15 jun 2013

Un alivio momentáneo

Como si fuese un partido de fútbol, por nueve a cero la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la posibilidad de patentar genes humanos. En un fallo unánime se impidió lo que en rigor es la privatización del material genético de la especie, pero no fue un fallo tan contundente como los números lo sugieren: la posibilidad de convertir en mercadería genes modificados se mantuvo abierta, de modo que del 9 a 0 se vuelve a un 0 a 0 inicial.

Lo que estuvo en juego, como pudiera creerse, no fue la mercantilización de la materia que hace posible la existencia humana. No. Se trataba de discutir un caso acerca de patentes comerciales y, por lo tanto, que era lo que podía o no protegerse desde un punto de vista legal.

El tema de fondo era, pues, el de la invención. El juez de triste recuerdo por casos de acoso sexual, Clarence Thomas, arguyó, “la empresa no ha creado nada. Encontraron un gen útil e importante, pero separar un gen del material genético circundante no es un acto de invención”.

¿En que consiste la creatividad del ser humano?¿En separar cosas del mundo y presentarlas como si fuesen invento propio? ¿En replicar el mundo y reclamar autoría por ello?

La Corte asume que es patentable aquella manipulación genética que da como resultado algo que no existe previamente en la naturaleza. La puerta se abre para modificar el material genético y ventilarlos en el pujante sector de la salud privada (y no en el del sector privado de salud).

Los mercados bursátiles atentos al caso sintieron el golpe. A pocas horas de la sentencia, los especuladores hicieron caer en más de un 5 por ciento el valor de las acciones de Myriad Genetics. Sin embargo, y éste era el argumento de la empresa, aún están abiertas las puertas para poder seguir operando comercialmente con productos manipulados genéticamente. “Aún tenemos mercado, consumidores” anunciaban sus ejecutivos en medio de la refriega.

Gran parte de la discusión generada en torno al caso se centró en los costos médicos asociados al uso del gen que hubiese sido comercialmente patentado. Los diagnósticos de cáncer ovárico y mamario no costarán los casi dos millones de pesos que hubieran costado de haber triunfado la posición de la empresa.

Si el caso dependiera de empresas como Myriad Genetics, de UTAH, y no de los poderes públicos ejerciendo su deber ante la ciudadanía, en breve dispondríamos de bancos genéticos entregados al libre juego de la oferta y la demanda.

Recursos heredados en cuestiones tan dispares como la apariencia física de las personas, la propensión o la resistencia a ciertas enfermedades, serían valorizados de acuerdo a la capacidad de pago de los consumidores. No estarían “itemizados” por FONASA pero disponibles en las Isapres privadas para sus clientes selectos: hombres, jóvenes, solteros y de altísimos ingresos.

Las empresas y consorcios asociados a la ingeniería genética estuvieron, hasta antes de este fallo judicial, a punto de dar un zarpazo final para apropiarse de lo que en definitiva nos posibilita ser humanos.

Por esta vía, las clases superiores estuvieron igualmente a punto de zanjar biológicamente sus diferencias con los condenados de la tierra y, sin mediar campos de concentración (o sólo mediando campos de control y deportación para inmigrantes) concluir con el inacabado sueño hitleriano de una “raza” perfecta.

Empero, la discusión de fondo acerca de la “puesta en valor” de la genética humana – modificada o no – no es materia del interés general. En la lógica comercial de Occidente, los valores del mercado determinan buena parte de los intereses, motivaciones y preocupaciones de la sociedad y, con ello, la suerte dispar de la ciudadanía.

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15 jun 2013

Controvertida decisión

No parece muy evidente qué ganamos los chilenos con la votación  de la Cámara sobre la ley de fármacos. Más bien da la impresión que sobre lo importante la gente perdió.

Una vez más se ha podido conocer el escandaloso lobby que sin regulación alguna pueden realizar los sectores interesados, normalmente empresariales, para obtener resultados positivos a sus intereses corporativos; no importa demasiado lo que suceda en las comisiones parlamentarias encargadas de estudiar el proyecto, los pasillos suelen dar resultados mucho más jugosos a los bolsillos privados. Inaceptable que la Cámara no regule ese tráfico de intereses particulares.

