31 mar 2015

¿De qué se me acusa?

Compartimos con Ignacio Sánchez rector de la PUC, lo más importante, un enorme amor por la universidad, pero tenemos diferencias. El rector afirma que “en la Universidad Católica existe libertad de cátedra para sus profesores e investigadores”. Tengo reparos.

Las reacciones ante la decisión del Cardenal Ezzati de no renovar mi “misión canónica” demuestran que los académicos perciben que se sienta un precedente de censura que hace mal a la Universidad. Confirman que en la universidad hay miedo. Me consta que hay profesores que se sienten vigilados por su vida o modo de pensar. Hay temas censurados.

Hay gente que suele escribir cartas a las congregaciones romanas de la Educación y de la Fe, y entre los de aquí y los de allá atenazan a la Universidad.

La Universidad Católica, en virtud de su fe en el Cristo que nos liberó para la libertad (cf. Gál 5,1), debiera ser líder en libertad de cátedra y libertad de conciencia.

Mi ideal de universidad, que extraigo del credo cristiano y de los documentos del Magisterio, me impide concebir una universidad católica con profesores y alumnos de dispar integración, dependiendo de motivos extraños a la naturaleza misma de cualquier universidad.

Un agnóstico, un  judío, un musulmán, un protestante, incluso un católico que no logre entender la enseñanza de la Iglesia o discrepe de ella,  académico o alumno, debiera sentirse en la PUC integrante de primera categoría. En la universidad todas las diferencias, y las pruebas y errores en la  búsqueda de la verdad debieran considerarse igualmente valiosos. 

Chile necesita universidades verdaderas, con libertad académica y concentradas en el servicio público.La Universidad Católica tiene esta vocación sin duda. La cumple con los numerosos académicos que nos dedicamos por entero al bien del  país. Además, las iniciativas de extensión, de voluntariado y de solidaridad con la sociedad, que en la PUC son muchísimas, enriquecen este servicio, pero las autoridades de la Universidad deben ordenar la casa. Tienen que introducir mejoras en las condiciones de libertad que requiere el trabajo universitario.

El Rector señala que el Gran Canciller ha adoptado la medida de no renovarme  la “misión canónica” en razón de “algunas falencias en (mi) quehacer teológico y docente que requerirían atención”.

Recuerda que Mons. Ezzati, al momento de concederme la “misión canónica” en 2012, me hizo reparos en este sentido y me dio el permiso académico bajo condiciones. Nunca se me dijo con claridad suficiente en qué consistían esos reparos. Solo se me dio por escrito una carta en la que Mons. Ezzatime solicitaba adhesión al Magisterio de la Iglesia.

Ahora en marzo de 2015 el Gran Canciller no ha dicho en qué he yo incumplido esta adhesión.Todavía no entiendo de qué se me acusa. Su objeción central tuvo que ver con enseñar con una libertad inconveniente a personas que no estaban preparadas para ello.

Por otra parte Fredy Parra, decano de Teología, en 2014 me felicitó por mi desempeño y, tras oír al consejo de calificación académica, pidió al obispo la renovación de la “misión canónica”.

De un modo semejante, esta “misión canónica” había sido solicitada al Gran Canciller en 2010 por Joaquín Silva, el decano en esa época. En una carta en que el profesor Silva me avisaba de la evaluación del consejo y de la petición a Mons. Ezzati del permiso para enseñar, me decía: “Al mismo tiempo, la comisión me ha solicitado que te comunique una observación positiva y felicitaciones por tu desempeño en los diversos ámbitos de la vida académica de nuestra Facultad”. Eso fue el 12 de julio de 2010.

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30 mar 2015

Encuesta familiar Única de Emergencia

A partir de los hechos acontecidos en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet dispuso la ejecución de la Encuesta Única de Emergencia – EFU –  con el fin de registrar a las familias que se encuentran damnificadas, lo que permitirá tener un diagnóstico y catastro social de las personas de la zona norte.

Tal instrumento, se utiliza cuando se declara Estado de Emergencia, permitiendo activar los protocolos del Plan de Protección Civil de la ONEMI, correspondiendo al ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con los gobiernos locales, aplicar la EFU, que ya se ha aplicado en catástrofes anteriores y actualmente en la Zona Norte.

En este sentido, ¿por qué catastramos?, la encuesta rescata el grado de pérdida y la situación familiar, permitiendo orientar de mejor manera la ayuda. Los lugares en donde se inició la aplicación del instrumento son principalmente en albergues habilitados y puntos focales instalados en zonas cercanas a las familias que resultaron siniestradas, donde son los funcionarios de las Municipalidades, Secretarias Regionales Ministeriales quienes aplican las encuestas.

Este catastro nos permite identificar las características y requerimientos del grupo familiar y destinar de manera adecuada la ayuda necesaria, como mejoramiento de habitabilidad, beneficios sociales, identificar a los menores de edad, las personas mayores en situación de dependencia moderada o leve, o personas que necesitan alguna atención especial.

