Podía haber sido una de las noticias más comentadas y no lo ha sido.
La crisis interminable, los casos de corrupción o los fichajes millonarios en el fútbol siguen acaparando titulares en los medios de comunicación.
Y, en mi opinión, el tema tiene tanta o más trascendencia histórica y ética que la malversación,el robo y el despilfarro.
Miembros del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas que visitaron España recientemente han constatado que en este país no se está haciendo nada para responder a las demandas de familiares de las víctimas de la guerra civil y de los casi 40 años de dictadura.
Se trata de conocer el destino de más de cien mil desaparecidos y de al menos treinta mil niños robados. A los que se añaden víctimas de ejecuciones sumarias, de torturas, encarcelamientos y persecuciones sistemáticas.El objetivo es reparar en alguna medida el dolor que muchas familias mantienen vivo en su memoria y, de ser posible, juzgar a los culpables.Esto último, remoto, a tener en cuenta del tiempo transcurrido.
Los antecedentes recogidos durante la visita de la delegación de expertos y que revelan el incumplimiento por parte española de compromisos y obligaciones internacionales serán incluidos en un informe que se dará a conocer el próximo año ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Por lo que ha trascendido, las autoridades españolas tendrían motivos más que suficientes para sonrojarse por dar cerrojazo “ a la mala” a un capítulo trágico de la historia reciente de España.
En primer lugar, la ley de Memoria Histórica aprobada por el gobierno del socialista Rodríguez Zapatero y recibida como un triunfo por quienes desean una justa reparación y reconocimiento a las víctimas del conflicto armado y del franquismo, es hoy letra muerta. Con el argumento de falta de presupuesto a causa de la crisis , tanto el gobierno de Mariano Rajoy como los estamentos implicados incumplen sus dictados.
La vigencia de la ley de Aministía de 1977 ha servido para paralizar investigaciones y detener la búsqueda de restos de las víctimas, y para que el Estado español ignore su obligación de indagar sobre las desapariciones forzosas, delito que no prescribe y al que España se ha comprometido con la firma de acuerdos internacionales.
La juez argentina que tiene en sus manos el proceso abierto en su país por las víctimas del franquismo ha comprobado la efectividad de estos obstáculos cuando ha solicitado antecedentes de los casos que investiga y la petición de extradición de dos presuntos torturadores españoles que colaboraron activamente en los últimos años del gobierno de Francisco Franco.
La delegación de la ONU ha tomado nota de la soledad y hasta el desamparo en la que se encuentran familiares de las víctimas a la hora de investigar el lugar donde están depositados los restos o desenterrar los cuerpos, y conocer los documentos que determinarían como, cuando y en qué circunstancias se produjo la muerte de sus parientes. La ONU exige en estos casos apoyo institucional y financiero para llevar a cabo este triste, pero a la vez, necesario proceso.
Nada de esto cumple España.
Hace unos meses, en un informe titulado El Tiempo Pasa. La Impunidad Permanece, Aministía Internacional se anticipó a este proceso encargado ahora por la ONU al denunciar la ausencia de investigación de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo , lo que considera “ un incumplimiento por España de su obligación de poner fin a la impunidad y de garantizar a las víctimas el derecho a la verdad, la justicia y la reparación en el caso de crímenes de derecho internacional “.
Amnistía Internacional lanza su artillería contra los distintos poderes del Estado español que
“evitan investigar los crímenes de la Guerra Civil”.
En el informe se afirma que el Poder Judicial deniega investigar y archiva sistemáticamente las denuncias de las víctimas. A la Fiscalía se le recrimina por no colaborar con las peticiones de auxilio judicial internacional de Argentina, al no transmitir la información solicitada sobre si España está investigando y si tiene jurisdicción preferente para hacerlo.
Al Poder Legislativo se le echa en cara ser reacio a ratificar la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, a la vez que ha confirmado la vigencia de la Ley de Amnistía.
El Gobierno español no escapa a las acusaciones de impunidad por poner obstáculos a las víctimas para que presten declaración, “poniendo así trabas a que otros países investiguen crímenes de derecho internacional”.
Para rematar. Amnistía Internacional advierte que los jueces , avalados por el Tribunal Supremo, continúan archivando casos, lo que contraviene acuerdos internacionales y la jurisprudencia universal , una herramienta contra la impunidad en casos de lesa humanidad , como la guerra civil española y la dictadura franquista.
El informe concluye con una sentencia que abriga mínimas esperanzas para los que claman justicia: “las investigaciones en otros países , en aplicación del llamado principio de jurisdicción universal , se presenta como única vía para luchar contra la impunidad”.
Amnistía Internacional y Naciones Unidas coinciden en sus apreciaciones sobre España. Los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos entre 1936 y 1975 siguen siendo denegados .
Mientras, las víctimas del “otro bando” de la guerra civil, siguen siendo recordadas y veneradas.
La Iglesia católica ha beatificado como mártires a 522 religiosos asesinados en la Guerra Civil española. Se trata de la mayor beatificación masiva de su historia.
