Hay que reconocer que no sólo hay aspectos económicos asociados a una eventual licitacion y explotación del litio, sino también, un impacto ambiental directo a los salares de nuestro país, que es justamente en donde se haya dicho mineral. Todo desarrollo productivo en el ámbito de la minería tiene aparejado no
sólo un costo productivo -el eterno pecado chileno: elegir agregar
mano de obra o vender commodities-, sino también, mayores consecuencias
en el ámbito medioambiental. En tal sentido, reconociendo la actual demanda de litio, es preciso legislar prospectivamente respecto a este, “nuestro” producto estratégico -y por “nuestro” no me refiero a los mismos de siempre, esos que son empresarios o inversionistas con hermanos, primos, tios o amigos en la política, y que finalmente persiguen intereses comunes-, insumo directo y fundamental para la industria de la
tecnología, a saber el gran número de aparatos tecnológicos que precisan
de baterías, microchips y procesadores computacionales, entre las ya
mencionadas anteriormente en el articulo.

Es necesario por tanto que “el tema del litio” sea abordado con
interés de Estado -y trilateral?-, a sabiendas que entre Argentina,
Bolivia y Chile se concentra casi la totalidad de los yacimientos de
dicho mineral, países que tienen una nueva oportunidad para beneficiarse
no sólo de la extracción, sino de desarrollar el eslabonamiento
productivo necesario para generar producción nacional industrial basada
en el litio. Hasta donde me he informado, Argentina ha comenzado con la
investigación asociada para el desarrollo de la industria de baterías -haciendo pruebas en centros de investigación en Europa ante la inexistencia de maquinaria apropiada para la experimentación en Latinoamérica-,
aprovechando que en la hermana república residen plantas de manufactura
en el área de la computación, a fin de proveer el 100% de las baterías
para el ensamblado de equipos móviles.

Aprovechar las ventajas comparativas que nuestro país posee, siempre
ha estado reservado a los grandes inversionistas, ya sean extranjeros o
nacionales, experiencias históricas de ellas las conocemos, al igual que
las consecuencias que ello ha traído tanto a la naturaleza como a la
sociedad misma. Esperemos que esta vez, ante la posibilidad que nos abre
este nuevo producto estratégico para el país, genere la oportunidad de
alcanzar equilibrios: protección medioambiental y desarrollo social son
compatibles, es tarea de todos, reza la frase cliché, pero no por
cliché, es menos cierta.

Hay que reconocer que no sólo hay aspectos económicos asociados a una eventual licitacion y explotación del litio, sino también, un impacto ambiental directo a los salares de nuestro país, que es justamente en donde se haya dicho mineral. Todo desarrollo productivo en el ámbito de la minería tiene aparejado no
sólo un costo productivo -el eterno pecado chileno: elegir agregar
mano de obra o vender commodities-, sino también, mayores consecuencias
en el ámbito medioambiental. En tal sentido, reconociendo la actual demanda de litio, es preciso legislar prospectivamente respecto a este, “nuestro” producto estratégico -y por “nuestro” no me refiero a los mismos de siempre, esos que son empresarios o inversionistas con hermanos, primos, tios o amigos en la política, y que finalmente persiguen intereses comunes-, insumo directo y fundamental para la industria de la
tecnología, a saber el gran número de aparatos tecnológicos que precisan
de baterías, microchips y procesadores computacionales, entre las ya
mencionadas anteriormente en el articulo.

Es necesario por tanto que “el tema del litio” sea abordado con
interés de Estado -y trilateral?-, a sabiendas que entre Argentina,
Bolivia y Chile se concentra casi la totalidad de los yacimientos de
dicho mineral, países que tienen una nueva oportunidad para beneficiarse
no sólo de la extracción, sino de desarrollar el eslabonamiento
productivo necesario para generar producción nacional industrial basada
en el litio. Hasta donde me he informado, Argentina ha comenzado con la
investigación asociada para el desarrollo de la industria de baterías -haciendo pruebas en centros de investigación en Europa ante la inexistencia de maquinaria apropiada para la experimentación en Latinoamérica-,
aprovechando que en la hermana república residen plantas de manufactura
en el área de la computación, a fin de proveer el 100% de las baterías
para el ensamblado de equipos móviles.

Aprovechar las ventajas comparativas que nuestro país posee, siempre
ha estado reservado a los grandes inversionistas, ya sean extranjeros o
nacionales, experiencias históricas de ellas las conocemos, al igual que
las consecuencias que ello ha traído tanto a la naturaleza como a la
sociedad misma. Esperemos que esta vez, ante la posibilidad que nos abre
este nuevo producto estratégico para el país, genere la oportunidad de
alcanzar equilibrios: protección medioambiental y desarrollo social son
compatibles, es tarea de todos, reza la frase cliché, pero no por
cliché, es menos cierta.