Suele suceder entonces que quienes trabajamos por los derechos humanos salimos a cuestionar algunos aspectos de esas medidas que son desproporcionadamente restrictivas de los derechos y garantías internacionalmente reconocidos.

Y suele suceder que, como reacción, se nos acusa de “garantistas” (como si eso fuera una mala palabra), de “defender los derechos de los/as delincuentes”. O como una vez me dijo una parlamentaria “si parece que ustedes quieren que Carabineros le tire confetti a los delincuentes”.

Esta discusión la hemos visto clarísima en las últimas semanas, en relación a la “agenda corta” contra la delincuencia y en particular a la normativa sobre control de identidad. Quienes lo critican lo han asimilado a la antigua detención por sospecha. Quienes lo defienden señalan que esto mejora las facultades de actuar preventivo de las policías y que “quien nada hace, nada teme”.

Primero es necesario aclarar dos puntos.

Sí, el Estado tiene el deber de resguardar la seguridad y el orden público, y sí, quienes cometen delitos siguen teniendo derechos humanos que deben ser respetados. No hay una contradicción entre ambas afirmaciones. El combate contra la delincuencia y el resguardo del orden público puede justificar ciertas restricciones de derechos, incluso el uso de la fuerza por parte de las policías. Pero estas restricciones deben responder a un test de tres partes: deben ser legales, justificadas (no ser arbitrarias, tener un objetivo preciso) y proporcionales (lo estrictamente necesario para conseguir el objetivo propuesto, y no más).

Esto no protege sólo a “los/as delincuentes”. Esto sirve para proteger a todas las personas por igual. Sirve también para proteger a las personas inocentes que por cualquier razón se vean enfrentadas al sistema de justicia criminal.

¿Qué dice la norma propuesta sobre control de identidad?

Si se aprobara la norma como la ratificó la Cámara de Diputados, lo que sucede es, en simple, que habrá dos tipos de control de identidad. El primer tipo es básicamente lo que existe hoy, pero ampliado: si un carabinero considera que existe “algún indicio” de la comisión de un delito, puede pedir que acredite identidad y registrar vestimentas, equipaje o vehículo, en el lugar en que se encuentre. Si no pudiera acreditar identidad o se rehúsa a hacerlo, puede conducir a la persona a una comisaría para controlar su identidad, y todo el proceso puede durar hasta 8 horas.

El segundo tipo es el control “preventivo” de identidad, que no necesita de ninguna causa: carabineros puede pedir a cualquier persona y en cualquier lugar, que acredite su identidad. Si la persona no puede o se rehúsa, también puede ser conducida a una comisaría para ello, en cuyo caso el límite de tiempo es de 4 horas.

Imaginemos la siguiente situación. Una persona sale a eso de las 8 de la noche a trotar en un sector del barrio alto de la capital. Sale con buzo y zapatillas, y nada más. Deja su billetera y no lleva su carnet de identidad. Un carabinero lo ve corriendo en buzo y estima que existe “algún indicio” de que está cometiendo un delito,  quizá pretenda participar en un “portonazo” o está arrancando después de asaltar a alguien. Hace que se detenga, le pide que se identifique.

Él le explica que vive a dos cuadras, que incluso si lo acompaña puede mostrarle su carnet.Si es un hombre alto y rubio, que adopte una actitud altiva, es posible, quizá, que el carabinero le crea y lo acompañe a su casa. La ley dice que debe darle “todas las facilidades” para que se identifique. Pero si fuera un extranjero, de algún país latinoamericano, o una persona con rasgos indígenas y de piel oscura, o se pone nervioso  ante la situación… ¿Le creerá? Puede que sí, puede que no.

Si el policía no le cree, lo conducirá a la comisaría más cercana por considerar que no pudo o se rehusó a acreditar su identidad. Dado que existía “algún indicio” de delito, estimará que el límite aplicable es de 8 horas. O sea, esta persona podría pasar casi toda la noche fuera de su casa.Toda la escena pudo haber sucedido delante de otros de sus vecinos/as, quienes quedarán con la duda de que “algo habrá hecho” este vecino extraño. Y todo porque sí.

Aquí “el que nada hace nada teme” no aplica. Si esto se convierte en ley, no es necesario hacer nada – salvo olvidar o perder el carnet de identidad – para ser privado de libertad por 4 u 8 horas. Y en el Senado se estarían discutiendo indicaciones que buscan ampliar aún más las facultades de las policías en este contexto.

Es cierto, en ambos casos existen pautas que prohíben la aplicación discriminatoria de estas normas y mecanismos de control posterior, por ejemplo, a través de una obligación de mantener estadísticas de aplicación de estas facultades.

También es cierto que existe la llamada “Ley Zamudio” que permitiría exigir responsabilidades en caso de discriminación arbitraria. Pero esto es todo posterior, e implica una carga para la víctima, de llevar adelante la demanda. Acá el Estado debiera tender a prevenir que se produzcan las arbitrariedades desde un inicio, y legislación como ésta no aporta en ese sentido.

