La transición hacia una sociedad y economía menos dependiente de los combustibles fósiles y resiliente al clima depende en gran medida de las ciudades y de las acciones que se tomen a nivel subnacional y local.

Más del 50% de la población mundial vive actualmente en ciudades, las que se estima son responsables de alrededor del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

En el caso de Chile, la urbanización supera el 90%. Se prevé, además, que esta cifra siga incrementándose, ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los gobiernos municipales, no sólo en términos de garantizar servicios básicos como acceso a la energía y el agua, alumbrado público, vivienda, transporte, gestión de residuos, etc., sino como actores claves en el diseño, implementación y desarrollo de estrategias integrales, políticas y  acciones para mitigar el cambio climático y que promuevan la adaptación a las nuevas condiciones climáticas, todo ello en un contexto de desafíos sociales importantes (pobreza, desigualdad, salud, educación, etc.).

Esto adquiere una relevancia mayor si se considera que Chile es un país altamente vulnerable a los impactos del cambio climático y donde sus efectos ya se manifiestan; sequía, aluviones, olas de calor, retracción de glaciares, entre otros.

En esta línea los gobiernos locales son fundamentales, debido a que en general son las estructuras político administrativas que tienen mayor cercanía con la comunidad y por ende mayor capacidad de influencia en las organizaciones locales y las disposiciones en términos de política pública que afectan directamente al territorio.

Las municipalidades y sus gobiernos deben incluir la problemática de cambio climático en sus planes y programas de desarrollo. Deben, junto al apoyo de la sociedad civil, la academia y los gobiernos centrales, desarrollar análisis indicativos de la situación del territorio, generar diagnósticos y desarrollar capacidades, junto con elaborar programas de adaptación. Y esto debe ser ahora.

Este 2016 nuestro país enfrenta elecciones municipales lo que representa una oportunidad para exigir la incorporación del cambio climático en el debate público y en la agenda programática de alcaldes y concejales. En este escenario debe tenerse presente, además, la creciente conflictividad y problemática ambiental a nivel territorial. El espacio que generarán las elecciones municipales que culminan en octubre de este año, será propicio para exigir la responsabilidad de los candidatos y los futuros alcaldes de hacerse cargo, con una visión a largo plazo, de la protección del territorio y sus habitantes generando gobiernos locales sustentables y con visión de futuro.

No es un desafío menor, pero tampoco carece de realidad. Impulsamos la creación de la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático, cuyo propósito base es el diagnóstico de vulnerabilidad territorial y la generación, de acuerdo a este, de capacidades y planes de adaptación ante el cambio climático.

Si bien la realidad de los municipios a lo largo de Chile es abismantemente desigual, creemos que existen las posibilidades reales de generar transformaciones en la forma de gestionar el gobierno local, lo que pueden hacer una diferencia significativa respecto a cómo es que Chile se enfrenta a esta problemática global.

Es responsabilidad de los candidatos a alcaldes y concejales asumir este desafío e incorporar en sus propuestas el cambio climático como una problemática transversal del territorio. No es posible seguir omitiendo.

La Hoja de Ruta de Energía 2050 decretada recientemente por la Presidenta Bachelet plantea que se debe transitar en la relación con las comunidades desde una lógica de compensaciones –que es la que se ha utilizado históricamente- hacia formas de insertar las iniciativas energéticas en el concepto de desarrollo local con procesos participativos robustos, acceso a información de forma oportuna y actores locales fuertes.

Sin embargo, las declaraciones a medios de comunicación de los dirigentes regionales plantean necesidades en éste ámbito que al parecer no han sido cubiertas. Critican que éste y otros proyectos sean aprobados cuando aún se está debatiendo la ‘Política Energética Regional’, lo que para ellos es contradictorio y dejaría en letra muerta las mesas de diálogo con autoridades y representantes del sector empresarial.

Según anuncios del mismo ministerio de Energía, recién en abril de este año se entregará el diagnóstico que dará una imagen más clara de las condiciones del territorio y las necesidades de Aysén en materia energética. A mediados de 2017 se prevé se dará a conocer la política energética para esa región, así como para Magallanes. También se hará una encuesta en la región durante febrero y marzo para recabar antecedentes de las opiniones y las necesidades que tiene  la zona.

En este contexto, cobran mayor relevancia las palabras de la presidenta Bachelet en su Hoja de Ruta, cuando señalaba que para el desarrollo exitoso del sector se debía contar con la validación social y técnica requerida. No basta con realizar mesas y vincular a los distintos actores involucrados si estos procesos quedan solo en opiniones. La legitimidad de las propuestas es posible solo a través de la real participación y, por consiguiente, en la aceptación de lo que se propone.

