Como profesor de Derecho Militar, el Sr. Polloni debe saber que desde el año 1951 en nuestro país están vigentes las Convenciones de Ginebra, que entre otras cosas entregan normas sobre la protección de los civiles en tiempos de conflicto armado. Si se sigue la lógica de que Chile estaba en un “estado de guerra interna”,entonces el Estado estaba obligado a cumplir los protocolos del Convenio, en cuanto al trato de los prisioneros de guerra, y no podía eximirse de su responsabilidad en caso de incurrir en faltas graves tales como el homicidio intencional, los sufrimientos prolongados por tortura,o atentar contra la salud e integridad de personas. El gobierno impuesto por los militares incurrió precisamente en tales faltas, con el agravante que las realizó con agentes del propio estado, a quienes se les otorgó carta blanca para cometer todo tipo de atrocidades, demostradas en forma fehaciente por un sinnúmero de estudios e investigaciones, tanto nacionales como internacionales. Los que dan como argumento para justificar lo que denominan “excesos”, (otro eufemismo) la situación política que llevó al quebre de la institucionalidad, olvidan que en Chile, hasta el 11 de Septiembre de 1973, imperaba el Estado de Derecho, y los ciudadanos estaban sometidos a normas que regulaban sus derechos y deberes y les otorgaban el derecho al debido proceso en caso de incurrir en delitos de cualquier índole. Tales derechos y deberes fueron eliminados de golpe cuando la Junta se apoderó del poder e instauró un régimen basado en la persecución y exterminio sistemático de todo aquel que osara pensar de manera diferente. El no cumplimiento de los Convenios de Ginebra está acreditado de manera más que suficiente, y por consiguiente, no cabe otro término más que dictadura para referirse al período que es motivo de debate. Argumentar que algunas personas tengan la intención de adoctrinar a alumnos sobre una determinada visión de la historia, dando a entender que ésta no se ha contado como debiera contarse, es en sí un sesgo, y es de lo que intentan convencernos mañosamente aquellos que disfrazan con eufemismos los porfiados hechos. 

Como profesor de Derecho Militar, el Sr. Polloni debe saber que desde el año 1951 en nuestro país están vigentes las Convenciones de Ginebra, que entre otras cosas entregan normas sobre la protección de los civiles en tiempos de conflicto armado. Si se sigue la lógica de que Chile estaba en un “estado de guerra interna”,entonces el Estado estaba obligado a cumplir los protocolos del Convenio, en cuanto al trato de los prisioneros de guerra, y no podía eximirse de su responsabilidad en caso de incurrir en faltas graves tales como el homicidio intencional, los sufrimientos prolongados por tortura,o atentar contra la salud e integridad de personas. El gobierno impuesto por los militares incurrió precisamente en tales faltas, con el agravante que las realizó con agentes del propio estado, a quienes se les otorgó carta blanca para cometer todo tipo de atrocidades, demostradas en forma fehaciente por un sinnúmero de estudios e investigaciones, tanto nacionales como internacionales. Los que dan como argumento para justificar lo que denominan “excesos”, (otro eufemismo) la situación política que llevó al quebre de la institucionalidad, olvidan que en Chile, hasta el 11 de Septiembre de 1973, imperaba el Estado de Derecho, y los ciudadanos estaban sometidos a normas que regulaban sus derechos y deberes y les otorgaban el derecho al debido proceso en caso de incurrir en delitos de cualquier índole. Tales derechos y deberes fueron eliminados de golpe cuando la Junta se apoderó del poder e instauró un régimen basado en la persecución y exterminio sistemático de todo aquel que osara pensar de manera diferente. El no cumplimiento de los Convenios de Ginebra está acreditado de manera más que suficiente, y por consiguiente, no cabe otro término más que dictadura para referirse al período que es motivo de debate. Argumentar que algunas personas tengan la intención de adoctrinar a alumnos sobre una determinada visión de la historia, dando a entender que ésta no se ha contado como debiera contarse, es en sí un sesgo, y es de lo que intentan convencernos mañosamente aquellos que disfrazan con eufemismos los porfiados hechos.