Ya el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de Reunión Pacífica y de Asociación, tras su visita a Chile en 2015, emitió una opinión crítica sobre el proyecto de ley, con un detallado y preciso análisis legal, por considerar que no cumple con el test de tres partes explicado anteriormente.

Si bien estaría establecido en la ley, no cumple con el principio de legalidad, la justificación es poco clara, da pie a arbitrariedades y es desproporcionada. El nivel de restricción a los derechos es muy grande, puede afectar a personas inocentes con mucha facilidad y muy probablemente tendrá un impacto discriminatorio sobre los grupos más vulnerables: personas que participan en manifestaciones, integrantes de la diversidad sexual, pertenecientes a pueblos indígenas, migrantes, personas de menores recursos económicos.

Esto no es algo que afecte a “los/as otros/as” o a “los/as delincuentes”. Esto potencialmente puede significar que cualquier persona puede estar hasta 4 horas (incluso 8 horas) privada de libertad, porque sí. No se trata de los derechos humanos “de los/as delincuentes”, sino de defender los derechos de todas y todos.

Logró sortear estrecheces económicas, múltiples crisis políticas derivadas del complejo escenario nacional e  internacional, en un contexto de Guerra Fría y así y todo, cumplir con un programa de gobierno reformista que devolvió la dignidad a miles de chilenos, especialmente a los campesinos los grandes excluidos del proceso de industrialización, que nació al alero de la Constitución de 1925[1].

Con Frei Montalva, el juicio de muchos historiadores, tanto de izquierda como de derecha, ha sido tendencioso y mal intencionado. Lo han tratado de golpista, han publicado de manera tergiversada la carta a Mariano Rumor y han omitido verdades sobre su actuar político que realmente son inexcusables.

La historiadora Olga Ulianova en un reciente artículo titulado,“El despliegue de un antagonismo: el expresidente Frei Montalva y el Dictador Pinochet en los Archivos Estadounidenses”, desmitifica uno de los más grandes mitos: el calificativo de “golpista”.

Olga Ulianova en sus investigaciones que publica en el libro, recuerda este hecho inédito. “Llama la atención que Frei aprovecha esta última reunión con el Embajador Davis para plantear con toda fuerza su primera denuncia internacional de las violaciones de los DD.HH. en el país. Ocurre a menos de dos meses del golpe. No son sus proyecciones personales en un ambiente más que incierto, ni las de su partido, son los problemas de DD.HH., el tema central que el ex Presidente quiere llevar al conocimiento de las autoridades norteamericanas, planteándoles con eso la necesidad de una acción al respecto”.

Evidentemente esta acción es la antítesis del golpismo.Golpista sería alguien que busque su recompensa en suelo nacional urgido por un deseo morboso del poder.

Es muy extraño expresar simpatía por un hecho tan brutal como un golpe de Estado y a menos de dos meses de ocurrida esta tragedia, estar denunciando las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos que se estaban cometiendo. Sin embargo, es necesario precisar y dejar muy en claro, que el ex mandatario fue un duro opositor a la Unidad Popular, ejerciendo una posición política legítima en democracia.

Cuando en nuestro presente histórico, ciertos sectores de la coalición gobernante critican fuertemente a la DC, olvidan que éste líder demócrata cristiano y muchos otros militantes, defendieron el derecho a la vida. En el caso de Frei Montalva, desde los inicios de la Dictadura Militar como lo acreditan varios hechos rescatados en el artículo de la Dra. Ulianova.

Con su famoso discurso en el Caupolicán, Eduardo Frei Montalva, a raíz de su férrea defensa de los DDHH y de negarse una y otra vez a que nos impusieran la Constitución de 1980, selló su condena a muerte, a manos de los agentes de la Estado.

En este análisis es necesario tomar en cuenta que en esos años, 80-83, la guerra fría tenía su máxima expresión en Centroamérica con la revolución sandinista y la guerra en El Salvador. Es por esas razones, que había una mayor tolerancia (porque no decirlo, simpatía) hacia los crímenes de la Dictadura de Pinochet, por parte de la administración norteamericana de Ronald Reagan.

Para concluir, las últimas investigaciones del Juez Madrid han comprobado que el ex mandatario no murió de causas naturales, hoy su partido, el PDC tiene la exigencia moral de pedir verdad y justicia.

Los partidos políticos no solo sobreviven ganando elecciones, sino también en el terreno simbólico, la cual en este caso es la justa memoria y la justicia.

[1]Juan Carlos Gómez Leyton: La Frontera de la Democracia: el derecho de propiedad en Chile, 1925-1973, Ediciones Lom, 2004.

