16 jun 2015

Ranking de notas, sólo nuevos remiendos

Hace varios años vengo haciendo notar, que la introducción del ranking de notas, además de la elevada ponderación que se venía realizando año tras año en muchas universidades, respecto de la PSU, para la selección de estudiantes a la educación superior, se realizaba sin los suficientes fundamentos teóricos que apoyaran la entrada de esta nueva condición.

Más tarde, cuando las decisiones respecto de estas dos condiciones y respectivas ponderaciones fueron un hecho, señalé que éstas traerían efectos colaterales no advertidos y que, por lo mismo, tales modificaciones deberían realizarse con cierta cautela.

La aplicación del ranking resultó, además, en que los estudiantes de los últimos años de educación media comenzaron a cambiarse de liceos buscando aquellos que exhibían promedios más bajos, lo que les permitía situarse mejor en el ranking de notas. Esto trajo como consecuencia que los alumnos de estos últimos establecimientos reclamaran por la injusta competencia a la que se veían expuestos: sus recién llegados contendores venían de liceos emblemáticos, mejor preparados, lo que les permitía situarse por encima de los puntajes locales.

Ahora conocemos que ese daño colateral se intentará evitar con algunas otras  medidas, tales como, considerar el contexto educacional de cada estudiante (el promedio obtenido en el colegio A, y el promedio obtenido en el colegio B, cuando ese cambio de colegio se efectúe).Medidas que no hacen sino reconocer el daño colateral que yo señalaba y que se evidenció en los últimos años en la realidad.

Lo importante, por supuesto, no es la razón que yo tenía al realizar las advertencias, más bien radica en constatar que, reconocida o no, la dificultad se intenta ahora resolver para las futuras selecciones a la educación superior.

Con todo, queda pendiente el cambio de la PSU, como alguna vez se comprometió, por una prueba que efectivamente otorgue garantías de una adecuada selección y que evitaría continuar con estos remiendos.

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16 jun 2015

Los sueños barrocos de Thomas Harris

Sueños sin párpados (Contracorriente ediciones, 2014), es una notable incursión en la narrativa del consagrado poeta Thomas Harris, un volumen que transita entre el relato fantásticos y la ciencia ficción, siempre sacando los máximos rendimientos del género cuento, aunque ajustándose a sus convenciones básicas.

Es frecuente que los autores que pasan de la lírica a la narrativa destaquen por la calidad y uso del lenguaje. Este es el caso. El presente es un libro cuidadosamente editado, de una prosa trabajada. Sin duda, se ve el trabajo de Ignacio Fritz y Lucía Sayagués como correctores de estilo; pero se intuye también que los estándares de Harris son otros, muchísimo más altos que los habituales en estas lides.

También se aprecia un diálogo con la alta y baja cultura que dotan al libro de un aire posmoderno (aparte del extenso diálogo con Baudrillard), anulando los estatutos que antes los diferenciaban, de costumbre en favor de la cultura de élite.De hecho, ciertos lugares recurrentes de la cultura de masas se tematizan con lucidez en un par de relatos; el resultado es que el registro pop se ensalza como dueño de una sensibilidad que debiera ser del mayor interés para las artes.

“El Cristo barroco” destaca, al interior de esta sólida apuesta, como un texto particularmente logrado, valioso. Es nítida la vinculación del título con la abundancia y ornamentos que saturan las excelentes descripciones que le dan forma (especialmente las del manicomio). Es, en regla, una escritura barroca, tanto por los excesos de lenguaje como por los contrastes entre luces y sombras, los énfasis en la suciedad, lo bizarro, las plétoras y los desequilibrios.

El narrador/protagonista es el propio Thomas Harris que va a una ciudad pos apocalíptica de las Antillas–la OTAN la ha bombardeado con armas biológicas para que caiga el régimen y, para ese momento, solo hay una estación climática– con el fin de hablar con el enigmático FraAngelico (sic) y que este le cuente la historia del Cristo barroco, motivo por el que se encuentra privado de libertad en un manicomio.

FraAngelico es un psicópata de aquellos.El ex sacerdote afirma ser el Anticristo, y por eso “noche a noche reza el Credo al revés y se masturba por, por… el ano con un crucifijo bendecido por el mismísimo Papa Pío”. Antes de su reclusión en la siniestra casa de orates, sin embargo, sus costumbres tampoco eran muy sanas: “ayunaba meses completos y se azotaba en la celda de su convento con un zurriago hecho con cuero de burro”. Sí, con cuero de burro.

Los demás cuentos que conforman el libro no carecen de méritos. “Perros” impresiona por la precisión de sus imágenes, en un texto donde la historia se desplaza en favor de la creación de una atmósfera de desastre nuclear, que va siendo construida con esmero por un narrador voluntarioso, que interpela al lector y reflexiona y duda, al mismo tiempo, sobre la narración que ve edificando.

“La hija de Shakespeare”, por su parte, es una invasión lúdica al terreno de la metaliteratura y metaficción, atiborrada de un humor inteligente y paródico que se ríe de estos trucos, tan de moda por estos días. El protagonista parece ser nuevamente el propio Harris, que dialoga largo y tendido con un William Shakespeare que ha logrado torcerle la mano al destino. El dramaturgo volvió de entre los muertos, como Cristo “pero con menos alharaca”, y ahora es un literato costarricense, amigo de Nicanor Parra y obsesionado con Fidel Castro y el comunismo.

Similar es el juego formal que representa “Cine y suicidio”, que ensaya –en todo el sentido del término– sobre tópicos tan pertinentes a la literatura como son la reescritura y la intervención, claro que a partir de registros audiovisuales, como son una clásica película de Roman Polanskiy una diva, igual de clásica,de Ingmar Bergman.

