios se comienzan a configurar con el gabinete de mayo –reforzado con el paso de Eyzaguirre al equipo político- y con las tesis del “realismo sin renuncia”, lo que ocurre en el cónclave no sólo despeja dudas y abre incógnitas -¿letra chica?-, sino también da cuenta que el punto de inflexión que generó incertidumbre por largas semanas no tuvo la profundidad que unos temían y otros esperaban.

Como afirma la Presidenta este giro táctico tiene como objetivo “definir las materias que van a concentrar nuestros esfuerzos en lo que hemos denominado el segundo tiempo del gobierno”. Se trata, de “darle prioridad a algunas iniciativas para garantizar que se hagan realidad… específicamente… proyectos fundamentales para nuestros compatriotas y su bienestar y que –además- dejen bases sólidas para un desarrollo integral de nuestros país”.

La nueva hoja de ruta no es una renuncia al programa. Al contrario, es una reformulación del mismo en función de un contexto complejo en lo político y en lo económico. Es más, se incorporan nuevas demandas. Se trata, según las palabras de la propia presidenta de “tareas y plazos realistas” que apuntan a consolidar “los compromisos que asumimos ante la ciudadanía al inicio de este gobierno” y de integrar “las demandas actuales que la inquietan”. De este modo, se busca “cumplir responsablemente con el compromiso” de avanzar hacia una “sociedad más equitativa, cohesionada y desarrollada”.

¿Cuáles son los pilares programáticos de esta nueva hoja de ruta?

La agenda programática se articula en torno a ocho ejes: educación, salud, seguridad ciudadana, relaciones laborales, inversiones, nueva Constitución, descentralización y probidad.

En lo grueso, se observa que hay continuidad con el compromiso de las “reformas estructurales” dentro de las cuáles la reforma educacional es la prioridad. En esa línea se va seguir con el proyecto de Desarrollo Profesional Docente y se va continuar con el proyecto que crea el Servicio Nacional de Educación Pública y en septiembre con el proyecto de financiamiento de la educación superior que avanzará de manera gradual hacia el 100% de la gratuidad: “la idea es que año tras año avancemos hacia la gratuidad universal”.

Esta polémica iniciativa consta de dos momentos: la presentación del proyecto de Ley de la Educación Superior y de la incorporación a la Ley de Presupuesto para el 2016 de recursos que hagan posible comenzar con la gratuidad desde el próximo año.

En el ámbito de la salud se construirán 20 hospitales, “un número importante” de centros de atención primaria, se aumentará el número de especialistas y se disminuirán las “listas de espera quirúrgica” con la meta de que entre agosto y diciembre se realicen 19.000 intervenciones. En la misma dirección, se va fortalecerel Fondo de medicamentos y el Fondo de Farmacia para enfermedades “más frecuentes y de más alto costo”.

En seguridad ciudadana se va seguir con la tramitación de la agenda corta, se va poner énfasis en evitar el robo a “personas, viviendas y vehículos, que es lo que más preocupa a los ciudadanos” y se va “consolidar un esquema de persecución penal inteligente”.

En las relaciones laborales se va seguir avanzando en su modernización; sobre todo, en lo que respecta al “derecho a huelga efectivo,” es decir, sin reemplazo. No obstante, teniendo cuidado en que la normativa no perjudique “el empleo, el crecimiento y el emprendimiento”. En el plano económico se va crear el Fondo de Infraestructura y se va iniciar “un diálogo técnico con todos los sectores para simplificar la aplicación de la Reforma Tributaria”.

En el plano político de la Nueva Constitución se confirma el inicio del proceso constituyente en septiembre. En un primer momento habr un período de “educación cívica constitucional” en el que se explique a la ciudadanía “¿qué es una constitución, en qué nos afecta… y porque es necesario cambiarla. Y luego, daremos inicio… unos meses después, el proceso participativo y de diálogo en el que todos podremos intervenir”.

Finalmente, en el plano de la descentralización se “aspira” el próximo año a tener elecciones de Intendentes y de realizar las elecciones municipales “bajo un nuevo marco de probidad y transparencia… con un Servel autónomo y con atribuciones”.