Pinochet se había liberado del líder de la oposición a su régimen dictatorial, y sus esbirros de la Dina, procedieron a envenenarlo con  Talio y gas Mostaza nitrogenado que registran los restos exhumados del cadáver por orden del juez, el 22 de diciembre de 2014, tras la severa investigación que lleva a cabo.

Su  muerte causó conmoción nacional e internacional.

El país quedó huérfano de un estadista, reconocido y admirado, por sus pares en el mundo entero. La noche de los cuchillos largos de los agentes de los servicios secretos, inmediatamente procedieron a operar con máxima crueldad con todos los disidentes que intentaban organizarse para llamar a un gran paro nacional de trabajadores y estudiantes.

Las cárceles volvieron a llenarse de presos políticos y los secretos recintos de tortura trabajaban día y noche, con una experimentada crueldad, muchos de los que llegaban a esos centros después de atroces tormentos, eran lanzados al mar.

El máximo líder sindical  vigente aún Tucapel Jiménez, fue secuestrado en su taxi-colectivo, golpeado brutalmente y degollado al  mes después. Se sabían los criminales respaldados por órdenes superiores, frente a las fechorías cometidas

El horror y el terror recorrieron el país de Norte a Sur, dejando una estela de muertes y dolor por donde pasaban lo agentes de la muerte.

Solo quedó el Cardenal de Pueblo, Raúl Silva Henríquez quien  con la creación de la Vicaria de la Solidaridad, defendió a los perseguidos, a los detenidos y a los injustamente sentenciados. Su inmensa labor humanitaria no ha sido reconocida del todo, como se merece, este santo Pastor de la iglesia.

Carmen su hija, no se quedó tranquila y del primer momento, señaló que a su padre lo habían envenado en el pos-operatorio. Apenas pudo y con el   retorno de la democracia presentó la denuncia respectiva a los Tribunales.

El Ministro encargado, Alejandro Madrid, después de siete largos años de exhautivas investigaciones, configuró el delito de homicidio y procesó como autores, cómplices y encubridores a cuatro médicos y dos ex agentes de los Servicios de Inteligencia, a cargo del general de ejército Humberto Gordon, quien fuera su edecán presidencial, uno de la larga lista de traidores

El juez Madrid, encarceló y procesó al Dr. Patricio Silva Garín, como autor del asesinato.También al jefe operativo de la Dina, Raúl Lillo Gutiérrez, custodio del químico Eugenio Berrios, (fabricante del gas sarín) asesinado en Uruguay, donde lo mantenían escondido. Procesó como cómplice al Dr. Pedro Valdivia Soto y encubridores al Dr.  Herman Rosenberg  Gómez y Sergio Javier González B, confesos de participar en los hechos.

Todos los que complotaron y configuraron este atroz crimen, fueron descubiertos uno por uno, por las indagaciones y careos. Al Presidente Frei en su lecho de enfermo, le inyectaron veneno; el arma química letal traída del extranjero fue el Transfer-Factor aplicada en cuatro ocasiones, sin ninguna autorización médica internacional,

Por cierto  el Comandante en Jefe del Ejército, se niega a entregar la información requerida por el magistrado, regla del secretismo militar que persiste al interior de los cuarteles.

Dejo para el último al más siniestro de los personajes Luis Becerra Arancibia, chofer y hombre de confianza, querido por toda la familia, trabajó por 20 años, en una relación directa, del día a día.Fue  el peor de todos los traidores, agente pagado de la CNI, para informar todo lo que hacía, decía y pensaba, el ex presidente.

A la muerte de Frei, su esposa María Ruiz- Tagle, en un gesto humanitario le solicita al Presidente de la IDC, Andrés Zaldívar que contrate a Becerra como su chofer particular, lo cual hizo. El Judas  continuó con su doble trabajo, recibiendo la paga de agente encubierto, delatando a sus camaradas de partido. Así se tejió  una de las peores paginas negras de la historia de Chile.

En los últimos años se han dado pasos importantes en la construcción de un camino de mayor respeto y tolerancia a la diversidad en el ámbito de las ideas, religión, sexualidad,  origen étnico y racial. Pavimentar parte de esa ruta contra la discriminación y el odio ha sido posible por las lecciones que hemos extraído de experiencias dolorosas. Un ejemplo de ello fue la promulgación de la denominada Ley Zamudio, norma que se impulsó tras la muerte de Daniel Zamudio, asesinado por ser homosexual.

Si bien estos avances son significativos, aún resultan insuficientes. Las expresiones destinadas a intimidar, oprimir o incitar al odio y la violencia contra una persona o grupo por su raza, religión, nacionalidad, género, orientación sexual, discapacidad u otra característica grupal, no conocen fronteras de tiempo ni espacio.

Tras el Holocausto, y con el crecimiento de Internet y de otros medios  modernos que facilitan la divulgación de las expresiones de odio, resulta más necesario que nunca revisar el cumplimiento legislativo de las obligaciones que Chile ha asumido en diversas instancias internacionales.