“Ir por piel” y “Breve hasta nunca de un vampiro”, por su lado, son cuentos fantásticos, donde lo extraordinario irrumpe en la cotidianidad de un mundo normal, donde todo parece común y corriente; en tanto que “Anywhereout of theworld” y “A quien esté harto” develan los claroscuros de la tecnología. Quizás este último relato sea el más débil del volumen, pues lo aconsejable –por lo general– no es explicar la teoría sino problematizarla mediante una anécdota que la escenifique, y así refutarla o bien dar cuenta de su aplicación.

En suma, Sueños sin párpados es de aquellos libros importantes que tan ocasionalmente se publican en nuestro medio y, no obstante, no poseen un público ni un aparato crítico que lo pongan de relieve. Constituye, de este modo, otro triste desliz de nuestro estrecho campo cultural.

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16 jun 2015

Ética para el desarrollo sostenible

“Urge mayor ética en los negocios, en la política, en el mercado. Hay que hacerse cargo de la demanda social que estamos viviendo”. Esta frase forma parte de una presentación de Responsabilidad Social que he expuesto en varias instancias, explicando el Primer Plan Nacional de la materia, aprobado recientemente por el Consejo de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible, que tengo el honor de presidir.

Lo que me parece una aseveración de toda lógica, no deja de provocar asombro. Pese a la agenda de probidad anunciada por la Presidenta, a la que los empresarios han reconocido que están afectados por la desconfianza ciudadana y que la palabra ética se ha reactivado en los medios de comunicación, la afirmación causa sorpresa. Pero sí, la ética puede fortalecerse desde la Responsabilidad Social. Con medidas concretas que pueden marcar cambios con efectos importantes para la estabilidad comercial y la economía nacional.

El Código de Pago Oportuno, que firmamos esta semana con representantes de los gremios empresariales más importantes del país (CPC, CNC, Sonami, Sofofa, CChC, Abif, CCS, Asociación de Supermercados, Unapyme, Conapyme, Asof, Propyme y Asexma) apunta justamente a cambiar la cultura de pago atrasado a una cultura de pago oportuno a los proveedores.

La tradicional demanda de las pequeñas empresas hacia las grandes, tiene ahora un compromiso público, un avance que será medido en 5 meses. El efecto de mejorar los tiempos de pago contribuye directamente a la liquidez de los empresarios pequeños, apoya esta economía que necesitamos diversificar, pero también significa progresar en la confianza y la ética; mejorar los estándares que necesitamos elevar si queremos seguir en la senda del desarrollo.

El trabajo que hemos realizado con el código refleja el nuevo foco que desde el Consejo y desde el ministerio de Economía, queremos darle a la Responsabilidad Social. Porque la RS es una oportunidad, puede convertirse en una herramienta para afianzar buenas prácticas, mejorar la relación con las comunidades, el medio ambiente, los trabajadores, la integración de género y la no discriminación; el cuidado de la cadena productiva, los consumidores y los proveedores.

Ya es tiempo. Cada día más las decisiones de consumo pasan por el comportamiento de las empresas. Y el desarrollo sostenible es la definición de cómo queremos evolucionar, de un acuerdo internacional suscrito por los países de la ONU.

El Consejo de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible es público privado: nuestra labor debe ser en conjunto. El Gobierno tiene su rol y el sector privado, también. Así lo entiende este grupo y después de un año de trabajo, tenemos el Primer Plan 2015-2018, que contiene 17 medidas concretas, responsables, presupuestos y seguimiento.

Entre las metas más relevantes, surge contar con una política de desarrollo sostenible a largo plazo, capacitar en RS, integrar a las Pymes y desarrollar nuevos instrumentos como los acuerdos voluntarios de pre inversión.

Estos convenios se implementarán a través del Consejo de Producción Limpia (CPL) y permitirán a las empresas trabajar con las comunidades antes de que los proyectos ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Hay también varias iniciativas para aumentar la transparencia y la reportabilidad. Estamos coordinados con otros organismos del Estado que están avanzando en la misma línea, como la normativa de gobiernos corporativos de la Superintendencia de Valores y Seguros.

La mesa de pago oportuno funciona en paralelo al Consejo, pero sostiene el mismo enfoque: dialogar entre los diferentes actores, mantener la alianza público privada y trabajar con el propósito de mejorar los estándares, la ética y en buenas cuentas, aportar al país.

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16 jun 2015

Corrupción en Valparaíso

El viernes 12 de junio pasado, en el salón Montt-Varas del Palacio de La Moneda, la presidenta Bachelet firmó el envío de proyectos de leyes a favor de la probidad y transparencia y en su alocución ante los selectos invitados, entre otras cosas, manifestó “para evitar la corrupción, el tráfico de influencias o cualquier otro asomo de engaño o abuso entre política y dinero, es urgente tener leyes más duras y efectivas.”

Sostenemos que las lacras mencionadas por la mandataria se han producido en gran medida porque muchos actores de los distintos mercados, a sabiendas que los complacientes funcionarios del Estado se han resistido a ejercer sus atribuciones de supervigilancia y fiscalización, se han aprovechado de estas carencias públicas para actuar con el “tejo pasado”.

En ciertas situaciones se han detectado fraudes económicos y entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los fiscales del Ministerio Público, se están investigando a los involucrados quienes, como santas y blancas palomas, aducen con fingida seriedad que ellos cometieron solamente “errores subsanables”.

En todo caso esperamos que tengan utilidad las nuevas leyes que se aprobarán en el Congreso Nacional, pero de nada servirán si los funcionarios que tienen el deber de hacerlas cumplir continúan mirando para el lado o simplemente contraviniendo las resoluciones que imparte el órgano de control que tenemos en nuestro país.

De acuerdo a la información disponible, la Contraloría General de la República es la entidad fiscalizadora superior, de carácter autónomo y rango constitucional, encargada de ejercer el control de legalidad de los actos de la administración pública, fiscalizar el ingreso y la inversión de los fondos fiscales, municipales y de los demás organismos y servicios que determinen las leyes, examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo bienes fiscales y municipales, llevar la contabilidad general de la nación y desempeñar las demás funciones encomendadas por la ley.