Cuando el 90% de la industria farmacéutica está concentrada en tres cadenas, nadie puede pensar que exista algún grado de competencia capaz de regular los precios de los remedios. Por lo demás no debiera necesitarse de mayores antecedentes respecto a este tema luego de la colusión farmacéutica ya conocida.

Mantener el monopolio de la venta de productos en manos tan concentradas sólo favorece a los actuales operadores y perjudica a las personas.

Nada cambia con sacarlos de detrás de los mesones, para pasarlos a las góndolas de la misma farmacia, por el contrario no se entiende cual sería la hipotética protección que ello significa respecto a que puedan estar en una góndola de un supermercado.

Que la votación haya sido transversal, sólo hace crecer las dudas que antes recaían normal y casi exclusivamente en la derecha, respecto a la protección de los negocios aún a costa de perjudicar a las personas.

Tampoco tiene justificación fácil, la negativa de exigir a los médicos recetar medicamentos equivalentes que son más económicos y de igual efecto que las marcas únicas y abusivamente caras.

Es ya de común opinión que los laboratorios y los médicos, suelen tener acuerdos para favorecer el uso de ciertos remedios y no sólo eso, también es común que un médico de una clínica solicite en forma casi imperativa que los exámenes a realizar se realicen en ese mismo centro asistencial, aún cuando los precios sean exageradamente mayores para el paciente y las diferencias de calidad, por decir lo menos, dudosas.

Hace pocos días los medios de comunicación demostraban como ante una inspección de la autoridad sanitaria, casi todas las farmacias tenían escondidos los bioequivalentes y no los ofrecían como alternativa más económica.

Personalmente estoy por profundizar el mercado e incentivar la competencia, como señalara un ex ministro de hacienda: “somos mucho más pro mercado que pro bussines”.

La concentración económica es un problema para las personas, las perjudica abiertamente, pagan más y por productos de menor calidad.

Pero no sólo eso, la concentración económica corrompe las instituciones y la gobernabilidad.

Esperamos de los parlamentarios, especialmente de aquellos que no son elegidos precisamente con los votos y los recursos de los poderosos, pongan especial interés en legislar para la mayoría.

El Senado de la Republica tiene una buena oportunidad para rectificar lo aprobado.

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15 jun 2013

Inteligencia, desafíos éticos y estratégicos

Gran conmoción ha causado en EEUU y a nivel mundial la revelación de un masivo espionaje de las comunicaciones telefónicas y digitales de millones de ciudadanos estadounidenses.

Lo primero que se debe afirmar – de manera general – es que la inteligencia es una necesidad estratégica propia de todo Estado moderno y, como tal, indispensable para su seguridad integral. El proceso de transformación de datos en información útil para que los conductores estratégicos y tomadores de decisión puedan adoptar las mejores medidas, requiere de modo indispensable de una inteligencia de la más alta calidad.

El proceso de recolección de datos, así como su posterior análisis y procesamiento, es una tarea de suyo compleja y delicada para el Estado. La adopción de buenas decisiones depende en gran medida del soporte de una información estratégica que permita definir escenarios complejos y conflictivos, anticipar hechos y adelantarse a las acciones de riesgo.

Poner la mirada en las futuras y posibles amenazas es una responsabilidad de primer orden y, en consecuencia, debe estar en manos de organismos especializados, profesionales y ajenos de toda influencia indebida.

El clásico estratega, Tsun Zsu, en el “Arte de la Guerra”, en sus capítulos finales, ya adelantaba que alcanzar posiciones ventajosas frente al enemigo implicaba conocer desde dentro sus decisiones y acciones, lo cual implicaba necesariamente la ejecución de tareas de inteligencia operacional.

Dicho esto, algunas de las preguntas que surgen son: ¿Cuáles son los límites de las acciones de inteligencia? En virtud de la seguridad del Estado, ¿puede la inteligencia intervenir en los espacios privados e íntimos de las personas? ¿Alcanzar el equilibrio entre seguridad estatal y privacidad personal es simplemente una utopía? ¿Es posible conciliar la obligación del Estado de proveer seguridad con el derecho de las personas a no ver afectada su intimidad?

El equilibrio es complejo. Países desarrollados se han visto en el dilema de resolver ambas necesidades con aciertos y desaciertos. Es un camino donde fácilmente se puede traspasar los límites de lo justo y lo correcto.