Se hace evidente la necesidad de contar con herramientas de planificación territorial realmente vinculantes, donde el diálogo finalice en procesos de incidencia en las políticas públicas por las que fueron creados.

El impacto de las grandes obras hidráulicas las convierte en un asunto de controversia en materia de desarrollo sustentable. El gran dilema es cómo superar la confrontación y encontrar modos de mitigar los impactos adversos de las represas sobre las poblaciones y los ecosistemas involucrados en los proyectos.

El fin que debe alcanzar un proyecto es obtener un beneficio de modo sustentable, social y ambientalmente equitativa, además de económicamente viable. ¿Estamos frente a un proyecto con éstas características? Un abastecimiento seguro y confiable de energía es clave para el desarrollo económico y social del país.

Debemos ser capaces de generar estrategias productivas más inclusivas, que potencien los recursos naturales como ejes dinamizadores del desarrollo, mirados desde y hacia las condiciones particulares de cada territorio, más aún de zonas extremas del país, como lo es Aysén.

Para Rimisp ésta es una temática que resulta de interés por el modo en que el capital natural y los servicios ecosistémicos influyen en las dinámicas territoriales en áreas rurales. Entendemos que el desarrollo sólo es factible si se logra compatibilizar los diversos aspectos económicos, ambientales, sociales y culturales, en los distintos niveles nacional, regional y local. ¿Cómo?

Es difícil llegar a una Política Energética que permita confluir y equiparar los intereses regionales con aquellos relacionados con temas nacionales, con los intereses de la protección de áreas naturales y con las necesidades del sector energético nacional. Difícil pero no imposible.

Es fundamental utilizar herramientas de análisis de variables desde el territorio, que consideren de manera integrada las aristas institucionales, sociales y económicas, con una perspectiva de mediano y largo plazo, e incluyendo desafíos de crecimiento, sostenibilidad e inclusión en el área energética.

Desde su ingreso al SEIA, este relleno sanitario estuvo ambientalmente cuestionado. De hecho está en una zona de quebradas de matorral nativo, aledaña a terrenos agrícolas y ganaderos.

Esto nos lleva a pensar, lo vulnerable que estamos como ciudadanos y cómo estos días, nos hemos visto enfrentados a estas emanaciones, las que según la autoridad competente no tienen toxicidad y por lo tanto, no perjudicarían la salud de las personas.

Sin embargo, cuando un lugar es destinado a acumular toneladas de desechos y basura, en mayor o menor medida se estará contaminando el medio ambiente, se produce filtración de los líquidos percolados en las napas subterráneas y se incrementan los gases de efecto invernadero, entre otros.

Sería importante y urgente, que las autoridades, el sector privado y la misma ciudadanía, posean una mirada ambiental de los procesos, que priorice la calidad de vida, el manejo sustentable de los recursos, las medidas a largo plazo y no solo frente a  la emergencia.

También es urgente que la relación y gestión del territorio  sea en pos de un país sustentable, que esté sobre los intereses económicos y de mercado. Es vital la educación ambiental desde el colegio y que entre en vigencia la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida del Productor.

Un hito clave se produjo el 4 de diciembre en el marco de la “Cumbre de Líderes Locales: Ciudades por el Clima”, convocada por la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, y el enviado especial de Naciones Unidas para las ciudades y el clima, y ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.

En ella, alcaldes y alcaldesas de cerca de 1000 ciudades de diferentes partes del mundo, sin esperar los resultados de la COP21 decidieron dar un paso al frente comprometiéndose a reducir en 3,7 gigatoneladas las emisiones anuales de gases de efecto invernadero en las zonas urbanas de aquí a 2030, lo que representa el 30% de la diferencia prevista entre los compromisos nacionales actuales (INDC) y los niveles de emisiones recomendados por la comunidad científica para limitar el calentamiento del planeta a 2^o C.

Es una cifra nada despreciable si se considera que, en la actualidad, más del 50% de la población mundial vive en ciudades, las que se estima son responsables de alrededor del 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Cifras que se espera sigan incrementándose ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los gobiernos municipales de la región, no sólo en términos de garantizar servicios básicos como acceso a la energía y el agua, alumbrado público, vivienda, transporte, la gestión de residuos, etc., sino como actores claves en el diseño, implementación y desarrollo de estrategias integrales, políticas y  acciones para mitigar el cambio climático y que promuevan la adaptación a las nuevas condiciones climáticas, todo ello en un contexto de desafíos sociales importantes (pobreza, desigualdad, salud, educación, etc.)