Los efectos políticos del cónclave.

La principal consecuencia es que se despejan dudas y se instala en pleno una nueva etapa en la gestión y conducción del gobierno. En segundo lugar, la Nueva Mayoría logra fortalecer la unidad política de propósitos –por lo menos, a corto plazo- en torno al programa y al liderazgo de Bachelet: “sé que cuento con la lealtad y respaldo de las fuerzas políticas de la Nueva Mayoría”.

En tercer lugar, hay una confirmación y compromiso con el programa. Al interior del oficialismo han triunfado, por ahora, los puristas-reformistas y se instalan condiciones para la proyección del conglomerado más allá de este gobierno en la perspectiva de continuar con los cambios orientados hacia una sociedad más inclusiva.

Pero, no todo son cuentas alegres. La distancia con la política continúa y la Presidenta no logra recuperar apoyos. La gradualidad –con incertidumbre incluida- se ha instalado y los proyectos en trámite y los que van a ingresar al parlamento seguirán sacando chispas y la “letra chica” generando dudas.

El tema de fondo desde el cuál surgen todas las dificultades es que la “era de las reformas” está cambiando el rostro del capitalismo chileno a manos de los “demócratas progresistas”.Por ello, la conducción política del gobierno requiere alta precisión y coordinación.

Y, a su vez, sus apoyos políticos y sociales requieren altos niveles de lealtad, unidad y disciplina. Ambos, no deben olvidar que los intereses en juego,“los obstáculos”, diría la Presidenta, son muchos y poderosos.

El momento político es difícil. No sólo está en jugo el programa, sino también la viabilidad política de la coalición y su proyección presidencial. Será un momento en que se enfrentan dos almas: los puristas y los relativistas. Mientras, los primeros dominaron la primera etapa del gobierno, los segundos han comenzado a controlar el segundo tiempo.La tensión está instalada.

Entender la tensión actual al interior del oficialismo requiere indagar en torno a las causas externas e internas que hicieron posible que el liderazgo sacrosanto de Bachelet se debilitara y su programa bíblico se haya relativizado. En lo grueso, el debilitamiento del programa en el plano externo se debe a que termina con puntos neurálgicos del neoliberalismo chileno, y en el interno, a la débil conducción política del gobierno en el contexto de reformas complejas.

A nivel externo, nadie puede desconocer que las reformas tributaria, educacional, laboral, valórica y política son ambiciosas, de compleja implementación y de alta resistencia. Resulta esperable, por tanto, que los intereses afectados pusieran en movimientos estrategias y tácticas de poder de orientación contra reformista.Finalmente, no podemos olvidar los efectos devastadores que se abren a partir de las platas políticas y del negocio CAVAL.

De modo paralelo, en el plano interno, la conducción política del gobierno y su relación con sus apoyos políticos y sociales ha sido, sin duda, la principal fuente para ese debilitamiento. No obstante, tampoco ha tenido la disciplina y la capacidad política para sustentar y dirigir el proceso de transformación. Sus tensiones internas desde “los matices” de la DC hasta la  “retroexcavadora” de Quintana, son señales no sólo de que hay visiones distintas y contrapuestas, sino también hay enfoques y tácticas en la forma, en los contenidos y en los tiempos de las reformas.

Hoy, esas tensiones se han profundizado por un contexto socio-político que ha cambiado –bajo crecimiento económico y alta conflictividad política-y por la inflexión del programa que surge directamente de ese cambio.No es casualidad que en los últimos días se haya hablado del fin de la Nueva Mayoría y se hagan de manera insistente llamados a la “disciplina y unidad”.

El cónclave, por tanto, deberá ordenar al conglomerado en torno a la reformulación y “prioridades” del programa. Mientras, el gobierno deberá transparentar y materializar la tesis del “realismo sin renuncia”, los partidos deberán sincerar posiciones y re-definir sus compromisos.