Durante estos días, hemos supervisado la evacuación de personas, el proceso de entrega de alimentos y agua, los trabajos de la maquinaria para despejar los caminos bloqueados, respondiendo a los requerimientos inmediatos y concretos de la primera fase de la emergencia.

La ayuda ha avanzado en algunos lugares, donde se han entregado dosis de vacunas para combatir la hepatitis e influencia;  alimentos y agua necesaria; hay 700 jóvenes colaborando en la campaña “Jóvenes por el Norte” iniciada del Instituto Nacional de la Juventud  que actualmente está desplegada en las tres regiones afectadas y que gestiona los lugares de acopio; estamos catastrando la situación de los menores de seis meses que requieran reposición completa del Ajuar que entrega el Estado y de las personas en situación de discapacidad que hayan perdido sus ayudas técnicas como bastones o sillas.

Pero aún existen puntos críticos, donde no hemos podido acceder y ante ello la restitución de la conectividad sigue siendo un imperativo.

El esfuerzo del gobierno  para llegar a todos los lugares no ha sido fácil y el ministerio de Desarrollo Social con sus Servicios asociados: Conadi, Injuv, Senama, Senadis y Fosis están desplegando a todos sus equipos para garantizar que todos los damnificados sean atendidos para recibir ayuda material y/o psicolosocial.

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30 mar 2015

Liderazgo para tiempos difíciles

Seguramente numerosos parlamentarios están durmiendo mal debido a la inquietud que les provoca la inminente revelación de los nombres de quienes recibieron dineros de la empresa SOQUIMICH para las campañas electorales, a cambio de lo cual ellos o sus cercanos entregaron boletas fraudulentas. O sea, el mismo método de defraudar al fisco que fue utilizado por los directivos de PENTA.

Todo sugiere que en las listas de SQM aparecerán moros y cristianos, vale decir tanto integrantes de la Nueva Mayoría como de la Alianza, actuales parlamentarios, allegados suyos e incluso ministros. También están siendo investigadas las empresas Ripley, Corpbanca y Alsacia, y nadie sabe lo que pueda surgir de allí.

¿Es reciente esta modalidad de financiamiento de la política? No lo es, y se supone que el SII no lo ignoraba. Lo concreto es que dicho sistema se hunde hoy ignominiosamente, y las consecuencias políticas están a la vista. La percepción predominante en la sociedad chilena es que en este asunto no hay inocentes.Pues bien, ha llegado la hora de cortar los turbios nexos entre el mundo de la política y el mundo de los negocios, uno de cuyos efectos más corrosivos ha sido volver borrosas las fronteras entre lo público y lo privado.

¿Hasta dónde llegarán las investigaciones del Ministerio Público? Nadie lo sabe. Solo hay que señalar que esta es una oportunidad para que Chile avance en materia de probidad y transparencia. La sanción de las ilegalidades nos hace bien como país y permite reforzar el sentido de decencia.

El fracaso de la operación política destinada a obstaculizar la investigación del caso Soquimich, que incluyó una maniobra ante el Tribunal Constitucional, aporta una advertencia definitiva: cualquier intento de tapar las ilegalidades de los amigos no solo será estéril, sino que además acentuará la condena social.

En todo caso, corresponde reafirmar el principio de que nadie puede ser condenado anticipadamente. Ni los fiscales ni los jueces pueden actuar arbitrariamente. Ningún funcionario, por alto que sea su cargo, es la encarnación de la justicia. El Estado de Derecho exige que hasta los fiscales sean fiscalizados.

Debemos celebrar la capacidad de reacción que ha mostrado la sociedad chilena frente a la faltas contra la probidad, el tráfico de influencias, los conflictos de interés, las negociaciones incompatibles, el cohecho, el nepotismo, los contratos con trampas, los intercambios de favores entre el sector público y el privado, en fin, todo aquello que crea el caldo de cultivo para la corrupción. Un dato revelador es que cada día pesan menos los alineamientos políticos al momento de condenar las trapacerías.

En esta situación, en la que sobran los motivos de desconfianza, mucha gente observa los pasos de la Presidenta Bachelet. Es evidente que el caso Caval afectó su liderazgo y acentuó la desaprobación a su gobierno. Precisamente por eso, ella tiene que dejar en claro que cumplirá con sus deberes constitucionales por encima de cualquier consideración familiar.

La evaluación sobre su gestión dependerá decisivamente de cómo actúe frente al caso que compromete a su hijo, cuya investigación todavía puede reservar momentos desagradables. Por el bien de Chile, lo deseable es que cumpla sus 4 años de mandato en las mejores condiciones posibles.