Así lo han entendido los líderes locales en París que se comprometieron  apoyar objetivos más ambiciosos en favor del clima, como la transición hacia una energía 100% renovable y  una reducción del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050. Ambiciones que se encuentran la altura del desafío climático que urge hoy.

Dentro de este grupo de ediles, llevando la voz de los alcaldes de Chile y de la Red Chilena de Municipios ante el Cambio Climático participaron, Gonzalo Durán de Independencia; la alcaldesa Graciela Ortúzar de Lampa y la alcaldesa Josefa Errázuriz de Providencia.

Ellos representan la voz de los 55 alcaldesas y alcaldes que suscribieron la Declaración de Alcaldes ante el Cambio Climático, la cual fue oficialmente entregada a la Delegación del equipo de negociaciones de Chile durante el Foro de los Alcaldes 2015.

La declaración plantea dos aspectos centrales: por un lado destacan los compromisos a los cuales se avocan los alcaldes signatarios en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero y a la adaptación de sus territorios y modelos de gobernanza. Por otra parte, expresan demandas al Gobierno central para que avance en devolver la autonomía a los municipios en relación a la capacidad para la toma de decisiones.

Esta declaración resume la perspectiva de trabajo bajo la cual, según el consenso de los alcaldes firmantes, los municipios pueden avanzar en la transición hacia una sociedad y economía menos dependiente de los combustibles fósiles y resiliente al clima y donde las acciones que se tomen a nivel subnacional y local son centrales a cualquier estrategia de cambio climático.

El rol que jugarán los gobiernos locales en la implementación y seguimientos de las INDC será fundamental para la revisión que se comprometió por los 195 países para el 2018 que será punto de partida para la entrada en vigencia del Acuerdo de París.

1.- Se renuncia a revertir el calentamiento global, que constituye el objetivo de la Convención firmada en la Cumbre de Río en 1992. El objetivo ahora es evitar que la temperatura planetaria aumente más de 2 grados promedio, procurando no superar los 1,5 grados.

2.- Se creó un nuevo sistema de compromisos de reducción de emisiones, en base a “contribuciones nacionales” que cada país comprometió en París. Pero la suma de esos compromisos es insuficiente, pues no sólo no permite reducir las emisiones para resolver el cambio climático, sino que tampoco logra controlar el calentamiento en más 2°C. Los científicos han advertido que la suma de los compromisos de reducción, implica que a fines de este siglo tendríamos un aumento de temperatura entre 2,7 y 3 grados Celsius. Un desastre climático.

3.- Los compromisos de reducción de emisiones acordados, no son  vinculantes. Su carácter voluntario implica que cada nación debe informar a Naciones Unidas como va con su compromiso, pero no hay multas ni sanciones si no cumple con ellos. Lo cual puede significar la ineficacia o fracaso del acuerdo.

4.- En París se avanzó hacia un sistema flexible de compromisos de reducción de emisiones, que incluye a los países industrializados y a los no industrializados, comprometiéndose un fondo de 100 mil millones de dólares para apoyar las acciones de los países  no industrializados. Pero este compromiso no quedó escrito en el texto del acuerdo de París.

Por todas estas razones las negociaciones de París no constituyen ninguna garantía para revertir el cambio climático o evitar que el calentamiento de la atmósfera continúe hasta más de 2°C, con  todos los impactos y fenómenos extremos que conlleva.

Por eso, se requerirá más que nunca la intervención de  los ciudadanos, tanto para presionar a los Estados a cumplir los compromisos voluntarios realizados en París, como también para concretar nuevas acciones que permitan mantener al año 2100 las condiciones de vida en nuestro planeta, al menos, como hoy las conocemos.

Un factor generalmente subestimado cuando se habla de emisiones de GEI a escala global es la generación de residuos. Es cierto que los residuos contribuyen en alrededor de un 3 a un 5% de GEI a nivel global, pero es necesario considerar que la cantidad de basura que generamos a nivel global está aumentando agresivamente. Se ha estimado que para el año 2025, la generación de residuos sólidos aumentaría un 70% respecto del 2012. Esto implicaría que hacia el año 2025 la humanidad generaría 6 millones de toneladas diarias de residuos.

La disminución en la generación de residuos es también clave porque es un área que potencialmente puede contribuir mucho a reducir los GEI. Además, la prevención y la valorización de residuos por medio de reutilización y reciclaje evitan emisiones en otros sectores de la economía.