Será, el momento en que se despejen dudas y se instalen certezas. Pero, si no hay espacio para la reforma a la salud –Isapres y AFP pública-, si se pone en duda la “gratuidad” para la educación superior, si se para la “agenda valórica” y la reforma educacional en sus tareas pendientes, si se entrampa la reforma laboral, si no se profundiza en la agenda de probidad y de participación y si no se reactiva la economía, resulta evidente que en el conglomerado van a existir tensiones mayores que van a poner en jaque a corto plazo la viabilidad política de la Nueva Mayoría. La preocupación es transversal y el momento delicado. Quizás, para no precipitar un desenlace incierto se haya dejado fuera de tabla la cuestión constitucional.

La Nueva Mayoría, surge como sujeto político para impulsar el “programa de la igualdad”. No hay que olvidar que en su momento se definió como un pacto programático. Por tanto, tiene la misión de trasformar Chile. Ese es, su sentido primario y último. La muerte del programa, es la muerte del conglomerado. La relativización del programa, es la relativización de la coalición.Si este horizonte político y ético se diluye, es evidente que no tiene sentido seguir con un conglomerado amputado desde dentro y debilitado desde fuera.

Todo, finalmente, se resolverá–para bien o para mal- en el próximo cónclave del oficialismo. Avanzar sin transar o avanzar consolidando, nuevamente se convierte en una encrucijada política.Mientras el gobierno tiene unidad de propósitos en torno a la tesis del “realismo sin renuncia”, los partidos de la Nueva Mayoría están fuertemente tensionados. Puristas y relativistas se enfrentarán en el cónclave del oficialismo con expectativas y miradas distintas. Pero, al mismo tiempo con la obligación política y moral de seguir apoyando al gobierno que ellos mismo instalaron.

Lo más probable, es que todos salgan contentos y satisfechos. Mal que mal, en la lógica del poder el programa es tan importante como seguir conduciendo y administrando el Estado. Finalmente, se impondrá el “realismo” y se acordará, una fórmula política que mantenga vivo el programa y la esperanza de mayor igualdad.

A la fecha, se habla de formas y no de contendidos. “Hay un compromiso” se ha dicho y ellos, están para “cumplirse”. En consecuencia, no se trata de una regresión “neoliberal” o de una ofensiva contra-reformista; al contrario, manifiestan la intención de seguir con las “necesarias y urgentes” reformas por la igualdad por medio de la tesis política de que las reformas –debido, al delicado contexto económico y político- deben aprobarse con prudencia, gradualidad y responsabilidad fiscal: todo, no se puede hacer en un período de cuatro años.

De hecho, se habla frecuentemente de que hay reformas y “cosas” que van a quedar para otro período. Es más, el tiempo y los espacios políticos no dan para que en este gobierno se apruebe la Nueva Constitución, una de las reformas estructurales “prometidas”. A lo más, se pondrá en marcha el proceso constituyente que avanzará de manera muy lenta debido a los dos años electorales que se vienen.

La situación de conflictividad a la que se ha llegado en el campo de la política no sólo se debe a un programa ambicioso de “reformas estructurales” que atacan aspectos neurálgicos del neoliberalismo criollo, sino también a una deficiente conducción política del gobierno que era el actor llamado a dirigir ese proceso de transformación.

Los cambios son de tal magnitud que han generado oposición y distancia desde todos los sectores. Aquí, sin duda, radica el hecho esencial que explica el momento político que se estructura por un lado, en torno a la disputa por los contenidos y formas de las reformas, y por otro, en torno a los ritmos de las mismas: más reformas, menos reformas, estabilización de las reformas, más rápido, más lento.

Digo esto, porque el principal error político del bacheletismo, de la de Nueva Mayoría, de los electores  y de la Opinión Pública es haber pensado y creído que el poder estaba en las instituciones de la democracia, principalmente, en el ejecutivo y en el parlamento.El giro táctico, en consecuencia, es resultado de que se ha constatado que el poder no está donde pensaron que estaba.

