En la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados se produjo un gravísimo error político y legislativo, al aprobarse con los votos de los representantes del bloque de la Nueva Mayoría, una indicación tendiente a posibilitar el aporte en dinero, desde las empresas a los partidos políticos para asegurar el financiamiento de estos últimos.
El gobierno de la Presidenta Bachelet, a través de la propia mandataria y de su vocero, expresó su sorpresa ante este hecho y ratificó su criterio esencial, es decir, que no hubiese aportes económicos desde las empresas a la actividad política. El Presidente de la Comisión Presidencial sobre probidad y transparencia, Eduardo Engel, señaló que el hecho le parecía “impresentable”.
La fuerte intervención del Ejecutivo hizo que surgieran rápidamente las respectivas retractaciones de quienes habían caído en tan evidente “descriterio”, debido a que lo que propone el gobierno es, exactamente un criterio opuesto, según indica la redacción original, así como, la letra y el espíritu que inspiran la agenda por la probidad y la transparencia, que el país requiere para rectificar y corregir la indebida penetración del dinero en las decisiones políticas.
Aunque fracasó, esta errada señal no podía ser más desafortunada, por el momento en que ocurre y al eludir lo fundamental del proyecto en trámite. Precisamente, de lo que se trata es que sean las personas naturales quienes aporten, con su nombre y apellido, de modo que el país sea debidamente informado y cada cual se haga cargo de sus decisiones, hasta un límite fijado en la ley.
Esta necesidad surge ante el vergonzoso ilícito de usar aportes de empresas, mediante boletas emitidas irregularmente, para defraudar al Fisco; situación que es el nudo central del aumento de la desconfianza ciudadana.
Además, en otro desacierto, se ha intentado justificar el rechazo a reducir la dieta parlamentaria, descalificando torpemente esta idea, ya que se arguyó, no tendría efecto redistributivo alguno.
En tal objeción se ignora el tema de fondo: la dieta, de asegurar un ingreso para realizar la tarea congresal en buenas condiciones, se ha convertido en un privilegio que pasa a ser un abuso, dada la evidente circunstancia que el reajuste anual seguirá ensanchando la brecha salarial con el común de los ciudadanos, por el sólo efecto que aumentará cada año, mucho más, que las remuneraciones de los otros sectores del país.
Evitemos una absurda cortina de humo. El crítico reclamo ciudadano hacia el sistema institucional del país, denota la exigencia que debe primar en la actividad política el interés nacional, de modo objetivamente comprobable y sin afectar el pluralismo y la diversidad; se trata de rescatar una vocación de servir al país, que se asume con todos sus riesgos y sinsabores, y que no se usa como un pasadizo hacia el enriquecimiento indebido. La responsabilidad pública no tiene como propósito el beneficio privado.
Chile está por sobre el mercado y el valor de la ciudadanía por sobre el dinero. El interés de lo público no borra y tampoco podría eliminar la esfera del interés privado, pero es preeminente y debiese encauzar los infinitos impulsos de las personas y de las empresas en el anchísimo cauce del bien común de la nación.
Por ello, de seguir actuando redes con una ilícita y desproporcionada injerencia de intereses corporativos, o lisa y llanamente, de mantenerse intacto y sin contención alguna el rol perturbador del dinero en materias institucionales, se debilitarán los cimientos del régimen democrático, se diluirá la igualdad ante la ley y el sistema político se expondrá al control del más fuerte o el más inescrupuloso, desvirtuándose profundamente el ejercicio de la voluntad ciudadana. De modo que éste es un desafío esencial para la democracia en el país.
Por eso, hay que rectificar a fondo. Se trata de cortar la penetración de los negocios individuales o de grupo en las decisiones institucionales que afectan a los órganos debidamente establecidos en la legalidad democrática del país. Desactivar la red de conexiones indebidas que empaña o anula el rol asignado a quienes poseen la legitimidad para resolver en democracia; por tanto, desahuciar el financiamiento de tales lazos ocultos, es el reto decisivo.
Las redes ilícitas que se instalaron, como las de SQM, o como la que se indaga por las licitaciones de la recolección de basura en ciertos municipios, deben ser erradicadas.
En definitiva, se trata de preservar el interés general por sobre el afán de poder desmesurado de núcleos anónimos, altamente organizados, que amplifican su capacidad de cooptación de personas o grupos con autoridad resolutiva, gracias a la acción del dinero que corrompe y trastoca las lealtades, logrando que imperen propósitos inconfesables.
La democracia como sistema institucionalizado de convivencia ciudadana, pluralista, participativo y humanista, tiene ante sí el desafío de sobreponerse y superar la dañina cohabitación de política y negocios, de modo de asegurar a los suyos, a todos y todas aquellas personas que carecen de poder, pero se sienten parte de una misma comunidad nacional, que la voluntad ciudadana no será apabullada por intereses de grupos espurios, unidos sólo por el afán desmedido de poder y dinero.