En el ejercicio de sus funciones, la Contraloría toma  razón de los actos de la Administración, actuación mediante la cual señala que el decreto o resolución se encuentra conforme a la Constitución y a las leyes, o bien, en caso contrario, procede a representarlo cuando tiene algún vicio de inconstitucionalidad o de legalidad.

Sus dictámenes deben ser íntegramente obedecidos por todos los servicios de la Administración que ella fiscaliza y su falta de aplicación significa transgredir el artículo 9º de la Ley Nº 10.336, lo que parece no incomodar en absoluto a la autodenominada “ilustre” Municipalidad de Valparaíso, a la luz de lo que comentamos a continuación.

Ante la solicitud de vecinos y concejales, en orden a proteger urbanísticamente el barrio O’Higgins de Valparaíso, el alcalde Jorge Castro firmó  el 26 de agosto de 2013 un Decreto para congelar el ingreso de solicitudes de permisos de edificación en altura, acogiéndose al artículo 117º de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), suspensión que entró en vigencia el 3 de septiembre del mismo año, fecha de su publicación en el Diario Oficial.

La Inmobiliaria del Puerto SpA, según dicen, ligada a la Universidad Adolfo Ibáñez, en conocimiento previo del trámite administrativo de esta postergación de permisos en ese sector de la ciudad puerto, el 27 de agosto de 2013, un día después del Decreto Alcaldicio, ingresó en la Dirección de Obras Municipales un anteproyecto que consistía en 26 edificios con alturas variables de hasta 11 pisos, con lo cual pretendió saltarse el congelamiento decidido por la autoridad competente.

Naturalmente las organizaciones ciudadanas, con el apoyo de algunos concejales, denunciaron la avivada del inversionista en la Contraloría, la que con fecha 5 de agosto de 2014 emitió el categórico dictamen Nº 59.619 firmado por Ramiro Mendoza, documento que deja en evidencia un sinnúmero de malas prácticas de los funcionarios que han intervenido en este negocio.

En síntesis, la solicitud del anteproyecto mereció unas cuantas observaciones, las que le fueron representadas al privado el 13 de septiembre de 2013, con lo cual quedó de manifiesto que la apresurada solicitud del mismo de fecha 27/08/13 carecía de idoneidad. A mitad de camino, cuando el congelamiento ya estaba operando, la inmobiliaria modificó su anteproyecto aumentando las alturas de las torres a 14 pisos, ilegalidad aceptada por el Director de Obras.

Para no cansar a los lectores, simplificamos este comentario diciendo que la Contraloría, como era lógico, acogió el reclamo de los vecinos y en su dictámen dispuso la instrucción de un proceso disciplinario al interior del municipio ya que se alteró el anteproyecto primitivo, “aspecto no previsto en la normativa aplicable en la especie”, cita textual.

En este contexto, si la Municipalidad de Valparaíso fuera efectivamente ilustre y seria, el Director de Obras debió haber invalidado el anteproyecto trucho, lo que no hizo y por ello el senador Lagos Weber, en publicación de “El Mercurio de Valparaíso” del viernes 12 de junio de 2015, acusó al alcalde Castro de no cumplir el dictamen de la Contraloría.

En defensa del alcalde, apareció el director jurídico municipal, diciendo que la inmobiliaria había actuado de buena fe y que, por ello, tenía derechos adquiridos derivados de situaciones jurídicas consolidadas (?). Y para rematar, aludió a unas presuntas circulares de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, las que, a esta altura ya nos reímos, le darían la razón al municipio para contravenir el dictamen de la Contraloría.

Pareciera que el abogado municipal no sabe que de un acto ilícito no se generan derechos y por ello es indispensable que el senador Lagos Weber, con los concejales porteños que se apegan a la ley y con las comunidades engañadas por el municipio, vayan al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que éste, en los tribunales de justicia, exija el cabal cumplimiento del sólido dictamen de la Contraloría. 

Si no lo hacen, significará que la corrupción se mantendrá inalterada en el principal puerto de la nación.

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15 jun 2015

Que La Haya nos halle confesados

Ya sabemos: La Haya nos responderá en los últimos meses de este año.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya la integran México, Brasil y Jamaica de Latinoamérica y El Caribe; EEUU, Rusia, Reino Unido, China y Francia (países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los triunfantes en la Segunda Guerra Mundial); Japón e Italia;  Eslovaquia; Australia; India; Marruecos y Uganda.

Múltiples culturas y amplio bagaje jurídico. Múltiples y diversas concepciones del derecho y la historia mundiales. Hay dos de Asia y dos de África. Chile no tiene embajador residente en Eslovaquia.

Ellos constituyen “el público objetivo” de los mensajes comunicacionales de la Cancillería boliviana y de nuestra Cancillería, de sus documentos, de sus intervenciones orales en  La Haya, de los comunicados de sus gobiernos, de los discursos y silencios de sus Presidentes.

Frente a esa Corte el discurso sensiblero, contradictorio y autorreferente de Bolivia tiene las piernas cortas. Si no, ganarían todos los pequeños y expropiados que se quejaran, y el llamado actual orden mundial se podría venir abajo.

La “justicia” hay que lucharla y obtenerla a nivel nacional; a nivel internacional, a lo más, una buena recompensa. El mensaje comunicacional boliviano ha enternecido a muchos en el planeta (hay que tenerlo en cuenta), y por cierto ha reafirmado el chovinismo altiplánico, pero no hará, creo, mella suficiente en el ánimo de los miembros de la Corte.

El discurso racionalmente contradictorio o parcelado, menos. Hay que aprender a ser coherente, al menos por los días que dura el  juicio en La Haya. Y, finalmente, un jefe de Estado no puede decir, mientras lo escuche la Corte y su otra parte, “bueno, si nos va mal ahora…tengo otras cartas”. Incluso dicho antes del juicio se pudo haber entendido como una presión, dicho ahora es una penosa conclusión. En términos deportivos es como decir antes de una definición finalísima, “bueno, si no somos campeones ahora, lo seremos en campeonatos venideros”. Se aprecia como la esperanza de consuelo del derrotado.

