De este modo se esfuma la utopía fundante del sistema de AFP, que promete rendimientos de largo plazo superiores al incremento de la masa salarial, que es la que sostiene los sistemas de reparto y asimismo crece a un ritmo similar al PIB.

Queda así al desnudo el verdadero carácter de este sistema, que no busca mejorar las pensiones sino transferir una proporción siempre creciente de las remuneraciones a los mercados financieros, para ganancia suculenta y exclusiva de sus operadores y los grandes grupos económicos que reciben parte de este flujo como préstamos y capital accionario, ni un peso de lo cual van a devolver jamás puesto que su masa acumulada siempre crece. Hay que terminar cuanto antes con este abuso monstruoso.

En los últimos seis meses los fondos AFP perdieron más de cinco billones de pesos, que equivalen a poco menos de las cotizaciones de un año completo. En dos días de febrero recuperaron un billón y lo probable es que a poco andar lo vuelvan a perder con creces y por mucho tiempo sigan oscilando como lo han venido haciendo desde el inicio de la crisis a mediados del año 2007, período en que el fondo A arroja pérdidas y el fondo total ha rentado 1,6 por ciento anual, cifra que se aproxima al rendimiento de los mercados financieros en los últimos cien años.

La bullada rentabilidad promedio de más de ocho por ciento acumulada por el fondo desde su creación se explica porque ésta coincidió con la sima de los mercados financieros internacionales tras la crisis secular de las economías desarrolladas en la década de 1970. De este modo, los fondos AFP se beneficiaron del auge financiero de los años 1980 y 1990, y luego del burbujazo de los mercados emergentes en la década del 2000, que explican asimismo la elevada rentabilidad de los multifondos desde su creación el 2003, en plena sima de las bolsas mundiales tras el estallido de la burbuja “punto com”. Esa gran ilusión se vino abajo definitivamente con la crisis mundial.

El sistema de AFP está muerto desde entonces, solo que todavía no se dan cuenta. Un derrumbe similar sobrevino a los sistemas de pensiones basados en la capitalización individual que algunos países europeos habían creado antes de la crisis de 1929. El diagnóstico de la Comisión Bravo correctamente proyecta rentabilidades razonables hacia el futuro, las cuales calcula que no serán capaces de autofinanciar pensiones de más de un quinto de las remuneraciones promedio. El asunto no tiene vuelta, hay que terminar cuanto antes con este sistema.

La propuesta C de la referida comisión, presentada por la Profesora Leokadia Oręziak, demuestra que al terminar con las AFP y restablecer el sistema de reparto es posible jubilar hoy a todas las personas que han excedido su edad legal de retiro, lo que significa aumentar el número de pensionados por edad en un 40 por ciento y reducir la edad efectiva de retiro, que hoy es cercana a los 70 años, a la edad legal, la que no es necesario modificar por mucho tiempo. Luego se puede duplicar el monto de todas las pensiones existentes y reajustarlas sucesivamente según las remuneraciones.

Todo ello se puede sostener exclusivamente en base a las cotizaciones, cuya tasa se puede mantener sin cambios por mucho tiempo, ahorrando al fisco más de dos billones de pesos al año que gasta en subsidios directos e indirectos a las pensiones AFP. Ello es sustentable hasta donde se puede proyectar, bien entrada la segunda mitad del siglo, aun considerando escenarios demográficos y de crecimiento económico extremadamente conservadores.

Todo ello resulta bien evidente si se considera que en octubre recién pasado, el último mes disponible, las cotizaciones sumaron 461.315 millones de pesos, mientras que todas las pensiones pagadas por el sistema de AFP en su conjunto, incluyendo pensiones vitalicias, sumaron 217.133 millones de pesos y en los últimos doce meses el monto de las cotizaciones recaudadas fue 2,2 veces más que las pensiones pagadas.

El dinero de las cotizaciones debe utilizarse para pagar pensiones y no para jugar a la ruleta de los mercados financieros internacionales, para ganancia de unos pocos, mientras se pagan pensiones miserables.

Hasta hace unos pocos años, el cobre era nuestra principal exportación dando paso paulatinamente a una matriz productiva más diversificada, pero con fuertes barreras en materia de creatividad e innovación. Para ser francos, nuestro país acostumbrado a los commodities, hace años que no realiza reformas pro-crecimiento para bajar los altos costos de energía (hoy a US$ 130 el MW), para fomentar la innovación en las empresas o la inversión pública en ciencia y tecnología.

Llegó la hora de la diversificación productiva para retomar la senda hacia el crecimiento, de la mano de un fuerte convencimiento en todos los actores del desarrollo económico y social, de que son las exportaciones sofisticadas o con más valor agregado las que nos permitirán mayores tasas de crecimiento en el mediano y largo plazo. Además, como el mercado no lo resuelve todo, se requiere de un Estado eficiente y moderno para velar que ese crecimiento no se quede en unas cuantas familias.

Mucho nos gustaría que el debate político del momento no fueran las desconfianzas o el pesimismo, sino cómo levantar una alianza de largo plazo, institucional y vinculante entre sector público, los actores políticos, empresarios, el mundo del trabajo, la academia y también la sociedad civil, para avanzar en una agenda que nos permita superar el cobre e impulsar el surgimiento de nuevas industrias, especialmente en regiones, y nuevas políticas para fomentar la innovación y el emprendimiento.

Hay que aprovechar la ventaja que tenemos en las economías con las cuales tenemos tratados comerciales vigentes para desplegar estrategias de promoción de nuestras industrias exportadoras como el vino, el salmón, frutas, lácteos, alimentos saludables, el aceite de Oliva, mariscos, etc., mediante acciones cada vez más intensivas de marketing país. Hay que instalar la marca de un Chile saludable, sustentable, novedoso e innovador.

En suma, estamos pidiendo que el Gobierno asuma el liderazgo en torno a un esfuerzo nacional para encontrar nuevos motores del crecimiento.