Como país podemos hacer más de lo que hemos hecho para evitar esta forma de contaminación. En Chile los residuos constituyen el cuarto mayor factor emisor de GEI, representando el año 2012 un aumento de cerca de un 44% respecto de los niveles calculados en 1990.

Sólo se recicla en el país menos del 10% y cada habitante produce anualmente en promedio al menos 384 kg de residuos domiciliarios, lo que implica más 6,5 millones de toneladas al año de basura domiciliaria generada en nuestro país.

Por lo demás, la primera evaluación ambiental a Chile elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), comprometió al país a fomentar la valorización de residuos e implementar el uso de instrumentos económicos para el cumplimiento de metas ambientales.

Es en ese contexto, que la próxima aprobación de una ley marco de reciclaje representa un paso fundamental que daremos como país. Esta ley introducirá en nuestra legislación la jerarquía en el manejo de residuos, la cual considera como primera alternativa, la prevención en la generación de residuos y luego la reutilización y/o el reciclaje de los mismos.

Este proyecto de ley, además, fortalece la legislación ambiental, porque establece nuevas competencias del ministerio del Medio Ambiente en gestión de residuos. Ello a través de la dictación de reglamentos que considerarán instrumentos para prevenir la generación, o bien, promover la valorización de desechos mediante el eco-diseño, creando envases con mayor factibilidad de reciclaje; la certificación, rotulación y etiquetado de envases; sistemas de depósito y reembolso de residuos  y la recolección selectiva de residuos en su origen.

Otra de las herramientas centrales que utiliza esta ley marco de reciclaje es el establecimiento de un régimen especial de gestión de residuos, llamado Responsabilidad Extendida del Productor (REP).

En dicho régimen se obliga a ciertos productores, importadores o fabricantes, de determinados productos que generan un residuo, a financiar y organizar una cadena de recolección y valorización de tales desechos. Este mecanismo se aplica extendidamente en países europeos, con tasas de reciclaje ostensiblemente elevadas, donde alcanzan porcentajes de revalorización de cerca de 75% y de 100% en ciertos productos.

Esta ley permitirá, además, asumir las externalidades ambientales propias de los residuos -contaminación de suelo y aguas, olores, emisiones, vectores-, disminuir la disposición final de residuos, aumentando con ello la vida útil de los rellenos sanitarios, formalizando, además, el mercado de reciclaje que existe actualmente en nuestro país.

Como país y frente a los compromisos a los que nos hemos comprometido en la Cumbre, tenemos que continuar avanzando en el trabajo legislativo para tramitar la urgente y necesaria ley que crea el Servicio de Biodiversidad; el proyecto de ley que prohíbe el vertimiento de relaves en el mar; y el proyecto ley que fortalece y actualiza la legislación delictual en materia ambiental, el cual ingresé hace un par de años al Senado.

De esta manera, en el contexto de la cumbre COP21 podemos celebrar esta próxima aprobación de la ley marco de reciclaje, como paso fundamental para el fortalecimiento de nuestra institucionalidad ambiental, reduciendo los gases de efecto invernadero para enfrentar el cambio climático.

¿Ambición climática? ¿Se logrará un acuerdo que asegure no superar el límite de 2°C a fin de siglo?

¿Será suficiente para evitar las consecuencias nocivas que ya se hacen evidentes?

Lo más probable es que sí se alcance un acuerdo: ya hay más de 180 países que han presentado sus Contribuciones Nacionales Tentativas (INDC por sus siglas en inglés) que corresponden a más 95% de las emisiones globales.

Sin embargo, y aún si se implementaran al 100% las INDCs propuestas, no se disminuirían las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de modo suficiente. Con estos compromios nacionales se llegaría a 2.7°C de calentamiento, un límite que asegura más temprano que tarde cambios irreversibles con consecuencias geopolíticas indeseables.

Dicho eso, no obstante, es primera vez que tal cantidad de países se comprometen a reducir sus emisiones y a tomar medidas para la adaptación. Como primer paso, como piso de un cambio hacia un modo de desarrollo sostenible, es esperanzador. Pero sólo como primer paso y que sólo será eficaz en la medida que exista una plataforma universal, transparente y jurídicamente vinculante. Lo demás será sólo un juego de frases diplomáticas vacías.

En un país como Chile significa invertir en energías renovables (que tenemos), en capacidad científica y tecnológica (que debemos fortalecer), en eficiencia energética e hídrica (que no terminamos de implementar), en transporte colectivo (que no nos ahogue), en participación ciudadana (que se demanda), en igualdad de género (que falta).