La primera exigencia de todas las fuerzas políticas es defender sin vacilaciones los procedimientos constitucionales y legales, sostener la autoridad de los tres poderes del Estado y velar por la gobernabilidad. Todos los sectores deben colaborar para que el país encuentre una salida racional a la situación presente, que permita neutralizar el riesgo de una crisis institucional. El lenguaje tremendista no sirve para ello.

Tenemos que perfeccionar las instituciones, en particular los mecanismos destinados a garantizar la corrección de procedimientos tanto en el ámbito público como en el privado. Será mejor si los partidos impulsan un gran cambio en el terreno de la ética como requisito para regenerar la política, y conseguir entre otras cosas que los ciudadanos valoren el derecho a voto.

Ello exige que se conviertan en instituciones sometidas a rigurosa fiscalización, en las que no existan los “accionistas mayoritarios”. Corresponde establecer el financiamiento público de la política, y permitir solo el aporte privado de las personas, no de las empresas.

No olvidemos que la democracia es vulnerable. Hoy no se divisa una amenaza sediciosa, pero los riesgos pueden venir por otro lado: el desprestigio de los políticos, la demagogia y el desgobierno.

Todo ello ofrece terreno propicio al populismo, que hoy se manifiesta en fórmulas estridentes que son solo apariencias de solución para los problemas del país, como la consigna de la asamblea constituyente, sobre la cual sus voceros se cuidan de no entrar en detalles. Tiene mucha razón el ex Presidente Lagos al decir: “Nada se puede construir desde fojas cero. Los países progresan gradualmente, no saltando de ruptura en ruptura” (LT, 29/03).

El 21 de mayo, la Presidenta tiene la oportunidad de proponer al Congreso una vía de superación de las dificultades. Lo primero es crear un clima de confianza y de diálogo, alentar el espíritu republicano y rechazar toda forma de politiquería. Será crucial que ella establezca una interlocución fluida con todos los sectores para articular políticas de Estado en la economía, la educación, la salud, etc.

Ha saltado al primer lugar de la agenda el reto de fortalecer la probidad, la transparencia y la corrección de procedimientos en el Estado, y consiguientemente perfeccionar los mecanismos de fiscalización. Pronto habrá que nombrar un nuevo Fiscal Nacional y un nuevo Contralor General.El país espera que sean personas de excelencia.

Para responder a las actuales exigencias, acrecentadas por el inmenso desastre del norte, la Presidenta necesita designar un nuevo gabinete, que sea políticamente fuerte y que defina con lucidez una hoja de ruta muy realista. Es la primera condición para superar la crisis de confianza y fortalecer la democracia.

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30 mar 2015

De la ONEMI 2.0 al día de hoy

En nuestro territorio se libera más del 40% de la energía sísmica del planeta, algo que la naturaleza nos recordó de manera implacable el 27 de febrero de 2010. La magnitud de la tragedia y el momento político hizo que las debilidades del sistema de emergencias que presentaba décadas de atraso, rápidamente fuesen olvidadas, al menos en lo que a cambios reales se refiere.

En diciembre de 2010 el Presidente Piñera confirmaba a Vicente Núñez Pinochet, quien con experiencia en una destacada empresa del retail, había sido designado por el nuevo gobierno de manera interina en marzo de dicho año. Luego de haber quedado en la terna del proceso desarrollado por el Sistema de Alta Dirección Pública, se hacía cargo de manera titular de la principal institución técnica-especializada del Estado en gestión de emergencias y reducción de riesgos de desastres, ONEMI.

A fines de enero de 2012 se confirmaba su renuncia, señalando que dejaba ONEMI con la satisfacción de “haberla reconstruido”.

Fue así como, el ingeniero civil industrial, Benjamín Chacana asumió como director interino durante 2012, debiendo enfrentar, al poco andar,  nuevos cuestionamientos a la robustez de la anunciada ONEMI 2.0 frente  a su actuación ante las lluvias e inundación del centro de Punta Arenas, y diversos sismos que generaron nuevamente demora y contradicciones en entrega de información.

2012 tampoco fue un buen año para el director interino. El trámite del proyecto de nueva institucionalidad que había presentado el Ejecutivo, veía sus primeros problemas al ser cuestionado por ser un cambio de nombre y replicar el sistema histórico. El proyecto de ley estaba lejano de las buenas prácticas internacionales y el desarrollo de la gestión de emergencias.

Chacana terminó su dirección a fines de 2012 traspasando la dirección de ONEMI un nuevo interino, Ricardo Toro, quien asumía en medio de la polémica producto de la fiscalización de los diputados Ricardo Rincón y Gabriel Silber, quienes al fiscalizar a ONEMI en sus instalaciones, encuentrancasi 600 instrumentos que, debiendo estar en proceso de instalación en la red sismológica nacional, aún permanecían embalados y no en manos del ente que por Ley de Presupuestos 2008, 2009, 2010 debía tenerlos, la Universidad de Chile.