El crecimiento de Chile requiere nuevas ideas y nuevos talentos que sólo pueden prosperar si hay un sistema educativo de excelencia, con estímulos y políticas públicas bien pensadas y bien aprobadas para asegurar incentivos reales y perdurables a la creatividad. Y luego, hay que invertir en educar y formar esa creatividad.

Dónde están esas oportunidades… en el enorme potencial de energías renovables que posee Chile; en las exportaciones agroalimentarias de productos ligados a la alimentación saludable; el sector vitivinícola; el desarrollo digital, donde hay un semillero de jóvenes ávidos de innovar; en la industria creativa que ha mostrado una creciente explosión y que se ve en la industria del cine particularmente, en el turismo, al potenciar a Chile como un destino natural y sustentable.

Estos son sólo algunos ejemplos de cómo en nuestra economía puede haber más competencia, innovación y–al mismo tiempo- respeto por los consumidores.

Chile no crecerá si siguen predominando las mismas empresas de siempre, no va a crecer si sigue habiendo colusión.

Chile no va a crecer si siguen habiendo abusos o si no se le da apoyo real a los emprendedores e innovadores. Quien no entienda eso y crea que la actual matriz productiva y de relaciones empresa-empleador debe quedar sin cambios, no entiende que está creando caldo de cultivo para la explosión social y para la decadencia económica.

Para retomar la senda del crecimiento, Chile requiere de nuevos emprendedores, nuevos productos, nuevas industrias y una economía más creativa e innovadora, donde haya más sofisticación técnica, más colaboración pública-privada e inclusión de los sectores que han estado fuera del debate del crecimiento. La invitación es simple pero urgente y en este desafío no hay chileno o chilena que deba quedarse abajo.

Posiblemente los cambios propuestos se aprueben con ciertas modificaciones pero cabe preguntarse ¿cambiará realmente el panorama para aquellos grupos que hoy están excluidos del mercado laboral?

Lo más probable es que no, ya que  políticas enfocadas a dichos grupos, que en Chile son principalmente las mujeres y los jóvenes de los primeros quintiles, no están contempladas en el diseño de la reforma enviada por el Ejecutivo. Y es este último grupo, el de los jóvenes, donde los niveles de desigualdad se dan con mayor fuerza.

Dadas estas condiciones, la probabilidad de que dichos grupos sigan permaneciendo en niveles de pobreza son altas y la inserción en el mercado laboral se vuelve cada vez más difícil.

Hoy, en nuestro país existen  aproximadamente 600.000 jóvenes de entre 15 y 29 años, de estos un 15,8% de este segmento de la población chilena, integran el grupo de los llamados “NINIS”, personas que no trabajan ni estudian.

Frente a esto, se vuelve imprescindible que se creen políticas de mejores incentivos y capacitación para la empleabilidad juvenil. Dentro de las recomendaciones de la OCDE para Chile para generar un mercado laboral más inclusivo en el último informe de ¨Prioridades de políticas para un crecimiento más fuerte y equitativo¨ destacan el desarrollo de programas de capacitación para los jóvenes con un componente en el lugar de trabajo y programas especiales para facilitar la transición desde las instituciones educacionales hacia el mundo laboral.

Reconozco que el Gobierno ha tratado de hacer esfuerzos con programas sociales que buscan insertar a los jóvenes, principalmente de los primeros 2 quintiles, al mercado del trabajo, como los subsidios al empleo joven y el subsidio previsional a los trabajadores jóvenes, que ayudan a reducir costos a las empresas que optan por emplearlos.

En el ámbito de la capacitación también se destacan los programas MásCapaz y Yo Trabajo, que buscan darles herramientas más prácticas a los jóvenes que se encuentran desempleados.

Sin embargo, estos intentos no son suficientes, porque sigue existiendo una gran masa de jóvenes que hoy no tiene la posibilidad de poder acceder a mejores oportunidades a través de un trabajo que los dignifique y los haga sentirse valorados por la sociedad.

Aún falta una mejor conexión entre los colegios técnico-profesionales y la educación superior técnica, mejores programas de enseñanza de oficios, más flexibilidad laboral para los jóvenes para compatibilizar estudios y trabajo, mejores incentivos a las Pymes y más apoyo a las madres jóvenes solteras, que son el mayor grupo de desempleo juvenil, para que realmente podamos decir que creemos que los jóvenes son el futuro de nuestro país.

Invariablemente se deben realizar cambios que no siempre son bien ejecutados.

Y eso sin considerar  los efectos psicológicos que se producen en el entorno laboral, pues si a un compañero le ocurrió significa que el accidente o enfermedad le puede pasar a cualquiera. Así, los trabajadores inevitablemente estarán más temerosos, se reduce su confianza y productividad, su satisfacción con lo que hacen y su motivación por hacer bien el trabajo que se les encomienda. Si nada se hace para salvar estas situaciones, se puede incluso producir una fuga de trabajadores eficientes y talentosos, que decidan buscar un lugar donde sí se sientan seguros y protegidos.

Es fácil darse cuenta de esto, por ejemplo, cuando se ausenta un obrero de la construcción o un trabajador en una línea de ensamblaje o centro de distribución. Además del dolor y sufrimiento del afectado y de su familia, el trabajo que antes él hacía, ya no se hace de la misma manera. Y ahí es cuando queda más que claro que todas las personas cuentan. Cada una de ellas, en todos los rangos y posiciones.

Esto es especialmente relevante en las microempresas y las Pymes. De todas las empresas protegidas por el seguro contra riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, más del 90% corresponde a este grupo (hasta 100 trabajadores), que tienen menores recursos para enfrentar y contrarrestar estos problemas. Cuando un trabajador se ausenta, vaya que se nota.