Por el otro lado, el nuestro, la Corte, por cierto, no tiene la misma ideología ni menos la misma disposición frente al mensaje de nuestra Cancillería que la disposición que tiene un país como Chile, con ciertos tintes chovinistas, orgulloso de su historia militar, de sus triunfos bélicos y que suele mirar en menos a sus vecinos del norte y del noreste.

No se reciben igual nuestros mensajes en La Haya que en Santiago, en el Palacio de La Paz que en el Congreso Nacional de Valparaíso. No es lo mismo el juez de Uganda que el diputado Tarud. Ni el juez de Marruecos que el ex Presidente Frei Ruiz Tagle. Los observadores mundiales no son periodistas de El Mercurio o de La Tercera ni corresponsales de los Canales 7, 11, 12 o 13.  

Eso de que “ahora les vamos a cantar clarito y breve para que la Corte se declare ipso facto incompetente” puede ser escuchado con orgulloso sentido patriótico en nuestro país pero la Corte puede verlo como un arrebato descomedido de un país que ganó una guerra a fines del siglo XIX allá en un lejano rincón del mundo y que, como era de suponer, impuso un tratado de límites al vecino perdedor que lo demanda ahora no para que le devuelva lo expropiado (eso sería crear inestabilidad regional y planetaria) sino para que acceda a otorgarle una “salida al mar soberana” (un enclave portuario conectado al actual territorio andino del perdedor histórico por un angosto corredor que cruce el territorio del triunfador desde su límite oriental hasta el Pacífico).

Salida al mar de la que ambos países han conversado a mediados del siglo XX, en los años setenta del mismo siglo y que bajo el primer gobierno de la Presidenta actual de Chile estuvo en la pauta de trabajo.

El país demandado ha planteado reiteradamente que ningún país puede pedir la revisión de un tratado de límites, porque ello acarrearía, de ser seguido, una especie de crisis planetaria. Lamentablemente varios de los jueces de La Haya pertenecen a países cuyos gobiernos están reclamando tratados de límites que, entienden, les fueron impuestos y le son adversos.

El país demandado, antiguo vencedor, se declara defensor respetuoso de todos los tratados y señala que los ha respetado siempre en su historia. La Corte sabe que el tratado actual, de 1904, reemplazó, después de la guerra que dio origen a las actuales fronteras, al existente desde las independencias de ambos países ya que sus fronteras primeras se fijaron a principios del siglo XIX de acuerdo al “uti possidetis” de las colonias españolas sudamericanas.

El país demandado parece no tomar en cuenta que “la causa” boliviana por recuperar una partecita del mar que tuvo hasta la guerra, más allá de la evidente demagogia de su jefe de Estado, de su cancillería, de sus medios de comunicación, etc., se ve, en el mundo, con cierta simpatía, la que suele tenerse con el débil en desarrollo económico y en fuerza militar, que no recurre a kamikazes (en un mundo en que éstos abundan) sino a argumentaciones más poéticas que jurídicas pero sensibleras.

A los jueces no se les puede decir que “los tratados no son revisables” cuando los países los pueden revisar, incluso ante la propia Corte, si se ponen de acuerdo. Y así ha sucedido en muchas partes del planeta (EEUU con Panamá por el Canal) e incluso entre los países que hoy concurren a La Haya (el Tratado de 1904 modificó lo anterior).

Por las preguntas hechas a Chile y Bolivia, por un juez inglés y un juez japonés, ambos pertenecientes a culturas muy diversas, y diversas ambas con las de Chile y Bolivia, se puede suponer que a fines de año, cuando la Corte deba entregar su veredicto sobre su competencia, no se cortará de un tajo el proceso ante la Corte sino que posiblemente, y sin drama, ambas partes deberán seguir litigando sobre el fondo. Las dos preguntas tienen que ver con el fondo.

El juez japonés no sólo es un juez de otra cultura. Es natural de un país duramente derrotado en la Segunda Guerra Mundial, que no sólo perdió dos millones de seres humanos, con una secuela atroz, y sufrió daños cuantiosos en su infraestructura y vio morir su legendaria teocracia, sino que hasta hoy reclama territorios a China y Rusia y derechos a Australia, todos triunfantes en esa guerra, 65 años posterior a la del Pacífico.

Hallar es, según el diccionario, encontrar, descubrir, acertar, imaginar, averiguar y solucionar.

Que La Haya nos halle confesados.

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15 jun 2015

Vacunas y anti-vacunas: lecciones desde el pasado

Al momento de escribir mi primera columna de opinión para esta tribuna, un hecho lamentable y temido está ocurriendo en nuestro país: se ha confirmado la existencia de un quinto caso de sarampión, patología que en nuestra historia se ha llevado la vida de miles de niños.

Es un hecho lamentable, pues grandes fueron los esfuerzos para lograr en 1993 interrumpir la transmisión endémica (local) de este virus, así como para lograr en 2014 el reconocimiento, ante autoridades sanitarias internacionales, de eliminación del sarampión de nuestras fronteras. Pero también era un hecho temido, pues la amenaza de reemergencia de esta enfermedad está siempre presente, recordándonos que éste no es un enemigo chico.

¿Cómo se explica lo ocurrido? Técnicamente hablando, la respuesta es simple. En muchos países del mundo existe circulación del virus sarampión –a pesar de existir hace décadas una vacuna eficaz, segura y muy barata– el cual puede importarse al territorio nacional transportado por algún viajero. Ahora bien, si el 95% de la población está protegida contra el sarampión, ya sea mediante vacuna o bien mediante la inmunidad natural que dejó el virus a quienes en décadas pasadas se expusieron a el, nuestro país alcanza el llamado “umbral de inmunidad de rebaño” (o protección comunitaria), siendo el virus incapaz de generar casos locales al no encontrar suficientes individuos susceptibles.

