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Muchos se asombran de los miles de millones de pesos que han salido al baile a propósito del destape del financiamiento ilegal de las campañas electorales (y a lo mejor personal) de un puñado de políticos (150 hasta ahora) donde se destacan por lejos, parlamentarios y ex candidatos a parlamentarios de la UDI, le siguen más abajo RN, y bastante más atrás PDC y PPD.
Para entender estas cifras, y qué significan, debemos remontarnos a la década del 70, en ella, la dictadura militar encabezada por Pinochet decide implementar en Chile un modelo económico ultra liberal que tenía como supuesto (por lo menos en su declaración), que la iniciativa privada era el mejor motor para hacer crecer la economía, y que el Estado debía tener solo un rol subsidiario facilitador de la actividad privada. En ese contexto, la dictadura decide “vender” las empresas del Estado a privados.
El proceso de venta, o privatización como se ha conocido más popularmente, ha sido analizado en múltiples artículos, bástenos decir que sus características generales más importantes eran sucintamente.
Precios de venta muy inferiores incluso al valor libro de las Empresas, en muchos casos, el mismo Estado a través del Banco del Estado facilitó los recursos para que los compradores “pagaran” las empresas compradas a vil precio, en un porcentaje importante las cuotas comprometidas no se pagaron, muchos compradores fueron ex Ejecutivos del estado (como por ejemplo y para nombrar solo algunos de los más conocidos, los ex funcionarios de Corfo, Julio Ponce Lerou yerno de Pinochet (Soquimich), Roberto De Andraca (CAP), Bruno Phillipi (actual presidente de la Sofofa), José Yuraszeck (Endesa).
Se calcula (según datos de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados), que solo en 30 de las empresas “privatizadas”, el Estado Chileno, (Chile, todos nosotros) perdió por concepto de venta bajo su valor real, prestamos excesivamente blandos y cuotas no pagadas, en dinero de los años en que se privatizaron, más de 2.200 millones de dólares es decir entre 1.400.000 y 2.000.000 de millones de pesos ( osea, entre 350 y 500 veces los valores defraudados al fisco por Penta y Soquimich).
Estas operaciones, más el traspaso a los principales grupos económicos de los fondos previsionales de los trabajadores en el año 1981 significó la consolidación de un proceso cuyo resultado fue dejar literalmente la economía chilena en unos pocos bolsillos de empresarios afines al régimen dictatorial, es decir, se une Poder Económico con Poder Político como nunca antes en la historia de Chile, de ahí en adelante ya no se podrá, en rigor estricto, hablar de derecha política y derecha económica.
Lo que viene a continuación es conocido, a fines de la década de los 80, a la dictadura se le hace difícil seguir operando, el malestar en el país crecía día a día, las movilizaciones se multiplicaban, el rechazo mundial desde su instalación nunca dejó de crecer, ya no le servía a los grandes grupos económicos (habían estrujado al Estados chileno dejando solo migajas) y el empresariado-político decide que es necesario buscar una forma de reemplazo que les permita seguir acumulando ganancias.
Se acuerda entre Derecha e “Izquierda” un camino de salida con la venia del Departamento de Estado de los EEUU y el Vaticano, y se inicia la famosa transición a la democracia.
Conocemos los 20 años de Concertación, democracia de los acuerdos, cambios en la medida de lo posible, en general, nada que afectara de manera siquiera leve las bases del sistema, los empresarios-políticos (esencialmente de derecha) sabían desde el principio que mantener todo tal cual tenía un límite, desde siempre supieron que los niveles de concentración de la riqueza en algún momento iban a empujar estallidos sociales y que había que prepararse para ello.
