Por esto, resulta evidente que no da lo mismo que exista una comuna –me refiero a Ñuñoa- donde se han destinado 15 mil millones de pesos de las arcas municipales a la construcción de un edificio que aún no entra en funcionamiento y que, más aún, su futuro es totalmente incierto.

La mal llamada “Clínica de Ñuñoa” es un proyecto mal concebido desde su origen hace siete años. Una inversión de tal envergadura es insostenible para un municipio y, por consiguiente, la solución más cómoda es licitar al sector privado, que es la idea original del renunciado Alcalde Pedro Sabat. Y es ahí donde surge motivo del reparo mayor.

¿Es concebible que un municipio gaste tal cantidad de dinero en construir un recinto para que, finalmente, éste se licite a un privado que lucrará con la salud de la comunidad? Mi respuesta es no.

El también llamado “elefante blanco de Ñuñoa”, incluso sin estar operativo, requiere anualmente de más de mil millones de pesos para su mantención. Por esta razón hoy se pone en duda el traslado del servicio de Urgencia Comunal  más el Cesfam Salvador Bustos a los dos primeros pisos del edificio. La situación se agrava si pensamos en la gran crisis económica en que dejó Pedro Sabat al Municipio, y que operar estos servicios costaría cuatro veces más de su costo actual.

El déficit en las arcas municipales tiene de manos atadas al actual Alcalde Andrés Zarhi, quien en la sesión de Concejo Municipal del pasado martes 12 de enero, propuso licitar la administración de este recinto, considerando pedir un trato preferencial para los habitantes de la comuna, como parte de las bases de adjudicación. Es una salida desesperada e inconcebible. No es posible apoyar el lucro a costa de la comunidad de Ñuñoa, pues los fondos públicos deben utilizarse para beneficio de sus habitantes.

Es urgente explorar otras alternativas, como reevaluar con el ministerio de Salud la incorporación del edificio a la red del Servicio Metropolitano Oriente, algo que se intentó durante el Gobierno de Sebastián Piñera, pero que fue rechazado por el entonces titular del Minsal, Sergio Mañalich. Sería una muy buena opción para descomprimir la gran demanda que tiene hoy el Hospital del Salvador, donde se atiende una parte importante de población ñuñoína usuaria de la red pública de salud.

El convenio con universidades públicas y acreditadas es otra posibilidad, aportando a la formación de especialistas y beneficiando, al mismo tiempo, a la comunidad de Ñuñoa al abrir una opción para contar con más de estos profesionales. Cualquiera sea la solución, porque pueden haber otras, es imprescindible que sea discutida por los concejales, que son los representantes electos por la comunidad. La salida no puede significar la pérdida de la inversión ya realizada, teniendo que pagar los vecinos y vecinas el costo de una irracional decisión.

Ñuñoa es un ejemplo de una desigualdad encubierta. Aunque no sea la característica más mediática de nuestra comuna, lo cierto es que basta con atravesar la Avenida Grecia con dirección al sur, para darse cuenta que los supuestos beneficios del desarrollo inmobiliario no han llegado hasta allí. Para verificar que no todos los colegios públicos de Ñuñoa gozan de excelente infraestructura, para darnos cuenta que también hay basurales, falta de conectividad y problemas en la Atención Primaria de salud.

Me detendré en este último punto. Sonará redundante, pero hay que recordar que el renunciado alcalde Pedro Sabat destinó cerca de 11 mil millones de pesos en la construcción de un lujoso edificio que albergará un consultorio y la posta comunal. Un despilfarro incluso interpretable como malversación de fondos municipales. Y aunque hoy contemos con una nueva gestión, las cosas no han cambiado, lo que es posible de verificar en Plan de Salud 2016, documento que solo por segundo año consecutivo podemos revisar como Concejales, luego que personalmente solicitara en 2014 a la Contraloría, revisar las razones por las cuales Ñuñoa nunca había cumplido con la ley en este sentido.

Fueron los propios gremios de la salud, cuyos dirigentes fueron invitados a debatir el plan respectivo, quienes advirtieron esta situación: una orientación que discrimina a los sectores más vulnerables, agudizando la desigualdad en vez de proponer alternativas de superación. Como detectaron los gremios, los gastos de operación muestran diferencias que parecen inexplicables: de un año para otro, el CESFAM Rosita Renard, ubicado en la población del mismo nombre, aumenta sus gastos en 189 millones de pesos, en tanto que el Salvador Bustos, que funcionará junto a la Urgencia en el edificio llamado “Clínica de Ñuñoa”, lo hace en 976 millones de pesos.

La política de dejar que la fruta caiga de madura le traerá consecuencias a Andrés Zarhi. Es tan alto el costo de operar la frustrada “Clínica de Ñuñoa”, que el propio alcalde baraja la posibilidad de no trasladar el consultorio y la urgencia hasta allí, y se abre nuevamente la pregunta acerca de qué pasará con ese elefante blanco. Otro gallo cantaría si el actual edil hubiera pensado en los costos y beneficios para la comunidad mientras era concejal.