En efecto, pensaron de manera ingenua y carente de una compresión política, sociológica y filosófica del poder, que era suficiente con un apoyo electoral masivo y “arrollador” de Bachelet y con un parlamento que asegurara quórum para el programa de la inclusión. Los números son elocuentes y los objetivos electorales se lograron. Tenemos un mandato claro y contundente decía el vocero de manera insistente. Por cierto, tenía razón.

Lo que no entendieron es que era necesario, pero insuficiente; menos aún, cuando se trata de “reformas estructurales”: fin al lucro, a la selección y al copago; reforma tributaria, fin binominal, votos chilenos en el extranjero, reforma laboral, nueva constitución, AFP estatal, ambicioso programa de hospitales, Unión Civil, aborto terapéutico, gratuidad educación superior, matrimonio igualitario, etc.

A lo que hay que agregar por efecto de la profundización de la crisis de credibilidad: nuevo sistema de financiamiento de la política, ley de partidos políticos y agenda de probidad. No hay duda, un programa ambicioso que cuesta plata y que pone en tensión un conjunto de intereses.

No entendieron, que la soberanía, como tradición de pensamiento político, no está en las instituciones ni en el pueblo.

No comprendieron, que la soberanía sólo esconde un hecho macizo y contunden: la dominación.

No entendieron, que la soberanía y la voluntad general es sólo una entelequia que esconde a los verdaderos portadores del poder.

No entendieron, que la política esta vaciada de poder frente a la empresa y sus aparato ideológico, la publicidad. No comprendieron, que los políticos no tienen poder real, concreto ni transformador.

Pensaron y creyeron, al contrario, que sólo con votos y quórum legislativos y con el capital político de Bachelet era suficiente para llevar adelante cambios de tal magnitud.

Una de las razones de la debilidad y el desprestigio de la política y sus instituciones, partidos y parlamento es, justamente, su incapacidad para ser el espacio de la construcción colectiva de la sociedad. La mercantilización de la vida social instalada por el neoliberalismo ha debilitado la política y el Estado. Cuando los políticos recuperen su capacidad para convertirse en constructores de nuevos mundos, van a recuperar su credibilidad y prestigio.

Cuando recuperen la capacidad para liderar y conducir proyectos de sociedad-país van a rescatar su esencia y su fortaleza política.

Mientras tanto, será la empresa, el capital y la publicidad los que van a seguir definiendo los destinos del mundo, de las sociedades y de las personas. Mientras tanto, serán los medios y los centros ideológicos de producción de saber y verdad los que van a seguir generado efectos de poder y dominación de unos por sobre otros.

En el Chile de hoy, el poder y la capacidad de creación se encuentra en la empresa, en los medios, en los think tank, en los movimientos sociales, en los grupos de presión, en las armas, en la ideología y en la cultura. Es evidente, que los políticos profesionales, sus partidos y sus electores son débiles y muy débiles frente a los otros poderes del campo de la política. No hay, por tanto, soberanía general, sino una intricada red de relaciones de poder en la que cada actor y sujeto busca instalar sus particulares visiones de mundo o de país. El poder, por tanto, no está en las instituciones de la democracia actual, sino en los actores y en los sujetos de la política real y no de la política que trata de encauzar por instituciones sus intereses y pasiones.

Son estos, sin duda, los intereses y las pasiones que han conducido al punto de inflexión de las reformas. Es el poder real y no institucional el que han debilitado el proyecto de la inclusión. Es el poder real y no institucional el que ha debilitado las reformas y erosionado el capital político de la presidenta.

En este contexto y con esta voluntad política no sólo se busca recuperar los bajos y malos niveles de aprobación, confianza y credibilidad de la presidenta, del gobierno y de las reformas, sino también generar condiciones políticas favorables para la intensa competencia electoral que se viene. La Nueva Mayoría y su gobierno buscan y apuestan por la continuidad olvidándose del poder real y siendo seducidos por la apariencia del poder y por el botín del Estado.

Luego de un año y medio de gestión y conducción política ha aterrizado de una pesadilla que ellos mismos incubaron por no entender que el poder no está donde pensaron que estaba.