En diciembre de 2013, a pocos meses de que asumiera el gobierno de la Presidenta Bachelet, Ricardo Toro fue designado como director titular por el Presidente Piñera, luego de haber quedado en la terna del proceso del Sistema de Alta Dirección Pública.

Los tiempos para Ricardo Toro tampoco han sido de tranquilidad. Cuestionado por una seguidilla de anuncios realizados durante los dos últimos meses del gobierno de Sebastián Piñera, que nuevamente hacía una puesta en escena para dar a entender que ahora sí se había modernizado la ONEMI, a principios de 2014 enfrentaba la denuncia que el compromiso de devolución de instrumentos sismológicos  a la Universidad de Chile estaba lejos de cumplirse, y más aún que 297 acelerógrafos fundamentales para megaterremotos y sistema de alerta de tsunami, permanecían sin conectar.

Rápidamente Ricardo Toro desmentía lo anterior. No sólo fui yo uno de los aludidos y desmentidos, sino que respondió en duros términos en radio Cooperativa al Profesor Jaime Campos, prestigiado sismólogo a nivel internacional y director del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile (http://goo.gl/SIEmyT ) , algo que hasta el día de hoy complica al director de ONEMI, pues como consecuencia de las fiscalizaciones realizadas por los diputados Ricardo Rincón, Matías Walker y Gabriel Silber, actualmente la Contraloría General de la República realiza un sumario en el organismo, además de existir claridad que los acelerógrafos no han sido traspasados a la U. de Chile y por ende no se encuentran conectados a la red sismológica.

A pesar de los intentos del gobierno pasado y del director de ONEMI, más temprano que tarde se termina demostrando que la institución técnica está lejos de ser aquella publicitada ONEMI 2.0, o de los anuncios de fortalecimiento pre cambio de gobierno y pos nueva administración que Ricardo Toro se esfuerza en señalar que sí existen.

Estos tres primeros meses nos golpean de manera extremadamente dura, y con ello, aunque aún no termina, tenemos la 3ª temporada más destructiva en materia de incendios forestales desde que se publica registro – 1964.

Pero esta vez pareciera que aunque Conaf y ONEMI intenten convencernos que parecería que estuviésemos ante un brote de piromanía o irresponsabilidad, difícil es que dicho argumento se sustente mucho tiempo cuando al momento de la publicación de esta columna se presentan casi 1600 incendios menos que el año pasado (6010 incendios), al momento la más destructiva en 50 años, quedando una vez más en entredicho la gestión de la respuesta a las emergencias.

Mientras en el sur incendios afectan un patrimonio natural milenario y cultural de valor incalculable, la naturaleza nos pone a prueba y muestra una vez más la frágil, obsoleta y débil institucionalidad técnica en emergencias.

Un sistema fragmentado, centralizado, algo que la misma Presidenta Bachelet calificó en diciembre pasado como una institucionalidad que tiene estructuras de 40 años que urge modernizar, nos pasa la cuenta.

Una estructura que termina por hacer que la autoridad política se vea presionada a tomar el mando de la emergencia, involucrándola más allá de la gestión de liderazgo y política, terminando por hacer labores de gestión, mando y control propios de una institución como ONEMI.

Todo esto frente a una debilidad técnica y estructural, que cabe preguntarse si transcurrido décadas sin modernizar estamos frente a un desafío solamente de voluntad política o en realidad de resistencias al cambio que permanecen más allá de los gobiernos de turno, y donde los directores de ONEMI nos siguen intentando hacer creer que todo es culpa de la naturaleza, centrándose más en ubicar la tragedia dentro del ranking de lo peor que ha ocurrido, en vez de reconocer las debilidades y dejar de ser parte de la resignación, la complacencia y los intentos por mantener un modelo de gestión que no da el ancho.

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30 mar 2015

Carta abierta a la comunidad UC

En su declaración de la semana pasada el profesor Costadoat indica que fue citado por el cardenal Ezzati y que este le comunicó que no le renovaba la misión canónica de enseñar en la facultad de Teología.  Las razones de esta no renovación fueron la tensión entre la libertad académica del profesor y la libertad de la facultad para tenerlo entre sus profesores.  Algunos alumnos de teología no estarían preparados para formar parte de su curso de Trinidad y Cristología por una razón más bien pedagógica, le señaló el Cardenal.En esta reunión no hubo ningún reparo doctrinal.

Sin embargo, en su carta al Consejo Superior de la UC, el cardenal Ezzati esgrime las siguientes razones para la exoneración del profesor Costadoat: “registra afirmaciones poco prudentes que desdibujan la enseñanza magisterial de la Iglesia en diversos puntos de la misma”, haciendo alusión a que no enseña con exactitud el magisterio de la Iglesia.