Lamentablemente la cobertura de vacunación contra el sarampión disminuyó a cifras entre el 88 y 94% (con importantes variaciones regionales), impidiéndonos alcanzar dicho umbral. En tales circunstancias, al ingresar desde el extranjero el virus en nuestro país (recordemos que el caso primario fue importando presumiblemente desde China), éste encontró un ambiente favorable para generar los casos de enfermedad que actualmente estamos observando.

Surge entonces una pregunta clave: ¿por qué en Chile bajamos nuestras coberturas de vacunación? La respuesta es multifactorial, sin embargo, un rol importante lo han jugado quienes históricamente se han opuesto a la vacunación. Y es que la oposición a la vacunación es tan antigua como la vacunación misma, iniciándose su historia formal en 1796, año en que Edward Jenner torció el destino de la humanidad al crear la primera vacuna de la historia (vacuna anti–viruela). Desde aquel entonces hemos escuchado toda clase de argumentos para oponerse a la vacunación, los cuales no encuentran respaldo en evidencia científica, y apelan más a la emocionalidad que a la racionalidad.

En Chile, hacia fines del siglo XIX nuestro parlamento debatía si la vacunación contra la viruela debía ser obligatoria. Por un lado estaban quienes la rechazaban, pues consideraban que ésta era una violación inaceptable de la libertad y autonomía individual.

A ellos se enfrentaban quienes la apoyaban, argumentando razones científico–técnicas y la defensa del bien común, considerando negligente el no administrar la vacuna a toda la población y así desterrar la viruela. El entonces diputado Dr. Adolfo Murillo (1840–1899) pronunciaba el día 6 de julio de 1882 un señero discurso, del cual reproduzco algunos fragmentos, conservando la ortografía de la época[1]. Pienso que sus palabras, pronunciadas hace ya 133 años, tienen absoluta vigencia el día de hoy. Me permito hacerlas propias, traerlas al presente y compartirlas especialmente con aquellos que se oponen hoy en día a la vacunación.

El aislamiento de los variolosos i la vacunacion obligatoria, son en el dia pedidas por las principales corporaciones sábias del mundo, i es una cuestion que se ajita por todas partes i que se considera como de absoluta necesidad, porque son medios probados, conocidos i aceptados como los únicos que hoi dia ponen a raya a afeccion tan repugnante como mortífera.

Existe en el pueblo una antigua i arraigada preocupacion contra la vacuna, que no ha podido hasta ahora ser vencida a pesar de los esfuerzos hechos por las autoridades i por la junta encargada de propagacion de la vacuna. Esta preocupacion impide la conveniente jeneralizacion del flúido jenniano, i deja a una gran parte de la poblacion en aptitud de ser atacada por la viruela (…) Miéntras que la vacuna no se jeneralice, miéntras que no llegue a ser obligatoria, hemos de ver repetirse con desesperante regularidad la afeccion que hoi dia se ceba con encarnizamiento en casi toda la República.

Creo, por mi parte, que la libertad es el uso del derecho en su sentido mas absoluto, siempre que vaya encaminada al bien, jamas al mal (…) Sostengo que nadie tiene derecho para ser un foco de infeccion que perjudique al vecino, i que la autoridad debe velar por el derecho de terceros.

En nombre de la humanidad, en nombre de la ciencia de la que soi humilde representante, en nombre de mis colegas aqui reunidos, en amparo de la ignorancia que se mata i que mata, en nombre de la civilizacion que nos acusa por los estragos de un mal que tiene reconocidos remedios, pido a la Honorable Cámara se sirva aprobar el proyecto que nos ha sido enviado por el Honorable Senado, por que es mas lato, mas eficaz, mas constitucional, i responde mejor a nuestras necesidades patolójicas.

Espero que estas palabras muevan a la reflexión a quienes insisten en oponerse al uso de la herramienta de salud pública más importante que ha conocido la humanidad. Asimismo, sea éste un sencillo homenaje al Dr. Adolfo Murillo, valiente y visionario defensor de la salud del pueblo.

[1] Vacunación Obligatoria. Discurso pronunciado en la Cámara de Diputados (sesión del 6 de julio de 1882) por el Dr. Adolfo Murillo, diputado de Santiago. Disponible en www.memoriachilena.cl

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15 jun 2015

¿Cuándo dañamos al otro ejerciendo nuestra libertad?

La libertad es el valor hegemónico en las sociedades occidentales. En su definición popular se entiende como el derecho de decidir  lo que cada persona quiera hacer con su vida con tal de no afectar la misma capacidad  en el otro y, en su segunda arista, este concepto incorpora el “principio de no daño”. Es decir, en el ejercicio de la libertad no podemos perjudicar injustamente a los demás. Pese a que ello parece una obviedad, puede sufrir serias objeciones.

John Stuart Mill sostuvo que hay un ámbito de libertad personal que no puede ser invadida. Este estaría conformado por las acciones “autorreferentes”, es decir, “las que no causan perjuicio a los intereses de nadie, excepto, quizás al agente mismo”. Este último punto es relevante pues se parte de la base que  cada uno de nosotros es el mejor conocedor y defensor de nuestros intereses e, incluso, podemos decidir actuar en contra de ellos.

Pero, insistamos, una cosa es, por ejemplo, creer que el suicidarse forma parte de una sociedad realmente libre, y otra es creer que hay un derecho a matar. La primera facultad podría considerarse parte del ámbito autorreferencial, en el cual no pueden interferir ni el Estado, ni las iglesias ni nadie; pero el matar no pertenece a este ámbito pues esta acción viola el principio del no daño. Estas afirmaciones –ámbito autorreferencial y principio del no daño– son ciertos en una primera aproximación, pero si las analizamos nos encontraremos con evidentes limitaciones.