La Constitución de 1980, las modificaciones acordadas con la dictadura en sus últimos días y los cambios cosméticos en el gobierno de Lagos fueron un primer paquete de medida de prevención; por supuesto el Sistema Binominal era una de las piedras angulares para mantener la “democracia de los acuerdos”
Necesitaban tener también una “cara política”, alguien que hablara por ellos y dijera lo que ellos querían que dijeran. Naturalmente esa cara quien mejor podía representarla, eran los políticos de derecha y entre ellos los con más liderazgo; sin embargo, no estaba demás tener amigos, mientras más mejor, también en la “izquierda”. Altos sueldos y prebendas para los diputados y senadores es una segunda medida muy importante para bloquear el cambio al binominal o para atenuarlo en caso de que fuera imposible parar todo tipo de cambios.
Muestra de lo bien que digitó sus interés el gran empresariado, es que durante el gobierno de Frei, se continúa la venta de las pocas empresas que aún mantenía el Estado, entregando a privados prácticamente todo el sector de agua potable y sanitarias (solo se dejó un poquito para que lo privatizara Piñera) y durante el gobierno de Lagos se entregan a privados una inmensa cartera de obras públicas que incluye autopistas y cárceles.
Terminados los 20 años de Concertación, en el Gobierno de Piñera se marca el punto de inflexión del paraíso para la derecha económico-política, los movimientos sociales se expresan de mejor manera y se empieza a hacer evidente el inmenso descontento social por la gran inequidad existente.
Los empresarios-políticos toman nota, se empieza a hablar de cambios de verdad, se cuestiona como nunca la legitimidad de la Constitución, se empieza a hablar de democracia participativa, el clima se les complica, se avecinan nubes y a lo mejor algún temporal.
2010-2011, posiblemente son los años en que se realiza la mayor “inversión” de estos empresarios políticos: Penta liderado por empresarios más tipo confesional, apuesta principalmente a la UDI, Soquimich, liderado por el pragmático Ponce Lerou, reparte a diestra y siniestra, más a la diestra, pero algo también al centro y a la izquierda, con esos dineros, no solo se compran favores (a lo mejor no los necesitan con el inmenso poder que ya tienen), sino, y principalmente, se les compromete, es algo así como una especie de pacto de sangre.
¿Por qué sale esto a la luz pública?, no es fácil determinar una sola causa: las inmensas inequidades existentes en el país, las exclusiones de todo a las que se ve sometida la mayoría de la población de un país “exitoso”, la presión por los cambios surgida desde los movimientos sociales, un gobierno más sensible que los anteriores a esa presión, un programa de gobierno que compromete cambios, una derecha sin propuesta atractiva de continuidad, operadores que “se van de lengua”, ex ejecutivos heridos por el mal trato de sus socios-patrones, en fin la respuesta certera es todas las anteriores.
Es evidente por otro lado que, mientras no se cambie la Constitución, se regule el poder de los grandes empresarios y se le restituya al Estado su rol como agente no solo regulador sin también productor en las áreas más estratégicas de la economía (energía, agua, comunicaciones, gran minería del cobre por señalar lo más urgente), será muy difícil evitar que el Partido de los Grandes Empresarios siga digitando lo que se hace y lo que no se hace en el país.
Podrán hacer cambios, pero solo en la medida de los posible, y lo posible estará como hasta ahora, también determinado por ellos.
Por todo lo anterior es que la salida de la crisis no es fácil, la “democracia de los acuerdos” no da el ancho, una salida negociada de borrón y cuenta nueva ya no es posible, la sociedad no aceptará la impunidad, los grandes empresarios, responsables principales de esta crisis no atinan en dar una respuesta, los movimientos sociales no son lo suficientemente fuertes, unidos y movilizados como para presionar y lograr desde la calle que se generar un proceso constituyente para refundar la institucionalidad del país.
Es por lo anterior que el Gobierno tiene una oportunidad de oro para que la Presidenta retome el liderazgo, reconocer la crisis política por la que atraviesa el país, señalar que se requieren cambios profundos a la institucionalidad y plantear que, junto con un paquete de leyes pro probidad se trabajará el cambio de la Constitución y la manera de hacer ese cambio se definirá en un Plebiscito en que los chilenos decidiremos si queremos que el cambio se realice en el parlamento o mediante un proceso constituyente desde la base de la sociedad misma.