Se entiende que la seguridad y la inteligencia son tareas prioritarias del Estado y actividades en extremo complejas que, como tal, deben estar sometidas a estrictos controles jurisdiccionales y políticos. Para ello, se han establecido normas de supervisión jurídica y mecanismos de monitoreo radicados especialmente en los Congresos, a fin de que los responsables de estas funciones puedan rendir cuenta de sus actos, omisiones y decisiones. Se ha buscado de este modo asegurar un equilibrio que – como ya dije – es complejo, pero indispensable.

Sin embargo, creo que la labor de inteligencia no solo debe estar sometida a controles jurisdiccionales.

Es posible y debe también existir una primera barrera que evite al máximo toda tentación y/o conducta impropia y, para ello, el control ético debe tener una posición de vanguardia. Sí, con todas sus letras, la ética en la inteligencia es y debe ser una tarea permanente. Esto no es ingenuidad, es una exigencia propia de una seguridad legítima y eficaz.

Ningún control estatal tendrá la capacidad de supervisar cada espacio de decisión y acción estratégica, como sí lo puede hacer una conciencia ética y profesional recta y bien formada.

La inteligencia no sólo es una tarea necesaria para el Estado, sino que también válida socialmente. En este contexto, sus acciones no se conciben como parte de una “guerra sucia” donde todo se permite. Los organismos del Estado, por su carácter público, deben enmarcarse en principios legales y éticos pues están al servicio del ciudadano, aún cuando las organizaciones criminales y terroristas actúen fuera de estos encuadres.

Deslegitimar las acciones de seguridad estratégica puede poner en grave riesgo la estabilidad y el desarrollo de un país. Por su parte, la inteligencia es fuerte y efectiva no sólo por la eficacia de sus análisis y operaciones, sino también porque goza de importantes grados de confianza social y política.

En rigor, el ciudadano debe ver en la inteligencia del Estado una fuente de tranquilidad, no una causa de peligro. Tanto es así que en materia de ética policial, Robert Peel, en el Acta de la Policía Metropolitana de Londres, señalaba: “No olvidar nunca que ganarse el respeto de los ciudadanos y conservarlo significa también asegurarse la cooperación de un público dispuesto a ayudar a la policía a respetar las leyes”. A renglón seguido agregaba: “No olvidar que cuanta mayor cooperación se obtenga de los ciudadanos, menos necesario será el empleo de la fuerza física y del enfrentamiento para conseguir los objetivos de la policía”.

Por lo tanto, no puede haber seguridad sin inteligencia, pero tampoco puede haber buena inteligencia sin un adecuado soporte ético y jurisdiccional. Acciones éticas y estratégicas no son ni pueden ser contradictorias.

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14 jun 2013

La verdadera cara de la derecha

El año 2009, en plena campaña presidencial, el conocido escritor peruano Mario Vargas Llosa llegó hasta Santiago para expresar su apoyo al entonces candidato de la derecha, hoy Presidente de Chile.Aquella vez, el laureado novelista dijo que era el momento de que la ciudadanía le entregara su respaldo a la derecha luego de veinte años de gobiernos de la Concertación.

Cuatro años han pasado de aquel episodio, período que parece haber sido suficiente para que el Premio Nobel de Literatura se diera cuenta de que ese sector político estaba lejos de ser lo que él creía. Así lo dejó en claro en el artículo que escribió el 2 de junio pasado en el diario El País de España y que ha tenido casi nula repercusión en estas latitudes, pese a que los comentarios que el escritor suele hacer acerca de nuestro país son siempre ampliamente comentados por la prensa nacional.

¿Qué opinó Vargas Llosa? A propósito de la polémica destitución de Arturo Fontaine de su cargo de director del Centro de Estudios Públicos (CEP), señaló que éste fue víctima de la molestia que habría provocado en los financistas de esa institución su excesiva independencia, su decisión de organizar encuentros entre destacadas personalidades de diversas tendencias para debatir acerca de los grandes temas nacionales y que se tomara ciertas “libertades ideológicas” que consideraron inapropiadas para el ideario que ellos creen que debe tener una centroderecha moderna y liberal.

Así es como describe que el detonante que terminó por sentenciar su suerte en el CEP fue su crítica a la política educativa del actual gobierno y que exigiera el cumplimiento de la ley que prohíbe el lucro en las universidades privadas.