Justamente porque somos vulnerables, porque nuestro modo de desarrollo ya nos tiene con 5 toneladas de CO₂ por persona anuales, y con niveles de desigualdad inaceptables y limitantes para todos y todas.

Para que los compromisos expresados en los discursos sean más que palabras, éstos deben traducirse en un cambio en la manera de entender el desarrollo.

Ya no podemos igualar desarrollo con unPIB creciente. Si bien es necesario, tampoco bastará agregar indicadores de eficiencia carbónica e hídrica.

Los nuevos indicadores deberán contener solidaridad, justicia e inteligencia como adjetivos y esencia. Algo de esto trasunta de la breve alocución de la Presidenta Bachelet.

“Mientras el gobierno invierte escandalosos recursos del Estado para resguardar los predios de plantaciones de las empresas forestales, CONAF apenas destina en promedio 4,5% de su presupuesto para fiscalizar el resguardo del bosque nativo”.

No podía ser de otra forma. Además de todos los pecados que se le atribuyen a las plantaciones, ahora se le suma la responsabilidad por la tala ilegal de alerces.Absolutamente delirante.

Sin embargo, ésta es básicamente la razón por la que en Chile ya no se planta. Una campaña de desprestigio y ataque sostenido a las plantaciones forestales, utilizando metáforas, analogías y argumentos rebuscados que son difundidos por un grupo de personas que maltratan severamente la racionalidad de los argumentos.

Sobre la frase en cuestión, llama la atención la exactitud con que precisan los montos del presupuesto de CONAF destinados a fiscalización y la vaguedad de los montos con que afirman que el Estado resguarda los predios de las empresas. No publican cifras, ni porcentajes respecto del presupuesto nacional, se limitan a un “escandalosos recursos”.

El argumento podría aplicarse, por extensión, a todos los gastos superfluos que realiza el Estado y que superan en montos a los destinados a la fiscalización de talas ilegales por CONAF. Se me ocurren varios. Pero en realidad no es argumento, solo es diatriba.

La liviandad para opinar está desatada. También se afirma como justificación del rechazo a una prórroga del fomento forestal, que durante los últimos años ha aumentado la sustitución del bosque nativo por plantaciones forestales exóticas, lo que ha provocado una pérdida en la biodiversidad nacional. Esta aseveración es falsa e imposible de probar con cifras. La sustitución de bosque nativo por plantaciones ha sufrido una tendencia decreciente en los últimos quince años y está lejos de ser un problema en la actualidad.

Uno pensaría que la abrumadora evidencia terminaría imponiéndose sobre estos dichos carentes de fundamento, pero no. Siguen como si nada, impertérritos, manteniendo un discurso que tenía sentido hace veinte o treinta años, pero no en el Chile actual.

Por otra parte, el gobierno poco hace para plantear con fuerza una visión objetiva sobre la situación del bosque nativo en Chile. Insistir, por ejemplo, en la ausencia de una relación de impacto entre las plantaciones y la superficie actual de bosque nativo; o bien destacar la necesidad urgente de seguir impulsando la forestación de terrenos desnudos (que los tenemos no por miles, sino por millones de hectáreas).

Esta falta de protagonismo del gobierno (no de este en particular, sino más bien de todos los que han enfrentado este tema en los últimos años), explica en buena parte la hegemonía de un pensamiento francamente errado respecto al impacto actual de las plantaciones sobre el bosque nativo y en general sobre todos los supuestos impactos que las plantaciones producen, llevando a creer que son una amenaza para el país.

Mientras el gobierno no adopte una posición clara respecto al aporte que las plantaciones forestales hacen al país, este deterioro de la imagen del sector forestal no mejorará y los instrumentos de fomento que se presenten al Congreso sufrirán una discusión que los maltratará injustamente.

Una tercer aspecto que merece pronunciarse sobre el, es la falta de realismo de quienes plantean propuestas alternativas al fomento forestal en los término que lo conocemos. Quienes se oponen tenazmente a la prórroga del fomento forestal, deslizan algunas propuestas que además de vagas, difícilmente podrían ser adoptadas por el gobierno, ya sea por los costos asociados o por el incierto impacto social que las acompaña.

Antonio Lara, por ejemplo, académico de la Universidad Austral y firme detractor de los monocultivos, ha señalado que en reemplazo de la prórroga, debiera plantearse un fomento forestal focalizado en la conservación y restauración del bosque nativo para la recuperación de los servicios ecosistémicos, tales como la provisión de agua en cantidad y calidad.