Ni el decano de la facultad de teología y el rector de la universidad en sus cartas públicas dan razones para la desvinculación sino que sólo afirman el derecho del Gran Canciller de tomar esta decisión.  En verdad, la única razón que invocan es el argumento del derecho que tiene el cardenal Ezzati para tomar esta decisión a partir de lo que él ponderó de manera personal.

Lo anterior es grave para una  universidad. ¿Pude un consejo superior, un decano, un rector, un grupo calificado de profesores y alumnos permitir que, en una universidad de alto nivel como es la UC, no se esgriman razones, argumentos, fundamentos claros y precisos que den cuenta de la desvinculación del profesor Costadoat?

¿Puede una universidad permitir esta sanción pasando a llevar lo que cotidianamente exige de su cuerpo de profesores y a sus alumnos que es  pensar, reflexionar, ser precisos, claros, dando fundamento coherente de lo que se quiere expresar o publicar?

El mismo Cardenal Ezzati en su carta al consejo superior de la UC indica que los alumnos deben recibir una formación con total claridad y sin confusiones. El mismo rector en su carta pública señala que el trabajo universitario requiere diálogo, dedicación, respecto, reflexión y la generosidad de todos.

La rigurosidad intelectual requiere de argumentos y en esto el decano y el rector han avalado la falta de estos. Este caso es un signo grave que debilita la investigación, la claridad, la coherencia y que avala la falacia del argumento de autoridad.

Si la comunidad UC no exige al Gran Canciller punto por punto las imprudencias y los “argumentos desdibujados” del profesor Costadoat no estará más que avalando la mediocridad intelectual, el conformismo y la sumisión del pensamiento al poder y la autoridad de quien la ejerce.

Más aún, avalará la incoherencia de aceptar lo que no permite ni a sus alumnos en sus trabajos ni a sus docentes en sus publicaciones.

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30 mar 2015

Ética, ciudadanía y política

He señalado en diversas oportunidades mi preocupación por la carencia reiterada de conductas éticas y aceptables, tanto personales como colectivas en la sociedad chilena. He recibido, por consiguiente respuestas de apoyo y respuestas de rechazo.

Las primeras valoran la insistencia en una materia fundacional de la República. Los rechazos apuntan a lo que les parece una majadería porque aluden que “la política y la vida financiera es así desde siempre y ponerla como esencial de nuestras instituciones de todo orden, es una pérdida de eficiencia porque no la respetarían”.

Valoro sinceramente ambos extremos porque del debate nace la democracia y en su respeto se funda su permanencia. Pero me quedo en mi insistencia, porque romper sus reglas abre el camino a la promiscuidad política y financiera sin límites que enardece a los justos y socava todas las virtudes.

La vieja frase de ” caiga quien caiga” sólo tiene fuerza si se sustentase en la ética de todas y todos los ciudadano hasta los más altos poderes.

En una nota de rechazo me preguntaba ¿y cuáles son los actos y conductas que deberíamos  respetar? En una respuesta breve.

1.- Deberíamos vivir como se habla y como se actúa.

2.-Asumirse una misma conducta en lo personal y colectivo.

3.-Obligarnos a respetar la palabra empeñada a todo evento.

4.-Acoger los principios fundacionales de los partidos e instituciones como regla de oro.

5.-Deberíamos asumir la fraternidad como norma de convivencia.

6.-Buscar la disciplina como criterio de unidad.

7.-Optar la verdad por encima de toda decisión.

8.- En la duda política o técnica optar siempre por el débil frente al poderoso y por el que menos tiene ante el rico.

9.- Entender siempre que primero está Chile, después los partido e instituciones y después nuestro yo.

10.- Deberíamos siempre respetar  la igualdad entre todas y todos en cuanto persona asumiendo los Derechos Humanos y establecer sus Deberes como individuos.

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29 mar 2015

Hay que abrir los ojos

En defensa de la ONG Chile 21, el actual panelista y ex ministro, Francisco Vidal, ante la revelación de platas desde Soquimich a dicho instituto, dado la historia del controlador de ese conglomerado económico, aceptó que “había que cerrar los ojos” para recibir los recursos depositados al ya mencionado centro de estudios.

Me veo en la obligación de rechazar la “filosofía política” contenida en tal afirmación.Hay que ser tajante en este tema: el fin no justifica los medios. En este caso, el país sabe perfectamente bien el origen de esa portentosa fortuna: el despojo del patrimonio nacional a través de privatizaciones amañadas durante la dictadura de Pinochet, en este caso, la de Soquimich, en un proceso que favoreció al entonces yerno del dictador.

Pero no sólo eso, en la memoria de la izquierda está vivo el recuerdo de las múltiples acciones represivas ejercidas, desde la Conaf y otras entidades estatales, en la segunda mitad de los años setenta, para despojar de las tierras entregadas por la reforma agraria a miles de familias campesinas. Como ocurrió entre tantos otros casos, en la hacienda Rupanco, en la provincia de Osorno. Fue una persecución sin piedad, implacable, cuyas heridas todavía duelen en esas tierras.