En particular sobre este último asunto, el novelista sostuvo que los reparos de Fontaine se debían a que “en un país donde las leyes prohíben explícitamente que haya universidades con ánimo de lucro, muchas instituciones hayan encontrado la manera de burlar la ley haciendo pingües negocios en este dominio. ¿Cómo? Muy sencillamente: alquilando terrenos o vendiéndolos a la Universidad o construyendo los campus universitarios a través de empresas que hacen las veces de testaferros de los mismos propietarios. Las sumas que Fontaine señala que se habrían ganado en los últimos años mediante esta burla de la legalidad (la de la “universidad fabril” la llama) son astronómicas”, indicó.

Por esta razón, cabe recordar, el ahora ex director del CEP no defendió públicamente al ex ministro de Educación, Harald Bayer, cuando fue acusado constitucionalmente. Los empresarios de derecha, que son los dueños de dicho centro de investigación, y que tienen gran influencia en los partidos del sector, no le perdonaron a Fontaine esta manifiesta rebeldía y simplemente lo echaron.

Detrás de estos hechos, el escritor concluyó que aún hay un sector de la derecha que cree que el liberalismo es sólo una receta económica centrada en el mercado y que el progreso es fundamentalmente una empresa económica, convicciones que se han hecho especialmente patentes ante el temor de que la Concertación gane las elecciones presidenciales y parlamentarias de noviembre próximo, en especial por los planteamientos que han realizado algunos de sus precandidatos.

Al respecto, Vargas Llosa advirtió que el miedo está llevando a la derecha a parapetarse en el extremismo y en la “intolerancia de las verdades únicas y dogmáticas, y purgando de sus filas a todos quienes osen discrepar”. Con ello –agregó- le dan la razón a quienes estiman que la derecha “es egoísta, intolerante y autoritaria, que su principal adhesión a los valores democráticos es superficial y de coyuntura, que detrás de la propiedad privada, el mercado libre y la democracia burguesa hay siempre un Pinochet”.

Por último, cita a Héctor Soto, a quien califica como “uno de los más lúcidos analistas chilenos”, el cual –a propósito de este asunto- escribió que el gran mérito de Arturo Fontaine fue “su aporte en términos de modernizar y civilizar a la derecha”. Pese a ello, aseveró que “no la modernizó ni civilizó lo bastante, por desgracia”.

Me he permitido citar textualmente algunas frases del citado artículo, porque coincido plenamente con su autor.

Es bueno que la ciudadanía tenga presente todo esto cuando concurra a votar en las elecciones de noviembre próximo. Las críticas vertidas por Vargas Llosa no son producto de la imaginación de un escritor. Son el fiel reflejo de lo que hemos visto desde hace muchos años.

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14 jun 2013

Víctimas de violencia ¿culpables o inocentes?

Hoy, la Justicia debe volver a decidir si exculpa o condena a Karina Sepúlveda por haber dado muerte a su pareja tras 18 años de vivir en un estado de agresión permanente o malos tratos habituales.

En el primer juicio, las juezas Azenet Aguilar, Ana Gatica y Gloria Canales adquirieron la convicción que Karina no podía ser culpabilizada al haber actuado apremiada en un estado de necesidad exculpante, reconocido a partir de la ley de femicidio N°20.480. No obstante lo anterior, a petición del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de San Miguel ordenó efectuar un nuevo juicio.

Las 64 cicatrices en el cuerpo de Karina constituyen una pública denuncia del peligro, que para su vida y la de sus hijos se había constituido su pareja.Ella asumió que no quiso llegar a tal punto y sin más, se entregó a la justicia.

La desesperanza y el miedo la inhibieron a denunciar, y aunque la policía en una ocasión, a partir de la denuncia realizada por vecinos acudió a su casa, Karina negó el hecho, atrapada por la relación de sometimiento de su ex conviviente. Los padres de éste callaron pese a presenciar la violencia en su contra: nadie la apoyó como las mujeres víctimas de violencia lo necesitan.

El caso de Karina y tantos otros que hemos conocido durante estos años, nos obligan a reclamar del Estado una actuación más diligente para que hechos graves como éstos, no sigan sucediendo.En los últimos 20 días, desde el 25 de mayo hasta hoy  seis mujeres han sido asesinadas por sus parejas con la consiguiente conmoción y dolor que esto produce a las propias mujeres, a sus familias y a Chile.