En la misma línea WWF señala que es urgente poner incentivos a actividades que fortalezcan los servicios ecosistémicos, la restauración ecológica, la mitigación y adaptación al cambio climático, el desarrollo local sustentable, y los derechos de los pueblos indígenas.

Para quienes encuentran pertinentes estas propuestas, es necesario recordarles que Chile cuenta con una Ley de Bosque Nativo desde el año 2008, la que en estos siete años, por distintas razones, no ha logrado impulsar un aumento importante de su superficie manejada (ya sea con fines productivos o con fines de protección).

Quienes proponen un instrumento de fomento financiado por el Estado para la restauración del bosque nativo, saben bien de los magros resultados de la ley de bosque nativo.

Saben bien que no hemos sido capaces de afrontar exitosamente el desafío de su manejo y ahora proponen algo mucho más difícil y ciertamente más costoso: la restauración ecológica. Un desafío que no les genera rentabilidad económica ni social a los propietarios de los bosques restaurados. Porque, hasta ahora, la rentabilidad económica basada en el pago por servicios ambientales a los propietarios de los bosques (por agua, como plantea Lara), es una quimera.

No podemos proponer un instrumento de fomento a la restauración de los bosques, cuando aún no hemos sido capaces, por ejemplo, de detener su degradación por manejo no sustentable (extracción ilegal de leña principalmente). Saltarnos estos pasos y avanzar hacia la restauración con fondos públicos es caro y equivocado. El gobierno lo sabe, por lo tanto no acogerá una propuesta en los términos en que se plantean. Pero tampoco parece estar dispuesto a enfrentar el rechazo de un grupo minoritario de parlamentarios y sacar adelante en el Congreso una prórroga del fomento forestal. El resultado hasta ahora es el inmovilismo para el sector.

La finalidad de estas áreas de protección es conservar el estado prístino de la biodiversidad única, prohibiéndose la pesca o extracción de recursos. Además, buscan proteger los montes submarinos y sus ecosistemas vulnerables, y contribuir al desarrollo del conocimiento científico de los ecosistemas de aguas profundas.

Estas reservas marinas se encuentran bajo la tuición del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), y en ellos no puede efectuarse ningún tipo de actividad, salvo aquellas que se autoricen con propósitos de observación, investigación o estudio.

Nuestra región, Magallanes, no está ajena a esta realidad. Fue en el año 2003 que se creó el parque marino “Francisco Coloane”, y si bien es cierto que nuestros pueblos canoeros ya no se pueden beneficiar de el, por la cercanía con la total extinción de su raza, fue el primero en el país, y comprende un total de 67.000 hectáreas entre costa y mar.

Recuerdo que era Alcalde de Punta Arenas, cuando se iniciaron los esfuerzos que hicimos muchos, para que se creara el parque marino, que se encuentra en la Isla Carlos III, entre las Islas Santa Inés, Isla Riesco y la península de Brunswick, con el fin de proteger a ballenas jorobadas, el pingüino magallánico, el delfín austral, el lobo marino, entre otros.

Lo anterior se debe a que un conjunto de científicos descubrió que un grupo de ejemplares de ballena jorobada migraban por el Pacífico desde las aguas cálidas de Centroamérica, donde se reproducen, hasta las gélidas aguas antárticas, especialmente las aguas de la Isla Carlos III, donde cada verano se alimentan. Es decir, migran juntas desde la línea del Ecuador, pero por alguna razón aún desconocida, algunas deciden quedarse en el Estrecho de Magallanes y otras siguen hasta la Antártica, suceso que convierte esta zona en el único sitio del hemisferio sur donde se alimentan ballenas jorobadas, fuera del continente blanco.

En este lugar se han registrado más de 100 ballenas jorobadas, que son bastante fáciles de avistar y ver, en verdaderas familias, levantando del agua su majestuoso cuerpo de hasta 17 metros de largo y 40 toneladas de peso, dejando atónito y maravillado a cualquier espectador. Los invitamos a ver este maravilloso hecho en nuestro territorio subantártico.

Es por esto que celebro la decisión de la Presidenta Bachelet de ampliar la superficie marina protegida de nuestro país, y además hago un llamado a recordar nuestro mar no sólo durante el mes de mayo. En Chile y Magallanes somos riquísimos en mares  y costas, y debemos ser capaces de convivir con los Océanos, gozarlos y disfrutarlos, pero sin agotarlos ni destruirlos.