Lo primero es que no siempre somos los mejores conocedores y defensores de nuestros intereses. A riesgo de parecer paternalista, preguntémonos ¿por qué se obliga a un motociclista a usar casco protector? La razón la podría encontrar un liberal de tomo y lomo constatando que en este caso se viola el principio del no daño.

En efecto, los daños que produce el imprudente sólo lo afectan a él en el corto plazo, pero en el mediano y largo plazo comprometen a la sociedad entera, en un doble sentido.

El primero es que el motociclista, al sufrir un grave accidente no estando adecuadamente protegido, obliga al sistema de salud público a hacerse cargo de él, incurriendo en altos costos.

El segundo sentido es que indudablemente el motociclista que puede quedar incapacitado, por ejemplo de por vida, ya no podrá trabajar y aportar a la sociedad, causándole un daño, sobre todo si su comunidad invirtió en él dándole educación pública o seguridad ciudadana. Puede parecer escandalosamente utilitario el argumento, pero, sirva de excusa, el hecho que el propio Sócrates lo invoca indirectamente en el diálogo El Critón, cuando se niega a huir de la cárcel, condenado injustamente, pues violar las leyes es agraviar a quienes les debe todo.

Veamos ahora dos ejemplos más polémicos: tomar la decisión de suicidarse y de esclavizarse. Pareciera ser que en estos casos el daño que se produce sólo afecta a quien ejecuta tan drásticamente estas decisiones.

Sin embargo, tanto John Stuart Mill como John Locke condenaron el suicidio y la auto esclavitud porque destruían  la misma libertad que se quiere proteger. Con mayor razón debemos restringir la autonomía de una persona que toma una decisión sin saber que, por estar mal informado o evalúa erróneamente las consecuencias de sus actos, atentará contra su vida y libertad. Si un individuo cree que tomando una dosis letal de arsénico no morirá, ¿es razonable respetar esa creencia y actuación?

Sigamos nuestro ejercicio de cuestionamiento al principio del no daño. Analicemos el caso en que una persona se siente ofendida por comportamientos de otra que objetivamente no le causan daño.

Por ejemplo, cuando el semanario Charlie Hebdo descalificó mordazmente las creencias de una minoría religiosa y socialmente discriminada; o cuando una organización de derechos de los gay llamó a concurrir  a la salida de templos cristianos que condenan la homosexualidad como un pecado. En estos casos ¿quién ofende a quién? ¿Cuándo una ofensa se transforma en un daño? Creemos que en los actuales tiempos que corren, tan contrarios razonablemente a la discriminación, podríamos concluir que el comportamiento ofensivo no se puede aceptar. La cuestión es discutible y no es nada de claro cuando la sanción en contra de la ofensa se transforma en una indebida interferencia en contra de mi libertad personal.

Así, Miller, tras cuestionar el concepto de Mill, sostiene que “una vez abandonado su principio de libertad no parece haber ningún lugar claro donde parar” y expone  varias  preguntas, como por ejemplo: ¿debe el Estado exigir a las personas llevar una dieta razonable, hacer ejercicio o impedir que realicen deportes de riesgo? Ya hemos dicho que se nos puede obligar a llevar cascos protectores para proteger nuestra integridad personal, ¿por qué no extender este razonamiento a los casos que nos menciona Miller?

Por otra parte, cuando el Estado limita la libertad individual, debe demostrar que ello es necesario, hacerlo la menor cantidad de veces y con la menor intensidad posible.      

En suma, fijar como límite al ejercicio de nuestra libertad el principio del no daño plantea dos problemas. Es muy poco cuando se trata de acciones que causan perjuicios indirectos a la sociedad o de decisiones personales que destruyen la propia vida y libertad. El otro problema es que decimos muy poco cuando sin dañar a otra persona la ofendemos.

Queda un último punto a tratar. ¿Qué significa para un pobre que se le diga que puede hacer lo que quiera con su vida con tal que no dañe al otro? La otra pregunta es si es aceptable una sociedad no democrática donde se respete mi ámbito de libertad privada, aunque no se respete el derecho de un pueblo a la autodeterminación. Los republicanos se inquietan…queda mucho por debatir.

Leer versión extendida en Asuntos Públicos: http://ow.ly/d/3ows

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15 jun 2015

Todos envejecemos, ¿cómo esperas que te traten?

Vivimos en una sociedad acelerada, competitiva e individualista. Con un ritmo de vida que nos lleva a tener un estado de ánimo agresivo en nuestras relaciones con nuestro entorno social, laboral y familiar.

Estamos enceguecidos con la idea de ser eternamente jóvenes y nos empeñamos en potenciarla, dejando de lado todo lo que no es sinónimo de ello, como lo viejo.

Los estereotipos de la vejez nos han cerrado la puerta para descubrir su riqueza y aceptamos socialmente que todo lo que este relacionado con ello es negativo, haciendo a las personas mayores totalmente vulnerables ante cualquier tipo de maltrato.

El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas mayores en todo el mundo y es un problema que merece la atención de todos nosotros.

Los factores que hacen del adulto mayor una persona vulnerable frente al maltrato son la dependencia económica, emocional y física.

Somos una sociedad altamente maltratadora, lo cual se puede evidenciar con la falta de políticas públicas y sociales, salud, pensiones y jubilaciones adecuadas, que se suman a una pésima conciencia civil sobre qué es ser una persona mayor y vivir invisibilizado.

El 15 de junio, es el día del año cuando todo el mundo expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a nuestras generaciones mayores.

En Chile, representan un 16,7% de la población, más de dos millones ochocientos mil personas.

Nuestro país envejece de manera acelerada y en menos de 10 años, nos convertiremos en los más viejos de América Latina.

¿Cuando seas viejo, como quieres que te traten? Debemos reconocer y respetar a nuestros mayores ahora.

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15 jun 2015

Minería, ¿sector virtuoso, sostenible e inclusivo?