En consecuencia, surge una primera pregunta ¿en qué medida contribuye a fortalecer la democracia chilena poner límites a la reelección de los representantes populares?

Estudios muestran que en los diputados la tasa de renovación gira en torno al 40%. Pareciera, que se trata de una buena tasa de renovación por lo que la tesis de la eternización no tendría mucho sustento.

Otras cifras, muestran que en siete elecciones son 840 los diputados elegidos, 152 senadores, 992 parlamentarios. Sin embargo, se observa que han sido 365 los diputados elegidos, 102 senadores y 427 parlamentarios.

Lo relevante, por tanto, es que en 28 años –entre 1990 y el 2018- y en siete elecciones sólo 427 ciudadanos han formado parte del parlamento; 365 ciudadanos en la cámara de diputados y 102 ciudadanos en el senado.

Hoy, seis diputados se mantienen de 1989, cuatro han estado por seis periodos, 17 por cinco períodos, 38 por cuatro períodos, 61 por tres períodos, 103 por dos períodos y el resto se vincula a un período,muchos de los cuales están en ejercicio. A nivel del Senado se observa que 9 senadores han estado por tres períodos, 30 por dos períodos y el resto un período.

Al final de este período legislativo hacia el 2017 tendremos a 61 parlamentarios que van estar o estuvieron por más de 20 años en el Congreso. De ellos, 16 van a completar 28 años en el ejercicio del cargo: seis diputados y 10 senadores. Un total de 18, de 27, de 49 y de 62 parlamentarios van a completar respectivamente 24, 20, 16 y 12 años en el Congreso.

Se observa, en consecuencia, que el 40% de los diputados y senadores están en el cargo por más de 12 años, equivalentes a tres elecciones y dos reelecciones para los diputados y una elección y una reelección para los senadores. Entre 12 y 16 años en el ejercicio se concentra el 26% de los representantes.Esta última cifra es importante por el hecho de que en torno a ellas se concentra el proyecto de ley hoy en discusión.

A nivel de los diputados el 17% del total de los elegidos -365- en siete elecciones ejercen su cargo por tres períodos. La cifra sube al 35% cuando observamos los diputados que ejercen por más de tres períodos.

En consecuencia, podemos afirmar que la tasa de reelección y renovación de los cuadros parlamentarios no es tan alta como la opinión pública especula y cree.

Los problemas de la democracia chilena, por tanto, no están asociados directamente ni de manera significativa con la rotación parlamentaria. Lo relevante, por tanto, para la democracia chilena son los niveles de concentración del poder político.

La cifra es contundente, al mostrar que 427 parlamentarios de un total de 992 posibles son los que han sido elegidos en 28 años de democracia. Es más, el 40% de ese total -172- ejerce el cargo por más de doce años y el 14% más de 20 años en el cargo.  El problema es la concentración y no la rotación.

Ello no implica pensar ni afirmar que la disposición en trámite no sea positiva para la democracia chilena. A mi entender, es una medida importante que contribuye a fomentar la participación, el interés en los asuntos públicos y una mejor vinculación entre política y sociedad.

Sin embargo, a nivel de los diputados se pone límites a dos reelecciones y en los senadores a una reelección.El 65% de los diputados actualmente en ejercicio han estado entre uno y dos períodos; al contrario, sólo el 35% está en sus cargos en más de tres períodos. En consecuencia, se puede afirmar que la mayoría de los diputados –considerando siete elecciones- ejercen sus cargos entre uno y dos períodos.  Es más, el 82% de los diputados ha ejercido entre uno y tres períodos.

Con el actual proyecto de ley esa cifra va aumentar a mediano plazo al 100%. Se observa, por tanto, que la diferencia entre lo que ocurre hoy y lo que se pretenda suceda no es significativa.  Con la nueva disposición –independientemente, si es o no retroactiva, si se permitirá o no cambiar de espacio electoral, etc.- los niveles de rotación no cambiaran sustancialmente, como tampoco, los niveles de concentración del poder.