Bien se sabe, además, que son ellas las que mayor empleo le brindan al país. El problema, sin embargo, es que de ocurrir un incidente que se traduzca en días perdidos, no sólo habrá consecuencias psicológicas para todos, sino también económicas, pues evidentemente la productividad se ve fuertemente afectada. Y en este tipo de empresas el golpe es mucho más fuerte, más aún cuando es común que las personas realicen más de una función y la interdependencia sea más estrecha.

Al analizar estas variables, se atisba de forma inmediata lo crucial que es tener un plan de contingencia, pero sobre todo, lo crucial que son los planes y medidas de prevención que las empresas adopten e implementen. Los beneficios que esto conlleva alcanzan las más variadas aristas de una empresa que, sumadas, le darán una ventaja competitiva a quienes las apliquen y relegarán a quienes no lo hagan. No sólo porque trae efectos positivos dentro de la empresa, sino también fuera de ella: proveedores, clientes, ONGs o reparticiones estatales, aprecian este tipo de iniciativas.

En algunas empresas aún no se deciden por invertir en prevención. Presuponen que los accidentes son inevitables, que simplemente ocurren por “mala suerte”, por el azar, o hasta por la propia irresponsabilidad o inexperiencia del mismo trabajador.

En otras empresas, que sí han realizado estos planes, al tiempo los abandonan, porque con o sin plan de prevención, “los accidentes ocurren igual”. Pero eso no es cierto: todos los accidentes se pueden prevenir. Tal vez los beneficios de invertir en prevención no se vislumbren de un día para otro, pero esa es la peor razón para dejar de implementarlos.

Si se quieren obtener mejoras, primero hay que cambiar la cultura dentro de la empresa.Una donde cada trabajador se preocupa de su salud y seguridad, pero también en la de los compañeros. Plasmar este tipo de cambios lleva tiempo, y dejarlos de lado en la mitad del camino sólo puede traer más inseguridad e incertidumbre.

Cuantificar los beneficios económicos de invertir en seguridad y salud en el trabajo (SST) puede resultar compleja y, un tanto fría y calculadora. Esto es razonable, por cuanto un microempresario o una Pyme no pueden estar invirtiendo recursos si cree que esta inversión no traerá ningún rédito.

Como fuere, más allá de las preconcepciones y prejuicios, una infinidad de estudios internacionales realizados por la OIT o la National Safety Council, de Estados Unidos, han demostrado que invertir dinero en seguridad y salud, y específicamente en prevención, es buen negocio, dado que una buena gestión de la SST en una empresa va asociada a mejoras en el rendimiento y la rentabilidad.

Una empresa debe ser definida como una organización que persigue fines económicos con el fin de generar mayor valor a sus propietarios o accionistas.  Esta definición incluye lógicamente el concepto de la transparencia, dado que el valor de una empresa debe ser evaluado en el tiempo, no como una resultante de un negocio puntual en un corto periodo de tiempo, por lo tanto el gobierno corporativo de cada empresa debe velar para que el valor de la empresa sea continuo y de largo plazo y la transparencia aporta a la proyección y futuro de la organización.

Lo anterior ha llevado a muchas empresas a considerar entre sus valores corporativos a la transparencia, lo que es lógico y hace mucho sentido. Pero más allá de las palabras debe ser un compromiso organizacional.

La trasparencia nace como un concepto proveniente de la física y se relaciona a la visibilidad de un objeto, lo que se puede medir en forma muy precisa. Entonces, nos encontramos con un valor teóricamente muy demandado por las altas gerencias de las empresas y que conceptualmente puede ser cuantificado ¿ cómo entonces hacer realidad este deseo?

Para ser concreto y práctico, haré referencia a ciertas prácticas que ayudan a encauzar la transparencia en la organización y por lo tanto a darle valor a la empresa.

1.- Directorios que estén altamente incorporados e insertos en la gestión de la empresa. Ya pasó el tiempo en que el director solo iba a escuchar la cuenta del gerente y firmaba la respectiva acta al final de la sesión. Hoy la legislación de empresas obliga a los directores a compenetrarse y  participar profundamente en las decisiones, pero no es solo lo formal, constituir equipos de trabajo o comités especiales de directores, permite mayor rigurosidad en la toma de decisiones.

2.- Incorporar en la estrategia de la empresa y al más alto nivel planes reputacionales y de gestión de marca, que vayan mucho más allá de simples campañas de marketing, hablo por lo tanto de la experiencia de clientes y del conocimiento de la comunidad sobre lo que hace la empresa, respetando y mejorando la calidad de vida de los chilenos.

3.- Finalmente, los colaboradores, pilar fundamental y clave de la empresa, si no están comprometidos y no viven en su realidad los valores de la empresa, poco podrán transmitir y comunicar de su organización.

Partir considerando, al menos estos tres aspectos, que aportan a la transparencia interna y externa,  permite construir una empresa con futuro que sea capaz de discriminar entre lo que aporta y destruye valor para ella.

¿Cuánto le podrá afectar a la economía chilena la desaceleración de China? Es parte de la ilusión, enfrentar la realidad es preguntar ¿qué hicimos para depender tanto de China?Una conjetura es que esto es el resultado de un país que privilegia el crecimiento sobre el desarrollo.

Crecimiento y desarrollo son dos términos diferentes. Crecer implica producir más con más recursos. Desarrollo implica cambios en las formas de producir, lograr producir más con menos, y producir nuevas productos y servicios.

Chile ha privilegiado el crecimiento sobre el desarrollo porque el cobre continúa siendo el 50% del total exportado. Además, ha definido que las áreas de crecimiento serán la minería, agricultura, pesca y turismo, desestimando la inversión en ciencia y tecnología. Y las cifras se acumulan.

Chile es el país con menor gasto público y privado en I+D. Conicyt está en crisis por la ausencia de una planificación de largo plazo y exceso de burocracia. En Chile la ciencia y la tecnología no se discuten, menos son una opción de vida para las generaciones futuras.Dedicarse a la ciencia y tecnología es una fantasía.