No hay que llamarse a engaño. Una cosa es el compromiso inamovible que hemos asumido con la paz social, para hacer realidad nuestros sueños de justicia social en democracia, otra cosa muy diferente es financiarse gracias a quienes actuaron como férreos e inapelables victimarios para enriquecerse de manera enteramente indebida e ilegítima.

Sobretodo no corresponde pontificar, desde un ángulo que pretende ser moral para enjuiciar a quienes piensan políticamente diferente, como tantas veces ha ocurrido con Vidal y los máximos ejecutivos y exponentes de Chile 21, para luego encontrarnos con la sorpresa que el predicador tiene tejado de vidrio.

Hay que abrir y no cerrar y los ojos.

Hoy, la izquierda está convocada a una autocrítica urgente y decidida, con vistas a superar y erradicar las malas prácticas y encaminarse por un camino que permita dignificar la política y enfrentar válidamente la urgente necesidad de hacer retroceder el fuerte descrédito que afecta al sistema político del país.

Las dificultades no se superarán con consignas altisonantes, por rotundas o radicalizadas que aparezcan, sino que con una acción política que rescate y reivindique el sentido de entrega a la comunidad y al país que formulan los objetivos programáticos que nos animan. Menos aún con esta tan desafortunada insinuación de “cerrar los ojos”.

Dejar atrás la tentación del dinero fácil es una exigencia inescapable de la ruta que conduzca a los demócratas chilenos a reencontrar, nuevamente, la confianza del pueblo de Chile.

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29 mar 2015

La memoria y el rol de la prensa

Hace 30 años más de 50 chilenos fueron asesinados por la dictadura chilena. Varios de ellos fueron falsamente llamados en titulares como “muertos en enfrentamientos”.

Paulina Aguirre Tobar tenía 20 años cuando fue asesinada el 29 de marzo de 1985. La versión oficial se refirió a ella como “terrorista subversiva muere al enfrentarse con las fuerzas policiales”. Sin embargo, la investigación del Servicio Médico Legal mostró que a esta joven militante del MIR le dispararon por la espalda y estaba desarmada. Ese mismo día los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, de 18 y 20 años, fueron asesinados en Villa Francia.

Dos meses antes, los hermanos Marcelo y Daniel Miño habían sido asesinados en Quillota.Otros jóvenes aumentaron la lista brutal de ese año: Oscar Fuentes, estudiante de matemática en la USACH; Patricio Manzano, estudiante de ingeniería en la Universidad de Chile muere por una crisis cardiaca a causa de las torturas, luego de ser detenido en San Felipe mientras participaba en los trabajos voluntarios de la FECH. Carlos Godoy tenía 23 años al momento de su muerte luego de ser brutalmente torturado en Quintero. Había llegado hace 8 meses del exilio.

Estos jóvenes fueron retratados por la prensa de la época como “terroristas”, subversivos” y “delincuentes”. Eran jóvenes y les tocó vivir en una dictadura que truncó sus vidas. No solo atentaron contra ellos, fueron perseguidos, privados de libertad, sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, los medios de comunicación contribuyeron a estigmatizarlos con la publicación de versiones oficiales que eran verdaderos montajes, tal como lo han demostrado  procesos de investigación judicial. Por ejemplo, a Paulina Aguirre le pusieron un arma en la mano izquierda y ella no era zurda.   

La muerte de los hermanos Vergara Toledo fue descrita como “dos delincuentes mueren en espectacular tiroteo con carabineros” (La Tercera, 30.3.1985) y “dos antisociales mueren al enfrentar a carabineros” (La Nación 30.3.1985). La prensa tiene una deuda que ciertamente ha pasado a un segundo plano frente a las responsabilidades criminales de estos hechos.

Documentales como “El diario de Agustín” han denunciado el rol de los medios en estos montajes, no obstante sigue faltando que quienes cometieron faltas de este tipo, no solo reciban un cuestionamiento ético, sino que también sean investigados por las responsabilidades que les competen.

A 30 años de ocurridos estos hechos, las nuevas generaciones deben conocer lo ocurrido, aprender el significado del respeto a los derechos humanos y ayudar a construir la memoria del país. La sociedad chilena tiene un trabajo permanente por hacer con la memoria.

Hacer memoria es una tarea colectiva, que debe sin duda incluir esfuerzos institucionales pero donde la ciudadanía debe permanecer atenta contra el olvido.

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29 mar 2015

Vacío de poder en Yemen y reacomodo sectario en Oriente Medio

La decisión de cerrar temporalmente las embajadas que Alemania, Italia, Holanda y Arabia Saudita tenían desplegadas en Yemen, nos lleva a pensar que la situación política, social y estratégica del país mesoriental puede estar experimentando un cambio sustantivo si la situación actual se mantiene en el tiempo. Las embajadas de estos países se suman a las de Estados Unidos, Francia y Reino Unido que horas antes habían optado también por cerrar sus legaciones diplomáticas.