La disposición que se termine aprobando, no obstante, tendrá efectos disimiles en términos de la mecánica que va adquirir la limitación a la reelección: no da lo mismo, si hay o no retroactividad. No da lo mismo, si existe o no la posibilidad de cambiar de distrito o región o si se limita la continuidad de pasar de la cámara al senado. Tampoco, en qué momento una vez salido del congreso se puede volver a competir para reintegrarse.

Los efectos sobre la democracia en general y la rotación parlamentaria en particular dependerán del tipo de ley que se termine aprobando.La discusión está en sus etapas finales y los incumbentes deben decidir. Los efectos de limitar la reelección serán más cualitativos que cuantitativos.

Sin embargo, todo viene a cambiar de manera radical cuando irrumpe el caso CAVAL a principios de febrero y las platas SQM contaminan al oficialismo. Desde ese momento el ADN del gobierno queda irremediablemente dañado y el cambio político se hace urgente.Resultado, pérdida de la agenda.

Entre principios de febrero y el anuncio de que se le habían pedido la renuncia a todo el gabinete transcurren tres meses. Un largo período en que no sólo se ve un gobierno herido que muestra problemas para “recuperar la agenda”, sino también un gobierno que aumenta sus malos resultados en las encuestas y que se muestra incapaz de recuperar el dinamismo de la economía.

No obstante, desde las profundidades del bacheletismo y en medio de una profunda crisis de confianza, la Presidenta inicia el camino de la recuperación política y emocional. Lentamente, comienza a mover las piezas del tablero y a instalar acciones políticas en la coyuntura que conducen inevitablemente a recuperar el control de la agenda.

Podríamos decir que la recuperación comenzó el 23 de febrero cuando vuelve de sus vacaciones y hace breves declaraciones. Frente a PENTA, SQM y CAVAL afirma que estos hechos hay que enfrentarlos “con claridad y decisión… es mi deber enfrentar cualquier hecho que pudiera obstaculizar o comprometer los objetivos de igualdad y justicia… y continuaremos avanzando en crear un marco institucional que sea capaz de regular de manera eficaz las relaciones…entre política y negocios”. El 25, instruye al equipo político para que elaboren un marco institucional que regula la relación entre “lo público y lo privado”.

En marzo sigue la lenta recuperación de la agenda. El mes comienza con el anuncio de que se creará una comisión presidencial para elaborar un marco regulatorio e institucional “que promueva la transparencia en el ámbito de lo público y privado.” El 07, al terminar la jornada de trabajo en Cerro Castillo, afirma al ser consultada por CAVAL que “me voy hacer cargo… vamos a tomar todas las medidas para que… nuestro país pueda tener la confianza de que se van a respetar las prácticas éticas, legales y administrativas, para el que el país pueda confiar en sus instituciones”.

El 10, nombra al Consejo Asesor contra la corrupción. En la ocasión, Bachelet afirmó que lo que estaba en juego era la salud de la democracia y “que había llegado la hora de actuar”; y que, por tanto, iba a impulsar reformas constitucionales e instructivos administrativos para avanzar en una democracia más transparente.Luego, el 19 firma el instructivo de buenas prácticas en Declaración de Intereses y Patrimonio que se hace extensiva a funcionarios del Estado y  a los ex presidentes de por vida.

Y se instala abril. Entre los hechos más relevantes se encuentra la entrevista en TVN, la firma de algunos proyectos e instructivos, la presentación del Informe Engel y la cadena nacional. Todos ellos van configurando las condiciones que harán posible que Bachelet recupere el control de la agenda.

El 12 en entrevista en TVN se refiere al caso CAVAL y se muestra más cercana y emotiva. En esa ocasión, afirmo que se enteró por la prensa del negocio CAVAL y que a propósito de la crisis de credibilidad no está “por un arreglín y eso es definitivo”.El 17, firma un proyecto de Reforma Constitucionalque define la “pérdida de cargos públicos” por no respetar la normativa de gasto y transparencia electoral. Declara, en la ocasión que se está dando otro paso en el “fortalecimiento de la democracia y su legitimidad”. Del mismo modo, informa que ha enviado diversos instructivos para la austeridad fiscal: gastos en publicidad, uso autos fiscales, difusión y gastos de representación.