La región de Antofagasta concentra el 31,2% del total  de la inversión público-privada programada para el país durante el periodo 2015-2019. Así lo relevó el último informe de la Corporación de Bienes de Capital. De acuerdo al informe sobre Estimaciones de Inversiones Públicas y privadas para el quinquenio, en el país se materializarán inversiones por US$79.494 millones, de los cuales US$24.880 millones corresponden a la región de Antofagasta.

Contrario de lo que pudiera pensarse, en el sector privado no es la minería la industria que lidera las inversiones en el quinquenio, sino el sector energético. Mientras en el primero la CBC (Corporación de Bienes de Capital) identificó proyectos por US$6.446 millones, en el segundo el monto alcanza los US$6.697 millones.

Entre cifras más y cifras menos, la segunda región alcanza la participación más alta del país, seguida de lejos por las regiones Metropolitana (US$15.723 millones), Valparaíso (US$8.281 millones) y Bío-Bío (US$5.586 millones).

Respecto de la actual configuración regional de las inversiones del Estado, la CBC destaca que esta se debe principalmente a los planes estructurales de Codelco. Cerca del 80% de la inversión estatal se concentra en sólo cuatro regiones del país: Antofagasta, Valparaíso, Región de O’Higgins y región Metropolitana. En las tres primera predomina la minería, mientras que en la última la infraestructura pública.

De esta forma, la inversión pública a materializarse en la región de Antofagasta representa el 34% del gasto quinquenal estatal del país, explicado principalmente por las inversiones de Codelco.

La economía chilena no pasa por buenos tiempos. En 2014, el Producto Interno Bruto (PIB) apenas creció 1,9%, el peor desempeño en cinco años, y en lo que va de 2015 las cosas no andan mejor.  A sabiendas de que la mayoría de los expertos están viendo con preocupación el curso y ritmo actual de la economía chilena,  esta caída principalmente es imputable a las dificultades para seguir avanzando con algunas iniciativas, sobre todo en el área energética, minera y también industrial. Las diferencias con la autoridad en materia regulatoria, los efectos del debate y concreción de la reforma tributaria, y la judicialización de algunas iniciativas por razones medioambientales estarían detrás del fenómeno.

Claramente el sorprendente y vigoroso crecimiento de las inversiones durante los últimos años, ha dado paso a un nuevo escenario, más conservador, de más exigencias y con un alto nivel de incertidumbre. Pese a ello, cada proyecto y por cierto su inversión asociada trae consigo enormes oportunidades de desarrollo y crecimiento, que por ahora se ve concentrada en un par de regiones, pero que por el ingreso de nuevos actores puede cambiar.

Chile requiere de una visión sobre su minería e industrias proveedoras y contratistas, que sea compartida por todos los actores interesados, para que promueva en forma más efectiva el desarrollo sostenible del país, tal como lo señalan diversos grupos de destacados empresarios, intelectuales y actores sociales.

Dentro de este escenario es destacable  la iniciativa de ASIMET y su presidente Juan Carlos Martínez de formar el Consejo de Desarrollo de la Manufactura Nacional, integrado por 20 destacados académicos, líderes sociales y empresarios, cuyo objetivo es impulsar una nueva etapa en la industrialización del país; utilizando materias primas, mano de obra y tecnología de punta que permita revertir la triste desindustrialización que ha vivido Chile en los últimos 25 años. Valga decir, que en este periodo de tiempo, la manufactura como porcentaje del PIB se redujo de un 24% a un 8 % actual.

Las cifras hablan por sí solas, y claramente sin la minería, Chile y los chilenos serían mucho más pobres, por esto el sector requiere con urgencia una mirada integral que incorpore, sume y comprometa la participación del entorno manufacturero en torno a esta industria. Sólo con la incorporación de este nuevo enfoque Chile podrá dar un paso agigantado hacia la otra dimensión del negocio que hoy por hoy lo marca como un productor y no una industria que quiere recuperar el Consejo Nacional de Manufactura.

Chile es principal productor de cobre del mundo y en su territorio se encuentran las mayores reservas probadas de ese metal. Ese liderazgo incluye la aplicación de altos estándares en diversos ámbitos de la actividad minera, ocupando la industria un lugar de privilegio a nivel nacional. Destaca el ahorro público que hace el Estado para enfrentar los ciclos de bajos precios; como también, el que un número de empresas invierta en el desarrollo de sus proveedores y la capacitación de sus empleados.

Sin embargo, a pesar del liderazgo del país en esta materia, no hemos dimensionado lo que implica ser el principal productor de cobre del mundo.

No pensamos el desarrollo de largo plazo del país considerando el rol que le cabe a la minería y desde hace una década la energía, claramente no contamos con una visión compartida que asegure el crecimiento sostenible de la minería y el sector energético.

Esto es, un desarrollo virtuoso y competitivo, coherente con el de otras actividades productivas; que distribuya equitativamente sus beneficios; que prevenga o mitigue sus impactos ambientales, entre muchos otros factores.

Tampoco hemos logrado movilizar como país las energías de los diversos actores hacia la adquisición de más competencias de categoría mundial; aprovechando la escala de estos sectores productivos, el desarrollo de una Industria proveedora de bienes y servicios con Valor Agregado y de clase mundial, para integrar a Chile en cadenas globales de valor que potencien y le den sostenibilidad a su desarrollo.

La tarea es ardua y no menos compleja, pero están dadas las condiciones para poner una mirada positiva.

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14 jun 2015

Glaciares, ¿por qué el gobierno se resiste a protegerlos?

Los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce que existen en todos los continentes con altas montañas a nivel mundial. Constituyen verdaderos embalses congelados,  en valles o zonas altas, sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar en zonas templadas.También se encuentran en zonas bajas al nivel del océano, en zonas frias como Alaska o Magallanes. Los científicos advierten sobre su importancia para enfrentar la estrechez hídrica, en períodos de sequía y en el contexto del cambio climático, y llaman a acelerar su protección.  Algo que nuestros gobiernos se resisten  a escuchar.