Es necesario precaver falsos exitismos. En lo que va corrido de este año, una mujer cada 8 días ha muerto en manos de su pareja o ex pareja, pero paradojalmente el Ejecutivo tras una ofensiva comunicacional,hizo bajar de las calles una campaña del Programa de Naciones Unidas que denunciaba que en Chile una mujer era asesinada semanalmente por violencia de género. Si seguimos así, cualquier esfuerzo se torna inútil o infructuoso.

Como ocurre en otras áreas, las estadísticas ya no dan fe suficiente de corresponder a la realidad. La ciudadanía tiene derecho a que SERNAM explique las razones del por qué sus propios registros sobre femicidios son tan ostensiblemente menores a los del Ministerio Público.

Según el gobierno, a la fecha 21 mujeres han fallecido en manos de sus parejas o ex parejas, algunas de ellas habían denunciado y los agresores tenían prohibición de acercarse, pero nada de eso se cumplió.

En Vallenar, Marisol Cuello falleció dinamitada el 5 de junio por Ramón Barraza, aunque éste tenía dicha prohibición. Norma Bañarez fue asesinada junto a sus hijos, pese a que ya había denunciado. El SERNAM llama a denunciar, pero ¿de qué sirve si no hay respuesta de la justicia? ¿Le sirvió algo a Marisol y a Norma denunciar? No se lo podemos preguntar, porque ya es tarde.

La defensa de Karina ha demostrado que ella pudo ser asesinada y si eso hubiera sucedido, habría sido la víctima número 41 del año 2011,pero ello no ocurrió. Sin embargo, hoy arriesga que su anterior absolución se transforme en un encarcelamiento definitivo.

El uso de brazalete electrónico, tal cual lo hemos solicitado junto con Alberto Undurraga al subsecretario de Justicia el día de ayer, es un avance que puede hacerse realidad en estos casos, pero que no pueda emplearse como medida de protección y sólo se considere su uso para cumplir en libertad una condena dictada después de muchos meses sino años de denunciados los hechos, constituye un impedimento que no se hace cargo de la urgencia con que son demandada éstas y otras medidas, y a las que el Estado está obligado a atender, por el bien de las mujeres víctimas de maltrato.

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14 jun 2013

Vota para que gane la democracia

En pocos días más son las elecciones primarias y hay algo que me preocupa más allá de los resultados. Me preocupa la falta de interés de la comunidad.

En las elecciones municipales pasadas comenzó a operar el voto voluntario, una ley con buenas intenciones, pero que en la práctica se tradujo en que el gran ganador de los sufragios fue la abstención, con un porcentaje total cercano al 60 por ciento a nivel nacional. Esto no sólo alteró algunos resultados que las encuestas daban por seguros, además demostró una crisis de representación política y poca conciencia de lo que significa tener la libertad para elegir a quienes nos gobiernan.

Lo que sorprende no es el descontento con los candidatos, con las propuestas o con los gobiernos pasados, lo que realmente preocupa, es la poca valorización que tiene el derecho a votar.

“El voto es el instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre para derrotar la injusticia y destruir las terribles paredes que encarcelan a hombres para ser diferentes de otros hombres”, señaló Lyndon Johnson, ex presidente de EEUU, gestor de la ley que dio derecho a votar a los afroamericanos estadounidenses en 1965.

La igualdad para sufragar es muy reciente en nuestra historia, en Chile sólo en 1952 las mujeres pudieron votar por primera vez en unas elecciones presidenciales y no se puede olvidar el proceso vivido por el país para cerrar las heridas y volver a manifestarse en las urnas democráticamente tras 17 años.

Tenemos que tener conciencia de nuestra oportunidad de mejorar la realidad del país, de la importancia de manifestar nuestra opinión, de que “con votos se construyen hospitales, con la indiferencia no se construye nada”, señalaba el político español Alfredo Pérez Rubalcaba.

Es más, es en las urnas donde se puede cambiar la historia de una nación. Gracias al derecho a voto en 1994 Nelson Mandela llegó a ser el primer presidente de raza negra de Sudáfrica; el 2008 ocurrió lo mismo con Barack Obama en Estados Unidos y en 1990 la nicaragüense Violeta Chamorro se convirtió en la primera presidenta de latinoamérica electa a través del sufragio.