Chile ha firmado  la  Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, por lo tanto está obligado a  impedir y sancionar conductas que inciten al odio y la discriminación por raza, color, religión, idioma u origen nacional.

Así como Estados Unidos y Francia -entre otras naciones-  han implementado mecanismos jurídicos para proteger a las personas respecto de actos discriminatorios o que incitan el odio, en Chile nos estamos quedando rezagados. Una muestra palpable de esto es que desde 2010 duerme en el Congreso Nacional el proyecto de ley que sanciona la incitación al odio racial y religioso, proyecto que busca reforzar la mencionada ley antidiscriminación.

En el último tiempo hemos observado en nuestro país expresiones de diverso tipo que siguen promoviendo precisamente la discriminación y el odio hacia determinadas minorías de la sociedad, colocando en riego la integridad de sus miembros y la cohesión que requiere toda democracia para su estabilidad. Se trata de acciones sobre las cuales debemos estar muy alertas para evitar que tengan acogida en otros sectores de la ciudadanía.

Es evidente que cuando hechos de esta naturaleza ocurren, no basta con manifestar una condena social –que siempre es importante y necesaria-, sino que también se requiere de sanciones legales que sean ejemplificadoras para quienes están dispuestos a protagonizar actos de discriminación o incitación al odio.

En la medida que Chile refuerce el marco jurídico en estas materias, será posible ampliar una cultura de rechazo a cualquier expresión atentatoria contra la convivencia pacífica y tendremos la oportunidad de vivir en una sociedad más libre.

En la pasada fiesta judía de Janucá (o  de las luces), que se celebró en el Palacio La Moneda, la Presidenta Michelle Bachelet hizo hincapié en la necesidad que tiene el país de contar con una normativa que sancione aquellas conductas que inciten al odio y realizó un llamado a los parlamentarios a que le den prioridad al mencionado proyecto de ley.

Unos días antes, el Presidente del Senado, Patricio Walker, reconoció públicamente que hay una deuda en esta materia con la comunidad judía y con todas las minorías.

Nos parece positivo el llamado que hace la Mandataria a acelerar la tramitación de aquella iniciativa, pero hay que recordar que el gobierno juega un rol importante en este proceso, ya que es el Ejecutivo el que coloca las urgencias a las propuestas legales que ingresan al Congreso.

Resulta fundamental entonces que La Moneda acelere la tramitación de este proyecto de ley, sobre todo considerando que se aproximan dos años electorales y que la carga legislativa está siendo intensa debido a la serie de reformas que han ingresado al Parlamento en el último tiempo.

No debemos esperar que sucedan situaciones violentas para reaccionar. Tenemos que seguir siendo proactivos en la protección contra las conductas discriminatorias y que alientan el odio entre chilenos. Ese es un compromiso que le corresponde asumir no solo a las autoridades, sino que también a la sociedad civil.

La programación cultural del museo se nutre de destacadas exposiciones de artes visuales y ciclos de artes escénicas, sumado a una importante línea de publicaciones compuesta por varias colecciones que abordan temas de investigación, memoria, arte y derechos humanos.

Exposiciones en regiones y en el extranjero son parte del quehacer del museo conjuntamente con su participación en redes nacionales e internacionales de archivos y sitios de conciencia. Todo ello, se ha logrado sobre la base de un trabajo intenso de un equipo de profesionales y técnicos comprometidos con el proyecto. No obstante, estos éxitos imponen la necesidad de asumir nuevos desafíos a la institución, los que ya no tienen tanto que ver con su proceso de instalación y conquista de audiencias, sino con su consolidación.

Naturalmente, se trata de una transición en que los principales desafíos serán fortalecer su proyecto educativo, reforzar su carácter de Archivo con la más completa, atingente y accesible colección sobre las violaciones a los derechos humanos en el período 1973-1990, promover la investigación y el debate en torno a los temas de memoria y derechos humanos y proyectar su influencia nacional y regional.

Lo anterior no quiere decir que deba descuidarse las exposiciones temporales e itinerantes, o las tareas de extensión y la invitación a artistas visuales a exponer y trabajar en torno a los temas del museo, ya que con ello el museo permite problematizar y actualizar con diferentes miradas y lenguajes el discurso del guión curatorial, expresado en la exposición permanente, así como presentar aproximaciones a temas que no están necesariamente incluidos en ella, o lo están de manera sólo referencial.

Será también un desafío del próximo período relacionar más explícitamente los temas de la memoria de las violaciones a los derechos humanos en dictadura con los problemas actuales de la sociedad chilena.  El ejercicio de recordar e interpretar esta experiencia dolorosa tiene sentido para que ésta no sea nunca aceptable, para no naturalizar la violencia, para seguir sorprendiéndonos frente a la crueldad.