Chile por su ubicación geográfica en la zona andina de América del Sur, posee el 80% de los glaciares de este continente, los que cubren una superficie de 23.000 kilómetros cuadrados, la mayor parte de ellos en Aysén y Magallanes. En la zona norte y centro del país la cantidad de glaciares es menor, pero justamente por ser regiones más áridas, estos cumplen una función criíica para la seguridad hídrica y alimentaria de la población. Respaldan la provisión de agua potable, el riego agrícola, la mantención de los ecosistemas y todas las actividades económicas del país.

Por esta razón, ya en 2005, ante la amenaza del proyecto minero Pascua Lama, sobre los glaciares de la cuenca del río Huasco, organizaciones ecologístas, mediante el “Acuerdo de Chagual”, acordaron con la entonces candidata Michelle Bachelet, una ley marco para la protección de glaciares. Pero el poderoso sector minero, encabezado por el Consejo Minero, abortó dicha legislación, a pesar de existir una propuesta encomendada por el gobierno y 3 proyectos ingresados a tramitación por diversos parlamentarios. Ni Bachelet, ni su sucesor Sebastián Piñera, expresaron voluntad política para proteger estas importantes reservas de agua dulce.

Diez años después, y al calor de la discusión sobre la expansión de faenas de Codelco Andina 244, sobre varios glaciares en la cuenca del río Aconcagua, un conjunto trasversal de parlamentarios, apoyados por organizaciones ecologistas, ingresaron a tramitación un proyecto de Ley de Protección y Preservación de Glaciares el 20 de mayo de 2014, constituyéndose una “Bancada Glaciar”, cuyos miembros, liderados por el diputado Daniel Melo (PS), fueron las diputadas Camila Vallejo (PC), Maya Fernández (PS), Cristina Girardi (PPD), Andrea Molina (UDI); y los diputados Giorgio Jackson (RD), Vlado Mirosevic (IND), Luis Lemus (PS) y Patricio Vallespín (DC).

En respuesta a dicha iniciativa política, el 21 de mayo de 2014, en su Mensaje a la Nacion, la presidenta Bachelet anunció la presentación de un proyecto de ley para “proteger los glaciares y su entorno”. Pero esta segunda promesa de Bachelet además de tardar más de 10 meses en llegar al Congreso, solo incorporó la protección de los glaciares ubicados  en parques nacionales, los cuales ya están protegidos por la Convención de Washington ratificada por Chile el año 1967.

La suerte de todos los demás glaciares, según la ley del gobierno, quedaría  sometida caso a caso, a merced del sistema de evaluación ambiental, que actualmente evalúa el impacto de proyectos sobre los glaciares, y establece  condiciones que no aseguran su protección. Tal como se ha evidenciado en los casos de Pascua Lama, Pelambres, Andina y Los Bronces, en cuyas áreas de operación, según los glaciólogos Azocar y Brennning, al año 2010 ya  se habían destruído más de 3 kilómetros cuadrados de  glaciares, provocando una pérdida de reservas de agua dulce, equivalente a 34 millones de metros cúbicos.

Por esta razón, los parlamentarios no aceptaron el texto del Ejecutivo, y formularon cambios a la ley, la cual debió empezar a votarse el pasado 10 de junio, en  la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara, según indicaba la citación. Pero en lugar de ello, se permitió la exposición de la Dirección General de Aguas, para explicar como dicho servicio catástra y mide el derretimiento de los glaciares, lo cual sumado a las preguntas de rigor de los parlamentarios, impidieron dar inicio a la votación de la Ley.

Ante este escenario, fue el diputado Daniel Melo, secundado por las diputadas, Camila Vallejos y Cristina Girardi, quienes llamaron al gobierno a  no frenar  la votación de la ley de Glaciares, pues ello significaría ceder ante las presiones del Consejo Minero, gremio  que se opone a la protección de los glaciares.

Parlamentarios de todas las corrientes políticas,(desde la UDI al  partido Comunista), han levantado la voz para proteger los glaciares e ingresado indicaciones para reemplazar la propuesta del gobierno, por un texto que proteja los 24.114 glaciares catastrados en el Inventario Nacional de Glaciares.

En tiempos de sequía y en que más de 600 mil personas se abastecen de agua potable con camiones aljibe, es imperativo resguardar los glaciares que cumplen funciones hidrogeológicas que son esenciales para la mantención de caudales. Por ello, una ley de Protección General de los Glaciares debe apuntar a resguardar estas reservas estratégicas de agua dulce, especialmente en tiempos en que la sequía y el cambio climático afectan fuertemente  la provisión de agua en nuestro país.

Las organizaciones ciudadanas por su parte, han informado que la propuesta del gobierno  deja fuera la protección de los glaciares  en las regiones donde existen explotaciones mineras, por lo cual se presume se perpetuaría la destrucción de glaciares que Barrick, Antofagasta Minerals, Codelco y Anglo American provocan  en las cuencas de los ríos Huasco, Choapa, Aconcagua y Mapocho, de las cuales depende la seguridad hídrica para agua potable y riego de las zonas más densamente pobladas del país.

Esta situación no es aceptable, el gobierno debe tomar la responsabilidad de parar la destrucción de glaciares  en nuestro país, tal como lo ha hecho Argentina al otro lado de los Andes. No puede seguir permitiendo  la explotación minera  en áreas de glaciares, pues en los hechos ampara la destrucción de nuestras reservas  de agua  entre  Atacama y la Región Metropolitana, las zonas más afectadas por la escasez hídrica y la desertificación.  

La sobrevivencia y bienestar de la sociedad chilena y el desarrollo nacional, es posible racionalizando la explotación minera, pero  no es posible sin agua. Esta  es la disyuntiva que enfrenta la sociedad chilena  al  momento de legislar para proteger sus glaciares.

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