Se ha fraguado una cultura estática y conservadora, donde el mérito es hacer lo mismo pero mejor, resultando en una economía de materias primas altamente sensible a los ciclos económicos, donde cada vez que sube el ciclo económico,se proyecta una imagen falsa de éxito, impulsando la sobre explotación y desestimando la prioridad por crear e innovar.

Cada vez que baja el ciclo económico,creemos en la ilusión de que se debe a “factores”externos (en esta oportunidad China), las empresas recortan costos, el Estado incrementa el gasto fiscal, y confiamos en que una tasa de interés baja impulsará el crecimiento a base de un mayor consumo, y por fin pensamos en hacer cosas diferentes e innovar, pero el Estado y las empresas señalan que ya no hay recursos suficientes.

Chile entonces es el resultado de un crecimiento que en el pasado sólo se debió al gasto fiscal pos terremoto y a un precio inusual del cobre, donde nos preguntamos cómo hacer mejor lo que hacemos, donde hacer cosas diferentes basados en ciencia y tecnología que permiten depender más de nosotros mismos, no tiene espacio.

Somos entonces, el resultado de un espectáculo de sombras chinescas.

El capitalismo en el 2016 es el sistema que ordena y manda a nivel planetario. Con los cubanos creando un segmento de la economía en manos privadas, que hoy aportan al 20% de la economía, no existe proyecto de economía estatal única, base de los socialismos conocidos. La oferta y la demanda, base de la economía de Adam Smith, se impone a nivel global. La pregunta entonces es si ¿existe la posibilidad real, de la libertad en los mercados?

A la luz de los hechos en Chile, esto tiene interpretaciones. Como dijo el gerente de Pullman Bus en sus descargos ante el Tribunal de Libre Competencia- TDLC- de “ponerse de acuerdo para poder trabajar en armonía” o que la libre competencia “es para el resto, pero no para mí”, declaración del dueño de Agrosuper. Así no funciona la libre competencia. La teoría económica capitalista no permite la existencia de “agentes económicos que puedan ejercer poder de mercado sobre otros”.

Pero esta es la teoría, la práctica en éste último lugar del mundo, es distinta.

Hace ya mucho tiempo que la norma chilena es que el pescado más grande se  coma al pequeño.Y esto es considerado lícito. Esto ha permitido una concentración de la economía, única en el planeta. Según los últimos datos del S.I.I., las ventas por tamaño de empresas formalizadas es la siguiente:

Mipyme: 881.857 empresas micro, pequeñas o medianas participan del 14,6% de las ventas totales de bienes y servicios del país

Grandes: 11.912 grandes empresas participan del 15,8% de las ventas totales de bienes y servicios del país

Mega: 2.067 mega empresas originan el 69,6% de las ventas totales de bienes y servicios del país.

Las cifras señaladas precedentemente indican el grado de inmensa concentración de la economía chilena. Para que ello ocurriera, en Chile sucedieron distintos hechos que lo permitieron. El primero y principal es que las 2.067 empresas que han capturado casi el 70% de los mercados son, en su inmensa mayoría, empresas que cotizan acciones en el IPSA o subsidiarias de una empresa que, sí lo hace, y eso significa conseguir crédito a cero costo a través de los fondos de las AFP de los trabajadores chilenos.

Pero no bastaba tener plata gratis, se necesitaba trabajar la plata, producir y que la gente consumiera. Para aumentar el consumo existen dos formas principales: aumento y mejora de las condiciones de vida de los asalariados (Estados de bienestar europeos) o aumentar el crédito para el consumo. En Chile se optó, extremando esta última. Teniendo plata y clientes, necesito distribuidores dispuestos a concentrar.

Los supermercados han sido la herramienta para la colusión y son parte integral del modelo creado. Esto está en la base de la denuncia última de la FNE, al involucrar a las tres principales cadenas con los 3 productores de carne fresca de pollo. De lo señalado, queda claro que sólo hemos conocido algunos episodios de la colusión, pero todo nos hace suponer que el resto de los bienes y servicios, que más se consumen, sean parte de este modelo de negocios para la colusión y la concentración.

Ejemplos de colusión investigados o denunciados en la FNE han sido: el mercado farmacéutico, los planes de la Isapres, el mercado de los fertilizantes, los mercados del pan y de la uva, la telefonía celular y las líneas aéreas, según un estudio de FLACSO del 2009. Es evidente para cualquier chileno o chilena que compra con tarjeta en cualquiera de los retailers o supermercados que algo pasa con los tallarines (las 3 marcas más compradas son de un mismo fabricante), igual cosa con los chocolates, los detergentes, los aceites y los fiambres. En mi opinión este es el modelo de negocios que les ha permitido concentrar, sin el no hubiera sido posible.

En la economía global de hoy, capitalista sin contrapesos, el mercado debe funcionar libre, sin concentraciones o integraciones verticales de sectores productivos de bienes o servicios. En Chile se instaló una economía de mercado, extremadamente conservadora y ortodoxa.

Han tratado de disfrazar lo que hay, agregando la palabra social, para equiparar nuestro peculiar modelo, al alemán o francés o al de las socialdemocracias del norte de Europa. Pero eso na’ que ver como se decía hace algunos años.

En primer lugar, sigue siendo sólo el crecimiento económico el índice aceptado, lo demás no cuenta; la intervención pública en defensa de los consumidores entregada al SERNAC en dónde  después de escándalos cómo el de La Polar, los cortes de agua o luz, se empieza a discutir de darle mayores atribuciones.

Recién el 2013 se dotó a la FNE para utilizar métodos como las escuchas o la delación compensada para avanzar en las investigaciones. En el Parlamento todavía se discute si merecen penas de prisión quienes caen en prácticas de colusión y finalmente el rol subsidiario del Estado, consagrado constitucionalmente, que impide una mayor presencia de éste en la economía.Categóricamente en Chile no existe economía social de mercado.

