Los intereses ciudadanos, que nos parecen resultar comunes,
a fin de conseguir una participación ciudadana efectiva, tienden, desde mi
impresión, a ser más bien reactivos -reaccionamos cuando nos vemos
individualmente vulnerados- más que genuinos, mucho menos alcanzan el nivel
colectivo, y en escaso número, consiguen ser propositivos. De igual manera,
sabemos que incluso las consultas ciudadanas sólo quedan en eso: una estadística de uso
instrumental -consultiva- para la autoridad de turno, sin que ello resulte
efectivamente en un mandato de la ciudadanía sobre el tema consultado. Más
bien, apelan a la ética de los representantes, o a su “buena
voluntad”, que por lo demás, tiende a distar de la voluntad general de la
comunidad o nación.

Nos han educado, y hemos acostumbrado, a una ciudadanía limitada y
restringida al voto político como instancia de participación ciudadana. Los mecanismos
representación ciudadana son unidireccionales -de arriba hacia abajo, nunca en
un doble sentido-, y la evaluación del desempeño de los gobernantes sólo se
admite cuando es posible una reelección. Las revocatorias de mandato, “los
juicios de residencia”, y las contralorías sociales, sólo son efectivas
cuando la ciudadanía se encuentra verdaderamente empoderada, más allá de gozar
de dicha membrecía, que por lo demás en nuestro país, escasea en atribuciones.

Creo que esa voluntad, tan necesaria y escasa en el egoísta
juego político, precisa de amarras, pues sabemos que no basta con apelar y
descansar en la coherencia ética que implica un mandato político –¿obediente de
los electores y ciudadanía?-, sino también en la calidad de nuestras leyes como
armazón de una mejor democracia.

            Los
cambios propuestos por el autor son necesarios, pero sería ingenuo creer que
por clavar unos cuantos palos hemos construido una casa, y en esta casa, no nos
olvidemos, vivimos todos. En ella, todos como propietarios, queremos y debemos
construir un país más justo, inclusivo y participativo.

Nos han educado, y hemos acostumbrado, a una ciudadanía limitada y
restringida al voto político como instancia de participación ciudadana. Los mecanismos representación ciudadana son unidireccionales -de arriba hacia abajo, nunca en un doble sentido-, y la evaluación del desempeño de los gobernantes sólo se admite cuando es posible una reelección. Las revocatorias de mandato, “los juicios de residencia”, y las contralorías sociales, sólo son efectivas cuando la ciudadanía se encuentra verdaderamente empoderada, más allá de gozar de dicha membrecía, que por lo demás en nuestro país, escasea en atribuciones.

Creo que esa voluntad, tan necesaria y escasa en el egoísta juego político, precisa de amarras, pues sabemos que no basta con apelar y descansar en la coherencia ética que implica un mandato político -¿obediente de los electores y ciudadanía?-, sino también en la calidad de nuestras leyes como armazón de una mejor democracia.

Los cambios propuestos por el autor son necesarios, pero sería ingenuo creer que por clavar unos cuantos palos hemos construido una casa, y en esta casa, no nos olvidemos, vivimos todos. En ella, todos como propietarios, queremos y debemos construir un país más justo, inclusivo y participativo.