Si no votas, dejas que otros decidan por ti quién gobernará, cuando votas, se fortalece la democracia.

Como Vice presidenta de Renovación Nacional, obviamente quiero que gane Andrés Allamand, como chilena, quiero que gane un país con opinión. Por eso te invito a votar el próximo 30 de junio. Vota para ganar.

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14 jun 2013

¿De qué corrupción me habla?

Sólo el tiempo nos dirá qué quiso decir el papa Francisco en la audiencia privada con la directiva de la Conferencia de Religiosos de América Latina y el Caribe, ocasión en la que refiriéndose a la corrupción que afecta a la Iglesia, reconoció la existencia de un “lobby gay”. El alcance de la expresión no se desprende con claridad del único texto que hasta ahora conocemos y que corresponde a notas personales de alguno de los concurrentes, posteriormente publicadas en el sitio www.reflexionyliberacion.cl.

La afirmación del Papa es muy grave, porque el “lobby gay” haría parte de la corrupta corriente que estaría ofreciendo resistencia a las iniciativas de reforma en la Curia Vaticana que él desea impulsar. La denuncia debiera constituirse en un motivo en sí mismo para que los católicos nos movilicemos en el sentido contrario, ayudando al Papa desde donde estamos, para que la Iglesia gane en transparencia, rectitud de intención y fidelidad a Jesucristo, erradicando sin miedo las malas prácticas que la distraen del anuncio de la Buena Noticia, con una opción preferencial por los pobres.

Ante los dichos del Papa, no faltarán quienes interpreten sus palabras de manera tendenciosa para reafirmar posiciones homofóbicas de fuerte raigambre cultural. A ellos vale la pena recordar que la corrupción no es característica de un género en particular, ni de una orientación sexual específica, sino expresión transversal del pecado en todo el género humano. Sin distinciones, aunque con particular prevalencia en quienes ejercen algún tipo de poder.

Si el Papa dice que hay un “lobby gay” que daña a la Iglesia, no puedo sino sumarme a su intención de erradicarlo. Pero si de ese reconocimiento se siguiera una generalización que desacredite a los homosexuales en su lucha por mayores espacios de reconocimiento y, en consecuencia, se cierren las puertas de nuestras comunidades para ellos, tendría que –en fidelidad al Papa- oponerme a esas consecuencias con todos los medios a mi alcance.

Justifico lo afirmado en el párrafo anterior en el hecho que el Papa ha dado muestras de estar combatiendo un tipo de corrupción que tiene componentes mucho más peligrosos que un determinado lobby, que se puede presentar bajo la apariencia de espiritualidades muy profundas y, sin embargo, heréticas.

En la misma fuente que da origen a estas palabras ha mencionado a dos: al pelagianismo involucionista, que se caracteriza por la autoafirmación voluntarista del ser humano negando la acción de la Gracia, y al gnosticismo panteísta que, en un clima de espiritualismo etéreo, niega la Encarnación y por lo tanto las obligaciones prácticas con nuestros hermanos que sufren en carne propia las consecuencias de la injusticia.

Junto con denunciar la corrupción, el Papa Francisco nos alienta insistentemente a remediar sus efectos, tendiendo puentes, abriendo puertas, acercándonos a los nuevos sujetos emergentes, sin miedo a accidentarnos o a “meter la pata”.

El Papa nos ha desafiado a ir a las periferias y ha manifestado, en más de una ocasión, que prefiere una Iglesia accidentada en su misión, a una enferma por el encierro; una Iglesia de los pobres y para los pobres.

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14 jun 2013

Asamblea ilusoria y Congreso real

Es extraño que quienes se declaran partidarios de elegir una asamblea constituyente eviten pronunciarse respecto de cómo se elegiría, cuándo se elegiría, cuánto tiempo funcionaría y qué papel tendrían el gobierno, el Congreso y el Tribunal Constitucional en la hipotética aprobación de su convocatoria.

Dado que el país estará suficientemente ocupado este año eligiendo Presidente, senadores y diputados, se deduce que los patrocinadores de la asamblea quieren elegirla el próximo año, cuando inicie su gestión un nuevo gobernante. Suponiendo que el proyecto consiguiera el aval del Ejecutivo y el Legislativo, la agenda del nuevo mandatario quedaría completamente subordinada a sus esfuerzos para desatar los nudos que implica la iniciativa, y nadie asegura que pueda conseguirlo.