La colusión en los mercados afecta a los consumidores principalmente, pero además al restringir y concentrar en pocos actores quienes producen los bienes o servicios y la distribución de los mismos, afecta a los sectores de la economía real, la de las empresas, a los Mipymes y trabajadores independientes que son los más débiles.

Característica principal de las economías sociales de mercado es la ampliación, otros hablan de la democratización en la generación de la riqueza. Eso significa una amplia y diversificada red de Pymes o empresas autónomas que participan en porcentajes mayoritarios en sus mercados nacionales y en las exportaciones. Eso de acuerdo a los números expuestos, no sucede en Chile.

Pero existe una excepción: las cifras señaladas corresponden al total de los bienes o servicios vendidos en el país. Sin embargo, la participación de las EMT (Mipyme y trabajadores independientes o autónomos) en el Mercado Público aumenta más de 4 veces y llega al 59% de los montos transados, según el portal de las compras públicas ChileCompra. Destaca principalmente el porcentaje de las micro y pequeñas empresas con el 44% del total, bien distinto al 8% del conjunto de las compras chilenas.

¿Qué es distinto en el mercado de las compras públicas, que mejoran la participación y por tanto la competitividad de las empresas menores? Aunque, sin ser perfecto, es un mercado infinitamente más transparente que el abierto, con reglas del juego claras, con protocolos establecidos para denunciar eventuales faltas; se conocen los competidores, las adjudicaciones son públicas o sea pueden ser conocidas por los participantes.

Existe un esfuerzo por mejorar generando en su Consejo la interacción con los representantes gremiales para, a través del diálogo, mejorar y perfeccionar el sistema. Sin duda que la transparencia de los mercados favorece la competitividad de los pequeños.Es necesario que los mercados dejen de ser opacos, y lo son, pues existen la colusión y la monopolización.

En Estados Unidos, sin duda la economía más abierta del planeta, campeones del libre mercado, para que éste exista impone restricciones a la participación de monopolios en la venta de bienes y servicios, limita las integraciones verticales u horizontales, regula el descuento por volumen, no acepta la integración de lo financiero con la distribución de productos (el dinero plástico es de los bancos, no de las cadenas de distribución), entre otras mucha regulaciones, que aquí son consideradas un pecado mortal.

¿Es posible cambiar? Por supuesto, pero lo dejamos para la siguiente columna.

La creencia popular lleva a los consumidores a creer que son los agricultores quienes aprovechan los cambios de temporada, las Fiestas Patrias o las festividades de fin de año para subir los precios. Sin embargo, los datos recopilados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), que monitorea de manera constante los valores de frutas y verduras a lo largo de todo Chile, indican que los precios de venta de los pequeños productores se han mantenido estables durante el último año.

Ello, sumado a que otros factores que inciden en el precio final del mercado de las hortalizas, como son la mano de obra y el gasto en combustibles por concepto de transporte incluso han disminuido su valor, hacen fijar la vista en el rol que cumplen los intermediarios y actores del retail en el manejo de los precios.

Un ejemplo claro y que en el Centro de Competitividad de la Universidad del Pacífico conocemos de cerca -en el marco de un proyecto financiado por Corfo Arica y Parinacota- es el mercado de los tomates, a través de la plataforma Isidroapp.cl  que busca potenciar la producción hortícola de la zona norte, acortando la asimetría de información entre productores y el mercado. En los supermercados de gran parte del país su precio se ha registrado hasta los $1.500, mientras que sus principales productores reciben en torno a $5.100 a $5.500 pesos por el “toro” (asi le llaman a la caja) de 18 kilos, incluyendo el precio de la caja de almacenamiento.

La especulación respecto al aumento de la demanda de tomates con motivo de las Fiestas Patrias y su efecto en el IPC de septiembre ya nos mostró que los intermediarios hacen subir su precio, sin que se considere, por ejemplo, que hoy existe un factor que aumenta de manera considerable la oferta como es el ingreso de tomate peruano, cuyo efecto debió ser una disminución de su valor para los consumidores finales.

Esta importación, sin embargo, sólo parece haber sido una excusa más para reducir el precio que se les paga a los pequeños productores, quienes incluso recurrieron a la Justicia interponiendo un recurso de protección en contra del SAG“por ejecutar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Perú de manera arbitraria e ilegal”.

Si sumamos que muchas veces los intermediarios manejan las expectativas del mercado al retrasar su decisión de compra a los pequeños horticultores de la Región de Arica y Parinacota, generando así una sobreoferta y al mismo tiempo la idea de escasez o sobredemanda en los consumidores, el objetivo final es claro. Así logran comprar a un menor precio, perjudicando a los agricultores, y revender a un alto valor en ferias y supermercados.

Ante este escenario, es urgente tomar medidas concretas que ayuden a los pequeños emprendedores a organizarse, introducir prácticas empresariales para incrementar sus utilidades y administrar mejor sus cosechas o producción, adaptándose a través de la innovación a las reglas de las economías de mercado como la chilena, que adhieren a diversos tratados de libre comercio y acuerdos comerciales.

Si la producción peruana cumple con los requisitos fitosanitarios y el SAG no tiene reparos con la internación de sus tomates, el recurso judicial interpuesto no tiene muchas probabilidades de prosperar. También hay que considerar que Tacna es zona franca y tienen una superficie de plantación mayor a la ariqueña, por lo que los costos de producción son más baratos al igual que la mano de obra. Ello inevitablemente repercute en los precios.

¿Qué podemos hacer entonces? La respuesta es mejorar los procesos productivos, agregar valor a los cultivos para no venderlos como comodity en cajas de 18 kg , si no con empaque, con código de barras, deshidratados, productos gourmet, etc.

