Un caso emblemático de estas luchas ambientalistas y de la manera como los poderes oficiales y los fácticos actúan en las sombras, lo constituye el conflicto por la instalación y/o prohibición de la cuarta Termoeléctrica de la empresa AES GENER en la Bahía, la Termoeléctrica Campiche.

El fallo del máximo tribunal del país ordenó la paralización de la construcción de la termoeléctrica mencionada en Junio de 2009, en respuesta a un recurso de protección interpuesto por el consejo Ecológico Puchuncaví – Quintero, constituye un hecho histórico que reviste la máxima relevancia en el ámbito de la generación de energía en el país. Sin embargo, para revertir esa decisión del máximo tribunal y permitir que la empresa transnacional AES GENER prosiguiera su proceso de construcción, luego de un prolongado lobby y secuencia de presiones a distintas personas del gobierno de M. Bachellet por parte del embajador de los EEUU y gerentes de AES GENER, con fecha 31 de Diciembre del 2009, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo emitió un Decreto Supremo autorizando el cambio del uso de suelo, con lo cual la empresa obtuvo la autorización, -como un traje a medida-, para seguir con la construcción de la Termoeléctrica. Se establece de esta manera, un atropello a la ciudadanía que había logrado con un gran esfuerzo un triunfo en la Corte Suprema.

De este modo fueron violados los principios y garantías constitucionales de igualdad ante la ley (artículo 19. Nº2)5 y la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación (artículo 19. Nº8)6. Privilegiando de esta manera los intereses de la empresa generadora de energía por sobre las demandas ciudadanas y de la opinión pública. Legitimando el lobby político, por sobre la institucionalidad democrática del país, cayendo en actos de corrupción a espaldas de la Ciudadanía.

¿Que hacer cuando el poder político en alinza con el poder económico pasan por sobre un pronunciamiento del poder judicial? Si esta alianza estratégica se aplicara también a Hidroaysén ¿Qué nos cabe esperar a la Ciudadanía de las instituciones que supuestamente funcionan?

Un caso emblemático de estas luchas ambientalistas y de la manera como los poderes oficiales y los fácticos actúan en las sombras, lo constituye el conflicto por la instalación y/o prohibición de la cuarta Termoeléctrica de la empresa AES GENER en la Bahía, la Termoeléctrica Campiche.

El fallo del máximo tribunal del país ordenó la paralización de la construcción de la termoeléctrica mencionada en Junio de 2009, en respuesta a un recurso de protección interpuesto por el consejo Ecológico Puchuncaví – Quintero, constituye un hecho histórico que reviste la máxima relevancia en el ámbito de la generación de energía en el país. Sin embargo, para revertir esa decisión del máximo tribunal y permitir que la empresa transnacional AES GENER prosiguiera su proceso de construcción, luego de un prolongado lobby y secuencia de presiones a distintas personas del gobierno de M. Bachellet por parte del embajador de los EEUU y gerentes de AES GENER, con fecha 31 de Diciembre del 2009, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo emitió un Decreto Supremo autorizando el cambio del uso de suelo, con lo cual la empresa obtuvo la autorización, -como un traje a medida-, para seguir con la construcción de la Termoeléctrica. Se establece de esta manera, un atropello a la ciudadanía que había logrado con un gran esfuerzo un triunfo en la Corte Suprema.

De este modo fueron violados los principios y garantías constitucionales de igualdad ante la ley (artículo 19. Nº2) 5 y la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación (artículo 19. Nº8) 6. Privilegiando de esta manera los intereses de la empresa generadora de energía por sobre las demandas ciudadanas y de la opinión pública. Legitimando el lobby político, por sobre la institucionalidad democrática del país, cayendo en actos de corrupción a espaldas de la Ciudadanía.

¿Qué se hace cuando el poder económico en alianza con el poder político pasan a llevar un fallo del poder judicial, como en este caso la corte suprema?

Un caso emblemático de estas luchas ambientalistas y de la manera como los poderes oficiales y los fácticos actúan en las sombras, lo constituye el conflicto por la instalación y/o prohibición de la cuarta Termoeléctrica de la empresa AES GENER en la Bahía, la Termoeléctrica Campiche.

El fallo del máximo tribunal del país ordenó la paralización de la construcción de la termoeléctrica mencionada en Junio de 2009, en respuesta a un recurso de protección interpuesto por el consejo Ecológico Puchuncaví – Quintero, constituye un hecho histórico que reviste la máxima relevancia en el ámbito de la generación de energía en el país. Sin embargo, para revertir esa decisión del máximo tribunal y permitir que la empresa transnacional AES GENER prosiguiera su proceso de construcción, luego de un prolongado lobby y secuencia de presiones a distintas personas del gobierno de M. Bachellet por parte del embajador de los EEUU y gerentes de AES GENER, con fecha 31 de Diciembre del 2009, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo emitió un Decreto Supremo autorizando el cambio del uso de suelo, con lo cual la empresa obtuvo la autorización, -como un traje a medida-, para seguir con la construcción de la Termoeléctrica. Se establece de esta manera, un atropello a la ciudadanía que había logrado con un gran esfuerzo un triunfo en la Corte Suprema.

De este modo fueron violados los principios y garantías constitucionales de igualdad ante la ley (artículo 19. Nº2) 5 y la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación (artículo 19. Nº8) 6. Privilegiando de esta manera los intereses de la empresa generadora de energía por sobre las demandas ciudadanas y de la opinión pública. Legitimando el lobby político, por sobre la institucionalidad democrática del país, cayendo en actos de corrupción a espaldas de la Ciudadanía.

¿Qué se hace cuando el poder económico en alianza con el poder político pasan a llevar un fallo del poder judicial, como en este caso la corte suprema?