En Yemen – el país más pobre de la Península Arábiga – se dio la dimisión de su Presidente, Abed Rabo Mansur Hadi debido a presiones de grupos rebeldes hutíes que demandaban una mayor representación política en los cargos de poder. Dicho de esta manera, puede parecer razonable esta demanda, pero al considerar las variables sectarias y las disputas irreconciliables entre los grupos chiítas y sunitas, así como entre islamistas y movimientos laicos, nos lleva a la necesidad de hacer un análisis bastante más cuidadoso.

Abed Rabo Mansur Hadi pertenece a la rama sunita del Islam. Viene de una ciudad del sur de Yemen, cuyas áreas también se encuentran mayoritariamente pobladas por sunitas. Llegó al poder primero como presidente interino y luego ocupó la primera magistratura después de la dimisión de Ali Abdullah Saleh, quien salió del cargo como consecuencia de las presiones sociales desencadenadas por la Primavera Árabe.

Los hutíes que habitan el norte, son zaidíes (una rama dentro del chiísmo que cree en la existencia de cinco imanes o líderes religiosos). Acá ya se observa una diferencia sectaria, pero dicha diferencia no existía cuando Saleh tenía que lidiar con los hutíes, ya que tanto éstos como Saleh se adscribían a la rama zaidí, aunque se consideraban enemigos. Sus diferencias se explicaban fundamentalmente por la política pro-occidental que Saleh mantuvo durante sus años en el poder, con una relación muy cercana al gobierno de Washington, especialmente en materia de antiterrorismo.

Los hutíes deben su nombre al fundador de su movimiento, Hussein Badraddin al-Huti, quien fue un influyente clérigo zaidí, y ex miembro del parlamento yemení entre 1993-1997. Se hizo conocido con el eslogan: “Dios es grande. Muerte a Estados Unidos e Israel. Victoria para el Islam y los musulmanes”. Desde entonces, los hutíes se movilizan en torno a ese llamado, aunque ahora bajo el liderazgo de su hermano, Abdel Malik al-Huti, ya que Hussein murió en un enfrentamiento con el ejército y la policía yemení el 2004.

Sobre la base de estos antecedentes, no debería extrañarnos que los hutíes tengan una política relativamente hostil hacia Estados Unidos y Occidente, y aunque si bien tienen enemigos comunes, como el islamismo que pregonan grupos locales como Ansar-al Sharia, Al Qaeda, o el Estado Islámico, difícilmente estos hechos per se establezcan una alianza sostenible en el tiempo.

La relación de los hutíes con Occidente estará determinada por otros factores, como el papel que Irán está experimentando en una región en la que parece ganar terreno e influencia con el chiísmo, lo que convierte a Teherán en un interlocutor cada vez más influyente en gobiernos como el iraquí, sirio y ahora el yemení.

Sumado a lo anterior, no podemos desconocer un hecho delicado en lo que se refiere a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán sobre el programa de enriquecimiento de uranio. Arabia Saudita y otros países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) ya han responsabilizado a Irán sobre su eventual apoyo a las milicias hutíes. Si Washington se sumara a estas críticas, podría dejar en fojas cero las conversaciones con Irán en la búsqueda de un acuerdo que permita destrabar el aislamiento internacional de Teherán. Por lo tanto, esta situación nos añade un nuevo factor a la ya compleja ecuación en la región de Oriente Medio.

De mantenerse la situación en Yemen, serán inevitables las escaramuzas entre los grupos chiítas y sunitas, que pueden ser alentados directa o indirectamente por regímenes como el iraní y el saudí, respectivamente.

Para Arabia Saudita, Yemen – un país con el que comparte 1.800 kilómetros de frontera – puede ser lo suficientemente hostil si es que Irán llega a tener un control directo o indirecto en el frente político interno. El régimen de Riad observa con preocupación el “cerco geográfico” que está experimentado por países dominados por movimientos proclives al chiísmo: al noreste con Irán, al norte con Siria y ahora en el sur, con Yemen.

El vacío de poder dejado tras la salida del presidente Hadi, y la consiguiente llegada de los hutíes en Yemen, representa un reacomodo de fuerzas en la región de Oriente Medio.

Si se mantiene esta situación, y especialmente si los hutíes se mantienen en posiciones de poder, revitalizará las diferencias sectarias entre chiítas y sunitas que por ahora se mantendrían a un nivel de milicias no estatales, pero si esas tensiones escalan a un nivel estatal o formal, puede acrecentar los antagonismos entre Teherán y Riad, en un conflicto que puede llevarnos a consecuencias impredecibles.

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28 mar 2015

¿Es la PUC una Universidad?