Adicionalmente, frente a la evidencia de que alguien está ganando al introducir factores artificiales en el mercado y matando la agricultura, es necesario que se castiguen estas malas prácticas y falta de ética.

Quizá lo ocurrido con la colusión del confort, el precio de los pollos en los supermercados y el “Caso Farmacias”, en el que sólo se obligó a los implicados a cursar un programa de capacitación sobre ética empresarial por un año para prevenir nuevos hechos de colusión y la obligación impuesta de reparar el daño provocado sea un punto de partida para que como sociedad tomemos conciencia de la necesidad de proteger nuestra agricultura, que finalmente es parte fundamental de nuestra identidad nacional.

Chile es el primer productor de materias primas mineras no renovables, tales como el cobre con 5,8 MT, de cobre fino al año, siendo el primer productor mundial con el 31% de participación de mercado, posee casi 1/3 de las reservas de cobre del mundo también de litio, renio, nitratos naturales y yodo. Además de destacada participación en la producción de molibdeno con el 21%, plata con el 6% y oro con 2 %. La producción por extracción de minería subterránea alcanza a 520 Ktmf/año y a cielo abierto a 5.256 Ktmf.

La minería ha sido el motor y palanca del desarrollo económico de los últimos treinta años, con un PIB que ha estado desde 25% hasta 8 %, ahora oscila entre 11 a 12 %, pero presenta severas falencias estructurales, como la de no contar con la astucia intelectual de haber creado industrias alrededor de su minería.

Se estima que si lo hubiera hecho hace veinte años, la contribución de la industrialización del cobre impactaría en tres puntos mínimo del PIB, generando empleos para al menos cinco mil personas adicionales y sustituyendo importaciones. Chile al no tener fábricasque procesen el cobre, lo recibe de vuelta hasta cinco veces más caro que su precio de venta como materia prima.

El aumento de la producción minera mundial de mineral de hierro, oro, cobre y níquel, junto con el aumento de precios de dichos metales ha triplicado el valor de la industria entre 200 mil millones a 600 mil millones dólares durante la última década. Pero debido a la disminución de la calidad del mineral, el volumen total de residuos producidos por la industria, que contiene sustancias como el arsénico, plomo y cianuro, es cada vez mayor.

La pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué todos los países de Latinoamérica que son dueños de ricas materias primas mineras, no han logrado industrializarse?

Tenemos los casos de Chile, Perú, México, Bolivia, Ecuador, Colombia y hasta Brasil que han pasado más de cuarenta años con gobiernos de distintos signos políticos y nunca se  piensa en la creación de fábricas e industrias para sus recursos minerales; he allí el primer dilema Buridano de nuestros gobernantes.

¿A qué se le tiene miedo?, ¿por qué no confían en el capital intelectual de sus científicos y profesionales, o sencillamente hay ignorancia y rechazo a la vaca lechera que se piensa que nunca se acabará? Quizás la baja del precio del cobre por debajo de 2 U$/Lb los haga reflexionar y por fin perfeccionen las políticas públicas para fomentar la minería planetaria con industrias inteligentes.

Explotar los recursos mineros no renovables de un país exige de sus autoridades experiencia y competencias técnicas, para sacarle el máximo provecho económico, aplicando el concepto de minería planetaria con un óptimo valor agregado en base a la creación de fábricas de bienes de capital, con un irrestricto respeto con la naturaleza.

China, el gigante asiático, hace cincuenta años entendió esta problemática y aplicó la política de crear miles de fábricas en todos los sectores productivos con un amplio apoyo al sector privado,aun cuando no cuenta con todas las materias primas necesarias para alimentar su inmensa industria de bienes de capital.

La estrategia que adoptó, fue devorar las materias primas que producen los países de Latinoamérica, que según ellos, jamás entenderán el concepto de industrializar sus materias primas y de allí el éxito del gigante asiático, que actualmente domina la economía mundial gracias a su moderna industria. El consumo mundial de cobre fino alcanza la cifra de 21 millones de toneladas y la producción mundial de cobre fino alcanza solo 18,5 millones ton. siendo China el principal consumidor.

Pero ¿qué pasaría si a Chile se le termina su cobre? ¿de dónde nuestra economía sacaría aproximadamente KUS$ 60.000 millones de dólares de importaciones de productos mineros? ¿Hacia dónde se iría, y quien aprovecharía ese inmenso capital intelectual adquirido durante más de cien años de explotación minera exitosa?

Todas estas interrogantes se han transformado en los nuevos desafíos y paradigmas que deberá enfrentar la industria minera de Chile y de países de Latinoamérica para los próximos años; luego del boom de los precios, se olvidó del aumento de la productividad, y optimización de procesos para contener y disminuir los costos.

Tolerancia cero con los costos y la clave está en la Innovación y alta productividad.  Para ello debemos enfrentar los riesgos operacionales, el cambio de paradigma de retorno rápido a crecimiento.

1.  Riesgo de que “Chile y países latinoamericanos adolecen de la falta de políticas públicas y una política de estado para industrializar sus recursos minerales”.

2.  Riesgo, que se puede transformar en oportunidad, de hacer alianzas estratégicas tecnológicas.

3.  Riesgo del excesivo celo controlador que enfrenta la minería.

4.  Riesgo relacionado a los caprichos de las comunidades y pueblos originarios.

5.  Riesgos de la “corrupción.

6.  La contaminación a la naturaleza por rotura o derrames de residuos de tranques de relavesgenerando verdaderos desastres ecológicos a la flora, fauna y a la vida humana.

7.  Riesgos operacionales típicos de la minería.

8.  Riesgo de la volatilidad de precio de los commodities.

9.  Riesgo de sustitución del cobre por el grafeno.

10. Riesgo asociado a la transformación desde minería a cielo abierto a subterránea.

11. Riesgos asociados a las decisiones estratégicas para la autorización de financiamiento de carteras de proyectos de las empresas mineras estatales.