El 24 la Comisión Engel entrega informe. “Estamos en deuda” afirma de modo recurrente en su intervención destacando que “hemos carecido de firmeza y rapidez para evitar que las malas prácticas corrompan nuestras prácticas políticas y económicas… dejamos que se debilite la fe pública”. Por ello, dejar “una democracia más transparente, ética y legítima será el sello de su gobierno”.

El 28, en cadena nacional destaca que “ahora, lo que tenemos que hacer es actuar y cambiar las cosas de raíz”. Basándose en las propuestas del informe Engel y “en las medidas que he venido implementando, en leyes actualmente en trámite… he definido un conjunto de medidas administrativas y proyectos de ley que impulsaran una reforma amplia e integral, para erradicar las malas prácticas en la política, en los negocios y en la relación entre ambos”. Y agrega, “son medidas severas… Esta será una de las reformas que marcará el legado de mi gobierno y la voy a conducir personalmente”.

Finalmente, pasó a describir las medidas que se van a impulsar. En esa dirección, afirma que para llevar adelante estas medidas “hemos propuesto un calendario exigente. Para las medidas administrativas nos hemos propuesto un plazo de quince días para dictarlas y para los proyectos de ley, un plazo máximo de 45 días para su ingreso al parlamento”.

Así, llega a su fin abril y se abre el decisivo mes de mayo. Dos son los hechos relevantes que marcan las dos primeras semanas: el anuncio en un programa de televisión de que le ha pedido a su gabinete la renuncia y la instalación de un gabinete con un nuevo equipo político que marca una nueva fase en el gobierno de Bachelet.

Este último hecho, finalmente, marca el control definitivo de la coyuntura política por parte de Bachelet. Aún más, hay que agregar que estamos a una semana del discurso del 21 de mayo que debería marcar el inicio político y legislativo de la nueva fase.

Entre el 23 de febrero –cuando vuelve de sus vacaciones- y el 21 de mayo hay tres meses. En este lapso, de manera lenta y no exenta de turbulencias, Bachelet no sólo asume el liderazgo de la agenda de Probidad, sino también legitima la “agenda de la igualdad” que fue la que la puso nuevamente al mando del gobierno.

Con una derecha en la UTI y con una Nueva Mayoría ignorada, Bachelet ha recuperado la agenda que controla desde la campaña presidencial. Su discurso del 21 de mayo, debería convertirse en la guinda de la torta.Veremos, no obstante, si será suficiente para el repunte en la encuestas.

Este diagnóstico se viene a constituir en la síntesis de una crisis que muestra diversas facetas y dimensiones: liderazgo, representación, participación y probidad. De este modo, terminan simplificando una situación profunda que pone en “riesgo la democracia” y que encuentra raíces hacia mediados de los noventa: ¿acaso, pretenden resolver los problemas de la democracia chilena desde la credibilidad?;¿cómo pretenden resolver un problema tan complejo y que tiene claves en la sicología humana que la política no es capaz de entender?; o ¿acaso, “creen” que restituyendo las confianzas –vía credibilidad- van a ser que los electores vuelvan a  las urnas, que los chilenos “hablen sobre política”, que la representación y su vínculo fundacional de la democracia liberal se re-establezca y que la legitimidad del sistema en su conjunto se vuelva a erigir como principio articulador?; ¿acaso, pretenden que con un “mea culpa” institucional van a superar la crisis actual de la política?

Si PENTA, SQM Y CAVAL marca un antes y un después en lo que respecta a la profundización de la crisis, la entrega del informe de la Comisión Asesora contra la “corrupción” hace lo mismo en relación a los caminos de solución, a lo menos, en lo que respecta a los problemas derivados del financiamiento de la política, la probidad y la transparencia.