Es imposible no concordar con los trabajadores de la salud, cuyo documento de análisis al Plan de Salud 2016 señala: “Lo primero que debe ocurrir son los diagnósticos participativos, la evaluación y programación, cálculo de la dotación, y finalmente el presupuesto. Todos estos procesos acompañados, socializados y elaborados en conjunto con representantes de las asociaciones y de la comunidad”.

Lamentablemente, la planificación de salud para Ñuñoa en 2016 replica y refuerza la segmentación social. El valor más relevante a considerar debiera ser el número de inscritos, algo que el documento no transparenta, pues sólo con ese dato es posible inferir la mayor relevancia o necesidad de un sector de la población por sobre otro. Pero la propuesta pone más recursos donde hay menos necesidades, algo incomprensible.

La salud pública en Ñuñoa está sobrepasada. Quienes antes tuvieron un buen pasar económico, hoy sobreviven con pensiones insuficientes y destinan gran parte de su dinero en atenciones médicas y medicamentos. Es lo que hemos verificado en terreno, con nuestra campaña de firmas por la instalación de una Farmacia Popular, y estamos a la espera de que el alcalde Andrés Zarhi explicite su voluntad de aplicar el programa, respondiendo a una demanda transversal de la comunidad.

De cara al inicio de un nuevo año, las muestras de cambio son urgentes. Pero no se trata de un mero cambio cosmético, de fachada, de estilo en el ejercicio del poder. Lo que se requiere es la voluntad real de avanzar hacia un gobierno comunal decidido a combatir las desigualdades que existen en Ñuñoa, abriendo espacios de participación a la comunidad que permitan que esta realidad se exprese y se vea reflejada en las políticas implementadas.

Con el voto favorable del concejal de RN, Víctor Caro, podrán ser revisados los últimos dos períodos del renunciado edil, quien hoy se concentra en obtener un cupo para competir por un escaño en el parlamento.

Sin duda, la aprobación de este arqueo de las finanzas municipales tiene un gran significado: permitirá conocer el deterioro real de la billetera del Municipio de Ñuñoa, pero también será la primera vez, en casi dos décadas de administración de la derecha, que podremos enterarnos de los detalles de la gestión  financiera de Pedro Sabat.

Según la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Concejo tiene la facultad de realizar dos tipos de auditorías, financiera o al Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), para lo cual debe ser aprobada por mayoría de sus integrantes, pudiendo llevarse a cabo sólo una vez en el año. Debe contratarse por medio del alcalde, representante legal del municipio, y con cargo al Presupuesto Municipal.

Más allá de estas formalidades, lo más importante, a mi modo de ver, es que los informes finales deben ser de conocimiento público. De esta forma, esperamos que sea posible esclarecer hechos que, es cierto, no pasan de ser rumores, ya que no contamos con documentos que permitan probarlo.

Por ejemplo, que las luminarias led instaladas en Ñuñoa son unas tres veces más caras de las compradas en el resto de las comunas; que el gasto total que ha significado la llamada “clínica de Ñuñoa” alcanza para construir cinco consultorios equipados; que se deben 900 millones de pesos a Chilectra y otros 500 a la empresa que construye la misma clínica.

En el Concejo del pasado martes 10 de noviembre, Andrés Zarhi señaló que los informes elaborados en el municipio hablan de una cifra cercana a los 2500 millones de pesos de déficit.

Un punto que afecta al patrimonio municipal, según establece la ley, son las multas cursadas en favor del municipio. Durante el invierno de 2014, recibí correos electrónicos y mensajes de redes sociales de vecinos y vecinas de distintos sectores, señalando llevar varios días, incluso semanas sin luz en las calles. En julio del año pasado expuse el tema en Concejo Municipal, pero debí ingresar un documento formal, el Ordinario N° 15, para recibir una respuesta, por cierto, insuficiente.

En el verano de 2012, antes del actual período, la empresa Chilectra se adjudicó el suministro y mantención del alumbrado público de la comuna, estableciéndose en el contrato la aplicación de multas desde las 12 horas por puntos en mal estado o sin suministro de energía. Vecinos señalaban llevar semanas sin luz en sus calles, aumentando su sensación de inseguridad. Las multas jamás fueron aplicadas, sin dar el ex edil ninguna explicación.

Otro de los elementos importantes a la hora de auditar la gestión financiera de Pedro Sabat en Ñuñoa, tiene que ver con la cuantiosa suma de dinero invertida en el fallido proyecto de clínica, que hasta hoy suma 11 mil millones de pesos. Edificio que terminó albergando un CESFAM y la urgencia comunal. De allí el nombre con que el inmueble se ha hecho tristemente famoso, “elefante blanco de Ñuñoa”.