Más recientemente, la Conferencia “Nuestro Océano”, realizada en Chile, reiteró las voces de alarma que desde hace tiempo ONGs y científicos vienen lanzando respecto de la sobrepesca, pesca ilegal, la acidificación y contaminación de las aguas marinas, ejemplificadas en los 8 millones de toneladas de plástico que se arrojan al océano, provocando la muerte de especies marinas y aves, formando las llamadas “islas de plástico”.

En agosto de 1998, un enorme fragmento de plataforma antártica se desprendió. Con una superficie de más de mil kilómetros cuadrados y una altura de 27 metros, 183 metros bajo el mar y un peso estimado de 700 millones de toneladas. En marzo de 2010 otros dos grandes bloques se desprendieron de una capa de hielo de un tamaño similar a la península ibérica. Eso, y la disminución del espesor del hielo en ambos polos, presentan imaginables efectos en mares y continentes.

En la próxima conferencia COP21 los países tratarán de alcanzar un acuerdo global de lucha contra el cambio climático, partiendo del objetivo más simple, concreto y difícil enunciado hasta ahora: que a fines de siglo la temperatura planetaria no haya aumentado más de dos grados respecto de la era pre industrial. Se considera que esa cifra es el nivel que no compromete nuestra existencia y la de otros seres vivos. Sin embargo, el actual nivel de emisiones permitiría estimar el alza de temperatura en 4 ó 5 grados.

¿Y qué hacemos desde Chile para enfrentar el cambio climático?

Algunos, antes de responder, recuerdan que por ser un país pequeño y baja emisión de gases de efecto invernadero, comparado con China o EEUU, nuestros compromisos no son vinculantes. Pese a ello, y aunque evidentemente Chile no es el mayor generador de emisiones en la región, sí es uno de los que más ha incrementado sus emisiones en el tiempo, entre otras razones por la “carbonización” de la matriz eléctrica.

Según el documento “Contribución Nacional Tentativa de Chile para el Acuerdo Climático París 2015”, que Chile presentará ante la COP21, hay un compromiso que llama la atención.

Se trata de una “contribución específica para el sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura”, que pasaría por “forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría con especies nativas, que representarán capturas de entre 900 mil y 1 millón 200 mil toneladas de CO₂ equivalentes anuales, a partir del 2030”, agregándose a continuación que “este compromiso está condicionado a la prórroga del Decreto Ley 701 y a la aprobación de una nueva Ley de Fomento Forestal”.

Uno podría estar de acuerdo con la necesidad de contar a la mayor brevedad con una nueva legislación forestal y con el pendiente Servicio Forestal. Lo que cuesta entender es que este compromiso esté “condicionado” a la prórroga del DL 701 de fomento forestal, de 1974, dictado para crear un nicho exportador, pero que tras cuatro décadas requiere ser superado por una legislación moderna y sustentable.

Buen ejemplo de lo anterior es Panamá, donde se habla de “Modelo Forestal Sostenible para la restauración de cuencas hidrográficas y Áreas  Protegidas” o de “Bosque de Protección”, que tiene entre sus funciones resguardar las cuencas hidrográficas.

O Costa Rica, que ya el 2005 contaba con el 51,4% de su territorio cubierto de bosques y que definió la meta de alcanzar la Carbono Neutralidad al año 2021, desarrollando una Estrategia Nacional de Cambio Climático, y cuya ley forestal considera que los bosques son un patrimonio natural “inembargable e inalienable” y cuya “posesión por los particulares no causará derecho alguno a su favor y la acción reivindicatoria del Estado por estos terrenos es imprescriptible”.

Compromisos como el citado no parecen ir en la dirección correcta, cuando se trata de un paradigma del modelo extractivista, entendiendo este concepto -según Gudynas- “como un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, y que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo”.

Lo que hacemos hasta ahora no es suficiente, sobre todo si se observa lo que sucede en otros países, como Holanda, donde la justicia determinó, a petición de una ONG y casi un millar de ciudadanos, la obligación del gobierno de adoptar acciones más concretas para prevenir el cambio climático.

O Andalucía, que inició la tramitación de una ley de cambio climático, fijando nuevos límites a la contaminación por gases de efecto invernadero, regulando el régimen jurídico de la huella de carbono de productos y servicios, su valoración en los procedimientos de contratación pública y creando un fondo de CO₂.

Debemos hacer más para que el cambio climático y el calentamiento global no se conviertan en efectos irreversibles de la acción humana. Estamos cambiando el clima, qué duda cabe.