Ayer en la mañana mi abuela me preguntó,  tú que has dedicado parte importante de tu vida a estos temas de Universidades, ¿me puedes explicar de modo directo y simple que es una Universidad?

Bueno abuela. Una Universidad es una comunidad de profesores, investigadores, y estudiantes que… Aquí me interrumpió, ¿existe independencia para que los profesores dicten sus cátedras libres de presiones de quienes dirigen la universidad?

Bueno abuela. Uno de los valores de las universidades es lo que los profesores definen como “libertad de cátedra”, es por ello que…. Otra interrupción. ¿Me quieres decir que un profesor enseña lo que se le da la gana?

Abuela. Los profesores llegan a dictar una cátedra luego de un proceso de selección arduo y, además, si bien es evidente que las cátedras tienen una columna vertebral asociada con un tema principal y determinado al que están referidas, es también importante para mí explicarte que el profesor está en su derecho a desarrollar el proceso como a él le parezca adecuado.Debo decirte, eso sí, que esto ocurre en aquellas universidades donde los profesores “dictan cátedra”.

Mi abuela estaba muy excitada y no quería largas explicaciones. Me imagino que  por ese motivo me interrumpía con molesta frecuencia.

Dime una cosa. Si un profesor enseña mal, no sabe su materia, ha perdido sus habilidades y capacidades, ¿puede seguir dictando cátedra con esa libertad a la que tú haces mención?

Abuela. Los profesores e investigadores, además de ser un colectivo con gran nivel de autocrítica, están sometidos a una constante evaluación. En todas las universidades existen comités preocupados de estos procesos que están velando permanentemente por mantener la calidad de la enseñanza. Los profesores  son evaluados por sus pares y por los estudiantes; y algo similar ocurre con los investigadores, que deben exponer sus avances a instancias de evaluación de publicaciones o comités en los congresos donde exponen sus trabajos.

A ver, me dijo. Explícame. ¿El dueño de la universidad no puede despedir sin motivo a un profesor o investigador?

Bueno abuela. En una Universidad Pública o en una Universidad Privada de cierto nivel o prestigio, el “dueño” es un concepto un tanto nebuloso. Generalmente existe un rector que dirige, y un Consejo Superior, Junta Directiva u otro cuerpo colegiado que representa los intereses de los dueños. Sin embargo, esa imagen del gerente que toma decisiones inconsultas a diestra y siniestra no es propia de estas instituciones.

Bueno, bueno. ¿Me puedes explicar entonces cómo es que el Cardenal Ezzati ha exonerado a un profesor de la facultad de Teología de la PUC de apellido Costadoat?

Abuela. La Pontificia Universidad Católica de Chile tiene una autoridad llamada Gran Canciller y ese cargo es ocupado por monseñor Ezzati. Él tiene el poder de otorgar o negar la condición que le permite a un profesor dictar cátedra.

A ver, a ver. ¿Y eso lo puede hacer por sobre lo que opine el rector y la Junta Directiva?

Es una prerrogativa del Pro Gran Canciller. Tú debes saber querida abuela que, por ejemplo, el rector de esta universidad es nombrado directamente por el Papa Francisco.

De hecho, los profesores de la PUC que están reclamando por la medida que terminó con la carrera académica del profesor Costadoat, no niegan que Ezzati tiene “derecho” a, mediante este mecanismo, exonerarlo; lo que reclaman es lo injusto y arbitrario de la medida. Fíjate abuela que la evaluación del profesor es muy buena.

Dime una última cosa querido nieto. Esta prerrogativa de Ezzati, ¿la puede ejercer sólo en la Facultad de Teología de la PUC o también en cualquier otra?

Abuela. El Pro Gran canciller puede hacer eso con cualquier profesor de cualquier facultad o cátedra.

¡Eso es una barbaridad!, exclamó. Si Ezzati no asiste a clases y si los organismos de evaluación existentes entregan una buena calificación del profesor, ¿cómo es posible que se lo aleje de su cátedra y, en consecuencia, de sus alumnos y colegas?

¿Qué opinan el rector, los alumnos, la Junta Directiva?

Abuela. Da lo mismo lo que opinen: Ezzati puede, en virtud de su cargo, aplicar estas medidas a cualquier profesor de la PUC.

Me quedó mirando con un dejo de incredulidad y me preguntó, ¿estás seguro que la Pontificia Universidad Católica es en realidad una Universidad?

Cuando me aprestaba a contestar, se paró y se dirigió a la puerta. Casi al salir, se dio vuelta me volvió a preguntar de esa manera tan característica, ¿tú crees que el Estado debe financiar una organización con este tipo de normas de funcionamiento, y atribuciones de una autoridad unipersonal?

Y allí me quedé. Ella se fue sin esperar mi respuesta… De eso hace ya media hora. Me he tomado dos tazas grandes de café pensando qué le puedo decir si es que regresa por mi respuesta.

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