En relación al presupuesto de salud, este 2015 será la segunda vez que el municipio cumpla con lo exigido por la Ley 19.378 Estatuto de Atención Primaria, y entregue a la autoridad respectiva, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, su Plan de Salud Comunal, que debe presentarse anualmente para ser sancionado por el Concejo Municipal. Sólo después que con el equipo de trabajo de la concejalía que encabezo, presentáramos un requerimiento ante la Contraloría General de la República para revisar esta grave falta, este documento fue entregado. Hasta entonces, el presupuesto de salud fue una incógnita, ya que esta área está delegada a una Corporación Municipal.

El trasparentar la gestión financiera de Pedro Sabat, tiene sin duda un valor más cualitativo que el necesario arqueo de cifras.

Se trata de devolver a la ciudadanía su derecho a contar con información –primero que todo- y que ésta sea veraz y oportuna. Al mismo tiempo, reconoce al Concejo Municipal su real dimensión fiscalizadora y de representación de la comunidad. En definitiva, un paso más hacia la puesta en valor de la democracia en Ñuñoa.

Pero no hay que perder el foco, no es con insultos que el emblemático militante de RN logrará evitar que se transparente el verdadero estado de las arcas ñuñoínas. No es denostando a quienes ejercemos el valioso oficio de la profesión docente que desviará la atención, al tratarme de ignorante en materia administrativa por ser profesora de filosofía.

Es evidente que la práctica autoritaria que por veinte años reinó en Ñuñoa, con decisiones tomadas a puerta cerrada, con escasísimos y poco efectivos espacios de participación, llevó a excesos en la gestión. El más importante, mencionado en todas partes, la llamada “Clínica de Ñuñoa”, edificio en que se han invertido 11 mil millones de pesos, que albergará un Cesfam y un servicio de urgencia comunal, presupuesto que alcanza para construir cinco consultorios equipados.

Asimismo, la propuesta presupuestaria de Pedro Sabat, año tras año, nunca trasparentó el porcentaje de recursos que corresponde a dotación de personal, en sus distintas modalidades, ya sea honorario, contrata o planta, en las distintas unidades.

Ello es de gran importancia, por un lado, para conocer cuál es la inversión real que se hace en los planes y programas; pero también permite saber cuál es el rol específico de cada persona que presta servicios al municipio. Sobre todo, porque existe un manto de duda respecto de contrataciones de la era Sabat, con un sueldo cercano al millón y medio, que no tendrían ninguna función definida.

La situación es tal, que según el alcalde Andrés Zarhi no hay recursos para contratar una auditoría externa. Pues bien, lo que corresponde es que los antecedentes sean presentados a la Contraloría General de la República, pues se acerca un nuevo proceso electoral y no es admisible que existan sospechas de esta envergadura en uno de los municipios chilenos que se jactó siempre de una administración impecable.

Desde la concejalía que represento, hemos requerido a la Contraloría dos investigaciones. Una por el caso de la construcción del Centro Comunitario de Salud Familiar (CECOF) de Villa Olímpica, en que se presentaron antecedentes falsos al Concejo, señalando que se trataba de un terreno de propiedad municipal, en circunstancias que su dueño real era Serviu.

También, por el incumplimiento de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que obliga a los ediles a enviar anualmente una planificación en materia de salud, previa aprobación de Concejo Municipal. En Ñuñoa, esto último, nunca se había llevado a cabo hasta el año pasado.

Son evidencias de una administración poco racional, enfocada en la visibilidad de los logros. Ejemplo de esto es el caso de la escuela Benjamín Claro Velasco, que será demolida y rehecha completa, utilizando el Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) otorgado por el Mineduc. Son más de mil millones de pesos, 917 correspondientes al FAEP 2014 y parte del 2015.

Personalmente solicité en Concejo al ex alcalde Sabat reevaluar esta decisión, para atender también a otras necesidades del área. De haber sido así, probablemente, la escuela Guardiamarina Guillermo Zañartu, no habría pasado más de dos semanas sin luz, dado el pésimo estado de sus instalaciones eléctricas. La solución para esta comunidad escolar, fue pedir al Ministerio un adelanto de los fondos 2016, ya que el municipio de Ñuñoa no contaba con los 75 millones que costaba el arreglo.

Hoy la comunidad ñuñoína debate sobre planificación comunal en espacios generados en sus propios barrios, y demanda que su opinión sea considerada en la generación de las políticas locales.

Ese es el piso mínimo para asumir la responsabilidad de representar a la ciudadanía: ser parte del movimiento social y representar sus demandas. En Ñuñoa, esto equivale a restituir el ejercicio participativo y deliberante, una especie de nueva etapa en la que avancemos en la profundidad del concepto de nuestra democracia.