¡Parece un regalo envenenado para quien asumirá la Presidencia dentro de 8 meses!

¿Proponen los partidarios de la asamblea que Chile tenga dos Parlamentos? Si no es así, ¿qué pasaría con el Congreso que se renovará en noviembre? ¿Se cerraría mientras funcione la asamblea? ¿Y qué sucedería si la asamblea cambia el régimen político y establece, por ejemplo, un Parlamento unicameral? ¿Los senadores y diputados se van a cruzar de brazos?

Algunos dan a entender que la asamblea es la vía para ponerlo todo o casi todo en discusión. Parece que imaginan una especie de borrón y cuenta nueva. El detalle es que el país ha recorrido un camino desde 1990 hasta hoy que no se puede anular con un mero acto de voluntarismo.

Las grandes reformas requieren amplios acuerdos.

La asamblea pudo ser una fórmula apropiada luego del plebiscito de 1988, pero el bloque triunfante solo tuvo fuerzas para pactar 54 reformas a la Constitución con el régimen autoritario, y asegurar la elección del primer Presidente y el primer Parlamento en un marco de plena vigencia de las libertades públicas. Es obvio que una Constitución que fue ilegítima en su origen adquirió legitimidad de ejercicio en el momento en que todas las fuerzas políticas se incorporaron al proceso del plebiscito del 88 y la elección del 89.

La Constitución ha sido reformada en diversos grados en 1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2005, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012.

Los cambios más relevantes se produjeron en 2005, cuando se eliminó la figura legal de los senadores designados y vitalicios; se restableció la facultad presidencial para remover a los comandantes en jefe de las FF.AA. y al director de Carabineros; se modificó el carácter del Consejo de Seguridad Nacional, que pasó a ser un organismo asesor del Jefe de Estado.

Sin embargo, la Constitución aún no satisface las exigencias de una democracia moderna, sobre todo debido a los altos quórum que establece para las reformas del propio texto constitucional.

Hay que resolver ese problema y otros, como el surgido de una desafortunada enmienda del 2005 aprobada por todos los partidos. Se trata del Art.51, que dice: “Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido”. No puede haber parlamentarios designados. Lo que corresponde es elegir al reemplazante en una elección complementaria.

Como se sabe, la reforma política más urgente está fuera de la Constitución: se trata del sistema electoral binominal. Hace pocos días, la comisión de Constitución del Senado acordó estudiar los términos de tal reforma. Es una buena señal, que ojalá se materialice a corto plazo en un acuerdo de ambas ramas del Congreso.

Es válido plantear la necesidad de que el texto constitucional precise mejor la responsabilidad del Estado en cuanto a garantizar efectivamente los derechos sociales, no obstante que sabemos que ello dependerá de la capacidad real del país para sostener y financiar tales derechos. Lo deseable es que no haya disposiciones constitucionales que sean letra muerta.

Se supone que los chilenos somos capaces de identificar una crisis institucional.Conocemos sus estragos por experiencia directa, y también porque los hemos visto en otras naciones de América Latina.

Pues bien, Chile no está atravesando por una crisis institucional. No están bloqueados los caminos institucionales para seguir progresando. Por ello, es mejor cuidar las palabras. Si alguien afirma que la Constitución es ilegítima, como lo ha hecho José Antonio Gómez (ex ministro de Justicia, actual senador y candidato presidencial “dentro” de esa Constitución), ello abre las puertas para que otros sectores afirmen lo mismo, y actúen en consecuencia. Por ese camino, solo podemos esperar calamidades.

El nuevo pacto constitucional debe producirse en el Congreso. Eso implica dialogar, discutir, buscar puntos de convergencia. Las discrepancias tienen que ser procesadas de acuerdo a los mecanismos del Estado de Derecho.

El país necesita reforzar la autoridad del Congreso Nacional. Para ello, los senadores y diputados tienen que defender sus prerrogativas constitucionales. No pueden renunciar a su condición de representantes del conjunto de los ciudadanos para abordar, con suficiente información y buen criterio, las reformas que deben perfeccionar nuestro régimen democrático.

Chile puede tener una mejor Constitución, siempre y cuando prevalezcan el realismo político, el sentido nacional y el compromiso con los procedimientos institucionales.