Por eso no olvidar no es sólo un compromiso con los que cayeron ayer, es sobre todo un compromiso con quienes sufren hoy, con quienes son discriminados, con quienes buscan un nuevo destino entre nosotros, con quienes reclaman respeto a su identidad, con las mujeres y niños víctimas de la violencia y la explotación sexual.

No olvidar es estar atento frente a la brutalidad y ante cualquier atentado a la dignidad humana.

En nuestro país, la amenaza a la libertad de expresión no proviene de un exceso de normas que limiten esa libertad, sino de la fuerte concentración de la propiedad de los medios de  comunicación en manos de unos pocos grupos económicos que presentan la realidad de acuerdo a sus intereses, afectando el derecho a informarse de la mayoría.

Esto lo vimos y lo sufrimos claramente en Dictadura.  La dictadura no necesitó que su oficina de censura presionara a los medios más importantes, ya que éstos se mostraron siempre partidarios de ésta y se sumaron con entusiasmo a operaciones comunicacionales y montajes para cubrir las violaciones de los derechos humanos o para ocultar la corrupción dictatorial.

Han pasado 25 años desde el término de la dictadura y son muchos los reportajes e investigaciones periodísticas que han hecho luz sobre los crímenes de la dictadura.

Como no recordar a Patricia Verdugo o destacar el trabajo de investigación de Mónica González.Con la conmemoración de los 40 años del Golpe, los medios se volcaron a informar sobre lo ocurrido y quizás, por primera vez, a traer al presente el testimonio de las víctimas.

Las nuevas generaciones de periodistas tienen un rol vital en la promoción de los derechos humanos. Para ello es fundamental la preparación en las universidades con cátedras que se orienten a la educación en derechos humanos.

El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con el Colegio de Periodistas de Chile crearon un reconocimiento para destacar a aquellos periodistas que en los medios masivos aporten con artículos o reportajes sobre memoria y derechos humanos. Se trata del Premio Periodismo, Memoria y Derechos Humanos entregado el viernes 18 de diciembre.

En su primera versión se premió al equipo periodístico de Raúl Gamboni y Ángeles Pacheco de Informe Especial de TVN por su reportaje “Los montajes de la dictadura”; donde investigaron en los archivos del canal para desenmascarar los montajes realizados para la prensa como el caso Rinconada de Maipú o de la Operación Colombo.

En radio fue reconocido Mario Antonio Guzmán, editor de ADN, quien ha tenido una amplia trayectoria en radios nacionales reporteando causas de violaciones a los derechos humanos en tribunales.

Lenka Carvallo fue premiada en prensa escrita por su entrevista en Revista Caras al abogado de derechos humanos Roberto Garretón: “En Chile no hay una democracia, sino una post dictadura”. 

Con este premio queremos relevar la importancia del género de las investigaciones, reportajes y entrevistas periodísticas, sobre todo realizadas por nuevas generaciones de periodistas que incursionan con valentía y compromiso en el campo de la memoria y los derechos humanos.

Parece ser que en este caso el hecho de haber consumido esporádicamente marihuana, antes de dar a luz  fue la causa expuesta; pero, ¿dónde queda el sentido común y los tratados internacionales que nos obligan y, en buena hora, a velar por el verdadero interés del niño?

La autoridad médica del Hospital decidió adoptar tres medidas administrativas que escapan completamente a su competencia porque se trataba de medidas que dejan sin efecto o restringen derechos fundamentales de los niños y sus padres.

1) Retener a la recién nacida en el Hospital, vulnerando el derecho de la  niña a vivir con sus padres y el derecho de los padres a criarla y cuidarla; derecho que la Convención de los Derechos del Niño garantiza a todas las personas.

2) Permitir sólo  que la niña fuera vista por su madre durante dos horas y media al día, segmentadas en tres sesiones, con lo cual se  limitó el derecho de padres e hijos a mantener una relación directa y regular.

3) Prohibir absolutamente a la madre amamantar a su hija, afectando el proceso de apego entre madre e hija, pilar fundamental del desarrollo psíquico y emocional de la pequeña.

Hoy, afortunadamente,  madre e hija están juntas como todos anhelábamos, pero las dudas y preguntas siguen sobre la mesa, porque un hecho como éste debe, sin duda remecernos, no puede quedar en el limbo.

Por ello, llamo  a la Ministra Carmen Castillo a instruir sumarios y una exhaustiva investigación al respecto, de tal forma que no se repita este verdadero secuestro de un recién nacido.

Nadie duda sobre las facultades y obligaciones que tiene un centro de salud en esta materia, informando, como corresponde, acerca de posibles riesgos en casos concretos, sumando la evidencia científica existente en pro y en contra de  cada situación.

Sin embargo, no es racional ni  legal  intentar prevenir la vulneración de un derecho fundamental, como la salud,  violando abiertamente otro dos esenciales de los menores:  a vivir con sus padres  y ser criado por éstos y permanecer en contacto directo con ellos. El tema no es menor.