Algunos no aceptan esta realidad porque ven en ella una amenaza a sus paradigmas sociales, culturales y económicos. Pero como dice Naomí Klein, ya no sirven las medias tintas. Es hora de reiventarnos, de reinventar otro mundo.

Para 2020, se estima que el número de vehículos en Chile podría llegar a los 6 millones. Hoy, son 3.781.001 automóviles de transporte particular los que circulan que se suman a casi 400 mil que no corresponden a esta categoría, según el Informe Anual de Medio Ambiente de 2014 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas.

De los particulares, el 41,5% está en la Región Metropolitana. Es por esto que es hoy cuando debemos sugerir alternativas para evitar el colapso al que podemos llegar en 5 años, ya que no solo estaríamos evitando un mal rato al enfrentarnos a una gran congestión vehicular, sino que  ayudaríamos a preservar nuestro ecosistema.

La economía compartida surge como una de las soluciones para evitar este daño al medio ambiente; distintas personas se asocian con otras para compartir bienes y serviciosy logran aumentar su eficiencia e impactar positivamente en ellos y su entorno. Para poder llevar a cabo este tipo de colaboración, llamado también sharing economy, es fundamental el uso de la tecnología.

Una forma para fomentar el uso eficiente de la oferta de autos, es lo que hacen las Empresas de Redes de Transporte. Con el desarrollo tecnológico, el masivo uso de smartphones, los pagos electrónicos que significa no depender del dinero en efectivo y el desarrollo de los GPS, estas empresas se enfocan en intermediar entre usuarios y quienes prestan servicios de transporte.

De esta manera, se establece una conexión entre la oferta y la demanda y se hace más fácil descongestionar las calles, lo que promueve una descontaminación medioambiental. Esto es lo que hacen distintas compañías, que se dedican a fomentar los viajes compartidos, también conocidos como ride  sharing. 

En mercados consolidados, donde aplicaciones de ride sharing funcionan hace ya varios años, los resultados son reveladores. En Chicago, por ejemplo, se estima que cada vez que un auto compartido sale a la calle son 20 los autos que dejan de hacerlo, lo cual tiene un evidente efecto positivo tanto en problemas de congestión como de descontaminación.

Por eso, es importante realzar el rol de la tecnología que, a través de conceptos como la economía compartida, nos ayuda a construir un lugar mejor para vivir, un mundo limpio, con menos congestión, pero lo más importante con conciencia del cuidado al medio ambiente y la biodiversidad. Es importante que hoy tomemos las decisiones que van a afectar a nuestro planeta en el futuro, y así encontrar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados.

Sin embargo, diferentes actores han constatado y denunciado el gran pasivo ambiental, social y económico, que ha producido este modelo de desarrollo basado en extensos monocultivos con fines industriales (celulosa). Dentro de los principales pasivos, se destacan la pérdida de biodiversidad, reducción de los caudales en las zonas con plantaciones, fragmentación del paisaje, escaso aporte de la gran industria forestal al desarrollo local, territorios con comunidades en conflicto con las empresas, y una reducción de la pequeña y mediana industria forestal ante el duopolio de estos conglomerados.

El gobierno anterior, presentó el año 2012 un proyecto de nueva ley de fomento forestal, con algunos perfeccionamientos respecto a los posibles beneficiarios y protección ambiental, en relación al actualmente vigente.

Sin embargo, persistía una visión añeja de desarrollo económico y el proyecto fue fuertemente resistido y rechazado por comunidades rurales y organizaciones ambientales, quienes tuvieron el apoyo de múltiples parlamentarios de la actual Nueva Mayoría. Debido a ello, ese proyecto, no fue promulgado. Con la entrada del nuevo gobierno, las diferentes organizaciones esperaban la formulación de un nuevo proyecto, que considerara una visión renovada y moderna de la protección del medio ambiente y un desarrollo equilibrado, con un especial énfasis en el apoyo a las comunidades locales y pequeños propietarios forestales.

Paradójicamente, el actual gobierno está impulsando, prorrogar hasta el año 2018 el mismo subsidio forestal que estuvo vigente hasta el 2012, sin ninguna modificación que permita atenuar o eliminar los defectos detectados. La prorroga ya fue aprobada en la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.

Con este tipo acciones se vuelve incomprensible el actuar del gobierno y es un ejemplo palpable, de la inconsecuencia y de su renuncia a la realidad. Ello no hace más que incrementar la desconfianza hacia los legisladores y gobierno.