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13 jun 2013

Es nuestro deber participar en las primarias

Desde el año 2008 que no contábamos con fondos para proyectos de participación ciudadana. Me dio mucho gusto saber que las ideas de proyecto participativo en mi comuna superaron la veintena. Y no sólo eso, sino que además los vecinos y dirigentes voluntariamente se presentaron como candidatos para integrar el Consejo de Proyectos Participativos (CPP); el Tricel Comunal y ser vocales de mesa también van en aumento.

En este tipo de proyectos todos ganamos. Los vecinos se involucran y se integran en la toma de decisiones. Las unidades del municipio trabajan mancomunadamente con los dirigentes y representantes vecinales y nosotros los alcaldes quedamos con la sensación de que en algo hemos ayudado en la concreción de estas metas.

Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Al participar de estas instancias ocupamos nuestro derecho de votar y dar a conocer la propia opinión y, además, no dejamos que otros escojan por nosotros.

Participar en este tipo de instancias como en la de las próximas primarias a realizarse el domingo 30 de junio su objetivo es el mismo: que la ciudadanía se exprese, que ejerza su derecho a voto.

Toda forma de participación ciudadana es buena y considero que es nuestro deber acudir a las urnas.

No importa si se está escogiendo un representante o un proyecto; lo importante es movilizarse y participar a conciencia.

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13 jun 2013

El gobierno que Chile necesita

Chile tiene grandes necesidades nacionales que exigirán el esfuerzo continuado de muchos años y aún décadas. Los políticos que se disputan el poder corren el serio peligro de ser de estrecha visión. Sus intereses cubren un corto período de años. Chile por tanto necesita un gobierno de larga visión para buscar las metas nacionales. Para escoger con libertad los caminos, desprendido de sus pequeñas ventajas y aprovechamientos. Un gobierno nacional y no partidista.

Pretendo desarrollar estos conceptos.

¿Cuáles son las grandes necesidades nacionales del país, estas que trascienden los gobiernos que tienen períodos limitados y por tanto perspectivas también limitadas?

La igualdad urge en educación y en salud. Hay educación para ricos y para pobres.Salud distinta para ricos y para pobres. Hoy hay conciencia de esta injusticia y voluntad de corregirla. Para conseguir lo anterior habrá que efectuar cambios estructurales. Los cambios requeridos necesitarán 10 ó 20 años por lo menos.

2º Un cambio cultural que atañe a la tolerancia y equidad. Somos machistas y prepotentes, se requiere acogida al débil, a la mujer, al inhábil, al homosexual, al extranjero, al distinto de uno. Los cambios culturales son difíciles y largos.

3º Chile debe aprender a integrarse con Latinoamérica, al interior de la cual está relativamente aislado, aparece prepotente con su política de defensa armamentista y disuasión intolerable y con una desacertada diplomacia para con países vecinos como Perú y Bolivia en relación a los cuales tiene mucho que reparar.

4º Regionalismo: es un problema que ya está surgiendo, problema económico, social, cultural, político, de justicia. En su largo territorio Chile abriga regiones muy dispares, en riquezas y condiciones de vida. Necesita saber ayudar, compensar, redistribuir y respetar diferencias.

En lo económico hay reajustes radicales que hacer. Diversificar la producción, revisar la política del cobre, enfrentar el problema de la energía, del agua, el agotamiento de la fauna marina, la reforestación.

Estas metas exceden los tiempos y las capacidades de los partidos que se disputan actualmente el poder y en realidad van más allá de sus objetivos concretos. Sus objetivos inmediatos son mantenerse en el poder o ganar el poder.

Tienen que manejarse en los caminos que han de llevar a las metas trascendentes, pero si no tienen constantemente en vista estas metas trascendentes no sabrán escoger bien los caminos.

Tomarán según sus ideologías tales o cuales caminos que serán los que marcarán más las divergencias que las convergencias que deberían predominar.

En otras palabras, los que han de llevar por delante como gobernantes o parlamentarios las metas trascendentes que hemos enumerado, no pueden ser los partidos que hasta ahora, como hemos visto, disputan el poder dentro de lo inmediato.

Una gran pregunta es ¿se podrá formar esa mayoría nacional que asuma la tarea de llevar adelante las tareas enumeradas? o bien ¿quién podrá convocar y juntar tal mayoría?

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