Más aún porque nos recuerda una de las conclusiones más preocupantes de la comisión que investigó las irregularidades en el Sename, donde, después de conocer muchos casos, expusimos la cruda realidad de menores que, so pretexto de problemas económicos en sus familias, fueron arrebatados de sus padres, generándose hechos muy similares a secuestros, donde se fractura una relación clave y esencial, la relación entre padres e hijos.

Si hay problemas y dificultades,  el Estado debe apoyar a los padres y familias, acompañarlos, pero no separarlos de sus hijos. Es nuestra responsabilidad, como sociedad, impulsar las políticas públicas necesarias para poner  en el nivel que corresponde el derecho de los niños, niñas y adolescentes, con garantías explícitas y apoyo concreto para contener los casos más difíciles. Esta, es tarea primordial.

Esto es un reflejo de lo invisibles que son las personas con discapacidad en nuestro país de cara a la generación de políticas públicas, que faciliten la plena inclusión de ellas a nuestra sociedad.  Frente a esta carencia de recursos provistos como consecuencia de la política pública, las familias han tenido que resolver sus necesidades a través de fundaciones y corporaciones principalmente.

Hablar de inclusión no es otra cosa que hablar de reconocer a las personas con discapacidad como ciudadanos plenos de derechos y de obligaciones, lo cual requiere un esfuerzo de todos nosotros en comprender que lo que prevalece en esta población es la condición de persona.  La persona por sobre su discapacidad o su diagnóstico, es un ser que tiene capacidades a ser desarrolladas, que tiene sueños, proyectos y motivaciones.

La sorpresa, es que esos sueños, proyectos y motivaciones son los mismos que las de cualquier persona.

Hoy es un día oportuno para preguntarnos y revisar cómo estamos en Chile en cuanto a lo inclusivo que somos con las personas con discapacidad.  El término inclusivo es de fácil y frecuente mención, pero que requiere decisión y trabajo para concretarlo.

Como país hemos avanzado en la valoración e inclusión de las personas con discapacidad, sin embargo estamos faltos de políticas públicas y privadas que nos permitan acortar las brechas con aquellos países en que se han asegurado determinados derechos sociales, como la educación, el trabajo, la salud y la vivienda, favoreciendo la dignificación e inserción efectiva de las personas en condición de discapacidad.

En Chile necesitamos hacer más coherente el discurso pro inclusión con acciones concretas.

En Chile no existe voluntad política para pasar de los diagnósticos, seminarios y documentos, a programas concretos, a la generación de políticas vinculantes que aseguren la inclusión en lo educacional, en el acceso a la vivienda, al trabajo, a la cultura ya la salud, entre otros.

Nos falta mucho. Por ejemplo, hoy la legislación laboral permite que una persona con discapacidad mental pueda trabajar recibiendo una remuneración menor al sueldo mínimo.

Los cambios deben comenzar por nosotros, y deben ser estimulados por la política y autoridad pública.  Superando los prejuicios y los estigmas, miraremos a las personas con discapacidad como ciudadanos, lo que nos enriquecerá a todos.

Confío que el próximo año, este día sea noticia, y de las buenas.

Esta iniciativa es un paso crucial en el camino para saldar la deuda que tenemos como país desde hace veinticinco años, cuando firmáramos la Convención de Derechos del niño y nos comprometimos a reconocer, respetar y asegurar en nuestra legislación e institucionalidad lo que dicha Convención exige.

Supeditar el reconocimiento de derechos y el ejercicio de los mismos a la disponibilidad presupuestaria, es en sí mismo un contrasentido y da cuenta del rol desmedido que tiene en nuestro diseño institucional de políticas públicas el criterio económico.

Intercalar 18 veces la frase en cuestión en un proyecto de Ley de Garantías de Derechos de la Infancia es un gesto técnico que contraviene en lo más profundo el espíritu de la Ley y también la voluntad de todos los actores que de una u otra forma han estado colaborando en sus definiciones.

Aun cuando en la propia Convención se reconoce que la realidad económica es un factor que debe tenerse siempre en consideración a la hora de comprometer al Estado, el mandato que se hace a los Estados es a esforzarse “hasta el máximo de los recursos de que dispongan”, específicamente en lo relativo a los derechos sociales, económicos y culturales, pero en ningún caso se refiere a los derechos civiles y políticos, los cuales no pueden ver condicionado su ejercicio a la existencia de recursos económicos fiscales.

Claramente, esto es una muestra indiscutible de cómo en muchas políticas públicas la hegemonía del criterio económico hace que proyectos de ley o iniciativas públicas que nacen bien inspiradas, sufran modificaciones y mutilaciones que en el extremo pueden hacer perder la esenciade las mismas.