12. Riesgo por la falta de una política clara de I & D.

13. Riesgo por  aumento de los costos operacionales.

14. La tendencia a la baja productividad.

El fantasma de nacionalizar los recursos Mineros enfrenta el dilema de fomentar la Inversión privada versus buscar mayores retornos para el Estado.

En síntesis, los desafíos que enfrentará la industria minera son los cambios de paradigmas del capital intelectual y los riesgos de transformarlos en oportunidades, la necesidad de sensibilizar a la clase política de la importancia de explotar racionalmente y con sentido social y planetario nuestros recursos naturales no renovables,lo que exige de mejores autoridades, mejores políticas públicasy mineras, mayor fomento a la inversión en exploración geológica y una agresiva política de industrialización de nuestros recursos naturales.

Mientras la crisis sigue su curso, se conoció, y de forma muy poco estridente, una noticia que devela una vez más la precariedad del sistema político chileno en sus logros, por lo menos en cuanto al sueldo mínimo se refiere, y que nos recuerda la ‘fortaleza argumentativa’ de un empresariado que logra gobernabilidad y desarrollo nacional a propósito de una siempre muy fundamentada razón ‘económica – productiva’, como es impedir la inflación y el desincentivo a la apertura de nuevas plazas laborales, cuestión funcional a las prácticas capitalistas, las cuales desde siempre se han entendido descarnadas en lo humano, en base a la  necesidad de lograr mayores y mejores posibilidades de competencia en un marco de economía global.

Desde ahí, una muy interesante afirmación del ayer que explica, más que la mala práctica empresarial, per sé, la dinámica del Capitalismo,‘los chupasangre’, que alguna vez existieron, existen y, que por supuesto seguirán existiendo; como muestra por estos días una nueva colusión con los pollos, ahora desde los grandes supermercados. Colusión parte 4, 5 ó 6… ¿hay más?

No han sido pocos los que se han manifestado preocupados por este tema. Uno de ellos, fue Pablo Longueira, el cual en su condición de parlamentario y posterior ministro del gobierno de Sebastián Piñera tomó la idea de Sueldo Ético, el cual aseguraba resolver los mínimos para que una familia fuese capaz de vivir de forma digna.

Lo mismo ocurrió con la Iglesia Católica, representada por Alejandro Goic,  la cual por medio de su Conferencia Episcopal se ha pronunciado en la misma línea (en el 2007, se propuso la idea de los $250.000).

En julio del 2015, se hizo público un estudio de la Fundación Sol que asegura que más de 1 millón de trabajadores chilenos percibe tal remuneración, siendo por lo tanto muchas más personas las que viven con este ingreso, a propósito de los integrantes del núcleo familiar que percibe ese ingreso.

Se indica, además, que hoy alrededor de $360.000 debiese ser el monto del sueldo mínimo para asegurar que trabajadores y sus familias se encuentren por sobre la línea de la pobreza. Si eso es así la promesa de disminuir la desigualdad se encuentra en tensión, por lo menos en este aspecto, el cual parece fundamental para impedir la desigualdad galopante que caracteriza a Chile.

En este sentido, sería recomendable que la actual crisis política que para muchos es sinónimo de disputas de poder al interior del gobierno, cuestión que ineludiblemente se proyecta al acuerdo municipal y próximas parlamentarias y presidencial, recoja este aspecto para nuclear las definiciones políticas programáticas con sentido de urgencia en un aspecto central para contribuir a disminuir la desigualdad y pobreza por medio de sueldos mínimos éticos.

Hay que hacerlo rápido, ya que si para llegar a los $250.000, debieron pasar alrededor de 8 años, para llegar a los $360.000 ¿podrá demorar la mitad?

Según diversos estudios, en promedio los trabajadores deben ocupar más de dos horas al día, de lunes a viernes, para trasladarse de la casa al trabajo y viceversa (INE). Es decir, sumando, entre el trayecto y el trabajo, destinamos a asuntos laborales unas 55 horas a la semana.

Luego, nuestra calidad de vida está significativamente afectada  por las particularidades tangibles e intangibles que ocurren en nuestro trabajo. Es cierto que muchas de estas características o variables no dependen tanto de nosotros (clima laboral, sueldos, sistema de transporte, buenas/malas prácticas laborales, factores medioambientales como el ruido y el hacinamiento, carga de trabajo, etcétera), pero sin duda son componentes coadyuvantes para disfrutar (o no) de una buena vida.

Lo bueno es que hay cosas que, tanto trabajadores como empleadores, sí pueden hacer, especialmente cuando se trata de evitar ser condicionados por el estrés laboral. Y claro, no todos los problemas de estrés u otros de salud mental tienen su origen en el trabajo.

Varios se arrastran desde la vida personal, familiar y luego se traslucen en éste. Pero si queremos afrontar el problema seriamente, lo primero es ocuparse del mundo del trabajo, donde existe mayor simetría y las estructuras no son tan disímiles. Todo indica que es la manera más eficiente de mejorar los índices de calidad de vida.

Las estadísticas no mienten: los accidentes del trayecto al trabajo, ocurren mayoritariamente cuando el peatón va hacia su trabajo, pero mucho menos al volver, cuando las presiones del tiempo se han esfumado.

El año pasado hubo más de 47 mil accidentes de este tipo, equivalentes al 20% del total de accidentes laborales. El 2015, hay un aumento de este tipo de accidentes. Los estudios que han tratado el tema son escasos, casi inexistentes. Quizás el primero de este tipo fue el realizado por Guernica Consultores (2014), quienes, entre otros resultados, concluyeron que se ocasionaban por caídas y golpes, generados por el mal estado de las veredas o al subir o bajar de un bus.