Desde la entrega de dicho informe y la cadena nacional anunciada se pone en marcha una operación política liderada por Bachelet –  la misma que han acusado de no tener liderazgo – con “mea culpa” incluido, que viene a generar las condiciones morales y políticas, para intentar salvar “la credibilidad” de los actores del poder y con ello, re-legitimar las instituciones de la política –gobierno, partidos y parlamento- y de la economía, la empresa.

Para proyectar la viabilidad y éxito de esta operación debemos poner atención en la credibilidad humana.

En primer lugar, hay que afirmar que se trata de una “relación social” que se ve obligada a evaluar de manera constante los hechos y los discursos que configuran la certeza y la confianza sobre la que se pone en movimiento toda acción social; es decir, es la posibilidad que todos tenemos de “creer o no creer” frente a lo que otros –de un padre/madre a una institución- afirman sobre los hechos o acontecimientos del mundo del cual formamos parte.

Sin duda, en el campo de la política es un hecho muy sensible: le creo o no le creo al presidente; le creo o no le creo al representante; le creo o no le creo a la institucionalidad política; ¿será verdad que van a resolver mis problemas?; ¿será verdad que la universidad será gratis?; ¿será verdad que vivimos en el reino de la libertad y las oportunidades?

En consecuencia, y en segundo lugar, la credibilidad se relaciona con la confianza y la certidumbre.Podríamos plantear una hipótesis: a mayor credibilidad, mayor certeza o menor incertidumbre; o, a menor credibilidad, menor certeza o mayor incertidumbre.

En definitiva, la credibilidad  genera certeza y confianza. Sin duda, confiamos en lo que nos genere certeza y no confiamos en lo que genera duda o incertidumbre.

Sin duda, confiamos en las personas y en las instituciones que  generan certeza, el piso firme sobre el cual caminar; es decir, le creemos al que produce certidumbre.¿Quién le puede creer al que produce duda e incertidumbre?, ¿cómo creerle al que genera desconfianza?

En tercer lugar, la credibilidad, la confianza y la certeza se relacionan con la “verdad”, en definitiva, con lo que consideramos verdadero. Sin duda, problema filosófico profundo y complejo. No voy a entrar en esa discusión. Sólo afirmaré que “creemos” lo que nos parece “verdadero”; “le creemos” al que nos parece “dice la verdad”; “le creemos” al que genera confianza y certeza.

Finalmente, lo anterior se vincula con la legitimidad; es decir, con lo que nos parece “legítimo”; lo que consideramos como “verdadero, justo, adecuado, auténtico, creíble y ajustado al deber ser”. En definitiva, le “atribuimos legitimidad” a todo aquello que genera certeza y confianza.

De manera breve, he tratado de articular y comprender como funciona en la sicología humana y en las relaciones sociales la credibilidad, la certeza, la confianza y la legitimidad. La idea de esta reflexión es responder la pregunta que se deriva del diagnóstico compartido de que la crisis actual de la política es de credibilidad y confianza. En consecuencia, ¿cómo el sistema político chileno, sus actores e instituciones, restituyen y recuperan la confianza ciudadana?

Hemos visto, del mismo modo, que hay una operación política transversal que busca resolver la crisis actual del sistema político. La entrega del Informe Engel y la cadena nacional de la Presidenta no sólo marca un antes y un después. En efecto, desde ese momento comienza la cruzada por la restitución de la credibilidad y la confianza. No obstante, las preguntas y las dudas abundan.

En consecuencia, responder a esta crisis desde una agenda de financiamiento, probidad y transparencia no resuelve los problemas que han hecho posible que esta “crisis” se haya instalado en nuestro país. De hecho, ya estaba instalada antes de que emergiera PENTA, SQM y CAVAL.

Como tampoco, es una operación que va permitir que los ciudadanos recuperen la confianza y la credibilidad en sus representantes e instituciones. Sin duda, más complejo para los primeros que para los segundos.

Sólo un proceso constituyente con un mecanismo participativo e inclusivo que avance hacia una nueva constitución hará posible que las confianzas se restituyan y la credibilidad del proyecto democrático vuelva hacernos soñar y “creer” que un mejor país es posible.