Que la situación de la infancia en nuestro país clama por una ley de protección integral de derechos es una verdad indiscutible, es una materia urgente de abordar, y ya no puede esperar más tiempo ni más proyectos de ley que se diseñen y finalmente se pierdan en algún departamento del Ejecutivo o en algún momento de la tramitación legislativa.

Esta Ley marco debe dar pie además a todos los otros cuerpos legales necesarios de modificar y/o crear, para que las declaraciones allí vertidas puedan efectivamente expresarse en instituciones, dispositivos, programas y estructura administrativa que hagan efectivo el ejercicio de los derechos que queremos reconocer y garantizar.

Lo anterior implicará necesariamente compromisos presupuestarios frente a los cuales no podemos actuar “de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria”. Esto último, como condición real de que nuestros discursos se alineen con nuestras prácticas, para que cuando hablemos de políticas sociales con enfoque de derecho efectivamente tengamos programas y ofertas que puedan cumplir con ese enfoque.

Lamentablemente, factores culturales y sociales muy arraigados en nuestra sociedad derivan en que exista violencia al interior del hogar. Una de cada tres mujeres reconoce haber vivido violencia física, sexual y/o psicológica de parte de quienes son o fueron sus parejas.

No cabe duda, entonces, que la violencia de género es la expresión más desoladora y brutal de la discriminación hacia la mujer, y en nuestro país tenemos una red, aunque es necesario avanzar aún más, que nos permita acoger a las víctimas. Pero a la protección y al urgente cambio cultural, hay que sumar una lucha social por mejorar la calidad de la vivienda y desterrar el hacinamiento en que viven miles de familias. No es casualidad que la violencia contra la mujer se incremente en zonas donde estos dos factores se confabulan.

En este día es bueno recordar que pese a los esfuerzos de instituciones como el Servicio Nacional de la Mujer, las policías y varias ONGs vinculadas a temas de género, anualmente en Chile medio centenar de mujeres muere en hechos de sangre considerados como femicidio.

Nuestro llamado a las mujeres que sufren este acoso es que denuncien. Los estudios dicen que una mujer se demora unos 7 años en asumir que es víctima antes de hacer la imputación. También las cifras nos indican que existe un alto porcentaje de retractación, ya sea por miedo, amenazas, por vergüenza o simplemente porque creen que es algo pasajero.

Es importante que una sociedad democrática y con pretensiones de desarrollo elimine de raíz la violencia contra la mujer. Nada la justifica, nada la debe exculpar.

Entre otras cuestiones, la Corte ordenó al Estado de Chile reformar la jurisdicción militar para limitar su alcance y asegurar que bajo ninguna circunstancia un civil sea sometido a esta jurisdicción, sino que estuvieran siempre bajo la protección de la justicia ordinaria, sea como víctima o supuesto responsable.

Sin embargo, a una década del histórico fallo diversas medidas de reparación continúan aún pendientes de ser implementadas. Si bien en el año 2010 Chile aprobó una reforma para excluir de la jurisdicción militar los casos en que civiles fueran los supuestos autores de un delito cometido contra militares o carabineros, cuando la violación a los derechos humanos es cometida por militares o carabineros la competencia aún recae en la jurisdicción militar.

En consecuencia, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley –incluidos, carabineros de Chile- es negado. Al llevar estos casos ante los tribunales militares, el derecho a un recurso efectivo y a la protección judicial se ve severamente mermado.

La jurisdicción militar, tal como indica Amnistía Internacional, debe restringirse únicamente a conocer infracciones a la disciplina militar, pues los tribunales militares no son competentes, independientes e imparciales para juzgar casos de violaciones a derechos humanos y crímenes de derecho internacional.

¿Usted cree que estos tribunales al estar compuestos por miembros de la jerarquía militar, es decir, por miembros de la misma institución a la que pertenece quien se sospecha que habría cometido el delito es totalmente independiente?  La duda siempre va a estar presente, pues con esta composición se vulnera el principio del debido proceso y se favorece la impunidad.

Tal como lo ha mostrado un  estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos, publicado en 2011, menos del 2% de denuncias por uso de violencia innecesaria entre 1990 y 2011 en el centro y sur del país resultaron en una condena, en la gran mayoría la persona acusada fue sobreseída. Es así como nos encontramos con que los tribunales militares en Chile raramente condenan a miembros de sus propias fuerzas.

Más aún, el procedimiento seguido ante tribunales militares no asegura una defensa en igualdad de condiciones al ser un proceso donde prima el secreto y la falta de transparencia, lo cual atenta a su vez contra el derecho a la defensa adecuada.

La urgencia de reformar la jurisdicción militar chilena se ha vuelto a poner sobre la mesa de discusión dado el aumento en los últimos años del uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante manifestaciones sociales.