Sin embargo, los trabajadores deben necesariamente tomar todas las medidas de resguardo de su propia vida, como no ir distraídos con dispositivos que reduzcan la capacidad auditiva y visual (celulares, por ejemplo). Si así fuere, intuitivamente, este tipo de accidentes debieran bajar. Pero también los empleadores pueden generar consciencia de este tipo de accidentes, aunque no afecten su tasa. Hay deberes que tienen que cumplir los empresarios, pero hay uno que es fundamental, y es el cuidado de nuestra propia integridad, física y moral.

Siguiendo la línea del resguardo de la propia vida, ya existen axiomas de amplio conocimiento, como la alimentación sana y variada, el ejercitarse físicamente, el dormir adecuadamente, no tomar alcohol en exceso, el no auto-medicarse y tomar todas las medidas preventivas para evitar verse afectados por los riesgos laborales y psicosociales que muchas veces no se ven, pero que seguro están presentes.

Situaciones que a primera vista pasan inadvertidas, como las malas posturas al sentarse o la creciente obesidad de los chilenos, carcomen también su calidad de vida, ya que generan cansancio, somnolencia, fatiga y enfermedades crónicas, todos factores que reducen la productividad de los trabajadores. Y al bajar la productividad, aumenta el estrés, y al aumentar el estrés, baja la calidad de vida.

Lograr alcanzar buenos índices de calidad de vida es fundamental, sobre todo si queremos tener una vida medianamente feliz. Hemos repasado algunas ideas que sirven de soporte para mejorarla.

Estos temas son muy actuales, y sería apropiado que sean los elementos claves de la Política de salud y seguridad en el trabajo que tendrá que aprobar el Consejo de Ministros y la Presidenta Bachelet.

Este dato contrasta con la información del Servicio de Impuestos Internos (SII), que señala que el  mismo año las empresas de menor tamaño  (EMT) participaron de  un 15,3% de las ventas totales que se realizan en Chile, cifra que sigue bajando.

Hoy, son alrededor de 820 mil y generan el 64,4% del empleo total del año 2014. Es decir, son el 88,5% de las empresas existentes y se llevan un 15% de la torta. En estas condiciones, ¿quién puede competir, innovar y asumir los beneficios de la competitividad? Además, a ello debemos descontar la inversión de tiempo en asuntos burocráticos y de gestión administrativas.

Sin embargo, un micro y pequeño empresario, además de generar empleos e ingresos familiares, debe hoy estar atento a los cambios del entorno sin descuidar su legítima aspiración de ser rentable y competir en un ambiente, que no está pensado para su desarrollo empresarial, salvo honrosas excepciones. La gran mayoría de los empresarios no se baja de su “bicicleta” y se pasea por tortuosos caminos de altas y bajas pendientes.

Efectivamente, los casos de conglomerados empresariales reñidos con la ética y los desafíos que plantea el calentamiento global, no le son ajenos al pequeño y mediano empresario.

La influencia de la ética protestante y el puritanismo de siglos atrás desarrollaron códigos, que exaltaron el trabajo y la sobriedad “dentro de un sistema de valores sobre los cuales funcionaba un orden social que servía para movilizar a la comunidad y reforzar la disciplina”, sostiene la filósofa española Adela Cortina.

Sin embargo, el interés se convirtió más tarde en uno de los fundamentos éticos de la sociedad moderna, por encima de las necesidades humanas. Así, el deseo de mejorar la situación propia y el egoísmo se convierten en un motor de un sistema que, para algunos, ha generado enormes beneficios para innovar y crecer, mientras que para otros ese mismo interés se autonomizó de las regulaciones de justicia y prudencia, bases de una ética cívica y democrática.

Para muchos, hoy asistimos a un desmoronamiento de un tipo de capitalismo instalado en los estilos de hacer negocios, que no necesariamente se refleja en una empresa ética debido a la incompatibilidad que existiría entre las exigencias de una democracia pluralista y el interés propio.

Adam Smith, en la Riqueza de las Naciones, creyó en un sistema económico que se controla a sí mismo por la competencia del mercado, que crea bienestar y armonía en la medida que el interés propio o privado produzca el bien de todos. Sin embargo, la “mano invisible” parece perturbar un sistema ético, que luego fue influido por el concepto de “utilidad” que enaltece el principio “utilitarista” basado en los costos por sobre el beneficio.

En otras palabras, las utilidades si bien legítimas, se obtienen mejor cuando no consideran el bienestar de todos sino el particular. Pagar la multa o indemnizar por el daño causado quizás sea la expresión más gráfica de este enfoque. Lo anterior aplica tanto a organizaciones como a individuos.

Las pequeñas y medianas empresas tienen una oportunidad gigantesca para recuperar su autoestima y aporte a la sociedad debido a que son las que generan más ingresos familiares y empleos al país, en un momento donde los niveles de desconfianza en Chile aumentan hacia la elite política y empresarial. Existe la percepción de que los abusos llegaron a su fin y que es necesaria una economía, que regrese a la administración de la casa por sobre aquella que solo se preocupa de los objetos y de su intercambio.

Este cambio de enfoque en la economía viene fuertemente impulsado por el desarrollo sostenible o sostenibilidad del desarrollo, donde el Producto Interno Bruto (PIB) empieza a abandonar su liderazgo complementado por índices sociales, ambientales y económicos que dan cuenta que la cercanía.

Flexibilidad para hacer los cambios e innovación son asuntos que tienen valor para los usuarios y consumidores que conscientes de sus derechos ciudadanos, empiezan a preferir la trazabilidad del servicio o producto que consumen sea por razones de salud, educación, medioambiente y mejoramiento en su calidad de vida y  están dispuestos a pagar un precio por aquello.

El desafío pendiente para el mundo de las empresas de menor tamaño es que la empresa hoy regresa a la administración de una casa, donde sus miembros están menos dispuestos a asociarse para grandes causas, pero sí disponibles para organizarse y dar pequeños pasos para el grupo y grandes pasos para la comunidad donde dicha empresa actúa.