En años recientes, se han incrementado las denuncias por afectaciones al derecho a la vida y a la integridad personal tras la intervención de carabineros durante diversas protestas.Un reciente informe de la Universidad Diego Portales muestra que las denuncias ante tribunales militares por violencias innecesarias de carabineros se han casi triplicado, pasando de 675 en 2004 a 1.797 en 2011.

Pese a ello, una de las cuestiones que más me sorprende es que este asunto no sea ampliamente conocido por la población en general. En la mayoría de los casos, la gente descubre estas falencias únicamente cuando las víctimas de violencia policial y sus familiares tienen que enfrentar los laberintos de la jurisdicción militar. Esto quedó reflejado cuando el hermano de Manuel Gutiérrez, quien murió a causa de un disparo policial en 2011 durante una manifestación, mencionó a Amnistía Internacional que ‘no sabía que existían dos justicias’.

Afortunadamente, y pese a la normativa vigente, Chile ha sido testigo en los últimos años de avances jurisprudenciales importantes.

Tanto la Corte Suprema como el Tribunal Constitucional han respaldado el uso de la justicia ordinaria en casos que involucren a civiles como víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tal y como se desprende de las obligaciones internacionales en materia derechos humanos que Chile ha adquirido.

Estos avances se deben en gran medida al esfuerzo de defensores y defensoras de derechos humanos, así como del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quienes han desafiado la legislación vigente para impulsar cambios que se apeguen al derecho internacional de los derechos humanos.

Dado la prevalente impunidad por casos de uso excesivo de la fuerza policial, y la falta de independencia e imparcialidad de los tribunales militares, es imperativo que las autoridades chilenas avancen con prontitud hacia una reforma de la jurisdicción militar.

La jurisdicción militar debe ser restrictiva y excepcional, y únicamente debe conocer de aquellas infracciones a la disciplina militar, las que sólo un militar puede cometer, con exclusión absoluta de cualquier delito ordinario, violación de derechos humanos o crimen de derecho internacional (genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada de personas y homicidio extrajudicial). Así lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien junto con el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, han instado a Chile en reiteradas ocasiones a legislar en este sentido.

Las autoridades chilenas tienen una gran deuda con las víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley al seguir permitiendo que la jurisdicción militar conozca de estos casos.

Al cumplirse 10 años de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Palamara Iribarne, y dada la falta de cumplimiento cabal de la misma, Chile no puede darse por satisfecho.

Es hora de poner en marcha una reforma legal acorde con las obligaciones internacionales que el país ha adquirido y cumplir con el compromiso asumido por la Presidenta Bachelet en su programa de gobierno. Espero que no sea necesario conmemorar un aniversario más del fallo de la Corte Interamericana para asegurar el derecho a la justicia y a la reparación de las víctimas.

Por cierto, jamás revelaré mis fuentes, derecho que garantiza la Ley de Prensa y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este es un principio y derecho básico del ejercicio del periodismo, sobre todo en democracia.

El fiscal militar Roberto Acevedo, en la causa 1920-2015 de la IV Fiscalía Militar, utiliza una serie de excusas para desafiar estos derechos legales, universalmente reconocidos. Arguye que la Justicia Militar tiene derecho a saber quiénes filtraron documentos sobre compras de armas, pese a que esos textos circularon públicamentre por decenas de manos.

El fondo del asunto es que las millonarias defraudaciones con los fondos del cobre fueron posibles durante años justamente porque no hubo ningún control civil sobre las millonarias compras de armas que realizaron las Fuerzas Armadas desde el retorno a la democracia. La acción de la Justicia Militar persigue volver a construir ese muro de silencio, coartando el periodismo de investigación.

Sólo entre los años 2000 y 2015, unos 20.000 millones de dólares fueron destinados a la compra de armas, cifra con que el país pudo financiar la construcción de 30 hospitales, mil colegios, 35.000 viviendas sociales y 500 farmacias populares, además de toda la reforma educacional.Esos irracionales 20.000 millones de dólares equivalen también a más de 150 veces el presupesto que el Estado invertirá en Cultura en todo el año 2016.

Estos fondos, en otras palabras, pudieron cambar el rosto social de Chile, entregando educación y salud de calidad. Pero no, todo se gastó en armas, sin que hubiera ninguna discusión democrática sobre ello.

Son cifras enormes que jamás fueron informadas a la ciudadanía, ni al Congreso. Todo está regido por la ley 13.196, una norma secreta que ni siquiera puede ser leída por los chilenos. Este escándalo político es lo que fue puesto en denuncia desde julio.

Un periodismo libre y resguardado es esencial para el fortalecimiento de la democracia. Es un severo revés para el Estado de Derecho el que los militares crean que tienen derecho a investigar las fuentes de los medios de comunicación.

Pero más grave aún es la inacción de las autoridades que han guardado silencio sobre los gastos en armas, sobre la corrupción y sobre el intento de la justicia castrense de develar las fuentes de una investigación periodística.